Seguridad

La Paz, 28 de mayo (El Nuevo Cambio).- La Defensoría del Pueblo informó que durante los 27 días de conflicto en el país, movilizaciones, protestas y bloqueos, se registraron siete personas fallecidas, 23 heridas y 321 arrestados en diferentes regiones del país. La información fue proporcionada por el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya quien señaló además que durante las últimas semanas se produjeron enfrentamientos entre sectores movilizados y efectivos policiales. También se refirió a los operativos conjuntos de militares y policías en las carreteras, principalmente en el desbloqueo de vías, con el argumento de realizar un “corredor humanitario” que derivaron en varios heridos y arrestados, sobre todo en los caminos de La Paz, Cochabamba y Oruro. La autoridad volvió a reiterar su llamado para que los conflictos puedan ser solucionados a través del diálogo, sin acudir a ninguna decisión que genere más violencia y que mantenga el problema en el país.

La Paz, 25 de mayo (El Nuevo Cambio).- Organizaciones sociales exigieron una investigación para dar con los responsables del asesinato de Víctor Cruz Quispe, comunario de Vilaque, Copara, muerto durante los conflictos y enfrentamientos con militares y policías enviados por el gobierno de Rodrigo Paz a esa región, para desbloquear carreteras. La Central Obrera Boliviana (COB) en un pronunciamiento condenó la intervención policial y militar ejecutada en la carretera La Paz–Oruro, durante el “corredor humanitario” y responsabilizó al Gobierno por la muerte del joven comunario. La familia también, a través de un pronunciamiento, dijo que, con profunda indignación y dolor, junto a los comunarios y sectores sociales lamentan el fallecimiento de Víctor Cruz Quispe, comunario de Vilaque, Copata. En respuesta al gobierno que dijo que no había ningún fallecido, señalaron que ninguna vida perdida puede ser considerada una “noticia falsa” y exigieron justicia, respeto a la vida y una investigación transparente para esclarecer las circunstancias de la muerte y evitar que el caso quede en la impunidad. La Fiscalía Departamental de La Paz, por su lado, abrió una investigación por la muerte de Víctor Cruz Quispe, de 24 años, quien falleció por impacto de proyectil de arma de fuego en el sector de Vilaque Copata, municipio de Calamarca, en medio de los enfrentamientos registrados durante el operativo del corredor humanitario entre La Paz y Oruro el sábado pasado.

La Paz, 21 de mayo (El Nuevo Cambio).- La autoridad originaria de la Subcentral Jupani de la provincia Camacho del departamento de La Paz, Martha Villca Sosa, falleció este miércoles, después de resultar herida, a raíz de la represión policial contra manifestantes que realizaban protestas exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz Pereira. Villca Sosa participó este lunes en una marcha de protesta en la sede de gobierno, junto a sus compañeros y resultó herida, cuando los efectivos policiales reprimieron a los manifestantes, disparando gases y balines. La información sobre su fallecimiento fue confirmada este miércoles por Radio Inti Pacha Bolivia de la región, a través de Amalia Mamani, también dirigente de la organización Bartolina Sisa de la provincia Camacho.

La Paz, 19 de mayo (El Nuevo Cambio).- El presidente argentino Javier Milei envió a Rodrigo Paz Pereira dos aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina con  armas antidisturbios, cartuchos de bala y granadas de gas lacrimógeno. El gobierno boliviano había anunciado la llegada de las aeronaves, con ayuda humanitaria, sin embargo, el diputado de Alianza Popular, Rolando Pacheco, reveló que se trataba de armamento antidisturbios y de ninguna manera ayuda humanitaria. La información también fue corroborada desde Argentina, a través de los medios de comunicación, principalmente Radio 10 y C5N, que denunciaron también que el mandatario argentino envió armamento al país, para reprimir a manifestantes.

