Seguridad

Ministros de Jeanine Añez condenados a 5 años por compra irregular de gases

Agencias y Telesur Tres exministros de la presidenta de facto Jeanine Áñez (2019-2020) fueron condenados a cinco años y cuatro meses de prisión  por la Justicia de Bolivia por la compra irregular de gases lacrimógenos a Ecuador en 2019, utilizados para reprimir contra la población que resistía el golpe de estado contra el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma. “El Juzgado de Sentencia Anticorrupción de la ciudad de La Paz, mediante Resolución 001/2025, dictó sentencia condenatoria contra los exministros: Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Roxana Lizárraga Vera, quienes han sido hallados culpables del delito de incumplimiento de deberes y condenados a cinco años y cuatro meses de reclusión”, manifestó la Procuraduría. Asimismo, la entidad confirmó que “los hechos se remontan al 15 de noviembre de 2019, cuando en una reunión del gabinete ministerial, celebrada en Palacio de Gobierno, donde participaron el Alto Mando Militar y Policial, los entonces ministros de Gobierno, Defensa y Comunicación, junto a Jeanine Áñez Chávez, acordaron de manera irregular y al margen de la normativa vigente, la obtención de agentes químicos de la República del Ecuador”. Los gases “fueron, posteriormente, utilizados por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional durante los conflictos sociales del año 2019”. “En consecuencia, el Juzgado de Sentencia Anticorrupción y de Materia Contra la Violencia hacia la Mujer Nro. 25 de la ciudad de La Paz, mediante Resolución 001/2025, dictó sentencia condenatoria contra los exministros: Arturo Carlos Murillo Prijic, Luis Fernando López Julio y Roxana Lizárraga Vera, quienes han sido hallados culpables del delito de Incumplimiento de Deberes (Artículo 154 del Código Penal) y condenados a cinco (5) años y cuatro (4) meses de reclusión. La pena será cumplida en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz y en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, según corresponda”, puntualizó el Ministerio Público. Asimismo, Héctor Pérez Ortiz fue condenado por el mismo delito a una pena de tres años y cuatro meses de reclusión en el Centro Penitenciario de San Pedro de La Paz, “además los sentenciados deberán pagar costas, daños y perjuicios en favor del Estado”. Entre tanto, el tribunal ha declarado absueltos de pena y culpa a Rodolfo Antonio Montero Torrico y otros imputados, respecto a los delitos de Tráfico Ilicito de Armas y otros.

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Las lluvias dejan 23 muertes, 109 mil familias damnificadas y 332 viviendas destruidas

La Paz, 6 de febrero (El Nuevo Cambió).- Las intensas lluvias caídas en el país, durante las últimas semanas en Bolivia, principalmente en ocho departamentos, dejaron como saldo 23 personas muertas, 109 mil familias damnificadas y alrededor de 332 viviendas destruidas. La información fue presentada por el viceministro de Defensa Civil, dependiente del Ministerio de Defensa, Juan Carlos Calvimontes que además dijo que son aproximadamente unos 76 municipios los más afectados. Detalló que de acuerdo a los datos estadísticos extractados de los informes de los desastres por cada una de las regiones damnificadas, se estableció que alrededor de 1.314 comunidades sufrieron daños a raíz de las lluvias, riadas, deslizamientos. “Son unos 76 municipios afectados, mil 314 comunidades, 82 mil 656 familias afectadas, 26 mil 500 familias damnificadas, en total hacen 109 mil 156 familias afectadas”, informó el viceministro en conferencia de prensa. Informó también que desde que comenzaron las lluvias, en noviembre del pasado año 2024, hasta la fecha se contabilizaron alrededor de 655 viviendas que quedaron dañadas y unas 332 que resultaron completamente destruidas. Los departamentos más afectados fueron Chuquisaca, La Paz, Tarija, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí, donde se registraron la mayor cantidad de personas fallecidas. “El Gobierno apoyó en total a 14 municipios de seis departamentos, donde se ha entregado ayuda humanitaria por un valor de un millón 272 mil 923 bolivianos (184 mil 129 dólares estadounidenses), ayuda que corresponde básicamente a las atenciones por las inundaciones”, dijo Calvimontes.

