2025

Página 12 El fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez imputó este jueves a Javier Milei y a un grupo de funcionarios libertarios por amenazar a la periodista Julia Mengolini, en el marco de la causa que la directora de Futurock le inició al Presidente por «amenazas, intimidación pública, malversación de caudales públicos, apología del crimen y asociación ilícita”. Además del Presidente, quedaron imputados la diputada nacional Lilia Lemoine y el grupo de tuiteros libertarios que integran el “cineasta” oficial Santiago Oría y Daniel Parisini (conocido como El Gordo Dan), entre otros. El fiscal los investiga, entre otros motivos, para determinar si los ataques fueron organizados y financiados con fondos públicos, además de coordinados desde las altas esferas del Gobierno.  El expediente tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Isidro. En su dictamen, el fiscal ordenó una batería de medidas de prueba destinadas a identificar y ubicar a las personas que amenazaron de muerte a Mengolini y su familia. En ese marco, el juzgado ordenó además medidas de protección para la periodista y su círculo íntimo, entre ellas la custodia policial y la entrega del botón antipánico.  Domínguez también requirió a las empresas propietarias de las redes sociales información sobre el flujo de los posteos más violentos y amenazantes, la información falsa diseminada y los datos de las personas que obraron como los principales diseminadores.  Mengolini había sido atacada en los últimos meses en las redes sociales a través de un video generado con Inteligencia Artificial, además de recibir amenazas de muerte para ella y su familia. Hace poco, convocada por la Cámara de Diputados, relató “la tortura” que significó para ella sobrellevar la “campaña de odio” y de mentiras “orquestada desde las más altas esferas del Estado” en su contra. Convocada por la Comisión de Mujeres y Diversidad, la comunicadora compartió con la voz quebrada un escalofriante relato sobre las penurias que debió atravesar y que aún sufre por la “deep fake news”, reproducida por el propio presidente Javier Milei a través de múltiples retuits en X, en la que se difunde a través de videos creados con inteligencia artificial una falsa relación incestuosa entre ella y su hermano. “Soy víctima de una campaña de odio orquestada desde las más altas esferas del Estado nacional desde hace algún tiempo, con una persistencia que no termina nunca. Soy blanco de recortes de todo tipo que hacen de mí un personaje absolutamente extraño, siniestro, que todo el tiempo entra en contradicciones y genera repulsión y odio en las señoras que miran la tele”, expresó Mengolini.

Agencias Tras finalizar la cumbre Trump-Putin, en Alaska, los mandatarios de ambas naciones ofrecieron una conferencia de prensa, en la que enfatizaron el carácter productivo del encuentro, pero sin lograr un acuerdo de paz con Ucrania. Sobre el conflicto en Ucrania, el presidente ruso destacó el interés de Estados Unidos, en lograr un consenso entre las partes. En ese sentido, dijo que su país está interesado también en poner fin; pero necesita una solución sostenible para que la raíz del conflicto sea erradicada. “Se deben eliminar todas las causas raíz de la crisis,” afirmó Putin, quien reiteró además que los acontecimientos en Ucrania guardan relación con la seguridad nacional de Rusia. El dignatario ruso manifestó su esperanza en que los resultados alcanzados ayuden a aproximar la paz, y que “en Ucrania perciban adecuadamente los resultados de las negociaciones, y que dejen de socavar el proceso de paz”. “Tarde o temprano debíamos pasar de la confrontación al diálogo”, subrayó el mandatario ruso, y agregó que su país está verdaderamente interesado en poner fin al conflicto ucraniano. En sus declaraciones, Putin subrayó que las relaciones entre Moscú y Washington “han caído a su punto más bajo desde la Guerra Fría”. Por su parte, el mandatario estadounidense agradeció a Rusia su disposición de alcanzar la paz. “Creo que tenemos un chance bastante bueno para alcanzar la paz,  todavía no la hemos alcanzado, pero agradezco a Putin y su delegación por tratar de hacer todo lo posible por ello”, afirmó. De igual manera, Trump aseguró que aunque han llegado a avances significativos, no se ha logrado un acuerdo completo, y anunció que la próxima reunión entre ambos tendrá a Moscú, capital de Rusia, como escenario. “Creo que tuvimos una reunión muy productiva. Hubo muchos puntos en los que estuvimos de acuerdo. La mayoría, diría yo. Un par de asuntos importantes en los que aún no hemos llegado, pero hemos avanzado“, precisó Trump.

