ElNuevoCambio

RT Rixi Moncada, candidata del partido oficialista LIBRE, declaró este domingo que su movimiento no reconoce las elecciones en Honduras celebradas «bajo injerencia y coacción» del presidente estadounidense, Donald Trump, y la «oligarquía aliada». Durante una intervención, la política denunció ante la comunidad internacional la injerencia del mandatario estadounidense en los resultados de los comicios, señalando un crimen de traición a la patria. «LIBRE, en defensa de la democracia al pueblo hondureño, a nuestra combativa militancia y a la comunidad nacional e internacional, declara: número uno, Libre no reconoce las elecciones celebradas bajo injerencia y coacción del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la oligarquía aliada que han embestido al pueblo hondureño con un golpe electoral en curso, después del envío de millones de mensajes por diferentes plataformas amenazando al pueblo que si vota por Rixi no recibirá las remesas el mes de diciembre», manifestó la política. En este contexto, solicitó la nulidad de las elecciones y la repetición de los comicios presidenciales, así como convocó a movilizaciones populares en rechazo al golpe electoral. Por otra parte, denunció que el 6 de diciembre se demostró en el pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral que el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) «ha sido manipulado en su código fuente» y anunció la convocatoria a una asamblea extraordinaria para el próximo sábado, así como protestas en todo el territorio nacional y asambleas departamentales con la militancia del partido en el Gobierno. Una semana después de las elecciones presidenciales en Honduras, el país parece seguir lejos de un resultado final definitivo, con la impaciencia y la desconfianza popular creciendo ante las denuncias de irregularidades y fraude en el proceso del reconteo. El Consejo Nacional Electoral lleva ya 48 horas sin actualizar los resultados de los comicios presidenciales. Los últimos resultados difundidos la tarde del viernes, con el 88 % de las actas revisadas, sitúan en el primer lugar a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y favorito de EE.UU., con 40,19 % de los votos, seguido de manera muy ajustada por Salvador Nasralla, quien obtiene el 39,49 %. Rixi Moncada, candidata del partido oficialista LIBRE, se ubica tercera, con el 19,3 %.

Rusia Today Una semana después de las elecciones presidenciales en Honduras, el país parece seguir lejos de un resultado final definitivo, con la impaciencia y la desconfianza popular creciendo ante las denuncias de irregularidades y fraude en el proceso del reconteo. El Consejo Nacional Electoral lleva ya 48 horas sin actualizar los resultados de los comicios presidenciales. Los últimos resultados difundidos la tarde del viernes, con el 88 % de las actas revisadas, sitúan en el primer lugar a Nasry Asfura, candidato del Partido Nacional y favorito de EE.UU., con 40,19 % de los votos, seguido de manera muy ajustada por Salvador Nasralla, quien obtiene el 39,49 %. Rixi Moncada, candidata del partido oficialista LIBRE, se ubica tercera, con el 19,3 %. Nasralla denunció este domingo que le han «robado» votos en la mayoría de departamentos del país. «Después de analizar miles de actas, comprobamos que en la mayoría de los departamentos fuimos robados en la transcripción de las actas», escribió en su cuenta de X, una semana después del inicio de conteo de votos, mientras los hondureños aguardan con expectación para saber quién será el futuro jefe de Estado. Horas antes, Nasralla denunció que miles de actas habían sido «cambiadas» para beneficiar a su opositor. «Más adulteraciones. Son miles de actas cambiadas a favor del candidato que nunca estuvo en primer lugar en las encuestas, ni en las bocas de urna», tuiteó, sin mencionar directamente a Asfura. «Quienes las adulteraron prepárense para enfrentar a la Justicia a partir del 27 de enero de 2026», advirtió. El domingo confirmaron desde el Consejo Nacional Electoral que un incidente de seguridad «de carácter grave» comprometió la integridad del sistema de transmisión de resultados electorales preliminares (TREP) en Honduras. Precisamente, durante el escrutinio de las presidenciales del 1 de diciembre, un empleado vinculado al consejero del CNE Marlon Ochoa recibió todas las claves de acceso asignadas a los partidos políticos en una fase crítica para los mecanismos de control de la transmisión de resultados, algo que afecta a la credibilidad del proceso electoral, recoge El Heraldo. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, refirió el caos del escrutinio a «problemas técnicos» propios de la empresa adjudicada (ASD, de Colombia). Dicha compañía, por su parte, afirmó el pasado lunes que su plataforma de conteo rápido sufrió intentos de hackeo. «Decepcionante y frustrante», evaluó la situación, Gabriela Osorio, una dentista que votó en Siguatepeque, un pueblo en la parte central del país. «Se ha mantenido estático el número del conteo de votos en los últimos días, llevamos siete días de las elecciones y no sabemos nada», declaró a Reuters. Por su parte, Josué Laínez, estudiante que votó en Tegucigalpa, expresó que aunque quiere creer en la democracia, siempre siente desconfianza y temor al fraude electoral en el fondo. «Sinceramente, no confío en el CNE», dijo a la agencia. En medio de esta incertidumbre, las autoridades hondureñas piden a la población que mantengan la calma.