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Ante denuncias de torturas en la Policía, Evo pide procesos contra autores

Lauka Eñe, 1 de febrero (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, ante las denuncias de torturas en la Policía, pidió la intervención de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y el Ministerio Público proceso contra los autores de esos excesos y violación a los derechos humanos. La solicitud la hizo a través de su cuenta X en la que expresa también su preocupación por los detenidos a quienes no sólo torturan, sino en muchos casos los obligan bajo la violencia inculparse. El mensaje dice: “La Defensoría del Pueblo y varios juristas bolivianos denuncian que el ministerio de Gobierno y la Policía, torturan durante los interrogatorios a detenidos y, en algunos casos, les obligan a autoinculparse; arman espectáculos mediáticos para exponer a aprehendidos como sus trofeos de guerra, violando la Presunción de Inocencia, ordenados por la Constitución Política del Estado y la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ya son muchos los detenidos expuestos y condenados públicamente -sin derecho a defensa- que fueron declarados inocentes por la Justicia y nadie repara los terribles daños a su imagen. Informes de la CIDH, de Human Rigths Watch y de otros organismos nacionales e internacionales, vienen alertando, desde hace tiempo, sobre esos abusos. Pedimos al Legislativo y al Ministerio Público iniciar procesos contra los autores de esos hechos y solicitamos a la Defensoría del Pueblo, denunciar ante la Corte Penal Internacional los casos de torturas y condenas sin el Debido Proceso en Bolivia”.

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Incendio de turbina en avión de BOA origina susto y evacuación de más de 140 pasajeros

Cochabamba, 27 de enero (El Nuevo Cambio).- El incendio de una turbina de un avión de Boliviana de Aviación (BOA) en el aeropuerto Jorge Wilsterman de la ciudad de Cochabamba, provocó un susto y más de 140 pasajeros, más la tripulación, evacuaron la nave en medio de gritos, sicosis y escándalo. El hecho ocurrió a las 15.53 horas cuando la nave se aprestaba a despegar con 137 pasajeros y 7 tripulantes a la ciudad de Santa Cruz, sin embargo, el piloto dispuso la evacuación de la nave por seguridad y ante el incendio de una turbina. El hecho también fue confirmado por Naabol y BOA, a través de comunicados, sin embargo, ambos no explican realmente lo que paso con el avión, el por qué del incendio de la turbina y se abocan a decir que el vuelo fue suspendido por seguridad. Naabol dice: “El día de hoy, lunes 27 de enero de 2025, a las 15:53 horas, se registró un incidente de seguridad operacional en el Aeropuerto Internacional Jorge Wilstermann de Cochabamba. Durante el proceso de despegue, el vuelo OB 648 de Boliviana de Aviación, sufrió un inconveniente cuando una de sus turbinas comenzó a arder, lo que obligó a la aeronave a detenerse y obstruir la pista”. El accidente provocó que las operaciones de los vuelos nacionales e internacionales fueran suspendidas temporalmente entre las 15:53 y las 17:24 horas. El avión quedó en medio de la pista, mientras asustados pasajeros abandonaban la nave. Por su parte, BOA dice que el hecho ocurrió en la pista 32 y se trataba del vuelo OB 648 con destino a Viru Viru de Santa Cruz, operado por la aeronave CP-2923, que fue atendido por el Servicio de Extinción de Incendios del aeropuerto.

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Con manipulación de datos, Gobierno intenta engañar a Unión Europea

Lauka Eñe, 23 de enero (El Nuevo Cambio).- El gobierno intenta engañar a la Unión Europea con datos falsos y con una manipulación de información, sobre la reducción de cultivos de coca en el trópico de Cochabamba, según una denuncia realizada por la Federación de Centrales Unidas del Chapare. La publicación periodística realizada en Radio Kausachun Coca, con sede en la localidad de Lauka Eñe, Sinahota, en el trópico del departamento de Cochabamba, advierte además que el gobierno, a través de Udestro, pretende amedrentar y asumir acciones contra los dirigentes de las Seis Federaciones de Productores de Coca. “Gobierno del Lucho Arce instruye a través del viceministro de Coca y nombrados “arcistas” de Udestro emitir denuncia contra ejecutivos de las Seis Federaciones del Trópico, para justificar su incapacidad y fracaso en la erradicación de cultivos de la hoja de coca”, señala. Asimismo, denuncia que el gobierno, a través de estas instancias, realiza una manipulación de datos del hectareaje, con el único fin de engañar a la Unión Europea precisamente para que no se conozca la realidad sobre la labor que cumplen los organismos dependientes del Poder Ejecutivo.

