La Paz, 8 de agosto (El Nuevo Cambio).- El exministro del gobierno de Luis Arce Catacora, Alan Lisperguer, acusado por corrupción y ganancias ilícitas, denunciado recientemente por violencia física a su expareja, evitó ir a la cárcel por presiones políticas y económicas.
La exautoridad que goza de libertad y de favores políticos y legales agredió en plena vía pública a su expareja en la ciudad de Santa Cruz y a pesar de ser inicialmente detenido, logró que la justicia no apruebe su detención.
Sin embargo, su expareja, en una declaración ampliatorio, denunció que desde hace un año es víctima de malos tratos y recibe amenazas de su agresor, atenido a sus recursos económicos y los favores políticos del gobierno.
En una publicación del periódico El Deber de Santa Cruz se afirma que Lisperguer enfrenta nuevas denuncias en su contra por violencia física y psicológica, luego de la ampliación de la declaración de su expareja ente la Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV).
Lisperguer fue beneficiado por medidas sustitutivas como una fianza de 2.000 bolivianos y la obligatoriedad de firmar una vez al mes el libro de la Fiscalía, empero, también presentó una denuncia contra su víctima.
“La exautoridad fue imputada por la fiscal de género Jessica Echeverría que lo presentó ante la juez anticorrupción Patricia Murillo y pidió su detención en la cárcel de Palmasola por considerar que las pruebas aportadas de la autoría son fehacientes. La defensa del denunciado aseguró que no cometió delito y en plena audiencia uno de los abogados entregó y leyó una carta firmada por la víctima que decía que ya no quería seguir con la acción”, dice El Deber.
Agrega que luego de la audiencia, la fiscal Echeverría anunció una apelación. Si bien dijo respetar la decisión judicial, expresó su disconformidad por considerar que el caso contaba con suficientes pruebas. “Existen todos los elementos que conducen a la autoría”, sostuvo la autoridad del Ministerio Público.
En su declaración ampliatoria, la denunciante relató que conoció a Lisperguer en el ámbito profesional, cuando ambos coincidieron en funciones relacionadas con el Estado. Asegura que la relación se deterioró progresivamente por situaciones de maltrato, celos y episodios de violencia ligados al consumo de bebidas alcohólicas.
También declaró que fue víctima de agresiones previas, ocurridas incluso en presencia de la familia del denunciado. En uno de los pasajes más duros de su testimonio, relató que, tras una agresión en Cochabamba, retornó a Tarija sin presentar denuncia por miedo a represalias. “Después de mi denuncia en Santa Cruz, recibí amenazas. Por eso desistí con una carta. Me siento sola, temo perder mi trabajo y temo por mi seguridad”, dijo ante las autoridades.
Aseguró, además, que pese a contar con medidas de protección, no se siente con garantías. “Él tiene influencia política y recursos. Intenta presentarse como víctima, pero yo viví maltrato constante. Esta vez no quiero callar”, expresó.
La defensa de la víctima fue asumida por la abogada Lety Tordoya, de Mujeres Creando, quien advirtió que el caso evidencia una estructura de impunidad alimentada por el poder político y económico. “Estamos ante una joven trabajadora del Estado que se encuentra aislada y en riesgo. No vamos a permitir que este caso quede impune”, declaró.
