2025

Telesur La Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad hizo un llamado urgente este jueves a que se respete la soberanía en Honduras ante recientes acciones injerencistas y «operaciones de guerra cognitiva impulsadas que el imperialismo emplea convirtiendo las redes sociales en herramientas de presión y amedrantamiento contra los pueblos de Nuestra América». La organización condenó el respaldo dirigido a líderes de partidos políticos criminales que enfrentan investigaciones y sentencias ante la justicia. En este sentido, denunció que «Donald Trump no solo toma partido de forma irregular en las elecciones presidenciales de Honduras, sino que lo hace apoyando al candidato Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional de Honduras, cuyo líder (Juan Orlando Hernández) se encuentra hoy detenido en EE.UU. por delitos de narcotráfico». La REDH expuso que las intenciones de Estados Unidos de impedir el triunfo de la candidata por el Partido Libre, Rixi Moncada, responden a una doble estrategia orientada a mantener justamente el negocio del narcotráfico. «Consolidar gobiernos dispuestos a ofrecer sus territorios como plataformas militares, prolongando la politica de agresión y amenaza contra la estabilidad latinoamencana, y más alarmante aún apoyar a la red de politicos ligados al negocio del narcotráfico en la región, actividad que utiliza como legitimación para sus políticas de intervención directa en el territorio», denunció la organización en la misiva. Señaló el doble rasero de Estados Unidos, que ha disfrazado su agenda de lucha contra el narcotráfico para criminalizar a Estados libres y soberanos y a las opciones políticas que se oponen a la narrativa imperialista en el continente. La REDH instó a que se respete la soberanía de Honduras «y se garantice que su pueblo decida libremente su futuro democrático, sin presiones ni condicionamientos externos». Reafirmó su compromiso con los principios de autodeterminación, igualdad y justicia entre los Estados, condenando de forma contundente los riesgos en la normalización de las prácticas injerencistas en la región latinoamericana.

Prensa Latina Bishkek, 27 nov (Prensa Latina) A Rusia le gustaría llegar a acuerdos con Ucrania, incluso sobre cuestiones territoriales, pero por el momento ello es legalmente imposible por parte de Kiev, afirmó hoy el presidente, Vladimir Putin. «Por supuesto, en última instancia queremos llegar a un acuerdo con Ucrania. Pero ahora mismo es prácticamente imposible, legalmente imposible. Que quienes puedan y quieran negociar con ellos lo hagan», declaró el líder ruso en conferencia de prensa al concluir la cumbre de la organización del tratado de Seguridad colectiva (OTSC) realizada en la capital kirguisa. Putin aclaró que Moscú insiste en el reconocimiento internacional de las disposiciones del futuro acuerdo por parte de los principales actores mundiales, y enfatizó la importancia de que Rusia consagre legalmente cualquier decisión tomada. Igualmente indicó que el jefe del gobierno del presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, es ilegítimo y no puede firmar documentos. Además, el mandatario ruso mencionó que la condición para el fin de las hostilidades en Ucrania pasa por la retirada incondicional de las Fuerzas Armadas ucranianas de los territorios que ocupan, y que están consagrados en la constitución de la Federación de Rusia. Putin reiteró que las tropas ucranianas se retirarán de los territorios que ocupan y entonces cesarán los combates. “Si no se retiran, lo haremos por la fuerza», sentenció. Y advirtió previamente que, si Kiev rechaza las propuestas estadounidenses, acontecimientos similares a lo ocurrido en Kupyansk se repetirán en otras zonas clave del frente, y anunció que en uno de los sectores de ese frente está al producirse un importante quiebre de la defensa ucraniana. Finalmente, y al referirse a la recién finalizada cumbre de la OTSC que acogió la ciudad de Bishkek, Putin refirió que esa organización no representa amenaza alguna, pero debe estar preparada para repeler agresiones contra sus estados miembros. El mandatario ruso aseguró que los países de la OTSC continuarán realizando «ejercicios conjuntos en todos los ámbitos», tanto entre las Fuerzas Armadas, como a nivel de los servicios especiales. Además, indicó Putin, Rusia ofrece «condiciones preferenciales para la adquisición de armas y equipos a los países miembros de la OTSC». Putin se encuentra en la capital kirguisa en una visita de Estado del 25 al 27 de noviembre, durante la cual mantuvo conversaciones con sus homólogos de Kirguistán, Sadir Zhapárov, y de Belarús, Alexandr Lukashenko, además de participar en la cumbre de la OTSC.

