Internacional

Rusia Today EE.UU. perpetró un nuevo «ataque cinético letal» contra una embarcación en el Pacífico, que, según indican, transportaba droga. Como consecuencia del ataque, tres hombres que iban a bordo murieron. El Comando Sur informó este domingo que el ataque se realizó el 15 de noviembre por orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth. «La Inteligencia confirmó que la embarcación estaba involucrada en el contrabando ilícito de narcóticos, transitaba por una ruta conocida de narcotráfico y transportaba narcóticos», reza el comunicado. «La embarcación traficaba drogas en el Pacífico oriental y fue impactada en aguas internacionales», agregó el texto oficial. Ataques constantes Previamente, esta semana, Washington informó sobre varios ataques contra pequeñas embarcaciones en el Caribe y el Pacífico que se suman a la serie de agresiones realizadas por EE.UU. en los últimos meses como parte de una supuesta campaña contra el narcotráfico. Los más recientes ataques fueron perpetrados el 9 y el 10 de noviembre. Estas operaciones han sido calificadas como «ejecuciones extrajudiciales» por diversas organizaciones de derechos humanos y expertos en derecho internacional, al realizarse sin juicios, sin supervisión judicial y fuera de cualquier mandato de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Además, desde que se iniciaron los operativos, con el anuncio del primer ataque en el Caribe el pasado 2 de septiembre, las autoridades estadounidenses solo se han limitado a difundir las grabaciones de los bombardeos, sin mostrar la carga que supuestamente transportaban, ya que las lanchas quedaron destruidas. Sin embargo, en el segundo ataque, Trump le dijo a la prensa que tenía «pruebas» de que en la embarcación llevaban drogas a EE.UU. Falsos pretextos para apropiarse de riqueza petrolera venezolana Frente a las acusaciones estadounidenses, las autoridades venezolanas han articulado una respuesta unificada que rechaza el marco de confrontación bilateral y denuncia que se trata de una campaña de agresión multilateral. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó las acciones de Washington como una campaña de desprestigio contra su administración para «justificar cualquier cosa» contra la nación bolivariana. Afirmó que esta estrategia busca manchar la imagen de Venezuela y su revolución como pretexto para las agresiones, algo que «han hecho muchas veces». El mandatario venezolano ha explicado en repetidas ocasiones que las agresiones de EE.UU. contra Venezuela buscan «cambiar el régimen» en el país y apropiarse de su «inmensa riqueza petrolera». 

RT Alrededor de 15,7 millones de ciudadanos chilenos están convocados a participar este domingo en las elecciones generales en las que se definirá la presidencia, así como la renovación de 155 diputaciones y 23 senadurías. Todas las miradas están puestas en el cargo presidencial que se disputan seis candidatos y dos candidatas, que a lo largo de la campaña se enfrentaron en seis debates. Si ninguno de ellos obtiene al final de esta jornada más del 50 % de los votos, los dos que lideren la contienda se enfrentarán en una segunda vuelta, prevista para el 14 de diciembre. Quien finalmente obtenga la mayoría de votos sucederá en La Moneda a Gabriel Boric, el mandatario que comenzó a gobernar en 2022 y que deberá entregar la banda presidencial a su sucesor o sucesora el próximo 11 de marzo. Las 3.379 mesas de votación estarán abiertas desde las 08:00 hasta las 18:00 hora local. La presidenta del Servicio Electoral (Servel), Pamela Figueroa, le anticipó al portal Cooperativa que los resultados oficiales preliminares podrían darse a conocer solo un par de horas después del cierre de casillas, lo que recortaría el periodo de incertidumbre sobre si habrá o no segunda vuelta. La recta final de las campañas estuvo marcada por el creciente reclamo ciudadano en torno a la seguridad, a pesar de que Chile es uno de los países más seguros de la región. Otro tema recurrente, impulsado por los cuatro candidatos conservadores, fue el rechazo a las personas migrantes. Por la presidencia Una de las protagonistas de esta elección es Jeannette Jara, una abogada de 51 años, militante del Partido Comunista, que representa al oficialismo, ya que se postuló al amparo de la coalición Unidad por Chile que integraron las principales fuerzas de izquierda del país sudamericano. Otro personaje central de estos comicios es José Antonio Kast, un abogado de 59 años, fundador del ultraderechista Partido Republicano, quien se postula por tercera vez a la presidencia, lo que ya hizo en 2017 (quedó en cuarto lugar) y 2021 (pasó a la segunda vuelta y perdió contra Boric).  La lista de candidatos conservadores la completan Johannes Kaiser, un diputado del Partido Nacional Libertario (PNL); Evelyn Matthei, la exministra de Trabajo durante el Gobierno de Sebastián Piñera, que fue postulada por la coalición Chile Grande y Unido; y Franco Parisi, quien al igual que Kast encabeza su tercera campaña presidencial en nombre del Partido de la Gente. Por último, tres dirigentes se inscribieron sin sellos partidarios como candidatos independientes. Se trata del centrista Harold Mayne-Nicholls, expresidente de la Federación de Futbol de Chile; el progresista Marco Enríquez Ominami, quien encabeza su tercera candidatura presidencial; y el izquierdista Eduardo Artés.

