ElNuevoCambio

Telesur Se cumplieron cien días de detención ilegal para 252 ciudadanos venezolanos, quienes permanecen secuestrados y recluidos sin condena en una prisión de máxima seguridad en El Salvador, diseñada originalmente para albergar a terroristas. Fueron expulsados por causas migratorias, pero desde entonces no han sido procesados formalmente ni han tenido acceso a un juicio justo, lo que ha despertado condenas a nivel nacional e internacional, especialmente por parte de organismos de derechos humanos. El encierro, descrito como un «calvario» por activistas y familiares, se produce bajo un régimen de excepción, aplicado en este país centroamericano como una herramienta de combate al crimen organizado, pero que ahora se utiliza contra migrantes sin antecedentes penales. Esta medida, considerada inconstitucional por algunos sectores, ha incomunicado totalmente a los detenidos, negando acceso incluso a sus abogados y parientes. Las 252 familias de estos venezolanos, desde Caracas hasta Maracaibo, han levantado su voz durante semanas, exigiendo respuestas a los gobiernos de El Salvador y de Estados Unidos. Sin embargo, hasta el día de hoy no se ha establecido ningún canal oficial de comunicación, y las condiciones de reclusión siguen rodeadas de opacidad. Organizaciones sociales como el Bloque de Rebelión Popular, junto con un cuerpo de abogados contratados en Estados Unidos, han presentado diversos recursos legales ante la Corte Suprema de Justicia salvadoreña, la Sala de lo Constitucional y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Entre las acciones destacan habeas corpus, recursos de inconstitucionalidad y solicitudes de comunicación directa con los familiares, todos sin una resolución satisfactoria hasta la fecha. El viernes pasado, la Sala de lo Constitucional emitió una respuesta parcial a algunos de los recursos, pero los abogados aseguran que fue meramente formal. Este sábado, en un nuevo intento por romper el cerco de silencio, el equipo legal presentó un escrito ajustado a los requerimientos legales conocidos como “advertencias”, con la intención de forzar al sistema judicial a actuar conforme al derecho internacional y salvadoreño. Mientras tanto, la angustia se multiplica. “Estos 100 días no solo han sido un martillo para los detenidos, también lo han sido para sus familias”, expresó uno de los voceros del equipo legal. “El debido proceso ha sido violentado en todos sus niveles”. Desde Venezuela, diversas organizaciones de derechos humanos y familiares han reiterado su exigencia de liberación inmediata o, en su defecto, una audiencia judicial transparente que permita ejercer el derecho a la defensa. El gobierno venezolano, aunque ha hecho gestiones diplomáticas, no ha logrado avances concretos en la liberación de sus ciudadanos. En El Salvador, la situación genera cada vez más controversia, ya que sectores civiles, académicos y religiosos cuestionan la legalidad de la detención prolongada sin cargos ni sentencia. Mientras tanto, las voces que exigen justicia crecen, y el silencio institucional persiste. La prisión se convierte, cada día más, en un símbolo de la criminalización de la migración en la región.

Rusia Today Una vez que Israel e Irán acordaron este martes una tregua, luego de dos semanas de conflicto, la República Islámica aclaró que continuará su programa nuclear. «Hemos realizado grandes esfuerzos para lograr esta tecnología, y nuestros científicos han hecho enormes sacrificios, incluso perdiendo la vida por este objetivo«, declaró el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, a la versión árabe del medio The New Arab. Preguntado sobre el enriquecimiento de uranio, la razón esbozada por Israel para atacar Teherán, Araghchi manifestó que el programa nuclear iraní «ha sido transparente». «Nuestro pueblo ha soportado sanciones por ello, y se le impuso una guerra a nuestra nación por este asunto. Sin duda, nadie en Irán abandonará esta tecnología«, agregó. Igualmente, el canciller reconoció que habrá «graves y profundas repercusiones en el futuro» tras los ataques de Israel y EE.UU. a las instalaciones nucleares iraníes. En ese sentido, señaló que «debe considerarse la cuestión de cómo proteger» estos espacios. Lo que dijo Netanyahu Este martes el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que además de las instalaciones eliminaron a los principales científicos nucleares de Irán y de esa forma se ha «completado la tarea». «Durante décadas les he prometido que Irán no tendrá armas nucleares. De hecho, con las rápidas acciones de nuestros combatientes, hemos paralizado el proyecto nuclear iraní. Y si alguien en Irán intenta reactivarlo, actuaremos con la misma determinación y la misma fuerza para frustrar cualquier intento. Repito: Irán no tendrá armas nucleares», enfatizó. A diferencia de Irán, el país hebreo no recibe inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) dado que Tel Aviv nunca firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear. En este sentido, el representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasili Nebenzia, resaltó que Israel «lleva décadas evitando adherirse a este elemento crucial de la seguridad internacional».

