Internacional

Página 12 El camarógrafo golpeado y detenido mientras realizaba una cobertura periodística fue liberado al mediodía pero denunció que la golpiza policial que recibió no fue sólo del agente al que tras el escándalo se le abrió un sumario, sino también de parte de otros “cinco o seis policías” que le “pegaban patadas por abajo”. “Me tiraron. Quise caer con el codo para que la cámara no se rompiera, hasta que en un momento me agarraron entre cinco o siete efectivos y ahí me llevaron”, relató Facundo Tedeschini tras quedar en libertad luego del escándalo y el repudio generalizado de múltiples organismos y personalidades públicas. El camarógrafo de A24 reveló que, luego de ser empujado y tirado al piso por un agente que le impidió registrar imágenes de los activistas de Greenpeace detenidos horas antes en la explanada del Congreso, fue levantado por otros policías que también lo agredieron. “Me pegaban patadas por abajo. Se me abalanzaron cinco o seis efectivos y yo les gritaba ‘paren, paren’”, relató el trabajador de prensa tercerizado por la señal A24. Su versión corre el foco del único policía sumariado hasta el momento por su superioridad y apunta también contra los demás que participaron del operativo y de la posterior detención del trabajador de prensa. El relato contrasta también con la versión lavada que intentó instalar Patricia Bullrich, quien para defender la fuerza de seguridad sostuvo que la detención del camarógrafo ocurrió porque él intentó traspasar el cordón policial y llegar hasta donde estaban los ambientalistas detenidos. Según Tedeschini, quienes lo detuvieron “fueron muy agresivos” y frente a esa presión él intentó protegerse: “Le puse la mano a la Policía para que no siguieran”, contó durante un breve contacto con los periodistas que fueron hasta donde estuvo detenido. “Fue un episodio muy violento -agregó-. No estamos acostumbrados a pasar por esto. Cuando le pasa a uno es complicado y feo sufrir estas agresiones, más que nada cuando lo único que estás haciendo es trabajar.”

Telesur El Gobierno de Donald Trump ha bloqueado la capacidad del Venezuela para pagar los honorarios legales del presidente Nicolás Maduro, quien permanece en una cárcel federal de Nueva York desde su secuestro el 3 de enero, según señalan su abogado y diversos informes internacionales. La defensa legal del presidente Maduro enfrenta serias dificultades porque la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, revocó sin explicación una autorización para que el Gobierno venezolano pagara los honorarios de su abogado principal, Barry Pollack, a pesar de que inicialmente había emitido una licencia el 9 de enero. Menos de tres horas después de otorgarla, la OFAC la enmendó y ya no permite que Caracas financie la defensa de Maduro. Pollack denunció ante un juez federal de Manhattan que esta decisión impide al presidente Maduro contratar y pagar a sus abogados con recursos del Estado venezolano, lo que podría constituir una interferencia directa con su derecho según la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a contar con un defensor de su elección. El abogado explicó que, bajo la ley y la práctica de su país, “el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro” y que el líder venezolano no puede financiar por sí mismo esta representación. La situación se produce en el contexto de un caso federal en el que el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han declarado inocentes ante un tribunal de Nueva York de los cargos de narcotráfico y otros delitos utilizados como excusa para su secuestro por la Administración Trump. La revocación de la licencia para financiar la defensa ha generado un debate legal y constitucional, porque la OFAC mantiene vigente una licencia separada que sí autoriza el pago de honorarios para los abogados de Flores. El bloqueo del financiamiento estatal para la defensa de Maduro se inscribe en un panorama más amplio de sanciones económicas y restricciones financieras impuestas por la Casa Blanca contra funcionarios venezolanos y el Gobierno de Caracas, incluidas medidas sobre activos y transacciones internacionales. Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores tienen programada una nueva audiencia judicial para el 26 de marzo. La defensa ha solicitado al tribunal que intervenga para restablecer la autorización de pago o que se reconozca de forma judicial la obligación del Estado venezolano de sufragar los costos de la defensa de su líder, en medio de una controversia que combina aspectos de política exterior, sanciones económicas y derechos procesales fundamentales.

