2025

Prensa Latina Quito, 14 ago (Prensa Latina) La relatora especial de la Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Statterthwaite, advirtió hoy que la presión política contra la justicia pone en riesgo la democracia y la separación de poderes. En un video difundido en redes sociales, Satterthwaite recordó que las normas internacionales protegen la independencia judicial porque solo tribunales libres de intimidación pueden aplicar la ley por igual a los poderosos y a los marginados. La experta advirtió que cuando un jefe de Estado convoca y participa en marchas contra un tribunal por no estar de acuerdo con sus decisiones, “corre el riesgo de intimidar y estigmatizar a los jueces” y sienta un precedente peligroso que erosiona la separación de poderes. Sus declaraciones se producen pocos días después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, encabezara una marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender temporalmente artículos de tres leyes de interés del Ejecutivo. La relatora señaló que jueces independientes actúan como contrapeso frente al Ejecutivo y el Legislativo, operan fuera de la política cotidiana y garantizan que todos los funcionarios respeten la Constitución, la ley y los derechos humanos. “Uno puede no estar de acuerdo con una decisión judicial, pero los desacuerdos deben abordarse por vías legales”, dijo Satterthwaite y subrayó que apelar y desmontar argumentos con base en la Constitución es distinto a organizar campañas públicas contra jueces. La movilización encabezada por Noboa contra la Corte Constitucional ecuatoriana generó diversas reacciones de rechazo en el ámbito jurídico. El presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, Paul Ocaña, defendió la actuación del organismo judicial. “Ni el Gobierno ni la Corte pueden sostener una pugna que termine afectando la institucionalidad del país. Los gremios jurídicos deben convertirse en puentes, no trincheras”, declaró Ocaña en rueda de prensa. Igualmente, el Foro por la Democracia —integrado por académicos, juristas y defensores de derechos— manifestó su “respaldo absoluto al rol de la Corte Constitucional como máximo órgano de control, interpretación y administración de justicia constitucional en el Ecuador”. Mediante un comunicado, el Foro advirtió que, aunque el debate sobre el juicio político a jueces es legítimo en democracia, “no podemos ignorar que el contexto, tiempo y forma en la que el gobierno ha lanzado esta propuesta parece más bien un intento de ejercer presión sobre la Corte”.

Rusia Today El expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), Ernesto Samper, envió este jueves un contundente mensaje al mandatario de EE.UU., Donald Trump, tras su reciente arremetida contra varios países y gobiernos de Latinoamérica. «Presidente Trump, saque las manos de América Latina», empieza el video donde Samper advierte al líder estadounidense sobre sus actos de injerencia contra América Latina, como ha sido la reciente intervención de su gobierno en los procesos penales contra los expresidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; y de Colombia, Álvaro Uribe. «No se meta con la justicia que castiga a Bolsonaro en el Brasil y juzga a Uribe en Colombia», dijo, al tiempo que aconsejó también no tratar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, «como un criminal», esto en referencia a la recompensa de 50 millones de dólares ofrecida por su administración a cambio de la captura del mandatario venezolano. Samper también advirtió a Trump que de ninguna manera «se le ocurra enviar tropas a la región», porque una acción bélica de esa talla «desatará una guerra de dolorosas consecuencias». El exmandatario colombiano también le recordó al jefe de la Casa Blanca que ningún territorio latinoamericano le pertenece. «Panamá, presidente, no es suyo, ni de los EE.UU. Ni Malvinas (Argentina), ni Guantánamo (Cuba), nunca lo han sido, nunca lo serán», agregó Samper, quien le exigió acabar «con el bloqueo genocida» que ejerce Washington de forma unilateral contra «Cuba y Venezuela». El exmandatario colombiano también pidió a Trump que «deje de perseguir a los migrantes latinoamericanos» que residen en EE.UU., «como si fueran animales». «Aléjese de nosotros, saque sus manos de América Latina, presidente», recalcó Samper.