Página 12 Más de 13,9 millones de ecuatorianos están convocados este domingo a las urnas por el presidente del país, Daniel Noboa, para votar en un referéndum de cuatro preguntas, dos de ellas de particular trascendencia: instaurar una Asamblea Constituyente que redacte una nueva Constitución y permitir nuevamente la instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional, con Estados Unidos como principal interesado. La votación se dará con el país sumido en la peor crisis de violencia de su historia, ubicado a la cabeza de Latinoamérica en el índice de homicidios, al proyectar que cerrará 2025 con unos 9.000, equivalentes a unos cincuenta homicidios por cada 100.000 habitantes, en medio del conflicto interno armado lanzado por Noboa contra las bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la minería ilegal y las extorsiones. El mandatario, que fue reelegido en abril de este año hasta 2029, optó por jugarse la carta de abrir el proceso para una nueva Constitución al considerar que la actual carta magna no permite enfrentar al crimen organizado de la forma que le gustaría, ni tampoco facilita la llegada de inversiones ni la creación de empleo. En la práctica, será un plebiscito sobre la continuidad o no de la Constitución establecida en 2008 promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), con la que sentó las bases de su proyecto político, pero criticada por Noboa al encontrar en ella límites a sus reformas. El gobernante lanzó su apuesta al ver que la Corte Constitucional anuló leyes emblema de su nuevo mandato, por contener disposiciones tramitadas de manera rápida y consideradas inconstitucionales por el alto tribunal. En caso de ganar el “Sí”, los ecuatorianos deberán volver a las urnas dos veces más, para elegir a los representantes de la Asamblea Constituyente y luego para aprobar o rechazar el texto de la nueva Constitución. Bases militares Por otro lado, el planteamiento para las bases militares extranjeras busca eliminar la prohibición que existe en la actual Constitución a estos emplazamientos y de ganar el “Sí” abriría la puerta a que Estados Unidos vuelva a tener una base en el Pacífico sudamericano. Los estadounidenses ya operaron una base militar en las Islas Galápagos durante la II Guerra Mundial para controlar el canal de Panamá y entre 1999 y 2009 estuvieron en la base de Manta para operaciones antidrogas, hasta que se vieron obligados a salir por la prohibición aún en vigencia. Las conversaciones entre ambos países van en la línea de establecer dos bases en la costa ecuatoriana: una militar y otra para asuntos de seguridad como narcotráfico y migración. A esto hay que sumarle que la campaña electoral, que finalizó el jueves, estuvo marcada por la llegada de los primeros presos a la nueva cárcel de máxima seguridad de Ecuador con la que Noboa busca replicar en el país el “modelo Bukele”, y por la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, para escenificar el interés del presidente Donald Trump en volver a tener en Ecuador una base militar. Tanto la base de Manta como la de Salinas, también en la costa, fueron inspeccionadas por Noem con el propósito de establecer un destacamento militar y una oficina de seguridad para asuntos como narcotráfico y migración, según lo señalado por el ministro ecuatoriano del Interior, John Reimberg. Noboa quiso dar un golpe de efecto al inicio de la semana al trasladar los primeros presos a la prisión emblema de su política de seguridad, una de las promesas electorales del mandatario cuando llegó al poder en 2023. Allí llegaron los principales líderes criminales actualmente encarcelados y que encabezan las mafias y bandas a las que Noboa declaró la guerra desde 2024. Con uniformes naranjas, fueron rapados y recluidos en celdas de cemento pese a que la cárcel no está todavía terminada. Entre ellos estaba el exvicepresidente correísta