Seguridad

La Paz, 22 de junio (El Nuevo Cambio).- El exministro de Justicia, César Siles, guardará detención preventiva en el Penal de Patacamaya, por cinco meses, en el caso denominado “Consorcio”, según dispuso el juez 17 Anticorrupción de La Paz. La audiencia por el caso Consorcio que pretendía destituir a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira, demostró también el sometimiento de la justicia al Gobierno de Luis Arce Catacora y la injerencia de este no sólo en el Tribunal Constitucional Plurinacional, sino en el Electoral y el Ministerio Público. Siles fue aprehendido el pasado jueves cuando fue a declarar a la Fiscalía, guardó detención a la espera de las medidas sustitutivas y este sábado por disposición del juez anticorrupción será enviado al Penal de Patacamaya, donde también se encuentran varios dirigentes de las organizaciones sociales, detenidos injustamente por exigir al gobierno solución a la crisis económica. La renuncia del ahora exministro y su detención fue posible a un audio que fue hecho público, donde Siles instruye al juez de Coroico, Fernando Lea Plaza, direccionar la resolución contra la magistrada Coaquira y que no se preocupe de la justicia y el Ministerio Público que él arreglará todo lo necesario. “Usted pierda cuidado de que desde acá no vamos a iniciar ni realizar ninguna acción. Al contrario, nos estamos moviendo para poder garantizar que el fallo que vaya a emitirse, se confirme en el Tribunal Constitucional y también controlar cualquier reacción que pueda tener, ¿no? Pero esto está conversado a muy alto nivel, doctor. No se preocupe, pierda cuidado va a estar protegido también usted, he leído también la acción de cumplimiento y es bastante coherente y lo que yo le decía al principio, justa, ¿no? Justa es lo más importante”, dijo en su conversación con Lea Plaza. El exministro Siles afirmó que el audio no es prueba de nada, sin embargo, no supo explicar que él intentó también realizar un proceso penal contra el expresidente Evo Morales Ayma con un supuesto audio de una declaración en la que instruía cercar las ciudades. Hasta el momento, por el caso conocido con el nombre de Consorcio, varias personas fueron detenidas, entre ellas la jueza Claudia Castro, el juez de Coroico Fernando Lea Plaza, además del magistrado suplente Iván Campero que tiene detención domiciliaria y el abogado Jose Ramiro Uriarte.