DW Egipto y Qatar mediadores en el conflicto entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza, pidieron el sábado (06.12.2025) la retirada de las tropas israelíes del territorio palestino y el despliegue de una fuerza internacional para aplicar plenamente el acuerdo de tregua, mientras acusaban a Israel de violar el alto el fuego todos los días. Esos dos países, junto con Estados Unidos, contribuyeron a alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, que entró en vigor el 10 de octubre y ha puesto fin en gran medida a dos años de combates entre Israel y el movimiento islamista palestino. En la segunda fase del acuerdo, que aún no comenzó, Israel debe retirarse de sus posiciones en el territorio palestino. También está prevista la creación de una autoridad interina y el despliegue de una fuerza internacional de estabilización (ISF). Qatar: tregua total no es posible sin la retirada de Israel «Estamos en un momento crítico (…) No puede completarse una tregua a menos que se produzca una retirada total de las fuerzas israelíes y se restablezca la estabilidad en Gaza», declaró el primer ministro qatarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, en el Doha Forum, una conferencia diplomática que se celebra anualmente en la capital de este estado del Golfo. «Necesitamos desplegar esta fuerza lo antes posible sobre el terreno porque una de las partes, Israel, viola cada día el alto el fuego», afirmó a su vez el ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Badr Abdelatty. El ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, que también participó en el foro, afirmó que las conversaciones sobre la fuerza siguen en curso y que aún quedaban cuestiones por resolver en cuanto a su estructura de mando y a los países que aportarían efectivos. Turquía: separar a los palestinos de los israelíes es prioridad Pero su primer objetivo, dijo Fidan, «debería ser separar a los palestinos de los israelíes». «Este debería ser nuestro principal objetivo», añadió. Abdelatty secundó la idea y pidió que la fuerza se desplegara a lo largo de «la línea amarilla con el fin de verificar y supervisar» la tregua. Desde que entró en vigor el alto el fuego, las fuerzas israelíes han disparado contra palestinos en las proximidades de esta línea. Según el plan de 20 puntos presentado inicialmente por Estados Unidos, Hamás debe entregar sus armas, pero el grupo lo ha rechazado repetidamente. Hamás dispuesto a entregar armas Sin embargo, el movimiento islamista palestino Hamás, considerado terroritas por la UE, Estados Unidos y otros países,  declaró este mismo sábado que está dispuesto a entregar sus armas a una autoridad palestina que gobierne el territorio, con la condición de que termine la ocupación del ejército israelí. «Nuestras armas están vinculadas a la existencia de la ocupación y la agresión», afirmó en un comunicado Jalil al Hayya, jefe negociador de Hamás y responsable del movimiento en Gaza. «Si la ocupación termina, estas armas serán colocadas bajo la autoridad del Estado», agregó. Consultada por la AFP, la oficina de Hayya precisó que se refería a un Estado palestino soberano e independiente. «Aceptamos el despliegue de fuerzas de la ONU como fuerza de separación, encargada de vigilar las fronteras y garantizar el cumplimiento del alto el fuego en Gaza», añadió Hayya, señalando el rechazo de su grupo al despliegue de una fuerza internacional en la Franja cuya misión sería desarmarlo. De su lado, Al Thani dijo que Qatar y los demás garantes de la tregua, Turquía, Egipto y Estados Unidos, «están trabajando juntos para impulsar la siguiente fase» del acuerdo. Turquía indicó que quiere participar en la fuerza de estabilización, pero sus esfuerzos son vistos con malos ojos en Israel, que considera que Ankara está demasiado cerca de Hamás. En Doha, Fidan declaró que el desarme de Hamás no debería ser la principal prioridad en Gaza. «El desarme no puede ser lo primero que se haga en el proceso. Tenemos que poner las cosas en su sitio, tenemos que ser realistas», afirmó. Mortales ataques siguen en la Franja Este sábado, al menos 7 palestinos murieron en Gaza este sábado a consecuencia de ataques israelíes, informó la plataforma encargada de aglutinar las víctimas mortales registradas en los centros hospitalarios de la Franja diariamente. «Tres muertos en Beit Lahia, dos muertos en el barrio de Zeitoun y un mártir en Jablia. Además, otra persona falleció fruto de heridas por los ataques», desglosa el denominado Grupo de Estadísticas de los Hospitales de Gaza sobre los 7 fallecidos, todos en la zona norte del enclave palestino.