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En el banquillo de acusados dos jesuitas en Bolivia por encubrir a cura pederasta

El País Por Julio Nuñez La Fiscalía acusa a los españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix de proteger al sacerdote Alfonso Pedrajas, ya fallecido, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores con el amparo de sus superiores La justicia sienta en el banquillo a los españoles y ex altos cargos de la Compañía de Jesús en Bolivia Marcos Recolons y Ramón Alaix por proteger al sacerdote español Alfonso Pedrajas, fallecido en 2009, quien admitió en sus memorias que abusó de al menos 85 menores entre 1972 y comienzos de los años 2000 en varios colegios de la orden con el amparo de sus superiores. Tanto Recolons (ahora con 81 años) como Alaix (de 83) aparecen citados por Pedrajas en su diario como dos de los siete superiores que le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. La Compañía de Jesús es la orden religiosa a la que pertenece el Papa Francisco. El diario del jesuita estuvo oculto hasta abril de 2023, cuando salió a la luz en EL PAÍS. Tras la publicación, la Fiscalía boliviana reaccionó y abrió una investigación: entró en la sede de los jesuitas para recabar documentos, recibió denuncias de víctimas y tomó declaración a los responsables de la orden.  El pasado marzo acabó imputando a estos dos jesuitas por encubrimiento. Cabe destacar que, mientras que en España solo los jueces tienen la potestad para imputar a una o varias personas de un delito, el ministerio fiscal boliviano puede hacerlo siempre “que existan suficientes indicios sobre la existencia del hecho y la participación del imputado, debiendo emitir un requerimiento debidamente fundamentado de acuerdo”. Los acusados se sentarán en el Juzgado de Sentencia Penal Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres Número 4 de Cochabamba. Los dos imputados ocuparon el puesto de provincial (máximo cargo de la Compañía de Jesús dentro de un país y cuyo mandato suele alargarse varios años) durante los periodos en los que más denuncias contra Pedrajas llegaron a la orden. Recolons desde 1993 hasta 1999, y Alix entre 1999 y 2007. El primero, además, llegó a ser el número dos de la orden en Roma, en la curia general, entre 2004 y 2012. Como aparece en el diario y así lo atestiguan víctimas y testigos, los jesuitas españoles conocieron los delitos de boca de Pedrajas y de varias de sus víctimas, pero no lo denunciaron ante las autoridades civiles. En algunos casos taparon denuncias y silenciaron a los afectados. Así concluye el ministerio público boliviano: “Tenían la obligación de controlar el funcionamiento de cada una de las obras jesuitas, más aún en la que tenían bajo su cuidado y protección a niños y adolescentes en evidente estado de vulnerabilidad”. El legajo de acusación, de 855 páginas y al que ha tenido acceso EL PAÍS, incorpora múltiples pruebas contra los acusados. Destacan las denuncias de 18 víctimas y sus respectivos informes psicológicos, que apoyan la veracidad de los hechos narrados. Su lectura es demoledora. “Sentí que me estaban manoseando y empiezo a sentir mis labios mojados. Era el Pica [mote con el que se conocía a Pedrajas] que estaba besándome. Me desperté y le empujé. Él me dijo: ‘Pero ¿qué pasa? Solamente estamos jugando. Yo te amo’. Yo no entendía nada», es uno de los testimonios recopilados. La mayoría de estas víctimas, según determinan sus dosieres psicológicos, padecen graves secuelas y requieren asistencia profesional. El documento también enumera otras 21 evidencias materiales (como CDs y sobres con documentos internos de la orden) y 52 pruebas testificales (víctimas, denunciantes, investigadores e investigados). La fiscalía da veracidad a las acusaciones de encubrimiento: “Se ha evidenciado que algunas víctimas de las agresiones sufridas lograron comunicar a los provinciales sobre la conducta desplegada por Alfonso Pedrajas quienes, no obstante, de tener la obligación de indagar al respecto, ya que se trataba de víctimas menores de edad, no adoptaron ningún tipo de acción de protección”. El infierno en 383 páginas En su diario personal, de más de 383 páginas y al que bautizó como Historia, Pedrajas confesó que, durante años, abusó de decenas de niños mientras era profesor en el internado Juan XXIII de Cochabamba. “Hice daño a demasiados”, es una de sus notas. También relata que al menos siete de sus superiores y otra decena de clérigos en Bolivia y España conocían sus delitos y le protegieron. La publicación del reportaje provocó un terremoto mediático. Además de la Fiscalía, el Ministerio de Educación y el procurador general de Bolivia se personaron como acusación ante los tribunales. La Compañía de Jesús también denunció el caso y apartó a ocho exprovinciales, entre los que figuraban Recolons y Alaix. Nuevas víctimas salieron a la luz, muchas de ellas señalaron a otros clérigos. EL PAÍS destapó hasta ocho casos de jesuitas acusados de abusos en Bolivia: los españoles Francesc Peris (el único que aún vive, en España, donde también se le acusa de abusar hasta 2005 de decenas de niños y niñas), Jorge Vila, Francisco Pifarré, Luis Tó, el arzobispo Alejandro Mestre, Antonio Gausset, Carlos Villamil (boliviano) y Lucho Roma. De este último, este periódico publicó el año pasado otro diario, Los Manuscritos de Charagua, donde el jesuita detallaba cómo abusó durante décadas de cientos de niñas indígenas en Bolivia. Las fotografió y las grabó en vídeo. En esta ocasión, la Compañía de Jesús realizó una investigación interna en 2019 que confirmó los crímenes y su encubrimiento, pero tras la muerte de Lucho Roma en ese mismo año, escondieron los hallazgos en un cajón. Estos nuevos casos desembocaron en otras causas judiciales y en la imputación de otros tres responsables de la congregación: el actual líder de los jesuitas en Bolivia, el provincial Bernardo Mercado y los exprovinciales Osvaldo Chirveches y el octogenario español Ignacio Suñol. Aún no hay fecha para este juicio.

