2025

Telesur La Policía Nacional y la Fiscalía General de Colombia confirmaron este sábado la captura de Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, señalado como el presunto autor intelectual del atentado armado contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado 7 de junio de 2025 en el barrio Modelia, occidente de Bogotá. La detención de alias ‘El Costeño’ se produjo en la madrugada del sábado 5 de julio en el barrio El Muelle, localidad de Engativá, Bogotá, tras el resultado de un operativo reservado y una intensa búsqueda, lograda tras varios días de seguimiento. Anteriormente, las autoridades habían manejado pistas que lo ubicaban en Ciudad Bolívar e incluso rumores sobre su huida a Ecuador, pero concentraron el operativo en Engativá. Cabe destacar que el director de la Policía Nacional, general Carlos Triana, ofreció una recompensa de hasta 300 millones de pesos (más de 75.360 dólares) por información que permitiera su captura. Además, Interpol emitió una notificación roja en su contra por los delitos de tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego y uso de menores para la comisión de delitos, un día antes de su detención. Elder José Arteaga Hernández, alias ‘El Costeño’, es considerado el principal organizador del fallido ataque sicarial. Con una carrera criminal de más de 20 años, operaba una red de microtráfico bajo la fachada de barbería en el sector de El Muelle, en Engativá. La investigación develó que habría reclutado a un menor de 15 años para ejecutar el ataque, prometiéndole 20 millones de pesos (más de 5.000 dólares). Sin embargo, el plan macabro incluía el asesinato del joven sicario una vez cumplida su misión, con el fin de eliminar cualquier rastro. Las autoridades señalan que al menos siete personas participaron en la planeación y ejecución del atentado. Otros implicados capturados y vinculados al caso incluyen a Katherine Andrea Martínez, quien habría suministrado la pistola Glock 9 mm utilizada y cargó el arma para ser entregada al sicario; Carlos Eduardo Mora González, el conductor que habría facilitado la movilidad de los responsables en un Chevrolet Spark gris y los transportó días antes en la planeación; y William González Cruz, alias «El Hermano», un antiguo cómplice en el mundo del hampa, quien también ha sido capturado y apareció para ayudar a ‘El Costeño’ a salir del lugar. Arteaga Hernández se enfrentará a cargos por tentativa de homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego o municiones agravado y uso de menores para la comisión de delitos. Las autoridades informaronque continúan con las investigaciones para determinar los móviles del atentado y establecer si existe una estructura criminal de mayor alcance detrás del hecho.

Prensa Latina Ramala, 5 julio (Prensa Latina).-  Los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza causaron 19 muertos y decenas de heridos, pese a las negociaciones en curso para alcanzar una nueva tregua en ese territorio palestino. Al menos un civil perdió la vida y varios sufrieron lesiones tras disparos de la artillería contra la zona de Zarqa, en la norteña ciudad de Gaza, reportó la agencia oficial de noticias Wafa. Otros cinco fallecieron luego de un ataque castrense contra la escuela Al-Shafi’i, ubicada en el barrio de Zeitoun, en la misma urbe, donde también los militares demolieron numerosas viviendas, destacó la fuente. Incursiones de drones israelíes provocaron dos muertos y heridos el campo de refugiados de Al-Bureij y otros dos en el cercano campamento de refugiados de Al-Maghazi. Wafa informó siete decesos y 10 lesionados tras un bombardeo contra tiendas de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Al-Mawasi, sur de la Franja, y se contabilizó otro en un incidente similar en la ciudad de Khan Yunis. Más de 57 mil palestinos murieron en la ofensiva castrense israelí contra Gaza, iniciada en octubre de 2023, en tanto 134 mil resultaron heridos, a los que se suman miles de desaparecidos, según datos oficiales.

