Seguridad

La Paz, 29 de agosto (El Nuevo Cambio).- La Internacional Antifascista, capítulo Bolivia, reiteró su rechazo a las amenazas de los Estados Unidos a Venezuela, con el falso justificativo de luchar contra el narcotráfico, y trasladando buques de guerra, aviones de vigilancia y hasta submarinos al mar Caribe. En un pronunciamiento, la Internacional, afirma que los movimientos sociales, los trabajadores, estudiantes y las organizaciones democráticas, denuncian con firmeza el brutal acoso imperialista que sufre hoy la hermana República Bolivariana de Venezuela, encabezada por el presidente Nicolás Maduro Moros. “Esta conducta amenaza la soberanía venezolana y la paz de todo el continente americano, donde los pueblos pacifistas jamás recurrieron a armas nucleares para resolver sus conflictos. Es crucial subrayar que el narcotráfico no es el verdadero objetivo del intervencionismo estadounidense. La historia demuestra que cada vez que el imperio se ve en dificultades, busca apoderarse de los recursos naturales de nuestra región: ayer fue el estaño de Bolivia, el petróleo de Ecuador, el cobre de Chile; hoy la mira está puesta en el petróleo venezolano y en el litio estratégico de Bolivia, Argentina y Chile. La campaña de Washington contra Venezuela —bloqueos financieros, sanciones, presión diplomática y militar— busca justificar la apropiación de estos recursos, mientras se encubre bajo la narrativa de lucha contra las drogas. La verdad es que pretenden saquear nuevamente los bienes de nuestros pueblos, como lo hicieron durante décadas en América Latina, sin compensación alguna y sin respeto a la soberanía”, dice un comunicado. Dice que “en marzo de 2023, la general Laura Jane Richardson, jefa del Comando Sur de Estados Unidos, compareció ante la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. En esa oportunidad, quedó clara la mentalidad colonial que guía la política exterior estadounidense. Richardson, bajo el débil argumento de la lucha contra el narcotráfico, dejó expuesto que el verdadero objetivo de Washington es apoderarse de los recursos naturales de América Latina”. Afirma que Richardson insistió, en múltiples intervenciones, “que América Latina posee las mayores reservas de petróleo, litio y agua dulce del planeta, y que estos recursos son vitales para la seguridad nacional estadounidense. En otras palabras, nuestra soberanía y nuestros bienes comunes no les pertenecen a los pueblos latinoamericanos, sino que deben estar subordinados a los intereses del imperio”. “Este discurso arrogante es la continuación del “Destino Manifiesto” y de la Doctrina Monroe, que tantas heridas provocaron en el continente, saqueando territorios y sometiendo a los pueblos bajo falsos pretextos. El acoso a Venezuela no es una acción aislada: es parte de un plan sistemático para controlar los recursos estratégicos y debilitar la resistencia de los pueblos latinoamericanos”, añade. Sostiene que “el petróleo venezolano, que debería servir al desarrollo del país y al bienestar de su población, se convierte en objetivo de saqueo bajo pretextos falsos. La República Bolivariana de Venezuela enfrenta una campaña de difamación internacional, sanciones ilegales y amenazas militares constantes”. “La presencia de tropas y armamento estadounidense en el Caribe y el Atlántico no es solo una amenaza para Venezuela: es un mensaje intimidatorio para todo el continente. El imperio intenta reinstaurar la vieja lógica colonial de que América Latina es su “patio trasero”, para robar recursos, manipular gobiernos y someter a los pueblos”, señala.

La Paz, 28 de agosto (El Nuevo Cambio).- Las protesta y críticas a la justicia por la resolución para otorgar libertad a los principales responsables de las masacres de Senkata y Sacaba, Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Antonio Pumari, crecieron este miércoles y jueves, en medio de acusaciones contra jueces corruptos por beneficiar la impunidad. Después de haberse mantenido en silencio varios días, ante los reclamos ciudadanos, finalmente la Defensoría del Pueblo salió a declarar señalando que la decisión de jueces, a pesar de los informes internacionales, afectan los derechos legales de las víctimas y del país en general. El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, también se expresó a través de su cuenta X y afirmó que la justicia, que persigue a dirigentes y miembros de organizaciones sociales, es la misma que libera a los responsables de los hechos que derivaron en las masacres de Sacaba y Senkata en 2019. «La misma justicia que nos persigue y mantiene privados de libertad a mis hermanos y hermanas, la misma justicia que socapa la corrupción de Luis Arce, la misma justicia que proscribió a las grandes mayorías, hoy libera a los responsables del Golpe de Estado que derivó en la masacre de Sacaba y Senkata”, señaló. Según el exmandatario, existe un encubrimiento de la corrupción dentro del actual Gobierno, “la justicia actúa con sesgo político”. Expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y los heridos de los conflictos de 2019, y respaldó a los sectores sociales que mantienen su movilización en demanda de verdad, justicia y dignidad. Entre tanto, el gobierno, a través de su ministra de Justicia, cuestionó el fallo de los jueces y dijo que contradice los informes que en su momento emitió la Comisión Interamericana de los derechos Humanos (CIDH). Entre tanto, el fiscal asignado al caso dijo que presentó una demanda en contra de la resolución de los jueces de El Alto, mientras este miércoles salieron en libertad los militares que ordenaron disparar en noviembre de 2019, contra pobladores que protestaban contra el golpe de estado.