Rusia Today El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, instó este jueves a EE.UU. a cesar el bloqueo que ha impuesto a Cuba desde hace más de seis décadas, al considerar que se trata de una estrategia bélica fracasada que solo ha redundado en perjuicios para el pueblo cubano. «EE.UU. hizo una guerra, perdió. Acepten que perdieron y dejen a los cubanos vivir en paz, dejen a los cubanos vivir su vida. No permanezcan queriendo mandar en el mundo. Él [Trump] no es un emperador«, dijo el mandatario en un acto de gestión desde Pernambuco (noreste). Su comentario se inscribió en el contexto de la defensa de los funcionario Mozart Julio Tabosa Sales y Alberto Kleiman, quienes en la víspera fueron sancionados por el Departamento de Estado de EE.UU. por participar en la aplicación del programa ‘Mais Médicos’, un acuerdo de cooperación sanitaria entre Brasilia y La Habana que Washington tildó de «exportación de mano de obra coercitiva». «Yo quiero decirle a los compañeros cubanos: el hecho de revocar la visa de Mozart [Tabosa] fue por Cuba. Ellos [Tabosa y Kleiman] habían ido a Cuba. Es importante que sepan que nuestra relación con Cuba es una relación de respeto a un pueblo que está siendo víctima de un bloqueo desde hace 70 años. ¡Hace 70 años! Hoy están pasando necesidades por un bloqueo que no tiene razón alguna», alegó Lula.

DW Actualidad El Gobierno de Estados Unidos ha confiscado más de 700 millones de dólares en activos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien ha acusado de liderar el Cartel de los Soles, informó el miércoles (13.08.2025) la fiscal general, Pam Bondi. «Esto es crimen organizado, no es diferente a la mafia y a los (presuntos crímenes) relacionados con Maduro. Los activos superan los 700 millones de dólares que ya hemos confiscado, pero su régimen de terror continúa», afirmó Bond en entrevista a la cadena Flox News. La funcionaria recordó que el 7 de agosto Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del mandatario venezolano. Maduro fue acusado por Estados Unidos durante el primer mandato de Donald Trump, en 2020, de narcotráfico y terrorismo. En concreto, Washington asegura que Maduro y funcionarios y militares de alto rango de su Gobierno lideran el Cartel de los Soles, al que EE.UU. declaró como una organización terrorista. La fiscal aseguró que esta organización del crimen organizado «sigue funcionando». Algunos bienes confiscados Bondi explicó que los activos confiscados a Maduro incluyen dos lujosos aviones, varias casas, una mansión en República Dominicana, varias mansiones en Florida, una granja de caballos, nueve vehículos, millones de dólares en joyas y dinero en efectivo. La acusación que vinculaba a Maduro con el narcotráfico fue rechazada por el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, quien aseguró que el Cartel de los Soles es un «invento» de Estados Unidos. Cabello y otros funcionarios cercanos a Maduro han sido acusados por EE.UU. de distintos delitos. Hoy, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió la unión de los países latinoamericanos ante lo que consideró como «amenazas directas de intervención militar» por parte de EE.UU., después de que Trump defendiera enviar tropas contra los carteles de drogas de la región con el objetivo de proteger a su nación. Estados Unidos reconoce como presidente electo de Venezuela al opositor Edmundo González Urrutia de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

BBC News «Las personas sin hogar tienen que marcharse de inmediato», escribió este domingo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en su plataforma TruthSocial. «Les daremos un lugar en el que quedarse, pero lejos de la capital. Los criminales no tienen que mudarse. Los vamos a meter a la cárcel, que es donde deberían estar», añadió en la red social, la víspera de ordenar el despliegue de la Guardia Nacional en Washington D.C. y de poner a la policía local bajo su mando directo. El plan, que también incluye el refuerzo de las patrullas nocturnas con agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), tiene como objetivo «liberar» a una ciudad que el mandatario ha pintado como «sin