DW Actualidad La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum declaró que espera que el boxeador Julio César Chávez Jr. sea deportado a México para cumplir una condena por tráfico de armas y crimen organizado, tras ser detenido en Estados Unidos por autoridades migratorias. Julio César Chávez Jr. tiene orden de arresto en México El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos indicó que la semana pasada se determinó que Chávez se encontraba en el país ilegalmente, tras realizar declaraciones fraudulentas en una solicitud de residencia permanente en 2024. «La mayoría del tiempo estaba allá en los Estados Unidos, entonces en parte la detención tiene que ver con la orden de aprehensión que hay en México y se espera que pueda ver una deportación y que pueda cumplir la sentencia en México», declaró Sheinbaum en su rueda de prensa diaria. El boxeador de 39 años fue detenido el miércoles por numerosos agentes federales mientras conducía una motoneta frente a su domicilio en el exclusivo barrio de Studio City, en Los Ángeles, cerca de Hollywood. Posibles nexos con el cartel de Sinaloa Chávez dividía su tiempo entre ambos países. Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) lo detuvieron por permanecer en el país más tiempo del permitido con una visa de turista con la que ingresó al país en agosto de 2023 y que venció en febrero de 2024, precisó el Departamento de Seguridad Nacional. La agencia también indicó que Chávez presentó múltiples declaraciones fraudulentas cuando solicitó la residencia permanente el 2 de abril de 2024, con base en su matrimonio con la ciudadana estadounidense Frida Muñoz, quien es madre de una nieta del capo del cartel de Sinaloa, Joaquín «El Chapo» Guzmán, quien se encuentra en prisión. Los funcionarios estadounidenses dijeron que se cree que tiene vínculos con el poderoso grupo criminal, al que se atribuye una parte importante de la violencia del narcotráfico en México.

DW Actualidad El grupo palestino Hamás aseguró este viernes que dio una respuesta «positiva» a los mediadores sobre la última propuesta de alto al fuego en la Franja de Gaza y está preparado para negociar «inmediatamente» la implementación de la tregua. «Hamás concluyó sus consultas internas y con las facciones y fuerzas palestinas respecto a la última propuesta de los mediadores para detener la agresión contra nuestro pueblo», dice un comunicado. El movimiento «está plenamente preparado para iniciar de inmediato una ronda de negociaciones sobre el mecanismo para la implementación de este marco», agregó sin dar más detalles. De acuerdo con el medio israelí Ynet, que cita a una fuente de Hamás, los islamistas solicitaron algunos cambios menores al texto de la propuesta, entre ellos eliminar el mecanismo de distribución de ayuda humanitaria que gestiona la Fundación Humanitaria para Gaza (GHF) y que la ONU vuelva a ser la encargada de repartir los suministros. Según fuentes, la propuesta «incluye garantías» para que ninguna de las partes vuelva a la lucha «mientras continúen las negociaciones», y estas comenzarán durante una tregua inicial de 60 días que tendrá como objetivo «un alto al fuego permanente y una retirada completa y gradual de Gaza». Hamás también debería liberar a la mitad de los rehenes israelíes que aún siguen vivos en Gaza, así como los cadáveres de unos 30, a cambio de la liberación de varios prisioneros palestinos en manos de Israel. El presidente estadounidense Donald Trump anunció el pasado martes que Israel habría aceptado una propuesta de cese a las hostilidades de 60 días y expresó su esperanza de que Hamás también aprobara al acuerdo.