Prensa Latina La Habana, 26 febrero (Prensa Latina).- El presidente Miguel Díaz-Canel reafirmó hoy que Cuba no agrede ni amenaza, pero se defenderá con firmeza ante cualquier agresión terrorista o mercenaria contra su soberanía y estabilidad nacional. Así lo ratificó este jueves en su cuenta de la red social X, al reiterar “lo hemos planteado en reiteradas ocasiones y lo ratificamos hoy: Cuba se defenderá con determinación y firmeza frente a cualquier agresión terrorista y mercenaria que pretenda afectar su soberanía y estabilidad nacional” Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, subrayó que Cuba ha debido enfrentar numerosas infiltraciones terroristas y agresivas procedentes de Estados Unidos desde 1959, con un alto costo en vidas humanas, heridos y daños materiales. Rodríguez enfatizó que la defensa de las costas cubanas, del territorio y de la seguridad nacional es un deber ineludible, y confirmó que se lleva a cabo una investigación rigurosa para esclarecer los hechos. La víspera ocurrió un ataque armado en aguas del canalizo El Pino, cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara, donde una lancha rápida con matrícula de Florida (FL7726SH) abrió fuego contra una unidad de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior durante una operación de identificación. Según el parte oficial, la embarcación transportaba diez personas armadas con intenciones de realizar una infiltración con fines terroristas. En el enfrentamiento, un combatiente cubano resultó lesionado, mientras que cuatro agresores fueron abatidos y seis detenidos. Entre el material ocupado figuran fusiles de asalto, armas cortas, cocteles molotov, chalecos antibalas, mirillas telescópicas y uniformes de camuflaje. Todos los participantes son cubanos residentes en Estados Unidos, varios con historial delictivo. Dos de ellos, Amijail Sánchez González y Leordan Enrique Cruz Gómez, figuran en la Lista Nacional de personas vinculadas a actos de terrorismo, conforme a la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de la ONU. Además, fue detenido en territorio nacional Duniel Hernández Santos, enviado desde Estados Unidos para coordinar la recepción de la infiltración, quien ya se encuentra confeso.

Rusia Today Cuba informó este jueves que EE.UU. está dispuesto a «cooperar» para esclarecer la incursión de una lancha rápida con matrícula del estado de Florida con personas armadas a bordo, en aguas del país antillano. El hecho derivó en un enfrentamiento en el que resultaron muertos cuatro de los 10 tripulantes de la embarcación hostil.  «Las autoridades del Gobierno estadounidense han mostrado disposición a cooperar en el esclarecimiento de estos lamentables hechos», reza un comunicado firmado por el viceministro de Asuntos Exteriores de la isla, Carlos Fernández de Cossío. El alto funcionario expresó asimismo que «desde el primer momento, y habiéndose detectado que el medio naval procedía del territorio de EE.UU., las autoridades cubanas han mantenido comunicación sobre este intento terrorista con sus contrapartes estadounidenses, incluyendo el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas», al tiempo que recalcó que «el Gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho». «Entre otros requerimientos, solicitaremos información sobre los implicados, el medio utilizado y otros detalles, a las autoridades estadounidenses mediante los mecanismos vigentes entre los dos países», precisó Fernández de Cossío. En adenda, el vicecanciller reveló los nombres de los 10 implicados en los hechos: Cristian Ernesto Acosta Guevara, Conrado Galindo Serrior, José Manuel Rodríguez Castelló, Leordán Cruz Gomez, Amijail Sanchez Gonzalez, Roberto Alvarez Avila y Pavel Alling Peña, Michael Ortega Casanova, Ledián Padrón Guevara y Hector Duani Cruz Correa. De estos, los últimos cuatro murieron en un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Con respecto al armamento, el Ministerio de Asuntos