Prensa Latina Lima, 29 noviembre (Prensa Latina).- Personalidades políticas opositoras criticaron hoy la condena judicial a 11 años y 5 meses de cárcel impuesta al expresidente Pedro Castillo, por el delito de conspiración para la rebelión. Castillo, quien está preso desde hace tres años por intentar disolver el Parlamento que a su vez intentaba destituirlo. Ese tiempo de cárcel se descontará de la condena. Similar pena recibió como coautora del delito de conspiración para rebelión la exprimera ministra Betssy Chávez, a quien otorgó asilo político México, en cuya embajada permanece, mientras el Gobierno peruano se resiste a otorgarle salvoconducto para viajar a ese país. Chávez fue condenada pese a que Castillo asumió toda la responsabilidad por el hecho al declarar en su alegato final que ni ella ni los demás involucrados sabían del intento del 7 de diciembre de 2022 y que nadie lo indujo a una decisión. Los críticos de la sentencia señalan que la oposición congresional de derecha a la administración de Castillo lo indujo al intento de disolver al Legislativo y hace unos meses una encuesta verificó que la mayoría de los peruanos opina que fue el Parlamento el que le dio indirectamente el golpe. La exministra de la Mujer de la breve administración (2021-2022), Anahñi Durand, afirmó que la de hoy fue “una sentencia anunciada en un juicio político que era más una venganza”. “El afán de condenar y no impartir justicia han sido las características de esta farsa propia de una dictadura”, agregó. El congresista Roberto Sánchez, del progresista partido Juntos con el Perú, que reivindica la figura de Castillo, rechazó la condena al participar en una concentración de aliento al exmandatario, congregada ante la prisión reservada para exgobernantes. “Esta historia aún no está escrita del todo; el 2026 no será un punto final, sino un nuevo comienzo, porque cuando un pueblo decide ponerse de pie, nada ni nadie puede arrebatarle su futuro”, aseveró. El abogado de la exprimera ministra Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, sostuvo que “La dictadura cumplió el encargo de los grupos que mantienen secuestrada nuestra democracia” y calificó la sentencia de hoy como “una farsa que busca convertir la persecución política en condena”. Desde España, la analista política peruana Laura Arroyo opinó que: “La sentencia estaba escrita de antemano, el golpe se lo dieron a él desde que ganó las elecciones en 2021” y se preguntó si podría considerarse una farsa las elecciones de abril de 2026. La analista Lucía Alvites afirmó que Castillo y sus coacusados son condenado, mientras no hay un preso por las muertes durante la represión, en 2022, de protestas contra la reemplazante de Castillo, Dina Boluarte, cesada a su vez en octubre último, El abogado Carlos Caro apuntó que la condena impide que el exmandatario pueda ser otra vez candidato a la presidencia en los comicios de 2026. Juntos para el Perú proyectaba postularlo por el apoyo que le otorgan amplios sectores.