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El 2024 se registraron en Bolivia 84 feminicidios, la mayoría jóvenes de 21 a 30 años

La Paz, 2 de enero (El Nuevo Cambio).– En Bolivia, durante la gestión 2024, se registraron 84 feminicidios, de los cuales 45 fueron de mujeres que tenían entre 21 a 30 años y 6 mayores de 50 años, informó el Ministerio Público. También figuran 3 víctimas que tenían entre 13 a 20 años. Los datos establecen que, entre las víctimas mayores de 30 años de edad, 22 tenían entre 31 y 40 años, ocho entre 41 y 50 años, cinco tenían de 61 años en adelante, y una víctima tenía entre 51 a 60 años. El departamento con mayor incidencia fue La Paz con 23 víctimas, seguido de Cochabamba con 18, Santa Cruz con 15, Tarija y Oruro registraron ocho víctimas cada uno, Potosí siete, Chuquisaca tres y Beni dos, mientras que Pando fue el único departamento que no registró ningún hecho de feminicidio. El fiscal general, Roger Mariaca informó que 29 de los casos tienen sentencia, 29 están en etapa preparatoria, 14 con acusación formal, cinco en etapa preliminar, cuatro con rechazo y dos en extinción por muerte del autor haciendo un total de 83 casos que dejaron como saldo la muerte de 84 mujeres. El informe señala que 28 de las víctimas de feminicidio perdieron la vida en manos de sus convivientes, 18 fueron victimadas por sus enamorados, 12 no tenían ningún tipo de relación con su agresor, siete eran sus esposos, seis exconvivientes, cinco sin determinar el tipo de relación, dos exenamorados, un amigo, un yerno e hijastra, un primo, un exesposo, un cuñado y un hermanastro. Las estadísticas de las últimas gestiones, establecen que en el año 2020 se tuvieron 113 casos de feminicidio, el 2021, 108, el 2022 registró 94, durante el año 2023 se atendieron 81 casos y el 2024 con 84 víctimas.

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Supuesta madre de hija de Evo denuncia que ministro Castillo y Fiscal son autores de trata y tráfico

Redacción central La supuesta madre de una hija del expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, denunció que el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo y la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, fueron los que cometieron el delito de trata y tráfico e inventaron pruebas, al presionarla y perseguirla para que involucre al líder político y sindical, Evo Morales Ayma. La declaración la hizo a un medio extranjero internacional que la entrevistó para que pueda aclarar no sólo su situación como parte de un caso utilizado por el gobierno de Luis Arce Catacora para detener al expresidente Morales y evitar de esa manera que pueda estar habilitado como candidato a las próximas elecciones. Cindy Vargas evitó dar detalles sobre una supuesta relación sentimental cuando era menor de edad con el exmandatario Morales, pero dijo que el proceso que sigue el Estado Boliviano y que la involucra “es político» y no busca justicia para ella y su hija. Sostuvo que se encuentra en una situación de peligro y riesgo. “Vengo escapando. Estoy siendo perseguida por el Gobierno de Arce. Estoy siendo perseguida por los policías, estoy siendo perseguida por la Fiscalía y soy la víctima», dijo. Según Cindy, fue el gobierno el que la metió en sus pugnas políticas “usaron mi caso, mi nombre, a mi familia, un caso que yo no lo inicié, yo no lo aperturé, fue iniciado mediante un informe de la Fiscalía. Ellos lo armaron todo, involucraron a mis padres». «Con mentiras, con amenazas, nos hostigaron, todo este tiempo nos vienen hostigando con lo mismo. Yo les dije, que por favor no pongan en riesgo la vida de mi hija, pero ellos no hicieron caso, igual lo hicieron”, afirmó. Denunció que, por este caso, «le han quitado el derecho al trabajo, a la libertad, al derecho a la educación, ellos han sido cómplices, son los verdaderos tratantes, pero incriminan a mis padres. Hoy me buscan no solamente para silenciarme, no solamente para callarme. No estoy desaparecida, estoy salvaguardando la vida de mi hija», afirmó. Según Cindy es el gobierno que maneja a la justicia, “ellos han permitido que la fiscal departamental persiga a mi familia; ahorita mismo en este instante hay personas que están vigilando mi casa, en este instante estamos siendo vigilados y perseguidos, quieren criminalizar a mi familia. Ellos han armado este proceso», denunció. Informó que su hija nació el año 2016 y fue registrada un año después, como establece su certificado de nacimiento, pero que la decisión de inscribirla a solicitud de su madre originó la persecución en su contra, principalmente por la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez y el ministro Eduardo del Castillo. “Hicimos la denuncia el 2017, se hizo el registro ante una Oficialía, porque esa fue la decisión de mi madre. Ya que no podíamos hacer de otra manera, lo hicimos, para ver si realmente había justicia; pero, nadie hizo nada” dijo. Añadió que el día que fue a registrar a su hija estaban dos chicas, no estaba el oficial de registro civil. “Yo la registré de manera legal a mi hija. En la tarde, horas después de que la registré, porque ya era casi mediodía cuando la registré, ya en horas de la tarde llega la oficial del registro y quería obligarme a eliminar el registro”, declaró. «Ellos no querían que yo la registrara mi hija como yo lo hice. Creo que todo niño y todo ser humano tiene ese derecho. Y yo lo hice conforme a Derecho», señaló al manifestar que en la oficialía del registro civil quisieron obligarla a eliminar la inscripción de su hija, con amenazas, pero que ella se resistió. Reveló que el año 2019, el ahora ministro de Gobierno como la fiscal departamental de Tarija, la conocieron a su hija, no sólo la vieron, la tocaron físicamente, claro era más pequeña y que ahora ellos mismos la tienen amenazada. “El 26 de agosto de 2019, fue Eduardo Del Castillo personalmente a mi casa, fue a amenazarnos y a decirnos: ‘Tienen que salir del país, yo me voy a hacer cargo de todo; pero, tienen que salir del país’, dijo. Reveló que al principio “no quisimos salir del país porque era dejar todo lo que habíamos trabajado; pero, nos dijo: ‘Sus vidas corren peligro, tienen que salir del país’, entonces tuvimos que salir. Ahí fue donde aparece también la ahora fiscal departamental de Tarija Sandra Gutiérrez, porque ella en ese entonces estaba como representante de la Magistratura. “Ella fue quien consiguió a la jueza de Yacuiba quien otorgó los permisos de viaje para los tres menores de edad, que era mi hija y mis dos hermanos menores, que viajaron con nosotros hasta Buenos Aires”, relató al canal DNews, que se emite desde Argentina. Según Cindy Vargas, el único autor del delito de trata y tráfico es el ministro del Castillo. «El ministro Eduardo Del Castillo no solamente ha sido cómplice, también ha sido autor de trata y tráfico. Él es el verdadero tratante y ellos llaman tratantes a mis padres», acusó. «Puedes darte cuenta de qué tan mal está la justicia en Bolivia, cuando ves a una fiscal departamental, (Gutiérrez) que no solamente ha sido coautora, que también ha sido cómplice de este mismo caso… cómo es posible que ella esté investigando; cómo es posible que ella conociendo a mi hija, ella dice ahora: ‘Vamos a buscar justicia para la víctima’, cuando ellos nos han hecho perder todo lo que teníamos», afirmó. Vargas manifestó que los 12 cuerpos que muestra la fiscalía de la investigación contra Morales, están llenos de pruebas fabricadas. «Han aparecido 12 cuerpos de investigación y solamente han investigado a mi familia. Pero eso no es todo, porque también estas personas han inventado pruebas, se han inventado pasajes. Primero han dicho (que hubo) 150 pasajes de avión al extranjero, a todos lados. Yo solamente he viajado a Venezuela, como estudiante, a un congreso y yo he pagado mi pasaje».