Exteriores del país caribeño refirió que en la lancha se encontró armamento, incluyendo «fusiles de asalto, fusiles de francotirador, pistolas, cocteles Molotov, múltiples equipos de asalto que incluyen equipos de visión nocturna, chalecos antibalas, bayonetas de asalto, ropa de camuflaje y municiones de diverso calibre, alimentación para uso en combate», así como «medios de comunicación y un grupo importante de monogramas de organizaciones contrarrevolucionarias de corte terrorista». «No es un hecho aislado» En el texto se recalcó en que la «información sigue siendo preliminar» y se insistió en que lo ocurrido no puede calificarse como «un acto aislado», en tanto se inscribe en la política de agresiones multiformes que emprendió la Casa Blanca contra La Habana desde hace más de seis décadas. Así, Fernández de Cossío llamó a recordar que «Cuba ha sido víctima de agresiones y de incontables actos terroristas desde hace más de 60 años, en su mayoría organizados, financiados y ejecutados desde territorio de los EE.UU.«, con un repunte significativo en los últimos años, sin que la contraparte estadounidense haya emprendido acciones concretas destinadas a investigar las denuncias de las autoridades cubanas.  En línea semejante, alegó que, por ello, «los grupos anticubanos que operan en EE.UU. acuden al terrorismo como expresión de su odio contra Cuba y la impunidad que creen disfrutar«. «Cuba ratifica su compromiso absoluto y categórico contra todos los actos, métodos y prácticas terroristas en todas sus formas y manifestaciones», añadió. Para finalizar, el alto funcionario apuntó que su «mantiene un desempeño ejemplar en el enfrentamiento al terrorismo, y ha cumplido, y continuará honrando, los compromisos que ha asumido en esa materia», pues «tiene el deber y la responsabilidad de proteger sus aguas territoriales». 

Página 12 La Corte Suprema de Brasil halló culpables este miércoles al exdiputado Chiquinho Brazao y a su hermano Domingos Brazao, exlegislador de Río de Janeiro, de haber ordenado el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018. La pena, que llega 8 años después del crimen que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Río de Janeiro, será fijada luego por los jueces de la Corte en Brasilia. La concejal, activista negra y lesbiana Marielle Franco fue asesinada a tiros el 14 de marzo de 2018 por el expolicía Ronnie Lessa, quien luego confesó haber perpetrado el crimen por orden de los hermanos Brazao. Franco tenía 38 años cuando fue asesinada mientras viajaba en auto por el centro de Río de Janeiro. En el atentado también murió su chofer, Anderson Gomes. Este miércoles, la Corte Suprema de Brasil determinó que los Brazao ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca. Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque. Los Brazao “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este juicio que conmocionó a Brasil. Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones clandestinas en barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias. En ese marco, la Corte consideró que Franco fue asesinada para dar un mensaje a la clase política carioca. Racismo y misoginia Las milicias fueron creadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico y se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones. En la audiencia del martes, la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió los vínculos del poder local con el crimen. “Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La Corte Suprema, por su parte, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados. Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, remarcó Moraes. “Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la Corte Suprema. “¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, se preguntó la jueza. Según la Corte, el interés que generó este caso tomó por sorpresa a los hermanos Brazao, ya que “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.