La Paz, 19 de junio (El Nuevo Cambio).- El presidente Luis Arce Catacora, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo y el Alto Mando Militar pueden ser sometidos a un juicio de responsabilidades por haber movilizado a tropas militares en conflictos sociales, violando la Constitución Política del Estado. La instrucción para que los militares salgan a reprimir en los bloqueos, ocasionó la muerte de alrededor seis personas, cuatro policías y dos comunarios, aunque los dirigentes de los campesinos afirman que hay más de ocho campesinos fallecidos, no sólo en Llallagua, sino la carretera entre Cochabamba y Oruro. Dijeron que todos murieron por impactos de bala y que tanto el Ministerio de Gobierno y los medios de comunicación social ocultaron esa información, con el único interés de mentir a la población, sobre la responsabilidad de los fallecimientos originados por los militares. Según la explicación jurídica, el presidente Arce, el ministro Novillo y el Alto Mando militar violaron la Ley 1341, de Estados de Excepción que fue promulgada en julio de 2020 y publicada en la Gaceta Oficial del Estado el 29 de octubre de ese año. La disposición legal obliga al Órgano Ejecutivo a declarar el estado de excepción (estado de sitio) antes de ordenar la movilización de tropas militares, lo que no hizo el presidente Arce Catacora, al instruir la salida de las Fuerzas Armadas a los puntos de bloqueos. “Sólo podrá disponerse la participación de las Fuerzas Armadas, en operaciones de orden público y control de disturbios civiles, mediante la declaración de Estado de Excepción por Conmoción Interna, siempre que la Policía Boliviana hubiera sido superada y no exista otro medio efectivo para restablecer el orden”, señala el artículo 20 de la Ley 1341. Algunos asambleístas del sector “evista” adelantaron que se preparará el juicio de responsabilidades contra el presidente Arce y otras autoridades, el mismo que podría comenzar en esta o la otra gestión gubernamental. Hasta antes de la salida de los militares a los puntos de bloqueo, no había muertos, pero desde que las tropas salieron primero a la localidad de Vinto y a la carretera entre Cochabamba y Oruro y después a Llallagua en el norte de Potosí, se anunciaron la muerte de policías y comunarios, todos por disparos de bala, aparentemente de francotiradores. Los primeros responsables de la salida de las tropas militares a los puntos de bloqueo son el presidente Arce y el ministro Novillo y el proceso podría ser iniciado por resoluciones contrarias a la CPE e incumplimiento de deberes. Un análisis del periódico El Deber señala que el artículo 137 de la Constitución Política del Estado (CPE) también faculta al presidente a emitir la declaratoria de estado de excepción cuando la Policía sea rebasada y puede hacerlo en todo el territorio nacional o en parte de él. Agrega que la Ley 1341 tuvo un particular tratamiento en 2020 pues la entonces presidenta, Jeanine Áñez se negó a promulgarla. La ley salió adelante con la mayoría parlamentaria del MAS en ese entonces en abierta disputa con el Ejecutivo transitorio. Por eso, se demoró la promulgación de la norma. Fue Eva Copa como presidenta del Senado, tal como manda la Constitución, quien oficializó la ley. Para que entre en vigencia debía ser publicado en la Gaceta Oficial y el Gobierno instruyó que no se publicara. Finalmente, la Gaceta la publicó el 29 de octubre, cuando el MAS había ganado las elecciones y faltaba 8 días para la posesión de Luis Arce como presidente.  

Cochabamba, 11 de junio (El Nuevo Cambio).- Efectivos policiales, con apoyo de soldados del Ejército, intentaron levantar hoy el bloqueo en la carretera que une Cochabamba con Oruro, sin embargo, la vía se mantiene interrumpida. El operativo policial comenzó la madrugada de este miércoles y lograron llegar hasta la región de Pirque Parotani, donde fueron repelidos por campesinos que bloquean el sector no sólo desde la carretera, sino de los cerros. Los efectivos policiales lanzaron gases lacrimógenos y los campesinos piedras, producto de ello, un subteniente habría sido herido en la cabeza, y trasladado de inmediato a un centro de salud en Cochabamba. La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó que hasta el momento los bloqueos se mantienen en cuatro departamentos del país, 22 puntos activos, aunque los dirigentes aseguran que son muchos más en todo el territorio nacional. De acuerdo a la ABC los bloqueos se mantienen en ocho regiones en el departamento de Cochabamba, seis en Oruro, seis en Potosí y dos en Santa Cruz. Este es el décimo día de bloqueos en las carreteras exigiendo no sólo la solución a la grave crisis económica del país y en protesta por el alza de los precios de la canasta familiar, sino la renuncia del presidente Luis Arce Catacora y la falta de combustible, diésel y gasolina en todo el territorio nacional. Los dos últimos días en los desbloqueos se han generado acciones de mayor violencia, principalmente en Valle Hermoso y el cruce Tarata del valle alto en Cochabamba y en la población minera de Llallagua en el norte de Potosí, con el saldo de más de 30 personas heridas. Según la ABC, los bloqueos se mantienen en Puente Lágrimas – Ivirgarzama, Colomi – Sacaba, Villa Tunari – Puente Espíritu Santo II, Cruce Ferrocarril Tajras – Mizque, Cruce Vacas – Arani, Villa San Isidro – Puente Lope Mendoza y Puente Lope Mendoza – Epizana En el departamento de Oruro en Llallagua – Entrada Uncia, Salida Lagunillas – Chuquivta, Entrada Ocuri – Salida río Tahuareja, Bombeo – Pongo, Confital – Límite departamento Oruro-Cochabamba, Cruce Kharipuyo- Entrada Llallagua. En Potosí en Challapata – Crucero, Ventilla – Límite departamento Oruro-Potosí, Belem Pampa – Yocalla, Acceso a Betansos – Puna y en Santa Cruz en Yacuses – Tacural y Yotau – Ascensión de Guarayos