Jorge Glas, sobre el que pesan tres condenas por corrupción, y al que se lo detuvo en 2024 en un asalto a la Embajada de México en Quito ordenado por Noboa después de recibiera asilo por parte del Gobierno mexicano. Fue el primero al que Noboa exhibió en fotos dentro de la cárcel, con un aspecto desaliñado y una expresión desconcertada, lo que enseguida despertó la indignación del correísmo, la principal fuerza de oposición contra el mandatario. El correísmo cerró filas para denunciar la humillación y el uso político de un preso que cuenta con medidas provisionales emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para garantizar su salud y su vida. Asambleístas y financiación pública Las otras dos preguntas del referéndum plantean las reducción de la Asamblea Nacional (Parlamento) de 151 a 73 representantes y la eliminación de la financiación pública a los partidos políticos. No hay predicciones claras del resultado ni la repercusión que pueden tener las recientes protestas lideradas por el movimiento indígena contra Noboa y su decisión de eliminar el subsidio al diésel, que se prolongaron durante un mes y que concluyeron sin que el presidente diera su brazo a torcer y con dos manifestantes fallecidos en enfrentamientos con militares. Tanto el correísmo como el movimiento indígena han llamado a votar por el “No” como una forma de protesta contra Noboa. El viernes 490 personas mayores de 50 años y con una discapacidad física igual o superior al 75 por ciento, incluidas en el programa “Voto en casa”, ya participaron del proceso. El ‘Voto en casa’ es la expresión clara de una democracia que cuida, que acompaña y que no deja a nadie fuera ni atrás», sostuvo la presidenta de (CNE), Diana Atamaint, durante la inauguración de la jornada. El jueves, solo 1.032 presos sin sentencia firme se presentaron a votar de forma anticipada, de un total de más de 8.000 personas privadas de libertad habilitadas.

Página 12 Las autoridades del Parque Industrial de Ezeiza y del Parque Industrial de Spegazzini afirmaron que la explosión ocurrida en la noche del viernes no se produjo en ninguno de los dos predios. En un comunicado, aseguran que “el incidente tuvo lugar en una zona abierta denominada Polígono Industrial, un área industrial externa a ambos parques”. Además, confirmaron que “no se registraron pérdidas de vidas humanas y que ”las personas que fueron trasladadas para atención médica ya han sido dadas de alta, según informaron las autoridades sanitarias». También destacaron que “los destacamentos de bomberos de nuestros parques fueron los primeros en llegar al lugar”. En tal sentido, “tres autobombas se presentaron rápidamente y aportaron información clave para la coordinación del operativo junto a los equipos municipales y de Defensa Civil”. En otro pasaje del texto, expresaron los protocolos de emergencia fueron activados y que “todos los tanques de agua de los parques aportaron hasta la mitad de su capacidad para abastecer a las autobombas” y que los bomberos pudieron cargar agua en ambos parques. Finalmente, manifestaron que “se pusieron a disposición ambulancias y recursos adicionales para asistir a los cuerpos de bomberos, Defensa Civil y autoridades municipales” y que “ambos parques industriales permanecen operativos y fuera de peligro”. Se rehabilitó el tránsito por la Autopista Ezeiza-Cañuelas Por otro lado, Vialidad Nacional informó que se rehabilitó en su totalidad el tránsito en la Autopista Ezeiza-Cañuelas, que permanecía cerrada tras la explosión e incendio. A pesar de la reapertura, las autoridades solicitaron a los conductores circular con especial cuidado en la zona afectada. El organismo precisó que en el kilómetro 44, a la altura del parque industrial de Ezeiza, “sigue (la) señalización en zona y personal de seguridad trabajando”, motivo por el que se ruega “circular con precaución y respetar las indicaciones”.