Telesur Socorro Jurídico, organización no gubernamental (ONG) dedicada a la protección de los derechos humanos, proporcionó su balance más reciente sobre los individuos que en los últimos tres años habrían fallecido en diversas cárceles de El Salvador, víctimas de una serie de sucesos dentro del contexto del régimen de excepción. De acuerdo con Socorro Jurídico Humanitario, se contabilizan al menos 430 personas que han fallecido durante estos tres años bajo la supervisión estatal, es decir, bajo la custodia del Estado salvadoreño. Según el informe de esta ONG, hay personas que afirman que algunos detenidos murieron debido a abusos, individuos que habrían sido torturados, otros que murieron debido a la ausencia de atención médica, otros por carencia de medicamentos y también existen personas que habrían fallecido debido a disputas internas. El balance cuenta con nombres y expedientes completos, que ya han sido enviados a entidades internacionales de derechos humanos. En realidad, se ha informado en las últimas horas que Socorro Jurídico Humanitario ha entregado una serie de documentos a la Corte Penal Internacional (CPI) con el fin de demandar al Estado de El Salvador y hacerlo responsable de estas 430 muertes de salvadoreños que fallecieron durante los tres años durante el régimen de excepción. Por otra parte, afirman que podrían existir más fallecimientos, no únicamente estos. Según Socorro Jurídico, estas 430 muertes son las que se encuentran registradas. No obstante, sostienen que hay un subregistro debido a que existen individuos que, por miedo o por diversas circunstancias, no reportan estos crímenes contra los derechos humanos de los detenidos.

DW La Corte Suprema de Brasil decidirá a partir del 2 de septiembre si el expresidente Jair Bolsonaro es culpable de haber tramado un golpe de Estado contra el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, lo que podría llevarlo a la cárcel, se informó el viernes (15.08.2025). El fallo de los magistrados concluirá un proceso penal iniciado en marzo contra el exmandatario (2019-2022) por supuestamente haber intentado impedir la asunción de Lula, luego de que este lo derrotara en las elecciones de 2022. El magistrado Cristiano Zanin, presidente de la sala que lleva el juicio, convocó varias sesiones entre el 2 y el 12 de septiembre, aunque el veredicto puede tener lugar antes de esa última fecha. De ser hallado culpable, Bolsonaro, de 70 años, podría enfrentar hasta 40 años de prisión. Según la fiscalía, el supuesto plan golpista se habría frustrado por falta de apoyo de la cúpula de las fuerzas armadas. Pero Bolsonaro, líder de la derecha brasileña, se ha declarado inocente y dice ser un perseguido». El expresidente se encuentra en prisión domiciliaria preventiva desde principios de agosto, ya que el juez a cargo del caso, Alexandre de Moraes, consideró que violó medidas cautelares que le prohibían manifestarse a través de redes sociales. El Supremo Tribunal Federal también juzga por golpismo a siete excolaboradores de Bolsonaro. El juicio ha desatado una crisis diplomática y comercial entre Estados Unidos y Brasil.  El presidente estadounidense, Donald Trump, lo calificó de «caza de brujas» y en represalia implementó aranceles comerciales de hasta 50% a Brasil. Estados Unidos también impuso sanciones a Moraes y a otros siete magistrados de la corte.