Telesur El Ministerio del Interior de Cuba (Minint) informó este miércoles sobre un enfrentamiento armado con tripulantes de una lancha rápida que se aproximó a su territorio en mares al norte de Villa Clara, lo cual provocó un herido entre los combatientes guardafronteras cubanos y cuatro agresores abatidos y seis lesionados. De acuerdo con un comunicado del Minint, en la mañana de este 25 de febrero de 2026, se detectó una lancha rápida infractora dentro de las aguas territoriales cubanas con matrícula de la Florida, Estados Unidos, con folio FL7726SH. La embarcación se aproximó a una 1 milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en cayo Falcones, municipio Corralillo, provincia Villa Clara. Al aproximarse una unidad de superficie de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior, con cinco combatientes, para su identificación, desde la lancha infractora se abrió fuego contra los efectivos cubanos. Los disparos de los agresores provocaron heridas al comandante de la embarcación cubana. Como consecuencia del enfrentamiento, hasta el cierre de esta información, cuatro agresores resultaron abatidos y seis lesionados. Estos fueron evacuados y recibieron asistencia médica. Ante los actuales desafíos, Cuba ratifica su voluntad de proteger las aguas territoriales, teniendo como base que la defensa nacional es un pilar fundamental para el Estado cubano a favor de la protección de su soberanía y la estabilidad en la región. Prosiguen las investigaciones por las autoridades competentes para el total esclarecimiento de los hechos, enfatizó el Minint.

Telesur El narcotraficante ecuatoriano Wilmer Chavarría, alias Pipo, considerado el máximo líder de la banda Los Lobos, negó este miércoles ante la Fiscalía de Zaragoza (España) haber participado en el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, ocurrido en agosto de 2023 en Quito, y acusó al mandatario de Ecuador, Daniel Noboa, de ordenar el crimen. Chavarría compareció en dependencias judiciales españolas a solicitud de la Fiscalía General del Estado de Ecuador, acompañado por su abogado y bajo fuerte custodia policial. En la diligencia estuvieron presentes tres agentes de la Policía Nacional española y cuatro miembros de cuerpos policiales especiales. Chavarría está detenido en la prisión de Zuera, en Zaragoza, mientras se resuelve el proceso de extradición solicitado por Ecuador. Según informaron fuentes de su defensa, el procesado respondió a las preguntas formuladas por la fiscal de la Unidad de Cooperación Internacional, así como a las de su abogado, pero se negó a contestar las tres interrogantes enviadas desde el Ministerio Público ecuatoriano. En su declaración, sostuvo que una persona cercana al ministro del Interior ecuatoriano, John Reimberg, le reveló que el crimen fue ordenado por el actual presidente Noboa ante el riesgo de que Villavicencio se impusiera en los comicios presidenciales. Chavarría afirmó que las autoridades ecuatorianas buscan manipular la información para que España autorice su extradición, ya sea a Ecuador o a Estados Unidos, país que también lo reclama por cargos de narcotráfico. “La intención tanto de Noboa como de Reimberg es engañar a las autoridades de España”, aseguró el detenido, añadiendo que, de ser enviado a Ecuador, teme por su vida, mientras que en caso de ser extraditado a EE.UU., las autoridades de ese país “pretenden que declare en contra del expresidente Rafael Correa, a quien he negado conocer”. El cabecilla de Los Lobos también denunció haber recibido amenazas del ministro Reimberg mientras se encontraba detenido en Málaga. Según su versión, las amenazas ocurrieron en una sala con cámaras de seguridad: “Pido que revisen las grabaciones, porque allí se evidencia lo que ocurrió”, indicó. Añadió que tanto el ministro como el presidente Noboa buscan “sacarme de circulación por ser un competidor en el mercado del narcotráfico, donde el presidente está jugando un papel importante”. El detenido afirmó que su declaración fue motivada por la confianza que tiene en las autoridades españolas, al considerar que “no permitirán que desaparezca la grabación en la que se menciona la participación de Noboa en el asesinato de Villavicencio”. La Fiscalía ecuatoriana imputó recientemente a Wilmer Chavarría como presunto participante en la planificación del atentado, en un proceso que también involucra a un grupo de empresarios investigados por casos de corrupción denunciados por Villavicencio y al exministro correísta José Serrano. Las autoridades ecuatorianas sostienen que los autores intelectuales del crimen buscaban evitar el avance de las investigaciones iniciadas por el entonces candidato. Fernando Villavicencio, periodista y político, fue asesinado el 9 de agosto de 2023 a la salida de un mitin electoral en el norte de Quito. El atentado fue ejecutado por siete sicarios colombianos, cinco de los cuales fueron condenados como autores materiales. Los otros fallecieron en prisión antes de ofrecer su testimonio ante la justicia. Villavicencio se destacó por sus denuncias de corrupción estatal y vínculos entre el narcotráfico y el poder político. En tanto, Wilmer Chavarría fue detenido el 15 de noviembre de 2025 en el aeropuerto de Málaga, el mismo día en que en Ecuador se celebraba un referéndum clave impulsado por el presidente Noboa. Las autoridades españolas mantienen vigente la orden de prisión preventiva mientras se evalúa su extradición.