DW Actualidad La Fiscalía del estado de Michoacán, en el oeste de México, elevó a cinco el número de personas que murieron y a cuatro las que resultaron heridas tras la explosión de un automóvil, frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en la costa del Pacífico mexicano. La Fiscalía informó que la explosión del vehículo ocurrió este sábado alrededor de las 11:40 hora local (18:40 CET), sobre la calle Ignacio López Rayón, frente a la base de la Policía Comunitaria, que no es reconocida por el gobierno estatal. Las autoridades investigan si la explosión se trató de un «coche bomba» del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la Policía Comunitaria, o si el vehículo cargaba material químico o explosivo que detonó de forma accidental. Sin embargo, medios locales como El Universal y 90 grados, informaron que la Fiscalía General de la República (FGR)  abrió una «investigación en contra de quién o quienes resulten responsables del delito de terrorismo tras la explosión en Coahuayana. La Fiscalía precisó que dos de las víctimas mortales son varones que viajaban en el automóvil siniestrado, mientras que las otras tres son miembros de la Policía Comunitaria. Grupo policial El Gobierno de Michoacán informó que no reconoce a la Policía Comunitaria de Coahuayana como una corporación de seguridad oficial, toda vez que sus integrantes se han negado a someterse al protocolo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el órgano que registra y evalúa a los policías y su armamento en México. La Policía Comunitaria es encabezada por Héctor Zepeda Navarrete, alias «El Comandante Teto”, identificado como un ex integrante de los civiles grupos de autodefensa que surgieron en 2014 para combatir al entonces cártel hegemónico del narcotráfico autodenominado como «Los Caballeros Templarios”. El gobierno de Michoacán tiene en Coahuayana grupos de la Guardia Civil (Policía Estatal), que operan en coordinación con la Guardia Nacional, Ejército Mexicano y la Marina. Ruta de narcotráficantes de Sudamérica Michoacán cuenta con 270 kilómetros de litoral en el pacífico mexicano, distribuidos en los municipios de Lázaro Cárdenas, Aquila y Coahuayana, donde la Secretaría de Marina mantiene constantes operativos en altamar al ser una ruta para el tráfico de cocaína desde Sudamérica. Las autoridades han identificado que pobladores de la costa michoacana trabajan al servicio de narcotraficantes recogiendo en el mar paquetes de cocaína, que posteriormente trasladan por tierra o en avionetas a distintos puntos de México o la frontera con Estados Unidos. La Secretaría de Marina identificó que en la costa de Michoacán hay una fuerte confrontación entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), por el control de las rutas del tráfico de drogas. Desde el 10 de noviembre, México ha reforzado la seguridad en Michoacán, tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, quien fue atacado durante un acto público en pleno Día de Muertos.