ley» de los sin techo y la delincuencia y volverla «más segura y bella que nunca». Algo que las autoridades locales, encabezadas por la alcaldesa del Distrito de Columbia, la demócrata Muriel Bowser, han calificado de «desconcertante e improcedente», al tiempo que apuntan a una criminalidad en descenso. Y es que según las estadísticas publicadas por la Policía Metropolitana de Washington DC (MPDC), en 2024 los delitos violentos cayeron a su nivel más bajo, después de haber registrado un máximo en 2023, y la tendencia se mantiene en lo que va de 2025. Las medidas anunciadas este lunes por Trump siguen a una orden ejecutiva firmada en julio, que facilita el arresto de quienes vivan en las calles y que, según coinciden las organizaciones del ramo, dibuja una imagen «simplista y distorsionada» del fenómeno. Una problemática que, con excepciones puntuales –como una baja contabilizada en el que es su epicentro histórico, el condado de Los Ángeles–, sigue rompiendo récords año con año. En 2024 la cifra de quienes no contaban con un hogar se disparó hasta superar los 770.000, la más alta desde que empezó a registrarse, según el más reciente informe federal al respecto. Para decirlo de otra manera: para finales del año pasado 23 de cada 10.000 habitantes del país no tenía un techo bajo el que vivir. ¿Pero cuáles son las principales razones de esta compleja situación que, lejos de solucionarse, sigue sumando afectados? ¿Por qué no se ha logrado superar en un país que, con un Producto Interior Bruto (PIB) cercano a los US$30.000 billones según el Banco Mundial, se considera el más rico del mundo? ¿Y qué se espera del enfoque planteado ahora por la administración Trump? Lo hace durante una noche al año, y el conteo realizado en enero de 2024 arrojó la cifra de 771.480 personas sin acceso a vivienda. Se trata de un incremento del 18% con respecto a 2023, cuando también se vio un repunte del 12% en comparación al año anterior. Así lo recoge el más reciente informe anual de la agencia, publicado en diciembre, que muestra además que el aumento se dio en todas las categorías poblacionales y de una manera especialmente pronunciada (un 40%) entre las familias con hijos. Casi 150.000 menores fueron considerados sin hogar la noche del conteo. Uno de los pocos colectivos en experimentar un descenso fue el de los veteranos de las Fuerzas Armadas. Así, el número de exmilitares sin hogar se redujo en un 8%, hasta los 32.882, en 2024. Y el declive fue aún mayor, del 11%, hasta sumar 13.851, entre los que no permanecían en albergues o no tenían acceso a otro tipo de acogimiento temporal. El informe apuntaba, en general, a la crisis nacional de la vivienda y al fin de las ayudas federales de la pandemia –como las moratorias al desalojo o el Programa de Asistencia para Alquiler de Emergencia— como dos de los principales fenómenos que impulsaron la cifra récord. Pero también a la presión demográfica que supuso la llegada de decenas de miles de migrantes en busca de asilo y por tanto de techo. De hecho, según el HUD, la cantidad de familias sin hogar aumentó más del doble en las 13 comunidades que más inmigración recibieron, mientras en los 373 restantes la diferencia fue del 8%. En una visita a principios de 2024 a Skid Row, un área del centro de Los Ángeles con la mayor concentración de indigentes de la ciudad, BBC Mundo pudo constatar que decenas de familias procedentes de Venezuela, Ecuador y otros países latinoamericanos se habían sumado a la población habitual de los sin hogar. Mientras mostraba una tienda de campaña en plena calle que compartía con su hija y su nieta, Doris, una venezolana de 40 años, le contó a este medio que llevaba allí 10 días. «Pensábamos que estaríamos primero en un albergue y que después, con algún trabajito aquí o allá, podríamos asentarnos y pagar una renta. Pero lamentablemente no es fácil cuando eres migrante y no tienes permiso de trabajo», explicó. Esto flujo hoy prácticamente está paralizado como consecuencia de las políticas antiinmigración de la administración Trump y el refuerzo de la frontera con México, y el panorama en las calles también se ha visto afectado por las deportaciones masivas.