Prensa Latina Quito, 25 febrero (Prensa Latina).- La Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas, Negras y Montubias del Ecuador (Fenocin) anunció hoy una hoja de ruta para impulsar la revocatoria del mandato del presidente Daniel Noboa. Este miércoles la entidad convocó a organizaciones sociales, colectivos y ciudadanía a una reunión el próximo 5 de marzo en Quito. En rueda de prensa, Guido Perugachi, presidente de la Fenocin, afirmó que ese día “arranca la coordinadora por la revocatoria” y que no habrá diálogo con el Gobierno mientras se vulneren derechos sociales y colectivos. La reunión tendrá como objetivo definir los ejes y la hoja de ruta del proceso contra el gobernante. El dirigente comentó que la iniciativa no responde a partidos políticos, y aclaró que está abierta a organizaciones sociales, colectivos ciudadanos, sectores empresariales. Perugachi adelantó que la intención de revocar el mandato no se limitará al jefe de Estado, sino que también promoverán procesos individuales de remoción contra la vicepresidenta, María José Pinto, y el titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen. De acuerdo con el dirigente, la Fenocin desarrollará en las próximas semanas una campaña de socialización en sus bases organizativas sobre el mecanismo de revocatoria, las reformas legales en debate y la resolución cero cero cuatro seis del Ministerio de Trabajo. Además de la Fenocin, otras agrupaciones sociales y políticas han expresado su intención de apoyar la revocatoria del mandato de Noboa, como Pachakutik, brazo político del movimiento indígena. Ese es un mecanismo constitucional que permite a los ciudadanos remover a autoridades electas, como alcaldes, prefectos, asambleístas, y hasta el jefe de Estado antes del fin de su período. Para implementar ese proceso debe haber transcurrido el primer año de mandato, que en el caso de Noboa se cumple el próximo 24 de mayo, pues en esa fecha de 2025 asumió el nuevo periodo. Igualmente, es necesaria una solicitud formal al Consejo Nacional Electoral, la recolección de firmas de respaldo ciudadano, su validación y luego un referéndum. Según una encuesta reciente del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciees), el 60 por ciento de los ecuatorianos califica como mala o muy mala la gestión de Noboa, mientras un 38 por ciento la evalúa como positiva.

RT La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró este miércoles cuál fue el rol que cumplió EE.UU. en la captura de Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho‘, un día después de que su par estadounidense Donald Trump se atribuyera la responsabilidad por el histórico operativo. «Ya hemos explicado cuál fue la colaboración, que fue esencialmente de inteligencia, [de] información. Y toda la operación, pues, la desarrolló la Secretaría de la Defensa Nacional, como informamos adecuadamente», insistió la mandataria en su acostumbrada rueda de prensa. La aclaratoria surge luego del discurso que pronunció el martes el mandatario estadounidense, quien prácticamente se atribuyó la responsabilidad del operativo ejecutado por las autoridades mexicanas: «También derribamos a uno de los capos de cártel más siniestros de todos. Lo vieron ayer», dijo ante el Congreso.  Hoy, al ser consultada sobre el asunto por la prensa, Sheinbaum agregó sonreída: «Ya conocemos al presidente Trump, pero la información que hemos dado es la correcta«. Con ello, el Gobierno mexicano echó por tierra el intento de Washington de restarle mérito a las autoridades locales, que desplegaron la histórica operación para capturar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), la organización criminal más poderosa del país latinoamericano. El secretario de Defensa Nacional de México, Ricardo Trevilla Trejo, detalló el lunes cómo fue el operativo militar y policial que culminó con la muerte de ‘El Mencho’, quien, al verse acorralado, corrió junto a dos escoltas hacia una zona boscosa del poblado de Tapalpa, Jalisco, y allí se enfrentó a las autoridades hasta quedar mortalmente herido. Trevilla Trejo confirmó que en la compleja operación participaron tanto organismos nacionales como internacionales. Así, destacó que colaboración con EE.UU. «hace mucho tiempo se lleva a cabo» y agregó que durante la Administración de Sheinbaum, la cooperación con el Comando Norte del país vecino se había fortalecido. «Ha habido intercambio de información, de datos», añadió.

