Seguridad

La Paz, 27 de septiembre (El Nuevo Cambio).- Organizaciones de mujeres del país exigieron la inmediata detención del hijo del presidente Luis Arce Catacora, Marcelo Arce Mosqueira, quien ya habría huido del país con apoyo gubernamental. Arce Mosqueira fue denunciado por violencia familiar por parte de su pareja, quien dijo que no sólo la agredió en varias oportunidades, sino que la última vez incluso la azotó con cinturón y le piso en el rostro. Las organizaciones contra la violencia hacia las mujeres demandaron una investigación imparcial y legal contra el hijo mayor del presidente y su sentencia de acuerdo a ley, como a cualquier otro ciudadano. “Ante la información difundida en medios de comunicación sobre la demora en las diligencias dispuestas por la fiscal asignada al caso, exigimos que este caso como cualquier otro hecho de violencia sea investigado, procesado y sancionado, según corresponda, de manera imparcial y diligente”, dice un pronunciamiento de ese sector. Las organizaciones reclamaron y criticaron que, a pesar de la orden de aprehensión emitida hace casi una semana, el Ministerio Público y la Policía Boliviana no hayan ejecutado la orden y hayan esperado presumiblemente a que Arce Mosqueira ya haya huido del país. Por su parte, La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) anunció a través de una declaración, que se encuentra en la búsqueda de Marcelo Arce “aunque pide entender que su personal tiene varios casos que atender y trabajan según sus posibilidades”. En tanto, el Juzgado que atiende el caso por violencia doméstica contra Luis Arce Mosqueira declaró en reserva el proceso de investigación, a solicitud de la fiscal Jessica Echeverría, quien anunció que investigará la causa de manera hermética ante las filtraciones de información de parte de funcionarios que afectaron las pesquisas. Asimismo, el viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, afirmó que la Policía realiza las acciones correspondientes para poder dar cumplimiento a la orden de aprehensión que existe en contra de Luis Marcelo Arce Mosqueira, hijo mayor del presidente del Estado Luis Arce, denunciado por su pareja por presunta violencia familiar o doméstica. “Se han efectuado allanamientos en los cuales se ha podido establecer las circunstancias en las que él residía. A partir de ello, todavía se realizan acciones que permitan, por parte de la Policía Boliviana, tener una inteligencia y cumplir el requerimiento fiscal”, dijo.

Cochabamba, 23 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El principal testigo en el caso Botrading, Ludwing Sánchez denunció haber sido amenazado en reiteradas ocasiones y ratificó que existe un sobreprecio en la compra de combustible de alrededor unos 300 millones de dólares. En una declaración a la prensa Sánchez dijo que actualmente no sólo es víctima de amenazas, sino de un constante hostigamiento, desde que reveló los hechos de corrupción en la compra de gasolina y diésel. Reiteró que su denuncia involucra a altos funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y del gobierno del presidente Luis Arce Catacora, responsables de la compra de combustibles. El funcionario reiteró que a pesar de las amenazas que sufre mantendrá su denuncia, para que los responsables en el daño económico ocasionado al país, de al menos 300 millones de dólares, sean sometidos a la justicia. Asimismo, demandó del Ministerio Público activar arraigos contra los funcionarios supuestamente implicados en el caso, para evitar que se escapen, mientras prosiguen las investigaciones sobre este caso de corrupción. “Voy a seguir adelante con esta denuncia, no me van a callar. Lo que se ha hecho es un grave perjuicio al pueblo boliviano y debe sancionarse como corresponde”, dijo en su declaración a los periodistas.

Santa Cruz, 20 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El hijo del presidente, Luis Arce Catacora, Luis Marcelo Arce Mosqueira fue denunciado por violencia familiar en la ciudad de Santa Cruz, informó el fiscal general, Roger Mariaca. La autoridad explicó que se dispuso el inicio de la investigación, para establecer responsabilidad, una vez se dispongan los informes del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), el informe psicológico y otros. Mariaca manifestó que de acuerdo a la denuncia de la concubina de Arce Mosqueira, éste le provocó diferentes lesiones físicas “que dentro de la verdad material son visibles”. El fiscal general dijo que el denunciado (hijo del presidente Arce Catacora) debe someterse ante la justicia y presentarse ante las autoridades respectivas cuando sea citado por los mecanismos regulares a prestar su declaración informativa.

