Internacional

Las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 13 masacres contra familias en la Franja de Gaza durante las últimas 24 horas, lo que resultó en al menos 149 palestinos muertos y 300 heridos, según fuentes médicas del Gobierno palestino en la zona bajo asedio. Las autoridades sanitarias locales confirmaron que el número de muertos palestinos por el asedio israelí desde el 7 de octubre ha aumentado a 31.490 muertes reportadas, y 73.439 personas más resultaron heridas. Mientras tanto, las ambulancias y los equipos de rescate no pudieron llegar hasta las víctimas y los cadáveres que aún están atrapados bajo los escombros o esparcidos en las carreteras mientras las fuerzas de ocupación israelíes continúan obstruyendo la llegada de los equipos de defensa civil. El Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza insistió en que muchas personas siguen atrapadas bajo los escombros y en las carreteras, ya que los equipos de rescate no pueden llegar hasta ellas. «Los bombardeos contra estas reuniones de gente hambrienta se han convertido en una rutina diaria practicada por la ocupación y presenciada por la comunidad internacional en sus pantallas», indicó el Ministerio, que cifra también en 400 muertos y 1.300 heridos las víctimas en diversos ataques israelíes a personas esperando ayuda humanitaria, que no toma en cuenta los de esta jornada en que se produjo otra masacre mientras palestinos esperaban ayuda humanitaria procedente de Qatar. «Falta de seriedad de la comunidad internacional a la hora de poner fin al sufrimiento de nuestro pueblo mediante un alto el fuego y garantizar un flujo suficiente de ayuda», criticaron desde el Gobierno gazatí. Esta actualización llega justo en el día en el cual se conoció que  el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu «aprobó los planes de acción en Rafah», es decir, el asalto final y que el Ejército israelí «se está preparando para la parte operativa y para la evacuación de la población», aunque Tel Aviv no ha ofrecido detalles sobre esta última cuestión y omite que ningún lugar de Gaza es seguro ante sus bombas. Telesur

Defensores de la libertad de expresión arremetieron contra el proyecto de Ley de Daños en Línea, o C-63, presentado el pasado 26 de febrero por el Gobierno de Canadá, la cual permitiría la encarcelación de hasta por vida por infringir las leyes de expresión en redes sociales. Aunque el Gobierno canadiense y los defensores de la ley afirmaron que ayudará a hacer más seguras las plataformas en línea, sus detractores la calificaron de «totalitaria» y «orwelliana» por su represión de la libertad de expresión. El proyecto de ley también podría permitir a un juez, en algunos casos, imponer castigos si hay motivos razonables para creer que alguien cometerá un delito de odio.    El abogado estadounidense Jonathan Turley considera a la medida como el último paso en una serie de leyes perjudiciales contra la libertad de expresión en Canadá, ya que la ley aumenta las penas para «todo lo que se considere discurso de odio», que, según él, es un delito «peligrosamente mal definido». «Es muy probable que no acabe ahí» «Es muy probable que no acabe ahí» afirmó Turley explicando que, aunque en un principio la ley permitiría imponer castigos para quienes «apoyen el genocidio», cuando las penas entren en vigor, todos los demás grupos exigirán un trato similar para quienes tengan opiniones contrarias a sus causas. Jordan Bernt Peterson, reconocido psicólogo clínico canadiense, también se pronunció contra el proyecto, advirtiendo que incluso los activistas liberales consideran que reprime la libertad de opinión. «Si hasta la madre de las feministas progresistas de Canadá piensa que el proyecto de ley es peligroso, entonces tal vez el resto de nosotros deberíamos pensarlo dos veces», escribió, refiriéndose a las críticas hechas por la escritora canadiense Margaret Atwood. «El ataque más agresivo contra la libertad de expresión» Anteriormente, Atwood calificó la medida de «orwelliana», asegurando que podría abrir las «posibilidades de venganza, acusaciones falsas y delitos de pensamiento.  Asimismo, el escritor norteamericano Stephen Moore afirmó que la ley era «la más chocante de todas las leyes totalitarias, antiliberales y contrarias a la ilustración que se han introducido en el mundo occidental en décadas». Por su parte, el Centro de Justicia para las Libertades Constitucionales de Canadá, abrió una petición para detener el proyecto de ley, afirmando que «es el ataque más agresivo contra la libertad de expresión» en la historia moderna del país, y de ser aprobada «cualquier canadiense podría ser procesado» por la Comisión Canadiense de Derechos Humanos «por cualquier cosa que diga que otra persona pueda considerar como ‘odio’». RT

Una investigación periodística da nuevas pistas del intercambio de toxinas botulínicas entre Brasil y Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), implicando al Instituto Butantan de São Paulo en el suministro de esas sustancias. Ya en 2021, una sentencia judicial en Chile contra exagentes de la dictadura en la causa del envenenamiento de presos políticos en la Cárcel Pública de Santiago en 1981 determinó que la toxina botulínica utilizada en la causa tuvo origen en Brasil; y que había sido enviado al país por valija diplomática a la Cancillería. Ahora, el informe periodístico de la Agência Pública da a conocer nuevos documentos y testimonios que revelan la proximidad del Instituto Butantan con militares chilenos y brasileños. Incluso, muestra fotografías de la visita de una delegación de altos oficiales vinculados a Pinochet a la sede de la institución en São Paulo. «Dos decenas de fotografías obtenidas por Pública acreditan incluso una visita del comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile, Fernando Matthei, miembro de la Junta de Gobierno y exministro de Salud, junto al cónsul general de Chile en São Paulo (Paulo Patricio Rodríguez Rentería), a Butantan el 1 de junio de 1979», dice la agencia de periodismo de investigación. RT