Telesur La Generación Z de Perú, articulada con sindicatos de trabajadores, protagonizó una nueva y significativa jornada de movilización en las calles de Lima.  La protesta tuvo como doble eje la exigencia de justicia por el asesinato de Eduardo Ruiz, el joven abatido por un policía encubierto durante las manifestaciones del pasado 15 de octubre, y la denuncia enérgica contra lo que consideran una alarmante impunidad institucional frente a las demandas sociales y una ola de criminalidad que azota al país. Decenas de estudiantes universitarios, activistas civiles y gremios laborales se concentraron en varios puntos estratégicos de la capital para converger en una marcha hacia el centro histórico, en un contexto de fuerte presencia policial.  La movilización se desarrolló a pesar del estado de emergencia vigente en Lima, una medida implementada supuestamente para combatir el crimen organizado, pero que en la práctica suspende temporalmente derechos fundamentales como la libertad de reunión, lo que añade una capa de tensión a la protesta. A la cabeza de la manifestación en Lima marchó una delegación representativa de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la principal central sindical del país. La pancarta principal de la CGTP encapsulaba el sentir colectivo, reclamando la defensa del trabajo, la seguridad y la vida, en una respuesta directa a la creciente ola de crímenes perpetrados por bandas de sicarios y extorsionadores que aterrorizan a transportistas, comerciantes y obreros de construcción civil. Una de las consignas centrales de la movilización fue la derogación inmediata de las llamadas ‘leyes pro-crimen’. Este conjunto de normas, aprobadas recientemente por el Congreso generaron una amplia controversia, ya que diversos sectores de la sociedad peruana consideran que su efecto real es diametralmente opuesto al propósito declarado, terminando por facilitar y proteger la actividad delictiva en lugar de combatirla, profundizando la crisis de inseguridad. La jornada de protesta se extendió más allá de la capital, con movilizaciones simultáneas en ciudades estratégicas del surandino, como Cusco y Puno, donde obreros de la Federación de Trabajadores del Cusco y del gremio de Construcción Civil se unieron a la causa. No obstante, la represión no se hizo esperar: al inicio de la marcha en Lima, el frente de egresados de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos denunció el cerco policial del campus y la detención de un compañero, aunque la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) confirmó su posterior liberación tras la presión ejercida en redes. El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, contribuyó al clima de restricción al declarar la intangibilidad de la céntrica Plaza San Martín, tradicional punto de encuentro para manifestaciones, buscando evitar aglomeraciones de carácter político. Sumado a esto, las primeras horas del día vieron un paro parcial de transportistas en las zonas norte y sur de Lima, llevando a que colegios públicos y algunas universidades, incluyendo la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) otro foco de la Generación Z, dictaran clases en modalidad remota para garantizar la seguridad de los estudiantes.

RT El Ministerio de Defensa de Rusia ha publicado imágenes de la liberación de la localidad de Yáblokovo, en la provincia de Zaporozhie, por parte del grupo de tropas Vostok (Este). El comunicado señala que el éxito se logró gracias a acciones coordinadas del grupo militar, que liberó nueve puntos poblados en un mes. «En los combates por la localidad, las unidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania sufrieron numerosas bajas y perdieron más de una decena de vehículos», informa Defensa. Yáblokovo se encuentra cerca de Nóvoye, que había sido liberada anteriormente esta semana.

Rusia Today La llamada ‘Marcha de la Generación Z’, que tuvo lugar este sábado en Ciudad de México, desde el monumento del Ángel de la Independencia hasta la plaza de la Constitución, congregó a una multitud de jóvenes que exigieron cambios políticos, justicia y mejores condiciones para el país. Desde primeras horas, el ambiente se alternó entre consignas pacíficas, ‘performances’ y tensión creciente conforme el contingente se aproximaba al Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo del país, donde ya se encontraban líneas de seguridad y vallas metálicas colocadas para contener el avance. Grupos de manifestantes de la marcha y encapuchados comenzaron a empujar y derribar algunas de las vallas instaladas en la entrada del edificio. La marcha que derivó en caos Más tarde, videos y reportes en vivo documentaron el inicio de los enfrentamientos en las inmediaciones del Palacio Nacional. Los manifestantes lograron abrir una de las barreras y acceder al recinto protegido, situación que elevó de inmediato la confrontación con los cuerpos de seguridad, informa El Universal. Policías federales y capitalinos respondieron con gases lacrimógenos para mantener el perímetro y evitar que los jóvenes ingresaran al edificio. Minutos después, la tensión escaló cuando los elementos de seguridad comenzaron a lanzar piedras hacia los manifestantes para impedir su avance, a la vez que estos respondían arrojando cohetes y otros objetos hacia el otro lado de las vallas. Los policías agredieron físicamente a jóvenes, quienes, tras terminar heridos, fueron auxiliados por médicos que también participaban en la marcha y personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas. ¿Quiénes son y qué exigen? La llamada Generación Z de México, presentada en redes sociales como un movimiento juvenil indignado por de la crisis de inseguridad de México. El objetivo principal de la marcha, encabezada por jóvenes bajo la bandera del anime One Piece, consiste en exigir cambios políticos, seguridad y mayores oportunidades. La protesta fue convocada en respuesta al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Meza. El tema ganó fuerza porque en México existen más de 30 millones de jóvenes de entre 15 y 29 años, un sector crucial de nativos digitales con una mirada crítica hacia la política y una profunda actividad en plataformas sociales. Sheinbaum: no es genuina ni representa a la juventud La marcha irrumpió en el debate público tras convocar una protesta para exigir la revocación del mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum. La movilización cambió súbitamente de fecha para coincidir con una marcha opositora, organizada por políticos y empresarios opositores y gran parte de su contenido en las redes, que incluía videos, memes y llamados a marchar, provino de cuentas no verificadas y materiales creados con inteligencia artificial.  La presidenta del país cuestionó públicamente el origen del movimiento, señalando que no es genuina ni representa a la juventud y que su narrativa digital parecía montada para manipular a jóvenes y aprovechar su presencia en redes.