La Paz, 19 de agosto (El Nuevo Cambio).- Una alerta migratoria fue emitida por la Fiscalía General del Estado contra el hijo menor del presidente Luis Arce Catacora, por la aparente compra irregular de predio “Adán y Eva” en Santa Cruz, con un crédito del Banco Ganadero. La información la proporcionó el mismo fiscal general, Roger Mariaca, quien explicó que el hijo del mandatario, Rafael Ernesto Arce Mosqueira no podrá salir del país, mientras no continúe el proceso que se inició en su contra. “Es importante hacer conocer una alerta migratoria en contra de Rafael Arce que está dentro de la investigación. Nosotros no venimos a hacer persecución a nadie”, dijo al manifestar que el proceso fue abierto a inicios de 2024 y que el hijo del presidente acudió a declarar por este caso el pasado mes de mayo. Explicó que, contra Rafael Ernesto Arce, se tiene una investigación reaperturada por la Fiscalía departamental de La Paz recientemente. “Ante la presentación de un memorial por parte de un diputado en La Paz por ello se han emitido diferentes requerimientos fiscales”, añadió. Mariaca afirmó que el proceso había sido cerrado; sin embargo, el mismo fue reabierto a solicitud de un diputado. En mayo de este año se reveló que Rafael Ernesto Arce Mosqueira, hijo menor del presidente Luis Arce, adquirió en 2021 un terreno en Santa Cruz con una extensión de más de 2.187,8 hectáreas por un valor de $us 3,3 millones, a pocos meses de dejar su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.

La Paz, 12 de agosto (El Nuevo Cambio).- Las víctimas de violaciones sexuales de sacerdotes de la iglesia católica, denunciaron que Amparo Carvajal, que funge ilegalmente, como presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) defiende a los “curas” violadores. Según la denuncia, Carvajal interviene en el juicio contra los sacerdotes y exprovinciales jesuitas Ramón Alaix y Marcos Recolons, procesados por encubrimiento en uno de los mayores casos de abusos sexuales dentro de la Compañía de Jesús en Bolivia. Una publicación de Abya Yala Televisión afirma que el proceso, que se realiza en Cochabamba, fue suspendido por cuarta vez por motivos médicos. “Para los sobrevivientes, esta reiteración de aplazamientos evidencia una posible estrategia dilatoria”, dijeron. El presidente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), Wilder Flores, acusó a Carvajal de “instrumentalizar” la APDHB para favorecer a “sus amigos sacerdotes”, dejando de lado las necesidades de las víctimas. De acuerdo a Flores, en una carta enviada al juez del caso, Samuel Vargas, Carvajal pidió garantizar la presunción de inocencia y un trato justo para los acusados, argumentando que se debe proteger también sus derechos fundamentales. La APDHB afirmó que tomó conocimiento del deterioro de la salud de los procesados. Flores cuestionó que Carvajal nunca haya contactado a la organización de sobrevivientes ni mostrado interés por la salud física o emocional de las víctimas, pese a que estas denuncian más de tres décadas los abusos y encubrimiento dentro de la iglesia católica. Otros representantes de la CBS, como Edwin Alvarado, y el exjesuita Pedro Lima señalaron que temen la aparición de nuevos pronunciamientos desde instituciones vinculadas a la Compañía de Jesús que, según dijeron, buscarían presionar al juez y postergar el avance del caso, afectando el derecho de acceso a la justicia.

