2025

BBC News La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este jueves duramente a Estados Unidos por la acusación contra tres instituciones financieras mexicanas sancionadas por Washington por supuesto lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. En su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum aseguró que hace algunas semanas su gobierno recibió un «informe confidencial» de autoridades de EE.UU. en relación con sospechas contra los bancos CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector. Pero la presidenta aseguró que nunca recibió las evidencias, por lo que rechazó el anuncio realizado el miércoles por el Departamento del Tesoro de EE.UU., que sancionó parcialmente a esas tres instituciones financieras mexicanas por supuestamente facilitar la comprar de precursores de fentanilo en China y lavar dinero del narcotráfico. «Nosotros no vamos a cubrir a nadie. No hay impunidad, pero se tiene que demostrar que, en efecto, hubo lavado de dinero. No con dichos, sino con pruebas contundentes», exigió Sheinbaum. «Nos coordinamos, colaboramos, pero no nos subordinamos. México es un gran país y la relación con EE.UU. es de iguales, no de subordinación. No somos piñata de nadie, a México se le respeta», remató. La presidenta añadió que una investigación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó irregularidades en procedimientos, pero no vínculos con blanqueo de capitales, como afirma el Tesoro de EE.UU. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención de los dos bancos con el objetivo de renovar sus gerencias, investigar lo sucedido y proteger los activos del público.  CIBanco, Intercam y Vector rechazaron las acusaciones y aseguraron que los activos de sus clientes están protegidos.

Página 12 Tras una jornada de protestas de trabajadores y jubilados en las calles de la Ciudad de Buenos Aires contra el ajuste aplicado por el Gobierno, el presidente Javier Milei tuvo una noche de odio explícito en el Yacht Club de Puerto Madero, donde fue el único orador en una cena privada para recaudar fondos para la campaña electoral bonaerense de septiembre y la nacional de octubre. Entre fieles y afines, Milei tildó de «parásitos mentales» a la oposición y reivindicó la crueldad de su gestión: «Sí, soy cruel, kukas inmundos, soy cruel con ustedes, con los empleados públicos, con los estatistas», celebró. El jefe de Estado habló entre risas, aplausos y ovaciones, con el vocero presidencial y legislador electo, Manuel Adorni; la secretaria de la Presidencia, Karina Milei; y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; en primera línea. El discurso, que fue difundido en su totalidad por la Oficina del Presidente, eligió la confrontación abierta de cara a las elecciones y, en particular, contra el gobernador Axel Kicillof, a quien volvió a tildar como «El soviético». Milei decidió calificar a la oposición como «orcos infumables», pero luego tomó prestada la definición del dirigente chileno de ultraderecha Axel Kaiser, a quien definió como «un gigante» que integra la Fundación Faro, el sello que utiliza La Libertad Avanza para pasar la gorra entre empresarios, como ocurrió anoche. Milei citó a Kaiser para tildar de «parásitos mentales» a quienes se oponen a sus políticas. «Me encantó la terminología», celebró la definición de Kaiser, quien también sostuvo que «el sistema de creencias progresista, entre los que se encuentra el feminismo radical… te enferman». Al retomar su discurso, Milei apuntó contra todo opositor: «Tienen la cabeza llena de todas las porquerías malas que, por algo, el país en los últimos años se ha hundido como se hundió.» Sin mencionar la caída del consumo, los salarios deprimidos y el ajuste en salud, educación y obra pública, Milei aseguró que «la gente está mejor» y que «ajustar al fisco es devolverle el dinero a la gente». El mandatario reafirmó su política de motosierra y apuntó contra quienes critican el ajuste: «Sí, soy cruel, kukas inmundos… con los que le rompen el cu… a los argentinos de bien». No precisó si los «argentinos de bien» eran los presentes en el Yacht Club de Puerto Madero, ubicado en el Dique IV. Barrio donde Adorni obtuvo el 50% de los votoscomo candidato a legislador. De cara a las elecciones bonaerenses de septiembre, donde el Gobierno nacional enfrentará una prueba de fuego para aumentar bancas en el Congreso, Milei confió: «Estamos en condiciones de dar un tremendo batacazo en septiembre en la Provincia y en octubre en todo el país.» El presidente se mostró confiado en que «los niveles de imagen personal y de gestión están similares a cuando iniciamos la Presidencia» y apuntó contra los gobernadores: «Hace un año, gran parte de los gobernadores firmaron un Pacto de Mayo para reducir el gasto público al 25% del PBI, pero ninguno hizo el ajuste en su jurisdicción.»