DW Actualidad La Oficina de Derechos Humanos de la ONU dijo este viernes que al menos 1.760 palestinos perdieron la vida mientras buscaban ayuda humanitaria en la Franja de Gaza en un periodo de dos meses y medio, entre el 27 de mayo y el 13 de agosto. De estas víctimas, 994 perdieron la vida en las inmediaciones de los puntos de distribución de la denominada Fundación Humanitaria de Gaza, una entidad militarizada gestionada por Israel y que cuenta con el financiemiento de Estados Unidos. ONU: «La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí» Otras 766 personas, incluyendo mujeres y niños, murieron en ataques a lo largo de las rutas que conducen a esos centros de suministro. Solo en lo que va de agosto, 46 palestinos han perecido en ataques de las fuerzas israelíes, indicó la entidad de derechos humanos. «La mayoría de estas muertes fueron a manos del ejército israelí», afirmó la agencia de la ONU, que el 1 de agosto había informado de 1.373 muertos. Plan israelí de tomar Gaza causa rechazo Expertos respaldados por esta organización internacional advierten sobre una hambruna generalizada en el territorio, donde Israel redujo drásticamente la ayuda humanitaria que permite ingresar. Además, los planes del gobierno israelí de ampliar la guerra han provocado una protesta internacional, así como oposición interna. El ejército tiene la intención de tomar el control de Ciudad de Gaza y los campos de refugiados cercanos, algunas de las zonas más densamente pobladas del territorio, que ha sido devastado por más de 22 meses de conflicto.

Agencias y RT La reunión del 15 de agosto entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Anchorage (Alaska, EE.UU.), ha implicado enormes retos en términos de logística y despliegue de seguridad, debido a la lejanía del estado y a que la cita se confirmó con poca antelación. Según reseña Bloomberg, cuando se anunció el encuentro hace una semana había un solo agente del Servicio Secreto en ese estado. En los siguientes días han llegado cientos de refuerzos. «La operación se convirtió en una carrera a toda velocidad, comprimida en una semana», escribe el medio. Si bien el hecho de que la reunión tenga lugar en territorio estadounidense facilitó a Washington el traslado de armas, equipos de comunicación y material médico, la geografía presenta sus propias dificultades, agrega. Anchorage, la ciudad donde está ubicada la base militar Elmendorf-Richardson, que acogerá el primer cara a cara de los dos mandatarios desde 2019, tiene poca disponibilidad de hoteles y un reducido mercado de alquiler de autos, dado que la cumbre coincide con la temporada alta. Ante esa escasez y lo remoto de Alaska, vehículos y otros bienes se transportan al lugar por avión o desde otras partes del estado. La reunión del 15 de agosto entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y el estadounidense, Donald Trump, en la ciudad de Anchorage (Alaska, EE.UU.), ha implicado enormes retos en términos de logística y despliegue de seguridad, debido a la lejanía del estado y a que la cita se confirmó con poca antelación. Según reseña Bloomberg, cuando se anunció el encuentro hace una semana había un solo agente del Servicio Secreto en ese estado. En los siguientes días han llegado cientos de refuerzos. «La operación se convirtió en una carrera a toda velocidad, comprimida en una semana», escribe el medio. Si bien el hecho de que la reunión tenga lugar en territorio estadounidense facilitó a Washington el traslado de armas, equipos de comunicación y material médico, la geografía presenta sus propias dificultades, agrega. Anchorage, la ciudad donde está ubicada la base militar Elmendorf-Richardson, que acogerá el primer cara a cara de los dos mandatarios desde 2019, tiene poca disponibilidad de hoteles y un reducido mercado de alquiler de autos, dado que la cumbre coincide con la temporada alta. Ante esa escasez y lo remoto de Alaska, vehículos y otros bienes se transportan al lugar por avión o desde otras partes del estado.