Cochabamba, 16 de mayo (El Nuevo Cambio).- El vocero de gobierno, José Luis Gálvez, dijo que las protestas, bloqueos y marchas de las organizaciones sociales están financiadas por el narcotráfico, empero le recordaron los narcovínculos en el que estuvieron involucrados la familia de Jaime Paz Zamora, durante sus gestiones gubernamentales. “Los narcotraficantes Isaac “Oso” Chavarría y Carmelo “Meco” Domínguez, financiaron al padre del actual presidente de Bolivia, Jaime Paz Zamora; a las tías de Rodrigo Paz: Edith y Rosario Paz Zamora; a Oscar Eid Franco y otros altos dirigentes miristas”, recordó, por ejemplo, el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. El exmandatario dijo que esa información no es una acusación sin pruebas, como las del vocero gubernamental Gálvez en contra del pueblo que se encuentra indignado y en protesta en las calles y caminos. “Los narcovínculos del “Clan Paz” y los miristas, se encuentran en el libro: «Vinculación de dirigentes del MIR con el narcotráfico” -Imprenta Artes Gráficas Latina- que, el 10 de junio de 1994, presentó el entonces diputado del MBL Juan del Granado, de la Comisión de Constitución, Justicia y Policía Judicial”, recordó Morales. El expresidente solicitó “a la prensa leer ese libro y publicar los escandalosos vínculos con el narcotráfico de la familia del actual presidente boliviano. “Pido a Juan del Granado que, como hombre y político de ideas progresistas y legalistas, no calle lo que investigó a los Paz y miristas”, dijo. “El gobierno no tiene moral para acusar de narcotráfico a otros porque los narcos están dentro de él. En los últimos seis meses se registraron narcoescándalos como las avionetas que salieron de Bolivia a la Argentina, Brasil y Paraguay con toneladas de cocaína; la droga transportada en maderas desde Santa Cruz a puertos chilenos, las narcomaletas que entraron por Viru Viru, la marihuana líquida que ingresó, en un avión militar boliviano (TAB), desde EEUU a Viru Viru; y otros casos más”, añadió en su cuenta X. En libro informe-dictamen a la Cámara de Diputados de Del Granado, -actual asambleísta del partido de Samuel Doria Medina que apoya al gobierno de Rodrigo Paz- sostiene que hubo una “relación de convivencia y financiamiento” entre el narcotráfico y altos dirigentes miristas y que no se trataba de encuentros fortuitos, sino de una estructura de protección gubernamental a cambio del narco-dinero para el MIR. En la publicación, Del Granado presentó el registro de cientos de llamadas telefónicas entre las oficinas y domicilios de los principales dirigentes del MIR y las haciendas del narco Oso Chavarría. Reveló también fotografías de los miristas con los narcotraficantes, compartiendo fiestas y parrilladas. “Varias haciendas de Chavarría fueron utilizadas como casas de seguridad para reuniones políticas donde se decidían asuntos de Estado y del partido”. En el libro de Juan del Granado, el narco Carmelo «Meco» Domínguez admitió que Chavarría era el financiador del MIR con los excedentes económicos del narcotráfico.

La Paz, 14 de mayo (El Nuevo Cambio).- Dirigentes sindicales y el equipo jurídico del expresidente Evo Morales Ayma, denunciaron que el gobierno prepara un operativo policial y militar, junto al Comando Sur, para detener al exmandatario en la localidad de Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba. El dirigente Omar Ramírez dijo que “tenemos información fidedigna de que el gobierno estaría alistando en el transcurso de las horas o estos días a la Policía, FFAA y apoyo de fuerzas extranjeras para realizar operaciones militares en Lauca Ñ con el fin de aprehender al expresidente Evo Morales o atentar contra su vida”. “Denunciamos esto ante la opinión pública, porque habrá resistencia en el trópico. Lo único que quiere el gobierno de Rodrigo Paz es lavarse las manos, porque no tiene capacidad para atender las demandas del pueblo”, afirmó. Por su lado, el equipo jurídico del exmandatario señaló que el expresidente no está detrás de las movilizaciones y que el gobierno debe dejar de “hacer creer que Evo es el responsable de los conflictos. La vocación de movilización no está en manos de nosotros”, resaltó Teresa Morales, exministra. “Nosotros no convocamos a marchas ni bloqueos, es una reacción natural de las organizaciones sociales, ante la falta de atención del gobierno a las demandas sociales y económicas de las organizaciones sindicales del país”, afirmó.