Página 12 Efectivos de la Policía de la Ciudad detuvieron a dos trabajadoras de prensa que se encontraban en la marcha de jubilados de este miércoles. Todo quedó registrado en las cámaras de televisión, que realizaban la cobertura de la manifestación en Plaza Congreso. De acuerdo a los registros audiovisuales, y según publicó Periodistas Argentinas en la red social X, se trata de Camila Rey y Yasmin Orellana. Según testigos, las mujeres fueron cazadas «al voleo» por los efectivos policiales.  Desde temprano, organizaciones de jubilados y agrupaciones sociales se acercaron a los alrededores de Plaza Congreso para reclamar lo que la gestión ultraderechista les niega desde el primer día: una jubilación digna. La cita –marcada por el mega operativo policial– llegó en un clima cargado: el miércoles pasado, la Policía Federal reprimió con camiones hidrantes y gases lacrimógenos y dejó manifestantes, periodistas y fotorreporteros heridos. En las inmediaciones, la implementación del protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipaba desde la mañana de este miércoles que el Gobierno iba a responder a la protesta con blindaje. Aunque en esta oportunidad la zona no fue vallada, una desmedida cantidad de efectivos participaron del operativo. “Vengo porque no como”, dijo esta tarde, con lágrimas en los ojos, un jubilado que ya estaba en la plaza. El veto presidencial al aumento del 7% en las jubilaciones y el rechazo a la moratoria agravan la situación de quienes ya viven al límite. Cuánto cobra un jubilado en agosto 2025 Las y los jubilados de la mínima cobraron en agosto 2025 un total de $ 384.305,37. El número está compuesto de un bono extraordinario de $70.000 –monto que se mantiene congelado desde marzo 2024– y los $ 314.305,37 correspondientes a la jubilación mínima.  En tanto, aquellas personas que superen el haber mínimo, cobraron un proporcional del bono hasta alcanzar los $ 384.305,37. Cabe recordar que el bono es no remunerativo y no será susceptible de descuentos ni computable para ningún otro concepto. La decisión alcanzó a los titulares de prestaciones contributivas del sistema nacional de jubilaciones y pensiones, así como los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciban pensiones no contributivas por vejez, invalidez, madres de siete hijos o más y pensiones graciables a cargo de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Telesur La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley que otorga amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), la Policía Nacional (PNP) y comités de autodefensa por crímenes cometidos durante el conflicto armado interno, detenidos entre 1980 y 2000, en relación con abusos a los derechos humanos. Aprobada por la Comisión Permanente del Congreso con 16 votos a favor, genera controversia. Mientras sus defensores, como Boluarte, hablan de un reconocimiento a quienes supuestamente combatieron el terrorismo, organizaciones de derechos humanos advierten sobre el riesgo de impunidad ante los crímenes cometidos, incluso denuncian la manera en que el Estado aborda su historia de violencia política. En tanto, señalan que la normativa vulnera los compromisos internacionales de Perú en materia de derechos humanos, particularmente la obligación de investigar graves violaciones como ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Se espera que la ley sea objeto de acciones de inconstitucionalidad por parte de diversas instituciones y colectivos que la consideran una amenaza a los derechos fundamentales. De hecho, el pasado 30 de julio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó frenar dicha Ley de Amnistía (aprobada por el Congreso) por riesgo de impunidad en graves violaciones a derechos humanos en el país la Ley de Amnistía. A finales del pasado mes, Dina Boluarte presentó la primera parte de su informe ante el Congreso, un acto que fue interrumpido por legisladores de izquierda. Los congresistas mostraron su rechazo a las declaraciones de la mandataria sobre el inicio de su Gobierno, que coincidió con la destitución de Pedro Castillo. Boluarte afirmó que la primera fase de su mandato estuvo “marcada por una convulsión política, que provocó significativas pérdidas económicas”. En respuesta, los legisladores la increparon recordándole las numerosas víctimas mortales de la represión durante las protestas que siguieron a la caída de Castillo. Por estos hechos, Boluarte está siendo investigada. La congresista Ruth Luque exhibió un cartel con la imagen de una víctima, mientras que Jaime Quito mostró un letrero que decía “Dina, el pueblo te repudia”. La ley promulgada hoy se presenta como una grave violación a los derechos humanos y a los tratados internacionales, protegiendo a criminales que predican la democracia mientras cometen masacres como las de La Cantuta y Barrios Altos. Además, deslegitima los derechos penales al reducirlos a una concepción vacía.