Prensa Latina Lima,14 agosto (Prensa Latina).-  La puerta de hierro de la prisión para ex altos funcionarios se cerró hoy con estruendo tras el expresidente peruano Martín Vizcarra, quien debe cumplir cinco meses de prisión preventiva que pueden extenderse a 20 años. El furgón blanco del Instituto Nacional Penitenciario trasladó a Vizcarra desde el centro transitorio de detención, hasta el denominado penal Barbadillo, construido inicialmente para el exgobernante Albert Fujimori y que tuvo que ser ampliado varias veces para albergar a otros inquilinos involuntarios. Frente al presidio ubicado en los predios de un cuartel policial pequeños grupos de simpatizantes y detractores de Vizcarra corearon consignas en uno u otro sentido, mientras una barrera de policías impedía que crucen y se acerquen a la puerta de la cárcel. El fallo dictado ayer por el juez Jorge Chávez pareció sorprender al acusado, pues volvió sombrío el rostro jovial y optimista con el que llegó y hasta descartó la posibilidad de un fallo adverso como el que pide la Fiscalía, de 20 años de cárcel. En una audiencia de más de siete horas, el juez Chávez revocó la medida de un juez de primera instancia que otorgó a Vizcarra libertad condicional mientras afronta el juicio en el cual se le acusa de haber recibido 657 mil dólares a cambio de contratos de obras públicas, lo que confirmaron los empresarios involucrados. Los hechos ocurrieron antes de que el fuera presidente (2018-2020), cuando se desempeñaba como gobernador de la sureña región de Moquegua. El juez Chávez argumentó que las pruebas de la culpabilidad de Vizcarra hacen muy posible una condena, lo que puede propiciar su fuga, por lo que debe estar preso hasta que el juicio culmine. El abogado de Vizcarra, Erwin Sicchia, anunció que apelará el fallo y confía en que será revocado, pero el coordinador de la Fiscalía de casos de corrupción de alto nivel, Rafael Vela, aseguró que las pruebas contra Vizcarra hacen casi seguro que sea condenado. El exgobernante tiene además dos procesos de investigación por contratos ilegales de organismo de carreteras (Provías) y por la contratación por 50 mil dólares como asesor del Ministerio de Cultura de un cantante carente de méritos para el cargo, casos registrados durante su mandato presidencial. Vizcarra comparte la prisión con los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022) aunque sin contacto entre ellos. Toledo y Humala están condenados por corrupción a 20 años y seis meses cada uno y Castillo es juzgado por el intento de disolver el Congreso, y la Fiscalía pide sea condenado a 34 años de encierro.

DW Actualidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reconoció este jueves que no ha seguido las reglas «al pie de la letra» para desplegar a la Guardia Nacional en Washington D.C. y asumir el control federal de la Policía Metropolitana de la capital estadounidense. La ciudad vive horas de tensión por las protestas contra los operativos nocturnos de agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El mandatario sostuvo que cuando ha dejado que los líderes demócratas de cada estado manejen las protestas, estos «no han actuado apropiadamente». «La última vez seguí cada pequeño edicto y regla perfectamente, dejé que los gobernadores administraran sus asuntos y lo arruinaron por completo», dijo Trump durante una entrevista con Fox News Radio, en alusión a crisis anteriores. Declaró Emergencia de Seguridad Pública Las declaraciones se producen tras el despliegue de 800 miembros de la Guardia Nacional en Washington D.C. y la federalización temporal de su policía, medida que Trump impuso el pasado lunes al considerar que «el crimen está fuera de control». Además, el republicano declaró una Emergencia de Seguridad Pública de 30 días. Trump aprovechó el ataque sufrido a principios de mes por un programador del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), llamado Edward Coristine, para justificar la federalización de la seguridad pública de la ciudad. Sin embargo, los índices de crimen homicida, aunque aún altos, son los más bajos en décadas, de acuerdo con datos oficiales. Aumenta presencia federal en D.C. Desde la noche del miércoles, agentes del FBI, la DEA y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) intensificaron sus patrullajes en Washington D.C., con turnos de 24 horas y puntos de control en distintas zonas de la ciudad. En la Explanada Nacional se observaron vehículos blindados y tropas de la Guardia Nacional para hacer frente a lo que Trump califica como una «ola de crímenes», en contra de lo que apuntan las autoridades locales. Según explicó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en Fox News, se trata de un grupo de trabajo multiagencia creado por Trump junto a la fiscal general, Pam Bondi, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. En total, 19 agencias participaron en operaciones conjuntas en siete distritos de la capital durante la noche. Detenidos 29 inmigrantes Las acciones resultaron en 45 arrestos por delitos de agresión en primer y segundo grado, así como por distribución de drogas ilegales y narcóticos incautados. Además, fueron detenidos 29 inmigrantes indocumentados, «muchos de los cuales tenían órdenes de deportación definitivas», señaló Leavitt. Trump fue preguntado en el Despacho Oval por los perjuicios que podría estar provocando en otros operativos la alta concentración de agentes en la capital, en cambio, él respondió que está usando «una fuerza muy pequeña». Por la noche, agentes instalaron un control de tráfico en una de las principales calles de la ciudad donde detuvieron a conductores por no llevar el cinturón de seguridad o por problemas en las luces traseras. Los vecinos de la ciudad protestaron contra este control y advirtieron de él a los conductores para que lo evitaran. Ambiente tenso en la ciudad A pesar de la presencia masiva de las fuerzas de seguridad, el ambiente fue tenso y se reportaron varios enfrentamientos entre los residentes y los agentes federales. Un exempleado del Departamento de Justicia fue detenido la noche del miércoles por golpear con un sándwich a un agente federal. La fiscal general, Pam Bondi, indicó que se levantarán cargos por agresión. Por su parte, la jefa de la policía, Pamela Smith emitió una orden ejecutiva este jueves para que los agentes policiales de Washington D.C. limiten el tipo de cooperación que realizan con ICE. Smith busca evitar que se interrogue a personas sobre su estatus migratorio o que las personas sean detenidas sin la existencia de una orden emitida por un juez. Este es un intento de mantener las leyes del Distrito de Columbia, donde gobiernan los demócratas, en vigor. El miércoles, Trump dijo que buscará extender el control federal sobre las fuerzas del orden en la capital tras considerar que los 30 días estipulados en la ley «no son suficientes» para «combatir el crimen» en la ciudad.