Prensa Latina Córdoba, Argentina, 16 noviembre (Prensa Latina).- Más de 40 años después que Argentina recuperara la democracia, llegó finalmente la condena en Córdoba a dos represores de la última dictadura cívico-militar que celebran organismos de derechos humanos y familiares de las víctimas. A 15 años del histórico juicio que condenó a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez por los crímenes cometidos en la Unidad Penitenciaria N°1 de barrio San Martín, el Tribunal Oral Federal N°1 de la provincia de Córdoba dictó una nueva sentencia en una causa clave para la memoria, la verdad y la justicia. La corte condenó a prisión perpetua a Osvaldo César Quiroga, exmilitar, y a diez años de prisión a Gustavo Rodolfo Salgado, expolicía, ambos acusados de participar en los asesinatos de 31 presos y presas políticos detenidos en la UP1 de abril a octubre de 1976. Los magistrados consideraron probada la responsabilidad de Quiroga como coautor de homicidios calificados por alevosía y por la pluralidad de partícipes, en perjuicio de Miguel Hugo Vaca Narvaja, Gustavo Adolfo De Breuil y Arnaldo Higinio Toranzo, entre otras víctimas. En tanto, Salgado fue hallado coautor penalmente responsable de privación ilegítima de la libertad y tormentos agravados por la condición de perseguido político de Luis Alberto Urquiza. Para el fiscal Facundo Trotta, a cargo de la acusación, el fallo se ajusta en buena medida a lo solicitado por el Ministerio Público, tanto en la valoración de las pruebas como en la magnitud de las penas impuestas. Sin embargo, manifestó su disconformidad con la decisión del tribunal de mantener en libertad a los condenados, al considerar que la gravedad de los delitos y las penas dictadas justifican el encierro preventivo hasta que las condenas queden firmes. “Esto no les devuelve la vida a los ex detenidos, pero al menos sus familias ven que se hizo finalmente justicia”, manifestó a Prensa Latina la profesora cordobesa Gladys Canelo quien señaló, además, que ella tiene un primo aún desaparecido desde aquella funesta época. El analista y dirigente político cordobés Sergio Ortiz considera positivo que los dos represores hayan sido finalmente condenados, aunque comparte la queja del fiscal Trotta de que Quiroga y Menéndez siguen en libertad hasta que la condena quede firme, en vez de haber sido inmediatamente detenidos como hubiera sido lo correcto. Los fundamentos completos de la sentencia serán dados a conocer el 16 de diciembre de 2025, vigésimo día hábil posterior a la lectura del veredicto. Estos dos represores fueron absueltos en un proceso en 2010. Ortiz relató a Prensa Latina que los tres presos políticos fueron sacados de la UP1 y fusilados simulando un intento de fuga. En total –recordó- 31 militantes de aquel entonces fueron asesinados de esa manera. “Fueron crímenes cometidos en 1976, y recién ahora hay una condena, encima estos represores habían sido absueltos en 2010, o sea, que pasaron otros 15 años hasta que por fin hubo una condena”, señaló Ortiz. La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba con la venia de la Corte Suprema de la Nación ordenó la realización de un nuevo proceso. Ambas instancias coincidieron en que las absoluciones iniciales no habían valorado adecuadamente las pruebas presentadas por la fiscalía y las querellas. El juicio de 2010, que condenó a los principales responsables del circuito represivo de Córdoba, marcó entonces un punto de inflexión al reconocer la existencia de un plan sistemático de exterminio y la complicidad judicial de funcionarios que omitieron investigar las muertes de los detenidos.