Telesur El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, condenó este sábado el indulto otorgado por la administración de Donald Trump al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, sentenciado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, posesión ilegal de armas y vínculos con el capo Joaquín “El Chapo” Guzmán. Según el ministro cubano de Relaciones Exteriores, esa decisión evidencia que “la guerra declarada por el gobierno de EE.UU. contra el narcotráfico es una farsa”. Rodríguez Parrilla afirmó que el indulto busca justificar el costoso despliegue naval extraordinario de Estados Unidos en el mar Caribe y la amenaza de agresión militar contra Venezuela, cuyo gobierno considera legítimo. El canciller subrayó que “estas acciones implican ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales, en grave violación del Derecho Internacional”. La medida fue anunciada por Trump el viernes en su red social Truth Social, en plena víspera de las elecciones presidenciales en Honduras del 30 de noviembre. “Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente”, escribió, además de exhortar a los hondureños a votar por el candidato Tito Asfura. El canciller de Cuba afirmó que la postura tomada por la Casa Blanca “evidencia la complicidad del gobierno estadounidense y sus agencias con el vasto mercado de estupefacientes que asesina a cientos de miles de ciudadanos de esa nación”. Esta denuncia desde la Isla expone la hipocresía de la política antidrogas de Washington en medio de un creciente despliegue militar en el Caribe bajo supuestos pretextos de seguridad. Hernández fue extraditado a EE.UU. en abril de 2022 bajo acusaciones de haber recibido millones de dólares de narcotraficantes, incluido “El Chapo”, para financiar campañas electorales a cambio de facilitar el ingreso de más de 500 toneladas de cocaína al territorio estadounidense. Su condena incluyó cinco años adicionales de libertad vigilada. La decisión de Trump ha generado muestras de rechazo tanto en el Partido Republicano como en el Demócrata. La representante demócrata Norma Torres envió una carta al expresidente instándolo a no proceder con el indulto: “Liberar al Sr. Hernández contradice su objetivo declarado de combatir el narcotráfico y etiquetar a las bandas de narcóticos como terroristas. Si los cárteles de la droga son organizaciones terroristas, Juan Orlando Hernández es un terrorista convicto y no debe quedar en libertad”. Desde agosto de 2025, EE.UU. mantiene un despliegue militar frente a las costas de Venezuela bajo la operación Lanza del Sur, supuestamente para combatir el narcotráfico. Sin embargo, tanto la ONU como la DEA han señalado que Venezuela no es una ruta principal del tráfico de drogas, ya que más del 80 % de los estupefacientes ingresan a EE.UU. por el Pacífico. Según informes de expertos de Naciones Unidas, casi cien personas han sido asesinadas en bombardeos contra unas 20 embarcaciones sin pruebas de vinculación con el narcotráfico, hechos calificados como “ejecuciones extrajudiciales”. Rodríguez Parrilla reiteró que estas operaciones constituyen “una agresión militar contra Venezuela”, utilizando falsos pretextos en medio de un creciente despliegue naval en la región.

Telesur En medio de crecientes denuncias de fraude desde la propia jornada electoral, el pasado domingo, este sábado el partido Libertad y Refundación (Libre) solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras la nulidad del escrutinio de nivel presidencial en los comicios, señalando el «desastre» en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). «Se presenta acción de nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las 19.167 Juntas Receptoras de Votos (JRV) en el nivel electivo presidencial, ante el desastre del sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP)», se lee en el documento presentado por el abogado Edson Javier Argueta, apoderado legal de Libre. Este mismo sábado 6 de diciembre, el CNE comunicó que «ante las demoras en el procesamiento de los resultados electorales y la indisponibilidad de la página de divulgación de resultados» ha acordado una prórroga de dos días y medio para interponer acciones de nulidad administrativa, hasta el mediodía del lunes 8 de diciembre. El organismo dijo también haber acordado una prórroga para revisiones y recuentos especiales, que vence a la medianoche del lunes 15 de diciembre. En el texto de la solicitud formal recibida por el CNE se denuncian las irregularidades en el TREP (sistema de transmisión de datos), mediante el cual se ha desarrollado el escrutinio preliminar y se ejecuta el escrutinio general definitivo. Ante las evidencias de irregularidades, la acción de nulidad administrativa presentada por el abogado de Libre solicita al CNE que, de declararse con lugar la acción, se «reponga la elección en todas y cada una de las juntas receptoras de votos» por «graves hechos» que califica de «violatorios de la Constitución y la Ley Electoral de Honduras; reglamentos y resoluciones» y que han