Telesur Juristas internacionales emitieron este jueves un comunicado en el que denuncian la falta de sustento jurídico en el proceso contra el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas por el caso “Reconstrucción de Manabí”. En este sentido, los profesionales del derecho fundamentan que no concuerdan los elementos del delito de peculado. Asimismo, refieren la existencia de una confusión conceptual entre responsabilidad política y penal. “La tipificación del delito de peculado exige la concurrencia de tres elementos esenciales: Administración o custodia de recursos públicos; uso indebido, desvío o apropiación de dichos recursos; perjuicio económico al Estado. Ninguno de estos requisitos se verifica en el presente caso, como se desprende de los propios elementos probatorios incorporados al proceso”, acotó el comunicado. Asimismo, destacaron que el político ecuatoriano, en sus funciones, “no administró recursos públicos”. “En su calidad de vicepresidente, no fue ordenador de gasto ni responsable financiero. No suscribió contratos ni autorizó pagos. Así lo reconoció bajo juramento el perito convocado por la Fiscalía. La gestión de recursos estuvo a cargo de otras entidades competentes”, recalcó. Asimismo, describen que el proceso muestra indicios de persecución selectiva y motivación política. De igual modo, destacaron que la “selectividad sugiere un uso instrumental del derecho penal con fines políticos, en contravención a los principios de igualdad ante la ley y de objetividad procesal”. “De más de cien funcionarios que participaron en el proceso de reconstrucción, solo dos personas han sido procesadas penalmente (Jorge Glas y Carlos Bernal)». Ningún ministro ejecutor, ordenador de gasto ni contratista ha sido vinculado”, destacó el pronunciamiento de los juristas. Dentro de los firmantes se encuentran los juristas Baltasar Garzón (español) y Eugenio Raúl Zaffaroni (argentino), y exigieron la libertad inmediata y el respeto al debido proceso.

Prensa Latina Buenos Aires, 26 junio (Prensa Latina).- El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, celebró hoy que ya fueron cesanteados más de 50 mil 500 trabajadores de entidades públicas lo que significa, según sus cálculos, ahorrar dos mil millones de dólares. El ministro se vanaglorió luego que el presidente Javier Milei oficializó la eliminación del feriado por el Día del Empleado Público que cada año se celebra el 27 de junio (mañana), aunque la respuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) no se hizo esperar: Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, manifestó que de todas maneras todos los gremios que integran esta federación se tomarán el día de todas maneras en son de protesta, que incluye la demanda por mejora salarial y contra la política de ajuste del gobierno nacional y, además, presentó una denuncia penal en la justicia laboral contra el decreto de Milei. «Sigue la motosierra. Recordemos que cada peso que ahorra el Estado es un peso menos de impuestos que pagamos los ciudadanos. Ya vamos por un ahorro anual de dos mil millones de dólares. Por eso la motosierra es tan popular”, escribió Sturzenegger a manera de pretexto en X. El impulso de Sturzenegger, quien fue director del Banco Central de la República Argentina durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019), por desregular y reestructurar organismos descentralizados no solo genera tensiones internas, sino que también tiene implicancias geopolíticas y económicas de largo alcance, apuntan los analistas políticos. Acorde con estadísticas oficiales, solo en mayo se perdieron dos mil 864 empleos en entidades estatales. A ese ritmo, desde diciembre de 2023 el recorte ya alcanzó a 50 mil 591 trabajadores. De ese total, 29 mil 499 corresponden a la Administración centralizada y descentralizada, 15 mil 592 a Empresas del Estado y cinco mil 500 a Personal Militar y de Seguridad.