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Dos personas mueren en accidente de aviación en Buenos Aires, Argentina

Agencias y Página 12 Dos personas murieron este miércoles tras el despiste e incendio de un avión en un aeropuerto de Buenos Aires, Argentina. La aeronave pertenecía a la familia de Jorge Brito, presidente del club River Plate, y las víctimas son el piloto y el copiloto de la aeronave, únicos ocupantes al momento del accidente, informó el diario La Nación.  El avión, un Challenger 300 LV-GOK, regresaba de la ciudad de Punta del Este, Uruguay, pero al llegar al aeropuerto de San Fernando no pudo frenar al aterrizar y se estrelló contra una casa.  Las víctimas mortales fueron identificadas comoMartín Fernández Lozay Agustín Oforte. Eran los únicos tripulantes y fallecieron en el momento por el impacto.  Tras el choque, se produjo una gran explosión y el fuego se expandió hacia las viviendas aledañas y un vehículo que estaba estacionado en la calle, causando pánico entre los vecinos de la zona.  En el lugar se desplegó un fuerte operativo de Bomberos para sofocar el incendio. Por ahora se desconocen las causas del incidente.

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Loza: Extradición de Dávila a EEUU sirve para tapar el fracaso del Gobierno

La Paz, 12 de diciembre (El Nuevo Cambio).- El senador del Movimiento Al Socialismo Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Leonardo Loza, afirmó este jueves que la extradición del ex jefe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Maximiliano Dávila, sólo sirve para tapar el fracaso del Gobierno de Luis Arce Catacora y David Choquehuanca y evidenciar su sometimiento al Gobierno de Estados Unidos. La extradición de Dávila se cumplió esta jornada en la mañana, con su traslado de la cárcel de San Pedro hacia el aeropuerto internacional de El Alto para ingresar a un avión traído por el gobierno de Estados Unidos. “Definitivamente se sospecha que con este hecho de someterse y arrodillarse al gobierno del norte se pretende tapar la mala gestión, el fracaso económico, productivo, la falta de dólares y de combustible en nuestro país”, dijo el legislador en una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba. Reiteró que el propósito de esta extradición es para vincular al expresidente Evo Morales en hechos del narcotráfico y así frenar y evitar su candidatura a la Presidencia del país en los comicios del próximo año. “Esta detención es para increpar a Evo Morales, segundo no sé cuántos millones de dólares ofrecieron para que alguien pueda brindar información sobre Dávila este o no esté relacionado con Evo Morales y hasta ahora no se demostró nada”, recordó Loza. Asimismo, el legislador del MAS-IPSP reprochó que el Gobierno de Luis Arce “no tenga la capacidad de juzgar a personas que cometen delitos de narcotráfico y se sometan al imperialismo, volviendo a Bolivia en una colonia”. Dávila fue director de FELCN durante el Gobierno de Morales y es acusado en Estados Unidos por colaborar con la importación de droga hacia ese país.

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