Telesur
El Gobierno de Donald Trump ha bloqueado la capacidad del Venezuela para pagar los honorarios legales del presidente Nicolás Maduro, quien permanece en una cárcel federal de Nueva York desde su secuestro el 3 de enero, según señalan su abogado y diversos informes internacionales.
La defensa legal del presidente Maduro enfrenta serias dificultades porque la Office of Foreign Assets Control (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, revocó sin explicación una autorización para que el Gobierno venezolano pagara los honorarios de su abogado principal, Barry Pollack, a pesar de que inicialmente había emitido una licencia el 9 de enero.
Menos de tres horas después de otorgarla, la OFAC la enmendó y ya no permite que Caracas financie la defensa de Maduro.
Pollack denunció ante un juez federal de Manhattan que esta decisión impide al presidente Maduro contratar y pagar a sus abogados con recursos del Estado venezolano, lo que podría constituir una interferencia directa con su derecho según la Sexta Enmienda de la Constitución de Estados Unidos a contar con un defensor de su elección.
El abogado explicó que, bajo la ley y la práctica de su país, “el Gobierno de Venezuela tiene la obligación de pagar los honorarios del señor Maduro” y que el líder venezolano no puede financiar por sí mismo esta representación.
La situación se produce en el contexto de un caso federal en el que el presidente Maduro y su esposa, Cilia Flores, se han declarado inocentes ante un tribunal de Nueva York de los cargos de narcotráfico y otros delitos utilizados como excusa para su secuestro por la Administración Trump.
La revocación de la licencia para financiar la defensa ha generado un debate legal y constitucional, porque la OFAC mantiene vigente una licencia separada que sí autoriza el pago de honorarios para los abogados de Flores.
El bloqueo del financiamiento estatal para la defensa de Maduro se inscribe en un panorama más amplio de sanciones económicas y restricciones financieras impuestas por la Casa Blanca contra funcionarios venezolanos y el Gobierno de Caracas, incluidas medidas sobre activos y transacciones internacionales.
Tanto el presidente Maduro como Cilia Flores tienen programada una nueva audiencia judicial para el 26 de marzo. La defensa ha solicitado al tribunal que intervenga para restablecer la autorización de pago o que se reconozca de forma judicial la obligación del Estado venezolano de sufragar los costos de la defensa de su líder, en medio de una controversia que combina aspectos de política exterior, sanciones económicas y derechos procesales fundamentales.