Oruro, 8 de junio (El Nuevo Cambio).- El gobierno dispuso que una unidad del ejército acantonada en Oruro, se traslade hacía Cochabamba por la carretera principal y genere una emboscada a los campesinos que se encuentran bloqueando el camino que une ambos departamentos. La información fue proporcionada por los dirigentes de los movimientos sociales en Oruro, que expresaron su preocupación por que la acción militar ilegal puede ocasionar mayores conflictos, con muertes y heridos, frente a cualquier enfrentamiento. El traslado de los militares no tiene ninguna justificación legal y se constituye en una amenaza a la paz social no solo de la región, sino del país en su conjunto, que en estos momentos está luchando por hambre, frente a un gobierno dictatorial y traidor”, señalaron. Entre tanto, los bloqueos en algunas carreteras del país, principalmente Cochabamba, Santa Cruz, Beni, Oruro, Chuquisaca, se mantienen, con la consigna de que Luis Arce Catacora debe renunciar a su cargo “por incapacidad”. Con relación a la carretera Cochabamba-Oruro, los bloqueos se mantienen en varias regiones, solo los vehículos pueden circular, en medio de una fuerte vigilancia policíal, hasta la localidad de Parotani.

Lauca Eñe, 8 de junio (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció ante la comunidad internacional el uso de las Fuerzas Armadas sin justificación legal, como una amenaza a la paz social. La afirmación la hizo en un mensaje en su cuenta X que dice: “Alertamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional sobre el desplazamiento de efectivos de la Escuela de Comando y Estado mayor; alumnos de primer y segundo ciclo y curso básico avanzado de la Escuela de Armas, bajo el mando del Cnl. Yerco Camacho y el Tte  Cnl. Eider Moncada. Este tipo de movimientos, sin justificación legal, constituyen una grave amenaza al orden constitucional y a la paz social. Las Fuerzas Armadas no están llamadas a intervenir en tareas de seguridad interna. Pretender utilizarlas como herramienta de represión vulnera principios fundamentales del Estado de Derecho, y expone al país al riesgo de hechos de sangre irreparables. La historia juzgará a quienes, por ambición o cobardía, decidan ignorar los límites que impone la Constitución. La responsabilidad política y penal recaerá directamente sobre el ministro de Defensa y el Alto Mando Militar. Como hombre que ha vivido la represión, que ha sentido el dolor del pueblo y que ha asumido con dignidad la defensa de la democracia, hago un llamado a la conciencia nacional. No permitamos que se repita la tragedia. Bolivia necesita serenidad, legalidad y respeto a la vida. El poder no puede sostenerse sobre el dolor y la sangre del pueblo”.

La Paz, 17 de mayo (El Nuevo Cambio).- Efectivos de la Policía reprimieron brutalmente a tres corresponsales de la prensa extranjera que cubrían la información de la masiva marcha de pobladores en La Paz, que exigían la habilitación del expresidente Evo Morales Ayma a las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto próximo. La multitudinaria marcha que partió de El Alto se dirigió a las instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) en la plaza Abaroa y a una cuadra de que llegue al lugar fueron reprimidos por la policía. La Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional en una carta pública afirma que tres de sus afiliados fueron brutalmente reprimidos por los efectivos policiales, a pesar de que portaban su identificación de prensa. Sostiene que, en dos casos, los policías dispararon balines a quemarropa contra los fotoperiodistas directo al pecho y que si no hubieran estado con chalecos antibalas y cascos las consecuencias en estos momentos hubieran sido otras. En el tercer caso señalan que otro de los fotoperiodistas fue rociado con gas pimienta en el rosto durante un tiempo prolongado, lo que le generó graves consecuencias de salud, tuvo que ser atendido de emergencia por sus propios compañeros. Al expresar su repudio a estas acciones represivas, exigen al Ministerio de Gobierno y a la Presidencia, asumir acciones inmediatas y respetar las leyes que garantizan el trabajo de los periodistas no solo en el país, sino en cualquier parte del mundo.