llevado a «la alteración de la voluntad soberana del pueblo hondureño». Señala que, además, «violentan toda regla de transparencia y equidad del proceso electoral, y ponen en precario la legalidad de los resultados, afectando la base misma de la democracia y violando profundamente el derecho al voto de los ciudadanos electores y de los miles de candidatos propietarios y suplentes al Consejo Nacional Electoral». Al pedir la nulidad administrativa de los escrutinios practicados por las juntas receptoras de votos en los niveles electivos de presidente, designados presidenciales y diputados al Parlamento Centroamericano, recurre a la causal de nulidad establecida en el artículo 298, numeral 4, de la Ley Electoral de Honduras. Ese acápite se refiere a la «violación de las medidas de seguridad del material de los procesos electorales».   Argueta pide al CNE admitir la acción de nulidad, programar una audiencia dentro de los tres días siguientes a la notificación de su admisión y admitir los medios de prueba aportados. El escrutinio, paralizado desde el viernes, ha generado fuertes críticas y acusaciones, entre ellas la del consejero del CNE, Marlon Ochoa, quien en rueda de prensa el jueves denunció un golpe electoral y afirmó que el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es una «verdadera trampa». Ochoa advirtió que esta podría ser «la elección menos transparente» y la «más manipulada de nuestra historia democrática», y enumeró varios puntos que sustentan la denuncia de golpe electoral, entre ellos la eliminación del control biométrico, las actas erróneas, adulteración automática del número de votos, fraude automatizado y transferencia de votos, y retención de actas cruciales. Este viernes, el fiscal general, Johel Zelaya, instruyó al Ministerio Público para iniciar una investigación urgente de las denuncias de hackeo y fraude en las elecciones generales del 30 de noviembre, que estuvieron marcadas, además de irregularidades, por una intensa campaña injerencista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Prensa Latina Bogotá, 6 diciembre (Prensa Latina).- El presidente Gustavo Petro advirtió hoy que una amenaza de invasión se cierne sobre Colombia por parte de Estados Unidos y comparó la situación actual con la que desencadenó la Masacre de las Bananeras, ocurrida en 1928. Desde el municipio de Ciénaga, en el norteño departamento de Magdalena, sitio al que acudió el mandatario para conmemorar el 97 aniversario del suceso fatídico, alertó asimismo sobre las presiones ejercidas desde Washington para someter a otros países. “La verdad es que pareciera que mucho de lo que aconteció ayer, acontece hoy. Había una amenaza de invasión de los Estados Unidos, amenazaron con que si el gobierno nacional de aquel entonces, dirigido por Abadía Méndez (1867-1947), conservador, apoyaba a los trabajadores de las bananeras, habría esa invasión”, comentó en torno al suceso. Apuntó que ese mismo país “lanza ahora advertencias al Caribe y a Colombia si el presidente no dice o hace lo que allá quieren”. El gobernante acotó, no obstante, que su actitud no coincide con la del mandatario de 1928. “El presidente Abadía Méndez decidió hacerle caso a la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands, y a su gobierno. Hoy, el presidente de Colombia se llama Gustavo Petro, es progresista y decide estar del lado de los trabajadores y trabajadoras”, remarcó. Abogó además a favor de la unidad de América Latina y aseguró que el primer propósito del empleo de las armas es la defensa de la gente humilde. “De aquí en adelante, que los presidentes den órdenes a los generales de trabajar con el pueblo y construir una Colombia grande, potencia mundial de la existencia”, exclamó. Afirmó además que durante los gobiernos que lleguen al poder de la mano del pueblo, “no se dará una orden a ningún general de fusilar trabajadores, campesinos o jóvenes, como en el antaño reciente”. También cuestionó si la ciudadanía elegirá la masacre o preferirá hacer realidad las reformas sociales impulsadas por su administración como la laboral u otras medidas de corte progresista. A inicios de esta semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hizo unos comentarios en los que afirmó que la nación neogranadina también podría ser blanco de agresiones por parte de su gobierno. “He oído que Colombia produce cocaína. Tienen plantas de fabricación de cocaína y luego nos la venden (…) Cualquiera que haga eso y la venda en nuestro país está expuesto a ataques”, refirió el gobernante. La Masacre de las Bananeras, una brutal represión militar de una huelga de trabajadores de la United Fruit Company (actualmente Chiquita Brands International) ocurrió en el departamento del Magdalena entre el 5 y 6 de diciembre de 1928. Aunque el número de muertos es indeterminado, se estima que pudo tratarse de centenares de víctimas mortales. Recientemente, el Gobierno presentó un proyecto de ley al Congreso de la República para reivindicar la memoria de los hechos acaecidos en el municipio de Ciénaga.