Agencias y RT El presidente de EE.UU., Donald Trump, instó a Israel a abstenerse de «lanzar bombas» y a no violar el alto el fuego acordado con Irán. «Israel. No lances esas bombas. Si lo haces, es una violación grave. Trae a tus pilotos a casa, ¡ahora!», escribió este martes en su red social, Truth Social. Además, el mandatario declaró que tanto Israel como Irán han violado el alto el fuego. El mandatario estadounidense indicó que «no está contento» con Teherán y Tel Aviv, antes de añadir que está «realmente descontento» con Israel. Alto el fuego entre Irán e Israel Este martes, Tel Aviv y Teherán anunciaron un alto el fuego en medio de la escalada bélica entre ambas naciones, iniciada después de que Israel lanzara el 13 de junio un ataque no provocado contra instalaciones nucleares y militares iraníes. La Secretaría del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán anunció en un comunicado «la imposición de un cese de la guerra«, agregando que las Fuerzas Armadas de la nación persa «respondieron con valentía ejemplar, aplastando cada acto malvado del enemigo».  Al mismo tiempo, las autoridades iraníes calificaron los resultados de su operación contra Israel de «una victoria que obligó al rival a lamentar y aceptar la derrota y detener unilateralmente su ofensiva». Desde Tel Aviv anunciaron que han aceptado la propuesta de un alto el fuego bilateral «tras el logro de los objetivos de la operación, y en plena coordinación» con el presidente de EE.UU. 

DW Actualidad La Corte Suprema de El Salvador rechazó un pedido de la fiscalía de Venezuela para defender a 252 migrantes venezolanos presos en el país centroamericano tras ser deportados por Estados Unidos, según una resolución conocida este lunes (23.06.2025) que Caracas tildó de «vergonzosa». Los venezolanos fueron expulsados por el gobierno de Donald Trump desde el 15 de marzo, acusados, sin presentar pruebas, de integrar la banda criminal Tren de Aragua. Fueron recluidos en el Cecot, una cárcel de máxima seguridad en El Salvador construida para pandilleros por el presidente Nayib Bukele. «Declárase sin lugar la intervención requerida mediante correo electrónico particular a nombre del señor -fiscal- Tarek William Saab, por no cumplirse con los presupuestos esenciales establecidos en la legislación nacional y convencional respectiva», dice la resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. En la misma resolución, la Corte dio tres días de plazo para que un bufete de abogados, contratado por el gobierno de Venezuela para defender a los migrantes presos, entregue información que complemente un recurso de habeas corpus que presentó a fines de marzo. Saab dice que es una «maniobra dilatoria y evasiva» Saab señaló que se trata de una «respuesta vergonzosa» y una «maniobra dilatoria y evasiva» de la Corte para «desentenderse de su responsabilidad constitucional de proteger la libertad y la integridad personal» de los migrantes. El Estado salvadoreño «ha optado por (…) negar toda cooperación», apuntó el fiscal general venezolano en un comunicado, e insistió en poner a disposición de la justicia salvadoreña un total de 116 entrevistas realizadas a familiares de los detenidos como parte de «búsqueda de justicia». La resolución salvadoreña dio tres días de plazo a los abogados del bufete de Jaime Ortega para aclarar «cuál es el reclamo concreto que desean plantear ante esta sala, señalando cuáles son los hechos alegados (…), la autoridad o autoridades a la que los atribuyen y por qué razón consideran que vulnera los derechos tutelados» mediante el habeas corpus. Además, les pidió que aclaren «por qué razón aseguran que las personas mencionadas en su escrito de solicitud efectivamente se encuentran privadas de libertad» en el Cecot. La Corte les solicitó asimismo que explicaran «por qué afirman que a los detenidos no se les ha permitido la comunicación con sus familiares y abogados». También indicó que los abogados «deberán exponer qué acciones han realizado para comunicarse con ellos y qué respuestas han recibido de las autoridades respectivas». Poco después de conocida la resolución, el bufete anunció que presentó este lunes «el escrito de subsanación» solicitado por la Corte. Los cinco miembros de la Sala Constitucional de El Salvador fueron nombrados en 2021 por el Congreso dominado por el partido de Bukele, que destituyó a los anteriores magistrados, quienes habían emitido fallos que no le agradaron. Familiares de venezolanos llegaron a El Salvador      Familiares de los venezolanos deportados estuvieron en El Salvador este mes sin que el gobierno de Bukele les permitiera verlos o tener una prueba de vida. «Estuvimos tan cerca, pero a la vez tan lejos», dijo a la AFP antes de dejar El Salvador Jhoanna Sanguino, tía de Widmer Agelvis Sanguino, uno de los deportados, de 24 años. Washington acordó pagar al gobierno de Bukele seis millones de dólares por tenerlos presos. Organismos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch consideran que estas detenciones violan los derechos humanos.