La Paz, 8 de agosto (El Nuevo Cambio).- El exministro del gobierno de Luis Arce Catacora, Alan Lisperguer, acusado por corrupción y ganancias ilícitas, denunciado recientemente por violencia física a su expareja, evitó ir a la cárcel por presiones políticas y económicas. La exautoridad que goza de libertad y de favores políticos y legales agredió en plena vía pública a su expareja en la ciudad de Santa Cruz y a pesar de ser inicialmente detenido, logró que la justicia no apruebe su detención. Sin embargo, su expareja, en una declaración ampliatorio, denunció que desde hace un año es víctima de malos tratos y recibe amenazas de su agresor, atenido a sus recursos económicos y los favores políticos del gobierno. En una publicación del periódico El Deber de Santa Cruz se afirma que Lisperguer enfrenta nuevas denuncias en su contra por violencia física y psicológica, luego de la ampliación de la declaración de su expareja ente la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV). Lisperguer fue beneficiado por medidas sustitutivas como una fianza de 2.000 bolivianos y la obligatoriedad de firmar una vez al mes el libro de la Fiscalía, empero, también presentó una denuncia contra su víctima. “La exautoridad fue imputada por la fiscal de género Jessica Echeverría que lo presentó ante la juez anticorrupción Patricia Murillo y pidió su detención en la cárcel de Palmasola por considerar que las pruebas aportadas de la autoría son fehacientes. La defensa del denunciado aseguró que no cometió delito y en plena audiencia uno de los abogados entregó y leyó una carta firmada por la víctima que decía que ya no quería seguir con la acción”, dice El Deber. Agrega que luego de la audiencia, la fiscal Echeverría anunció una apelación. Si bien dijo respetar la decisión judicial, expresó su disconformidad por considerar que el caso contaba con suficientes pruebas. “Existen todos los elementos que conducen a la autoría”, sostuvo la autoridad del Ministerio Público. En su declaración ampliatoria, la denunciante relató que conoció a Lisperguer en el ámbito profesional, cuando ambos coincidieron en funciones relacionadas con el Estado. Asegura que la relación se deterioró progresivamente por situaciones de maltrato, celos y episodios de violencia ligados al consumo de bebidas alcohólicas. También declaró que fue víctima de agresiones previas, ocurridas incluso en presencia de la familia del denunciado. En uno de los pasajes más duros de su testimonio, relató que, tras una agresión en Cochabamba, retornó a Tarija sin presentar denuncia por miedo a represalias. “Después de mi denuncia en Santa Cruz, recibí amenazas. Por eso desistí con una carta. Me siento sola, temo perder mi trabajo y temo por mi seguridad”, dijo ante las autoridades. Aseguró, además, que pese a contar con medidas de protección, no se siente con garantías. “Él tiene influencia política y recursos. Intenta presentarse como víctima, pero yo viví maltrato constante. Esta vez no quiero callar”, expresó. La defensa de la víctima fue asumida por la abogada Lety Tordoya, de Mujeres Creando, quien advirtió que el caso evidencia una estructura de impunidad alimentada por el poder político y económico. “Estamos ante una joven trabajadora del Estado que se encuentra aislada y en riesgo. No vamos a permitir que este caso quede impune”, declaró.

La Paz, 29 de julio (El Nuevo Cambio).- El exsocio del hijo del presidente Luis Arce Catacora, Diego Von Vacano, denunció que el hijo de éste, Marcelo Arce, lo amenazó de muerte, a raíz de sus comentarios sobre las malas gestiones del gobierno en la entrega del litio a empresas de Rusia y China. Von Vacano fue asesor del mandatario “ad honoren” y socio de “Marcelitio” en el “negocio” de la oferta del litio boliviano a empresas transnacionales para su explotación, principalmente a China y Rusia. Según Von Vacano, Luis Marcelo Arce Mosqueira, le envió mensajes por whatsapp con amenazas de muerte, solo por haber emitido opiniones sobre el mal negocio que está haciendo el gobierno en el tema del litio. En sus redes sociales publicó el mensaje que le envió el hijo del presidente y que dice: “deja de hablar huevadas o te vamos a silenciar en público»…»No sabes nada del negocio y lo único q haces es exponernos»…»De verdad hmno deja de hablar huevadas el único que va a salir mal eres voz». En una entrevista, Von Vacano había señalado que las empresas rusa y china contratadas para la extracción directa de litio en Bolivia no son expertas en el área y que las decisiones del gobierno no responden a criterios técnicos, sino a intereses geopolíticos y, sobre todo, a la influencia directa del hijo del presidente, Marcelo Arce Mosqueira.

