Al Pereyra
En los cuatro años de gestión de Luis Arce Catacora, su gobierno ha realizado una infinidad de gastos públicos entre los que destacan el alto número de funcionarios públicos, el pago a dirigentes sindicales y federaciones de campesinos, y sobre todo, el aumento de la pauta publicitaria en diferentes medios televisivos, radiales y escritos; además de cooptar periodistas ‘independientes”.
Durante los catorce años del gobierno de Evo Morales, éste había roto cualquier vínculo de publicidad con los medios de comunicación. Su administración no erogó ni un solo boliviano, por contrato publicitario, a los llamados medios ‘independientes’. Lo que significó que los propietarios de estos medios le declaran una guerra sin cuartel, privándolo de cualquier cobertura, pero sí destacando y magnificando los desaciertos de la entonces administración gubernamental.
Antes de salir de la red de Facebook, la radioemisora Kawsachum Coca, medio afín a Morales, había realizado una denuncia dando a conocer como el gobierno de Arce Catacora había aprobado un millonario gasto en contratos publicitarios con medios de comunicación nacionales e internacionales. La denuncia tenía como fuente los documentos oficiales del Programa Anual de Contrataciones (PAC), emitidos por el Viceministerio de Comunicación.
Según el medio, la fecha de inicio de los contratos data el 2 de mayo del presente año con el objetivo de promover la imagen gubernamental en televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y vallas publicitarias. Entre los contratos más destacados se encuentran: ATB Canal del Valle: 16,5 millones de bolivianos, Plataformas Digitales de Entel: 7 millones, PAT: 6 millones, Bolivia TV: 4 millones, Red Uno: 3 millones, Cadena A: 3 millones, Gigavisión (propiedad del padre del periodista Junior Arias): 2,5 millones, Telesur (dirigido por Freddy Morales): 1 millón, periódico Los Tiempos: 1 millón, Radio Univalle: 1 millón, Trystar Investment SRL (La Prensa): 1 millón.
Kawsachum Coca también indica que hay contratos menores asignados a espacios como el programa “Fama, Poder y Ganas” por 300.000 bolivianos, Radio Éxito La Paz por 100.000, semanario La Época, dirigido por Hugo Moldiz con 300.000 y medios como Radio Televisión Palenque RTP, con un contrato de 4 millones. Además, de vallas publicitarias por un monto de 2 millones de bolivianos. Además, se denuncia que cada medio de comunicación debe entregar al Viceministerio de Comunicación, bajo la dirección de Gabriela Alcón, el 20 por ciento por concepto de los contratos publicitarios.
Esta política de comunicación del gobierno contrasta con la realidad social del país, donde el desempleo, el aumento del coste de vida, la falta de diésel, gasolina, dólares y la reducción de reservas internacionales golpean fuertemente la vida de millones de bolivianos.
No es casual que ninguno de estos medios señalados no haya realizado ninguna cobertura, reportaje, o informes especiales a las denuncias de corrupción en las que estarían involucrados la familia, en especial los hijos, del presidente de Bolivia. Recordemos que el hijo mayor de Arce Catacora, Marcelo Arce Mosqueira, es señalado por sus presuntos lobbys con empresas extranjeras para negociar el litio boliviano. Además, de ser el dueño y señor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Asimismo, su otro hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, adquirió en 2021 el predio ‘Empresarial y agrícola Adán y Eva’, con una extensión de 2.187 hectáreas por un valor de 3,3 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, a pocos meses de haber dejado su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El caso de ‘Adán y Eva’ se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre el rol de los familiares de autoridades en el manejo de recursos y acceso a oportunidades económicas, sobre todo a negocios realizados con compras estatales de combustible.
Hasta ahora, ni la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ni la Contraloría General del Estado se han pronunciado sobre la operación, pese a que sus funciones incluyen la supervisión del patrimonio de exfuncionarios públicos y sus entornos cercanos.
Por otra parte, el pasado año, diputado ‘evista’, Renán Cabezas, había pedido al Ministerio Público investigar a Diego Choquehuanca, hijo del vicepresidente David Choquehuanca, porque en 2014, con 25 años de edad, presuntamente compró una casa en 300.000 dólares y posteriormente adquirió un préstamo bancario de 1 millón de bolivianos. Cabezas denunció, en su momento, que para distraer la atención de la justicia, el bien inmueble fue vendido, en ese entonces, al entonces Procurador del Estado, César Siles, y hasta hace unos días atrás ministro de Justicia, en un monto también considerable.
Ahora corresponde a los periodistas y los medios de comunicación investigar estas denuncias que involucran a las familias Arce Catacora y Choquehuanca, no hacerlo demostrará que realmente están pagados por el gobierno, dejando mucho que desear de los que dicen ser portadores de una ‘prensa libre e independiente’.