La Paz, 17 de mayo (El Nuevo Cambio).- La ex Defensora del Pueblo, Nadia Cruz denunció al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo por la detención de 265 personas “sembrando pruebas” y ocultar graves casos de violación. La denuncia la hizo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que asuman acciones contra el gobierno de Luis Arce Catacora. Explicó que, al margen de la detención de las 265 personas, Del Castillo, se calló ante cuatro casos de violación a mujeres en instalaciones de la Policía Boliviana y durante el bloqueo de caminos en la localidad de Parotani, Cochabamba. Cruz demandó la libertad de todas las personas detenidas ilegalmente y de las últimas 22 que fueron apresadas este jueves en el camino de Oruro a La Paz solo porque llevaban bidones de 20 litros de gasolina para su propio uso en sus vehículos. La exdefensora del Pueblo escribió en su cuenta X que “Del Castillo, se ha encargado de aprehender a 265 personas en 15 meses (de octubre 2023 a enero 2025), les han plantado «pruebas» ha magnificado elementos como warakas, petardos y otros, casi a todas les ha hecho señalar como terroristas, no le ha interesado que se encuentren mujeres embarazadas, autistas, personas cabezas de hogar, etc… ha usado el discurso de orden para anteponer sus odios. Dice que defiende mujeres, no diré nada de sus antecedentes personales sobre violencia, pero le acuso de promover o permitir o callar ante al menos 4 violaciones a mujeres, 2 consumadas el 3 de octubre de 2023 en instalaciones de Tránsito y 2, en tentativa, el 4 de noviembre en el punto de bloqueo de Parotani. En el primer caso a punto de ser rechazado y archivado por la fiscalía en El Alto”.

Cochabamba, 15 de mayo (El Nuevo Cambio).- Un fuerte y numeroso control policial y militar se desplegó en el trópico de Cochabamba, a la altura de la región de “Padre Sama” en el municipio de Villa Tunari y en la carretera hacia el departamento de Oruro, en la zona de Parotani. En el caso del trópico un numeroso contingente de la Fuerza de Tarea Conjunta vigila la zona, según comprobaron periodistas de la emisora Radio Kawsachun Coca de la localidad de Lauca Eñe, en el trópico. Según la información, más de un centenar de los militares se encuentran con el rostro cubierto y fuertemente armados, apostados en el punto de control. “Nunca antes se había visto este tipo de despliegue en esta zona”, señaló uno de los transportistas consultados, quien cuestionó la medida por considerarla abusiva. El operativo ocurre en un contexto de alta tensión política, marcado por la convocatoria a una marcha multitudinaria en apoyo a Morales y su postulación rumbo a las elecciones generales, dice la nota informativa. Dirigentes de la región denunciaron que el operativo militar es parte de una estrategia política del actual gobierno para impedir la participación electoral del expresidente Evo y eliminarlo del escenario político. En el caso de la carretera a Oruro, desde la noche de este miércoles camionetas, buses y micros repletos de efectivos policiales se trasladaron a la región de Parotani, aparentemente también para intentar impedir el paso de la caravana de las organizaciones sociales que se trasladarán a La Paz para participar en una marcha hasta la sede del Tribunal Supremo Electoral. Transportistas y pobladores denunciaron que los policías no les dejan permanecer en la zona, donde generalmente los pasajeros de flotas y de vehículos particulares estacionan para desayunar o almorzar.