Agencias y RT El líder supremo de Irán, Alí Jameneí, ha dado su primera declaración tras el final de ‘la guerra de 12 días’ contra Israel, felicitando a su pueblo por la «victoria sobre el falso régimen sionista». «A pesar de todo su ruido y sus reclamos, el régimen sionista, bajo los golpes de la República Islámica, ha quedado prácticamente derrotado y aplastado», escribió el ayatolá este jueves en la red social X. En segundo lugar, expresó sus felicitaciones por lo que ha considerado un «triunfo» sobre «el régimen estadounidense». En una publicación distinta, el ayatolá aseguró que Washington intervino en el conflicto «porque entendió que, si no lo hacía, el régimen sionista sería completamente aniquilado». «Sin embargo, no obtuvo ningún logro en este conflicto. Una vez más, la República Islámica salió victoriosa y, como respuesta, asestó un fuerte golpe a Estados Unidos», aseveró. Las tres partes se adjudican la victoria  Tanto Irán, como Israel y EE.UU., se han adjudicado la victoria de la escalada del conflicto, iniciada el pasado 13 de junio, cuando Tel Aviv lanzó un ataque no provocado contra territorio iraní. Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, señaló que Tel Aviv logró una «victoria histórica», asegurando que el país hebreo aceptó la propuesta de un alto el fuego bilateral «tras el logro de los objetivos de la operación, y en plena coordinación» con EE.UU. A su vez, el mandatario estadounidense, Donald Trump, afirmó que los ataques contra las plantas nucleares, perpetrados por bombarderos de su país el 21 de junio, resultaron en su «total destrucción». No obstante, algunos medios de comunicación compartieron documentos filtrados que indicaban que los sitios no habían sufrido mayor daño y que solo se ha retrasado su programa por algunos meses.

Rusia Today Donald Trump culpó al Partido Demócrata de filtrar documentos que sugieren que los recientes ataques contra Irán no fueron tan exitosos como indicó previamente el mandatario estadounidense. «Los demócratas son quienes filtraron la información sobre el vuelo perfecto a las instalaciones nucleares de Irán», escribió el líder republicano en su cuenta de Truth Social. «¡Deberían ser procesados!», concluyó. Cruzada de la Casa Blanca contra los filtradores En paralelo, el Gobierno de EE.UU. se propone limitar el intercambio de información secreta con el Congreso, en una medida para evitar nuevas filtraciones. «Estamos declarando una guerra contra los filtradores», afirmó bajo anonimato un alto funcionario de la Casa Blanca, citado esta jornada por Axios. A su vez, el Pentágono inició una investigación criminal sobre las divulgaciones. «Estamos llevando a cabo una investigación de filtraciones con el FBI ahora mismo, ya que [se trata de] información para fines internos, para evaluar los daños en combate», declaró este miércoles el ministro de Defensa, Pete Hegseth. Por su parte, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró que quien filtró la información debería «ir preso». Las filtraciones que enfurecen a Trump Las conclusiones del informe confidencial filtrado, que sostienen que el programa nuclear solo se retrasó seis meses, contradicen las declaraciones iniciales de Trump, que se jactaba de que las instalaciones fueron «destruidas completamente». En detalle, se indica que los sitios de Fordo, Natanz e Isfahán no sufrieron tantos daños como algunos funcionarios de la Casa Blanca esperaban, y que la República Islámica aún conserva el control de casi todo su material nuclear, lo que significa que si decide fabricar un arma nuclear, podría hacerlo con relativa rapidez. La filtración causó gran indignación en la administración Trump, donde aseguran que el informe tenía un «bajo nivel de confianza», ya que fue elaborado en las 24 horas posteriores a los bombardeos y se basó en fotografías satelitales, no en testimonios directos de los daños.

DW Actualidad Desde hace varias semanas, la provincia caribeña de Bocas del Toro tiene en vilo a los panameños y, en especial, al Gobierno de José Raúl Mulino. Durante décadas, la industria bananera y el turismo marcaron el ritmo en esta región fronteriza con Costa Rica. Ahora, Bocas del Toro se ha convertido en sinónimo de las manifestaciones que sacuden el país desde abril. La reforma de pensiones, los planes para reabrir una mina de cobre y la firma de un memorándum de entendimiento entre Panamá y Estados Unidos fueron los detonantes de las protestas, que se han traducido en paros de docentes, trabajadores bananeros y obreros de la construcción. «La situación ha provocado una violenta polarización del país y una generalizada crispación social, que ha impactado muy negativamente todas las actividades, en especial la educación pública», observa la abogada Lina Vega, presidenta de la Junta Directiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. «Temas que nunca se resolvieron» «La gente está muy descontenta, pero no es solamente un descontento de lo que ha estado haciendo el Gobierno en este periodo, que no llevan más de un año en el poder. El país tiene como 50 años de estar acumulando temas que nunca se resolvieron», comenta Anastacio Rodríguez, coordinador de Proyectos de la Fundación Friedrich Ebert (FES), cercana al partido socialdemócrata alemán, en Panamá. «El estallido social de hoy es la acumulación de décadas en las que no se aplicaron políticas de Estado», agrega el asesor académico Rodríguez, y explica que a las protestas se han sumado reclamos como seguridad, salud y acceso al agua potable.