La Paz, 13 de mayo (El Nuevo Cambio).- El equipo jurídico del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció y expuso una serie de irregularidades en el proceso que se ventila en Tarija, por un supuesto caso de trata y calificó ese juicio como político. Según los abogados, el juicio oral contra Morales por el supuesto delito de trata agravado de personas ante el Tribunal de Sentencia Penal 1° de Tarija presenta un conjunto grave y sistemático de irregularidades procesales que, analizadas en su totalidad, configuran nulidades absolutas según el Código de Procedimiento Penal boliviano y vulneran derechos humanos fundamentales consagrados en la Constitución Política del Estado. Dicen que en primer lugar, se violó el derecho a la defensa mediante una notificación defectuosa; a pesar de que el domicilio de Evo Morales en el Trópico de Cochabamba es de conocimiento público, se le notificó por edicto judicial, una figura excepcional que solo procede cuando se ignora el paradero del imputado. Agrega que esta irregularidad impidió que pudiera defenderse conforme a la normativa nacional, generando un estado de indefensión material que, según doctrina constitucional y jurisprudencia interamericana, constituye causal de nulidad procesal. “Esta falta de garantías básicas se agrava con la violación al principio «non bis in idem». Los hechos imputados corresponden a sucesos de 2015 que ya habían sido investigados y sobreseídos de manera firme”, dicen al señalar que reabrir el caso sin nuevos elementos probatorios contraviene el artículo 117 de la CPE, el artículo 181 del CPP y el principio de cosa juzgada, creando una doble persecución penal por los mismos hechos que afecta la seguridad jurídica. Los abogados explicaron que adicionalmente, el tribunal impulsó una aceleración indebida del proceso. Fijó la audiencia de apertura para el 11 de mayo de 2026 sin conceder a la defensa un plazo razonable ni acceso completo al expediente, que contiene más de 170 elementos de prueba. Dijeron que esta restricción viola el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa, principio básico del debido proceso reconocido tanto en la Constitución boliviana como en la Convención Americana de Derechos Humanos. Sostienen que el elemento más contundente es la declaración expresa de la presunta víctima, Cindy Saraí Vargas Pozo, identificada por la Fiscalía como la persona afectada, quien presentó un memorial formal en el que afirma categóricamente que “no es víctima, no existió hecho, como tampoco existió explotación”. “Al negar la existencia misma del delito, desaparece el elemento objetivo del tipo penal de trata de personas, que requiere una víctima real y conductas concretas de explotación”, añade. Afirman que, además Vargas denunció que no fue debidamente notificada y que instituciones como el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI) y la Defensoría del Pueblo actuaron en su nombre sin autorización, violando su propio derecho a la defensa y a elegir defensor.

La Paz, 9 de mayo (El Nuevo Cambio).- La supuesta víctima del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, Cindy Saraí Vargas Pozo, afirmó a través de un memorial, que nunca sufrió maltrato, abuso, ni trata y tráfico, como pretende justificar la justicia para iniciar proceso contra el exmandatario. El memorial fue presentado ante el Juzgado contra la Violencia hacia las Mujeres Primero de Tarija, donde se pretende realizar el proceso, en el que asegura que nunca fue víctima de trata y demanda el archivo del caso. En el documento judicial, Vargas Pozo afirma de manera reiterada que no existió captación, explotación, ni hecho ilícito alguno en su contra, y cuestiona de esa manera la acusación impulsada por el Ministerio Público contra el expresidente. “No soy víctima, no existió hecho, como tampoco existió explotación”, señala el memorial presentado ante el Tribunal y agrega que el proceso penal carece de sustento porque, según su versión, no existe una víctima identificada, ni un delito que perseguir. Explica también que el tipo penal de trata de personas no puede configurarse si ella misma niega haber sufrido algún tipo de vulneración y sostiene que tanto la Fiscalía como el Tribunal invoquen normas de protección reforzada para menores de edad y mujeres, indicando que dichas disposiciones fueron aplicadas “de manera abstracta” sin verificar previamente la existencia real de una víctima. En el memorial también denuncia vulneraciones al debido proceso, señalando que no fue notificada correctamente con distintas actuaciones judiciales y que el Tribunal abrió juicio oral sin resolver previamente una excepción de falta de acción presentada por su defensa. También rechazó la participación del SEPDAVI y la Defensoría, asegurando que nunca autorizó a esas instituciones a representarla legalmente, ya que cuenta con abogado particular. Vargas Pozo también solicita la nulidad del Auto de Apertura de Juicio, el archivo de obrados y que se declare la inexistencia de víctima dentro del proceso y pide que futuras audiencias puedan realizarse de manera virtual, argumentando que actualmente se encuentra fuera del país.