BBC News Al menos 9 personas murieron y varias resultaron heridas en un ataque ruso con misiles y drones ocurrido durante la noche del lunes en la región de Kyiv, según informó el ministro del Interior de Ucrania, Ihor Klymenko. En una publicación en redes sociales, el funcionario indicó que zonas residenciales, hospitales e infraestructura deportiva fueron impactados por los ataques. Al menos 6 de los fallecidos se encontraban en un rascacielos de la capital, informó el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko. Las autoridades militares de la ciudad indicaron que otras 33 personas resultaron heridas. En el último ataque, 352 drones y 16 misiles rusos arremetieron contra el territorio ucraniano, principalmente en la zona de Kyiv, según informó la fuerza aérea ucraniana. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, viajó a Londres el lunes para conversar con el primer ministro británico, Keir Starmer, sobre el apoyo militar del Reino Unido a su país. Valeriy Mankuta, un residente de Kyiv de 33 años, contó que despertó «entre los escombros», después de que su edificio fuera alcanzado por lo que las autoridades identificaron como un misil. Escapó de su apartamento trepando por la ventana. «Tenía ladrillos encima, algo en mi boca. Fue un infierno», declaró a la agencia de noticias Reuters. Natalia Marshavska, otra residente, dijo haber escuchado un dron zumbando sobre su apartamento antes de que explotara. La fuerza del estallido lanzó a Marshavska por la habitación y destrozó las ventanas, contó a la agencia de noticias AFP. Luego empezó a salir humo por todas partes. «Fue horrible», añadió. Rusia intensificó sus ataques aéreos contra ciudades ucranianas durante las últimas semanas, al enviar grandes oleadas de misiles, drones y señuelos diseñados para superar las defensas aéreas ucranianas. Se trata de una táctica difícil de contrarrestar para las fuerzas ucranianas. Miles de residentes de Kyiv se vieron obligados a alojarse en refugios la madrugada del lunes, mientras los drones sobrevolaban y las explosiones sacudían la ciudad. El servicio de emergencias de Ucrania compartió imágenes que mostraban a residentes conmocionados, cuando eran evacuados de un rascacielos destruido que aún seguía en llamas. La entrada a una de las estaciones de metro de Kyiv, donde la gente suele refugiarse, resultó dañada, y las aulas y residencias de una de las universidades de la ciudad también fueron impactadas. Por otra parte, se informó de la muerte de una persona tras el ataque con drones contra un hospital en la ciudad de Bila Tserkva, a las afueras de la capital. El lunes, un ataque en la región sureña de Odesa causó la muerte de dos personas y heridas a una docena más, según informaron las autoridades locales. Zelensky afirmó que una escuela de la zona fue alcanzada y quedó destruida. «Ninguno de estos ataques rusos es accidental; el ejército ruso sabe exactamente dónde tiene el objetivo», publicó el mandatario en X.