Rusia Today El Gobierno de EE.UU. estaría dispuesto a poner en marcha «una política de concesión de licencias favorable a las solicitudes específicas de autorización para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba», según informó esta jornada la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una instancia adscrita al Tesoro estadounidense. Según se explica en el texto –que figura en la sección de preguntas y respuestas sobre el régimen de sanciones impuesto a Venezuela–, «para calificar para esta política de licencias favorable, las transacciones solicitadas deberán cumplir con los términos y condiciones de la Licencia General de Venezuela (GL) 46A, aunque los solicitantes no necesariamente deben tener una entidad estadounidense establecida». Tampoco se aplicarán las restricciones contra Cuba estipuladas en ese documento, donde se autorizan ciertas operaciones asociadas al negocio petrolero en la nación bolivariana, aunque sujetas a numerosas restricciones, entre las que se cuentan que los contratos suscritos por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) deben especificar que se rigen por las leyes estadounidenses, que los pagos por esas transacciones –exceptuando el pago de impuestos– deberán hacerse de Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en otra cuenta especificada por el Departamento del Tesoro de EE.UU. También se incluyen prohibiciones de pago que Washington estime que no son «comercialmente razonables, que impliquen ‘swaps’ de deuda o pagos en oro, o que estén denominadas en moneda digital, moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela». A ello se suman impedimentos explícitos para que PDVSA haga transas con entidades que involucren a particulares o a los gobiernos de Rusia, Irán, Corea del Norte, China y Cuba, así como el desbloqueo de propiedades previamente bloqueadas por EE.UU., el transporte de petróleo venezolano en buques sancionados por el país suramericano y reventas sin autorización con EE.UU. Concesión muy relativa De esa lista, la única restricción que se levantaría en beneficio de La Habana sería la relacionada con la autorización a importar, transportar y procesar crudo de origen venezolano en favor de entidades particulares asentadas en Cuba. Así, aunque la política es presentada como una acción favorable «dirigida a transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)», se mantienen proscritas «las transacciones que involucren, o beneficien, a cualquier persona o entidad asociada con las fuerzas armadas, los servicios de inteligencia u otras instituciones gubernamentales cubanas, incluidas las entidades incluidas en la Lista Restringida de Cuba del Departamento de Estado de EE.UU.». Este anuncio se produce en el marco de un bloqueo energético impuesto por la Casa Blanca al país antillano desde enero pasado y sigue a los bombardeos estadounidenses sobre Venezuela y el secuestro de su presidente, Nicolás Maduro. Tras esos eventos, el mandatario estadounidense, Donald Trump, aseguró que planea controlar la industria petrolera de la nación bolivariana –que posee las más grandes reservas de ese hidrocarburo en todo el mundo– por tiempo «indefinido». Afirmó asimismo que impediría que Caracas proveyera de crudo a la isla. Entretanto, fuerzas militares estadounidenses mantienen la persecución y asalto de tanqueros con petróleo procedente de Venezuela, bajo el argumento de que las operaciones involucradas violan el régimen sancionatorio de Washington.