RT El ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca este miércoles, trabajó para varias entidades del Gobierno de EE.UU. mientras formaba parte de una fuerza asociada en Afganistán, dijo a Fox News Digital el director de la CIA, John Ratcliffe. «Tras la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, la Administración justificó la llegada del presunto tirador a EE.UU. en septiembre de 2021 por su trabajo previo con el Gobierno de EE.UU., incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar, trabajo que terminó poco después de la caótica evacuación«, declaró Ratcliffe. Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos un mes después de la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021 como parte de la Operación Bienvenida a los Aliados (Operation Allies Welcome, en inglés). «Posible acto de terrorismo internacional» En este sentido, el jefe de la CIA denunció que a «este y a muchos otros individuos» nunca se les debió permitir el ingreso a EE.UU. «Nuestros ciudadanos y miembros del servicio merecen algo mucho mejor que soportar las consecuencias continuas de los fracasos catastróficos de la Administración Biden», resumió. Además, el medio, citando a varias fuentes de inteligencia de alto nivel, reportó que el FBI investiga el tiroteo como un posible acto de terrorismo internacional. Asimismo, desde el FBI confirmaron que los dos miembros de la Guardia Nacional heridos por el agresor permanecen en estado crítico, aunque previamente se reportó que podrían haber muerto. Este 26 de noviembre, Rahmanullah Lakanwal abrió fuego de forma repentina contra miembros de la Guardia Nacional que estaban realizando «patrullas de alta visibilidad» frente a la entrada de la estación de metro de Farragut West, cercana a la Casa Blanca. Tras los disparos, al menos uno de los guardias respondió al fuego, y el agresor quedó herido y fue detenido.

Rusia Today La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó este jueves al expresidente, Pedro Castillo, a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, acusado de intentar dar un golpe de Estado cuando trató de disolver el Congreso de la República. La Fiscalía de la Nación solicitaba 34 años de prisión contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero a última hora cambió su pedido a 11 años, 5 meses y 15 días. Y es que el ex jefe de Estado (2021-2022) fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Además, los togados consideraron que en vez de rebelión, dado que no hubo alzamiento armado, se produjo fue una tentativa liderada por altas autoridades. Por esto, los extitulares del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y Aníbal Torres, también fueron sentenciados. Para la exfuncionaria, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, impusieron una condena de 11 años, 5 meses y 15 días; mientras que el exabogado de Castillo recibió 6 años y 8 meses por ser una persona octogenaria.  Durante la lectura de la sentencia, la jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez adujo que Castillo trató de «suprimir el régimen constitucional» al no cumplir los procedimientos para disolver el Congreso y, por ende, hacerlo «de manera inconstitucional». A su turno, el presidente de la Sala Penal Especial, José Antonio Neyra Flores, aseguró que el exdignatario «intentó huir a la embajada de México» luego de su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, buscando «impunidad». Castillo, quien también fue inhabilitado este jueves para ejercer funciones públicos por dos años, acumulaba 18 meses de prisión preventiva, que en julio del año pasado fue prolongada por el Poder Judicial para 18 meses más tras presuntamente «inferir la subsistencia del peligro de fuga». Previamente, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó el martes un informe final que recomienda inhabilitarlo de la función pública por 10 años, mencionando incriminatorias acciones previas y posteriores al mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. La decisión final la tomará el pleno próximamente. Esa fecha marcó el fin del gobierno de Castillo, quien trató de disolver el Congreso antes de enfrentar una tercera moción de vacancia, que se concretaría horas después de que militares y policías desacataran la orden presidencial, calificándola como un «acto contrario al orden constitucional establecido». Defensa a ultranza Desde el inicio, cuando comenzó el proceso en su contra a finales de 2022, Castillo ha mantenido que es inocente y así lo ratificó el 21 de noviembre pasado en los alegatos de clausura del juicio oral. «Me culpan de un golpe de Estado tan solo por leer una hoja», manifestó. «Estoy acá, no porque me juzgan por haber cometido actos delictivos, sino me juzgan por mis orígenes, por mi sombrero», agregó. Castillo, quien también afronta un proceso por presunta corrupción, negó que se haya apropiado de recursos del Estado peruano. «Yo no vine para eso (…) si a mí me encuentran un indicio de corrupción yo no voy a pedir pena de cárcel, pido pena de muerte», sostuvo. «Reitero: no he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia. ¡Viva el Perú!», cerró el exmandatario, en lo que son sus últimas palabras públicas hasta el momento. De esta forma, Perú agrega un nuevo expresidente condenado. En la víspera fue el caso de Martín Vizcarra, quien recibió 14 años de prisión por corrupción. Y así el célebre penal de Barbadillo tiene cuatro exmandatarios sentenciados, sumándose a Ollanta Humala y Alejandro Toledo.