Telesur Tras una investigación exhaustiva, se procedió a capturar a Arcadio López Estrada, Perfecto Jesús Enamorado Paz y Antonio David Catán Rivera, quienes fueron “acusados formalmente por los delitos de terrorismo y tentativa de asesinato conforme a lo establecido en el Código Penal”, por una conspiración de grupos criminales para atentar contra el expresidente hondureño y coordinador del Partido Libre, Manuel Zelaya, y derrocar a la actual mandatario, Xiomara Castro, así lo informó el fiscal general de Honduras, Joel Zelaya. De acuerdo con las declaraciones del Ministerio Público, la conspiración tenía como objetivo paralizar al Estado, alterar el orden constitucional y poner en riesgo la paz social y la democracia misma. “Es decir, que no se realicen las elecciones generales del 2025”. precisó Joel Zelaya. Significó que el intento de atentado contra el exmandatario hondureño no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de un plan mayor que busca la salida anticipada del actual Gobierno, encabezado por Xiomara Castro y, de ese modo, impedir el desarrollo de los comicios generales a celebrarse el próximo 30 de noviembre. El titular del Ministerio Público hondureño sentenció que este hecho “no es un caso sustentado en conjeturas ni rumores. Las pruebas que hoy presentamos se basan en evidencias científicas irrefutables” subrayó. Joel Zelaya agregó que se trabaja para ampliar acusación a otros sujetos, e instó a la sociedad a tener confianza en que la fiscalía cumplirá con su deber para la realización de elecciones limpias y democráticas. Al respecto, el exmandatario hondureño, Manuel Zelaya, se pronunció en la red digital X. Señaló que las evidencias confirman que sí existió un plan para quitarle la vida en el año 2009. En tanto, Héctor Zelaya, secretario privado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, aseveró que la violencia política no tiene cabida en el país. “Desde el 2009 hemos denunciado la campaña de odio contra mi familia, y en especial contra mi padre, Manuel Zelaya, coordinador general del Partido que lucha por la Libertad y la Refundación de Honduras, y expresidente derrocado con un golpe de Estado en 2009”. El hijo del líder político calificó las capturas anunciadas hoy como “un paso firme y responsable del Ministerio Público”. De hecho, confía en que la investigación seguirá hasta esclarecer los hechos, identificar a los autores materiales e intelectuales y aplicar todo el peso de la ley. “Ni el miedo, ni las amenazas, ni la violencia detendrán la Refundación de Honduras. Seguimos firmes, con más fuerza y más convicción que nunca”, ratificó.