Rusia Today Una impactante explosión sacudió este viernes un sector industrial conocido como el Polígono de Spegazzini, ubicado en la ciudad de Ezeiza, Argentina, provocando una fuerte onda expansiva y graves incendios, informan medios locales. Los reportes indican que el incidente ocurrió en una productora agroquímica ubicada frente a la autopista Cañuelas-Ezeiza, luego de que inicialmente se informara de forma errónea que se trataba de una fábrica de pinturas. Mientras, en las redes sociales se viralizaron videos en los que se observa una columna de humo seguido de la explosión. También se ve a varios trabajadores huyendo de lugar. Según el intendente de Ezeiza, Gastón Granados, hasta el momento se desconoce cómo se originó la explosión y aseguró que están «tratando de garantizar la seguridad en la zona y tratando de sacar a las personas que puedan estar en las inmediaciones del lugar». Agregó que el incidente afectó al menos dos plantas y se registraron al menos 22 heridos. Granados informó que los bomberos están tratando de apagar el fuego, pero que la magnitud del siniestro complica las labores. «No lo podemos controlar», afirmó el intendente, visiblemente preocupado por la gravedad de la emergencia.  En tanto, vecinos reportaron vidrios rotos, techos dañados yfuertes temblores en sus hogares. Como medida preventiva, el gobierno municipal emitió una alerta recomendando a los residentes de zonas cercanas permanecer en sus casas y mantenerlo todo cerrado para evitar posibles intoxicaciones ante los gases liberados por la planta siniestrada.

BBC News China y Japón protagonizaron una escalada verbal esta semana, luego de que Takaichi sugiriera que Japón podría responder con sus propias fuerzas de autodefensa si China atacara Taiwán. Los ministerios de Asuntos Exteriores de ambos países presentaron enérgicas protestas. Un diplomático chino también hizo un comentario que algunos interpretaron como una amenaza de decapitar a Takaichi. La disputa pone de manifiesto la aversión histórica entre China y Japón, así como la ambigüedad estratégica en torno a la soberanía de Taiwán, que es un territorio con su propio gobierno. Esto es lo que se sabe al respecto:   ¿Qué sucedió? Las tensiones actuales se originaron en una sesión parlamentaria en Japón el viernes pasado, cuando un legislador de la oposición preguntó a Takaichi qué circunstancias sobre Taiwán constituirían una situación que amenazara la supervivencia de Japón. «Si hay buques de guerra y se usa la fuerza, desde cualquier punto de vista podría constituir una situación que amenaza la supervivencia», respondió Takaichi. Una «situación que amenaza la supervivencia» es un término legal contemplado en la ley de seguridad de Japón de 2015, que se refiere al momento en el que un ataque armado contra sus aliados representa una amenaza existencial para el país. En tal situación, las fuerzas de autodefensa de Japón pueden activarse para responder a la amenaza. Las declaraciones de Takaichi provocaron la indignación inmediata de Pekín y el Ministerio de Relaciones Exteriores de China las calificó de «atroces».   «Cabeza sucia» El sábado, Xue Jian, cónsul general de China en la ciudad japonesa de Osaka, compartió un artículo periodístico sobre las declaraciones parlamentarias de Takaichi en X. Pero además añadió su propio comentario: «La cabeza sucia de quien se entrometa debe ser cortada». Si bien la intención de las declaraciones de Xue «puede no estar clara», fueron «sumamente inapropiadas», declaró el lunes a la prensa el secretario jefe del gabinete japonés, Minoru Kihara. Tokio presentó protestas ante China por las declaraciones de Xue, mientras que Pekín hizo lo propio ante Japón por las de Takaichi. La publicación de Xue fue eliminada posteriormente, pero la controversia por el intercambio de acusaciones persiste. El martes, Takaichi se negó a retractarse de sus declaraciones, las cuales defendió como «consistentes con la postura tradicional del gobierno». Sin embargo, señaló que sería cautelosa al comentar sobre situaciones específicas a partir de ahora.