BBC News El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con represalias comerciales a España por negarse a aumentar su gasto en defensa hasta el 5% de su Producto Interior Bruto (PIB), uniéndose al compromiso pactado por los países de la OTAN. Los 32 miembros de la alianza atlántica acordaron alcanzar para 2035 ese nivel (un 3,5% para defensa básica más un 1,5% en gasto militar adicional) durante la cumbre celebrada el martes y el miércoles en La Haya, Países Bajos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, firmó la declaración, pero aseguró que su país solo alcanzará el 2,1% del PIB en gasto defensivo al supuestamente haber obtenido un aval de la alianza atlántica. Esto provocó el enfado de Trump, que en su rueda de prensa del miércoles respondió a Sánchez. «Pagarán más» «Ustedes son el único país que no está pagando. No sé cuál es el problema», afirmó el presidente estadounidense. Aseguró que Estados Unidos buscará una compensación por lo que considera una falta de compromiso de España con la OTAN. «Estamos negociando un acuerdo comercial con España. Les vamos a hacer pagar el doble. Y lo digo en serio», proclamó. Y agregó: «Voy a negociar directamente con España. Lo voy a hacer yo mismo (…) Pagarán más así». Sin embargo, no está claro el modo en el que Washington podría imponer aranceles u otro tipo de recargos a España, cuyo comercio exterior se gestiona en el marco de la Unión Europea. La UE es uno de los socios comerciales que está negociando acuerdos con el gobierno de Estados Unidos antes de que el 9 de julio entre en vigor un aumento generalizado de aranceles. Los 27 Estados miembros no negocian de forma individual los acuerdos comerciales, que están a cargo de la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE.

Página 12 El pleno de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador aprobó la denominada Ley Orgánica de Integridad Pública, entre cuyas medidas establece el endurecimiento de penas contra menores de edad, lo que causó la preocupación de Unicef, que en un comunicado calificó la norma como una reforma regresiva. La ley, impulsada por el presidente Daniel Noboa, fue aprobada con 84 votos a favor de un total de 151 asambleístas que componen el Legislativo ecuatoriano, frente a 62 votos en contra y 2 abstenciones. El texto aborda cuatro ejes: la contratación pública; el fortalecimiento institucional del sector público, la gestión pública en su conjunto, y la erradicación de redes delictivas que amenazan a la niñez del país.  Es precisamente en el último punto donde se establecen penas de hasta quince años de privación de libertad para menores de edad que cometan delitos de gravedad relacionados con el crimen organizado. Este planteamiento busca, de acuerdo al Gobierno, disuadir a los menores tras haber crecido el reclutamiento de adolescentes por parte de las bandas criminales a las que Noboa declaró la «guerra» desde inicios de 2024 para combatir la escalada de violencia criminal en la que está inmerso el país. Desde enero a junio de 2025, entre 1.200 y 1.300 menores fueron arrestados como parte de las acciones de las fuerzas de seguridad contra las bandas criminales, detalló el ministro de Inclusión, Hardol Burbano, a la agencia de noticias EFE. Más de 3.500 menores fueron detenidos el año pasado por la misma causa, precisó la semana pasada el ministro del Interior, John Reimberg, tras la primera reunión del «Comité para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso y Utilización de Niños», establecido por la presidencia de Noboa. El Gobierno de Ecuador prevé además tener en 30 días un plan de políticas públicas para prevenir el reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado, según señaló entonces Reimberg. «Reformas regresivas» En su comunicado difundido en la red social X, Unicef indicó que la nueva medida del gobierno de Noboa aprobada en el Congreso ecuatoriano afectará gravemente a los adolescentes: «Ante la aprobación de la Ley de Integridad Pública, Unicef manifiesta su preocupación por la incorporación de reformas regresivas al sistema de justicia penal juvenil que afectan gravemente a los adolescentes». «Unicef enfatiza en que este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad, y contravienen la Constitución de la República y la Convención sobre los Derechos del Niño ratificada por Ecuador», afirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. «Incluso podrían empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes», añadió, además de instar a las autoridades del Estado a garantizar de manera efectiva los derechos de los niños, niñas y adolescentes.