Lauca Eñe, 1 de julio (El Nuevo Cambio).- El trópico de Cochabamba demandó de la Policía y el gobierno el cumplimiento de su rol constitucional, otorgando seguridad a la población de ese extenso territorio, sin represión ni persecución, afirmó hoy el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. El pedido está consignado en un mensaje de su cuenta X difundido este martes y que tiene relación con el abandono deliberado policial del trópico, lo que significa un incumplimiento de deberes. El mensaje del exmandatario dice: “Rechazamos de manera categórica la estigmatización contra la región del Trópico de Cochabamba. Desde las movilizaciones de junio, el Gobierno ordenó el repliegue de la Policía y hasta hoy no ha retornado. Nos dejaron sin acceso a bancos, al servicio de identificaciones y, en algunos casos, incluso sin comunicación. Este abandono deliberado no solo es un incumplimiento de deberes, es una forma de castigo contra un pueblo digno que lo único que exige es respeto y garantías para vivir en paz. Pareciera que solo envían policías cuando se trata de perseguirnos, no cuando se trata de garantizar la seguridad de las familias del Trópico. Nuestra región siempre ha respetado el trabajo de la Policía, en tanto cumpla su rol con honestidad, dignidad y compromiso con la Constitución. Exigimos que el Gobierno cese el hostigamiento y castigo político; no queremos represión ni persecución, solo pedimos que se cumplan los deberes constitucionales con todos los bolivianos por igual”.

Lauca Eñe, 24 de junio (El Nuevo Cambio).- El dirigente de las Seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico, Gastón Ledezma, denunció un plan militar destinado a asesinar al expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. La denuncia la hizo después de informar que gracias a militares patriotas que proporcionaron información sobre ese extremo, se logró tomar conocimiento de los detalles y planes del gobierno y el Ministerio de Defensa para atentar contra la vida del exmandatario. Informó que el plan denominado “45 minutos” tenía la intención primero de ocupar el aeropuerto de Chimoré ubicado en el municipio del mismo nombre, para la llegada de dos aviones Hércules y helicópteros para su ingreso a la población de Lauca Eñe. Según Ledezma, en el operativo no solo debían participar militares que tenían que llegar en los aviones Hércules de las Fuerzas Armadas, sino también los acantonados en el trópico de Cochabamba, sobre todo los cercanos a la localidad de Lauca Eñe, en el municipio de Sinahota. “Denunciamos la última reunión que sostuvo Lucho Arce, en la que habría ordenado a los militares ingresar directamente para asesinar a nuestro hermano Evo”, denunció el dirigente cocalero al señalar que las instrucciones «son acabar con la vida de nuestro hermano Evo».

La Paz, 22 de junio (El Nuevo Cambio).- El exministro de Gobierno, Arturo Murillo, del régimen defacto de Jeanine Añez, fue liberado en los Estados Unidos, no se conoce su paradero, y su extradición a Bolivia todavía es una incógnita. Murillo tiene al menos ocho procesos en Bolivia, por dos fue sentenciado a cinco años de cárcel, y según el gobierno, se realizaron las gestiones ante el gobierno estadounidense para que extradite al exministro a Bolivia. Sin embargo, el abogado y activista de los derechos humanos, Thomas Becker informó que se desconoce el paradero de Murillo, quien fue liberado de la cárcel en Estados Unidos un día antes de lo programado, el viernes 20 de junio. Becker informó que también es probable que se encuentre en un centro de detención de migrantes. Murillo está acusado por los delitos de corrupción vinculados a la compra irregular con sobreprecio de gases lacrimógenos. Murillo fue detenido el año 2021, un año después se declaró culpable y debía guardar detención hasta el año 2028, sin embargo, por informes aún extraoficiales fue liberado antes de lo previsto, por tener buena conducta. Algunos parlamentarios dudaron que el gobierno haya cumplido con su obligación de realizar, con el tiempo y la eficacia respectiva, la extradición de Murillo, empero el Ministerio de Justicia aclaró que las gestiones se realizaron oportunamente y espera que el exministro de Añez sea deportado a Bolivia para cumplir con las leyes bolivianas. La extradición debía realizarse antes de que Murillo salga libre, ante una acción y requerimiento internacional, pero aparentemente esa gestión no fue realizada en su tiempo y momento por el gobierno de Luis Arce Catacora. El fiscal Omar Mejillones informó que Murillo tiene ocho procesos abiertos ante la justicia boliviana, todos por corrupcion y en diferente etapa procesal y el Gobierno está atento para “gestionar” su extradición.