BBC News Un excontratista de seguridad de los controvertidos nuevos centros de distribución de ayuda humanitaria de Gaza, respaldados por Israel y Estados Unidos, declaró a la BBC que presenció cómo sus compañeros abrieron fuego varias veces contra palestinos hambrientos que no representaban ninguna amenaza, incluso con ametralladoras. Afirmó que en una ocasión un guardia disparó desde una torre de vigilancia con una ametralladora porque un grupo de mujeres, niños y ancianos se alejaba muy despacio del lugar. Al pedirle una respuesta, la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés) dijo que las acusaciones eran rotundamente falsas. Nos remitieron a un comunicado que señala que ningún civil ha sido atacado en los centros de distribución de la GHF. Polémica sobre la GHF La GHF comenzó sus operaciones en Gaza a finales de mayo, para distribuir ayuda humanitaria limitada desde varios puntos del sur y el centro de Gaza, tras un bloqueo total de 11 semanas por parte de Israel, durante el cual no entró ningún alimento en el territorio. El sistema ha sido ampliamente criticado por obligar a grandes cantidades de personas a caminar a través de zonas de combate activo para dirigirse a unos pocos lugares. Desde la puesta en marcha de la GHF, las fuerzas israelíes han matado a más de 400 palestinos que intentaban recoger la ayuda alimentaria de sus instalaciones, según la ONU y médicos locales. Israel afirma que el nuevo sistema de distribución impide que la ayuda llegue a Hamás. Al continuar con su descripción del incidente en una de las instalaciones de la GHF, en la que asegura que los guardias dispararon contra un grupo de palestinos, el excontratista dijo: «Mientras esto ocurría, otro contratista que se encontraba en el lugar, de pie en el terraplén que daba a la salida, abrió fuego con entre 15 a 20 disparos repetitivos contra la multitud. Un palestino se desplomó inmóvil. Y entonces el otro contratista que estaba allí exclamó: ‘¡Rayos, creo que le diste a uno!’. Y luego se rieron». El contratista, que habló con nosotros bajo condición de anonimato, afirmó que los directivos de GHF restaron importancia a su informe, considerándolo una coincidencia, y sugirieron que el palestino podría haberse «tropezado» o se habría «cansado y desmayado». La GHF afirmó que el hombre que hizo estas acusaciones es un «excontratista descontento» al que habían despedido por mala conducta, pero él lo niega. Nos mostró nóminas que sugerían que siguió cobrando durante dos semanas después de dejar el puesto.

Página 12 El Partido Justicialista publicó un comunicado en el que denunció una «persecución política» contra militantes detenidos por orden de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado y reclamó su inmediata liberación. El texto fue reposteado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien se encuentra bajo arresto domiciliario en su departamento de Constitución desde la ratificación de su condena en la causa Vialidad. «La presidenta de nuestro partido, Cristina Fernández de Kirchner, atraviesa una prisión injusta que es el caso más grave y resonante de esta persecución que denunciamos», afirma el comunicado. La publicación se enmarca en la campaña #ArgentinaConCristina, lanzada por dirigentes peronistas y organizaciones sindicales. Desde el PJ advirtieron que el país «atraviesa un proceso de terrorismo de Estado de baja intensidad», impulsado por el gobierno de Javier Milei y el poder económico, que –según acusan– utilizan a «la mafia judicial, los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad» para desplegar un «dispositivo de represión y persecución política» contra quienes piensan diferente. En el texto se repudia que «militantes políticas» hayan sido enviadas a una cárcel de máxima seguridad «por una contravención municipal», mientras se protege a sectores de poder responsables de violaciones constitucionales. «Todos los argentinos y argentinas que no acepten ese disciplinamiento de violencia y humillación, hoy viven bajo libertad condicional», sostienen. Además, el PJ remarcó que los sectores que deciden sobre la libertad de los ciudadanos «son los mismos que garantizan su propia impunidad» y que siempre ganan «mientras el pueblo pierde, tal cual lo demuestran los últimos 10 años de nuestra historia». El documento también alude a la deuda con el FMI que «alcanza los 60 mil millones de dólares» y no mejoró la calidad de vida de la población. «Nadie ha dado cuenta ni ha investigado dónde está ese dinero, ni en qué se ha gastado», agregan. Asimismo, el PJ exige que se investiguen penalmente «los abusos e irregularidades cometidos por la jueza Arroyo Salgado» y respaldó las denuncias que ya fueron presentadas ante el Consejo de la Magistratura por los consejeros Mariano Recalde y Vanesa Siley. «El presidente de la Nación asegura que no se odia suficiente a los periodistas o se vanagloria de ser cruel con los peronistas y kirchneristas. Es necesario entender que, tarde o temprano, pondrán a otros sectores de la sociedad en el lugar de los perseguidos», concluye el documento.