Página 12 El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió este lunes en el Kremlin al canciller iraní, Abás Araqchí, con quien abordó una posible salida diplomática al conflicto con Israel. La guerra escaló en intensidad tras el involucramiento de Estados Unidos, que ya cerca de la noche y a través del presidente Donald Trump anunció que Irán e Israel acordaron «un alto el fuego total» pero escalonado que empezará este martes. Más allá del drama regional, la guerra en Irán se convirtió en un nuevo escenario de la pulseada geopolítica. Mientras Washington incrementaba su presión y reclamaba un «cambio de régimen» en Teherán, el Kremlin condenaba la ofensiva militar de Estados Unidos e Israel y respaldaba a Irán. «La agresión absolutamente injustificada contra Irán no tiene ninguna base ni justificación», afirmó Putin al comienzo de la reunión, transmitida en directo por la televisión estatal rusa. En un gesto de cercanía, el mandatario envió sus «mejores deseos» al líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y al presidente, Masud Pezeshkian, y subrayó que Rusia «realiza esfuerzos para ayudar al pueblo iraní» frente a lo que consideró una ofensiva occidental unilateral. Por su parte, Araqchi agradeció a Putín por «condenar firmemente las acciones agresivas y absolutamente ilegítimas» de Estados Unidos e Israel. En declaraciones a medios iraníes, el canciller destacó la necesidad de «coordinar posiciones» con Rusia, con quien comparten «enemigos comunes». El ministro iraní subrayó que su visita tuvo por objetivo mantener consultas «de gran importancia» luego del involucramiento de las fuerzas estadounidenses. «En esta nueva situación peligrosa, nuestras consultas con Rusia pueden ser determinantes», adelantó Araqchi en la víspera del encuentro.

Telesur Una nueva ola represiva sacude Panamá. El gobierno de José Raúl Mulino ha decretado estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro —fronteriza con Costa Rica— entre el 20 y el 25 de junio, dejando un saldo provisional de 192 detenidos, un muerto y decenas de heridos, según denuncias ciudadanas.  La medida, justificada oficialmente por “actos de vandalismo”, llega en respuesta a las protestas contra la Ley 462 (reforma de pensiones) y ha despertado una fuerte condena entre defensores de derechos humanos. El decreto presidencial suspende garantías fundamentales: derechos de reunión, protesta, libre tránsito, hábeas corpus, inviolabilidad del domicilio y hasta la libertad religiosa.  En la práctica, habilita detenciones sin orden judicial ni explicación (art. 21-22), la suspensión del hábeas corpus (art. 23), allanamientos arbitrarios (art. 26-27), control sobre dispositivos electrónicos (art. 29), y censura en redes sociales, incluso de reuniones sociales o religiosas (art. 37-38). El detonante fue la aprobación de la Ley 462, que reforma el sistema de pensiones. Aunque los bloqueos en Bocas del Toro se habían detenido, la detención de tres líderes sindicales reactivó la protesta. Desde entonces, se reportan represión violenta, cortes de comunicaciones, desapariciones forzadas y tratos degradantes, especialmente contra población indígena: hay denuncias ciudadanas de hombres desnudados, rapados y exhibidos por las fuerzas de seguridad. Además del joven de 24 años asesinado por disparos en un punto de control, no hay cifras oficiales sobre heridos o muertos civiles. La información es escasa y está siendo bloqueada: las autoridades han restringido el acceso a internet y telefonía móvil en zonas clave. El trasfondo histórico no pasa desapercibido: muchos de los manifestantes actuales son hijos y sobrinos de quienes quedaron ciegos durante la represión ejercida por Mulino cuando era ministro de Seguridad. Hoy, como mandatario nacional, vuelve a enfrentarlos con mano aún más dura. Mulino, quien en el pasado pidió a la izquierda “irse a vivir a dictaduras”, aplica ahora medidas que evocan exactamente eso: un régimen autoritario en pleno siglo XXI.

Prensa Latina Bogotá, 23 jun (Prensa Latina) La Tercera División del Ejército Nacional de Colombia confirmó hoy que, en coordinación con la policía lograron rescatar a 57 militares secuestrados en una zona rural de El Tambo, Cauca. De acuerdo con la información, aun en desarrollo, esos efectivos fueron secuestrados por la población civil constreñida por el grupo armado organizado residual Carlos Patiño La presión sostenida de las tropas permitió la captura en flagrancia de los presuntos secuestradores, detalló la Tercera División por medio de su perfil en X. Agregó que el Ejército de Colombia mantiene su despliegue en el Cañón del Micay, reafirmando su compromiso de garantizar el control territorial, proteger a las comunidades y restablecer la tranquilidad en esta zona del suroccidente del país. Ayer, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, por medio de un comunicado condenó el secuestro de los 57 uniformados en la vereda La Hacienda en Cauca, “por integrantes de la estructura criminal ‘Carlos Patiño’, que instrumentalizaron a cerca de 200 personas de las comunidades para participar en este delito”. Esto no es solo un secuestro. Es una violación flagrante al Derecho Internacional Humanitario. Utilizar civiles como escudos humanos es un crimen que busca impedir el avance de la Fuerza Pública y de las instituciones del Estado para llevar inversión social y justicia en una de las regiones más golpeadas por la violencia, enfatizó.