Sinahota, 20 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El Ministerio Público dispuso la aprehensión de Félix Abraham Cruz Taca, quien está en detención domiciliaria, acusado en las supuestas irregularidades en el caso Botrading y el cambio en la distribución de aceite en vez de diésel. La información fue publicada por Radio Kausachun Coca, de Sinahota en el trópico de Cochabamba y dice que es el inicio de una investigación que debería dar con los culpables al daño económico que se le viene realizando al Estado desde el año 2021 con la creación de la empresa Botrading y los sobreprecios en la compra de combustible “Cabalmente esta persona pertenece al conocido Clan de los Chamos denunciado por este medio (Radio Kausachun Coca) con anterioridad y es un engranaje más de la maquinaria de corrupción que desfalco al país”. Los involucrados en estas irregularidades, entre otros, son Omar Alarcón Saigua, Miguel Ángel Colque, Juan Carlos Huanca Aliaga, Germán Jiménez Terán, Armin Dorgathem Tapia, personas que están involucrados con el hijo del presidente Luis Arce Catacora, Luis Marcelo Arce Mosqueira.

La Paz, 7 de septiembre (El Nuevo Cambio).- El exministro del régimen de facto de Jeanine Añez, Arturo Murillo, fue trasladado al penal de San Pedro, luego de que un juez que atendió su caso por la compra irregular de gases lacrimógenos, dispuso medidas cautelares en su contra. El que fuera hombre fuerte del gobierno de Añez estuvo detenido en los Estados Unidos por el lavado de dinero, y de ahí fue deportado a Bolivia donde está siendo sometido a procesos no solo por la muerte de más de 36 personas en el golpe de noviembre de 2019, sino corrupción. A pesar de que la justicia lo procesa por varios delitos, Murillo advirtió, según los medios de comunicación televisivos, que se encuentra bien y que en un tiempo más se va a saber todo, no aclaró con exactitud a qué se refería. El exministro pasó una noche más en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) y después de su declaración de este domingo sobre las armas trasladadas desde el Ecuador para reprimir al pueblo, será nuevamente llevado al Penal de San Pedro, en la ciudad de La Paz. De acuerdo a información de los medios, la medida de la detención preventiva fue dispuesta, debido a que Murillo no pudo demostrar un domicilio, ni un trabajo en el país, lo que podría verse como una posibilidad de riesgo de fuga. El abogado de Murillo, Jaime Tapia, dijo que «él no tiene ni siquiera una cédula de identidad. Entonces, en esas condiciones es imposible que él pueda ser contratado para empezar. Para tener trabajo necesita tener un papel, un documento que acredite su identidad y ser afiliado», señaló.

La Paz, 6 de septiembre (El Nuevo Cambio).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ratificó que la denominada Resistencia Juventud Cochala (RJC) de Cochabamba, es un grupo delincuencial, sin embargo y a pesar de ello, un juez de Oruro dispuso la libertad de su jefe Yassir Molina, quien cumplía sentencia por varios delitos. Fue el Juzgado de Ejecución Penal de Oruro que le concedió libertad condicional, luego de que cumpliera cuatro años y cuatro meses de la condena de seis años que purgaba en el penal de San Pedro de Oruro. El abogado de Molina, Juan Carlos Parisaca, explicó que a Molina le resta un año y ocho meses de condena, que deberá cumplir bajo medidas sustitutivas, entre ellas permanecer en Oruro, no cambiar de residencia y contar con empleo formal. Una información de la agencia del estado ABI sobre el mismo tema afirma que “la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) definió en su informe, sobre los hechos de 2019, a la RJC como un “grupo armado y motorizado al que se ha señalado consistentemente de participar en los desórdenes sociales ejerciendo control violento e intimidación sobre amplios sectores de la sociedad, y afectando en particular la integridad personal y la circulación de las personas”. En sus conclusiones, la CIDH recomendó la desarticulación de la organización. Analistas dijeron que la decisión del juez “es el resultado de toda una tramoya elaborada por el Tribunal Supremo de Justicia, que ha venido de la mano de su presidente, Romer Saucedo, haciendo favoritismo” en beneficio de personajes como Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari.