El País Tras la promulgación de la Ley 3058 de Hidrocarburos en mayo de 2005, que introdujo el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), que gravó con un 32% a la producción de gas y petróleo bolivianos, nuestro país exhibió uno de los procesos de reducción de pobreza más consistentes de la región. En mayo de 2006, al decretarse la tercera nacionalización de los Hidrocarburos que, además, coincidió con un sostenido incremento del precio del gas de exportación, los ingresos por ese concepto y el de la minería, también creciente, reforzaron ese proceso de reducción de pobreza, pese a que el decreto nacionalizador duró solo seis meses (mayo a octubre de 2006). Pero entre 2017 y 2018 ese ciclo se fue cerrando rápidamente. El anodino y, según sus críticos, corrupto gobierno de Luis Arce Catacora, extendido sin objeto por los cinco años para los que fue electo, pese a la crisis que se manifestó desde marzo de 2023 con la falta de divisas para el funcionamiento regular de la economía, aceleró el cierre de ese ciclo y se empezó a sentir el efecto inverso: un empobrecimiento rápido de miles de hogares. El cambio de gobierno en noviembre de 2025, con el juramento de Rodrigo Paz Pereira, aceleró ese rumbo empobrecedor. Los resultados de la Encuesta de Hogares (EH) 2025, publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), confirman el extenuante proceso: cientos de miles de hogares volvieron a caer por debajo de la línea de pobreza en apenas doce meses, en uno de los deterioros sociales más pronunciados registrados en el país en las últimas dos décadas. El salto que preocupa a los analistas Según los datos oficiales del INE, la incidencia de pobreza llegó al 44,7% de la población en 2025, unos 5,35 millones de personas, frente al 38,1% de 2024. El incremento es de 6,6 puntos porcentuales en un solo año, unos 807 mil bolivianos adicionales por debajo de la línea de pobreza, tal como planteó el analista Omar Velasco Portillo y confirman las cifras del propio instituto —cabe mencionar que el aumento de 6,6 puntos se obtiene restando 44,7% de 2025 del 38,1% de 2024, ya que en el propio informe del INE aparece la cifra 47,7% en párrafos de texto, lo que puede considerarse un error tipográfico que no coincide con el incremento que ellos mismos declaran—. La pobreza extrema, la que refleja la incapacidad de cubrir siquiera la alimentación mínima, pasó de 12,8% a 16,7%, un salto de 3,9 puntos entre los más agudos de la serie disponible. Por área de residencia, la pobreza alcanzó el 38,8% en las ciudades y el 58,1% en el campo. El nivel absoluto sigue siendo mayor en el área rural, como ha ocurrido históricamente, pero lo que más preocupa a los especialistas no es el nivel sino el ritmo de deterioro: la pobreza urbana subió 7,4 puntos frente a 4,8 en el área rural, de modo que la brecha entre ambas se redujo de 21,9 a 19,3 puntos en dos años, lo que rompe con el patrón tradicional de una pobreza concentrada casi exclusivamente en el campo. La pobreza, en otras palabras, se está urbanizando. El deterioro coincide con el peor año inflacionario del siglo: el IPC general cerró 2025 en 20,4% acumulado, frente a 9,97% en 2024, y ya en julio la inflación acumulada llegaba a 16,92%, la más alta desde 1987. No solo hay más pobres: los pobres son más pobres Un segundo hallazgo, menos difundido, pero igual de relevante, es que la intensidad de la pobreza también se agravó. La brecha de pobreza nacional —qué tan lejos están los ingresos de los hogares pobres de la línea de pobreza— subió de 14,2% a 17,6%, y en las ciudades el salto fue mayor: de 9,8% a 13,7%. La severidad, que pondera más a quienes están en peor situación, avanzó de 7,5% a 9,5% a nivel nacional. No solo creció el número de pobres: quienes ya lo eran se alejaron todavía más de superar esa condición. El golpe también tiene un rostro específico. La incidencia aumentó con mayor intensidad entre las mujeres —el índice de feminidad llega a 118,6 en las ciudades— y afectó con particular dureza a niños y jóvenes, los grupos con mayor dependencia económica. En términos étnicos, el incremento relativo de la pobreza fue mayor entre la población mestiza, criolla y blanca que entre la población indígena, un giro respecto a los patrones históricos. La educación dejó de operar como escudo: la cobertura de salud, usada como indicador de formalidad laboral, muestra que quienes tienen educación superior son hoy los que menos cobertura tienen, señal de precarización incluso entre profesionales. Santa Cruz, Beni, Tarija, Cochabamba y Oruro: la crisis llega a los polos de crecimiento El mapa departamental confirma que ya no es un fenómeno confinado a las regiones históricamente rezagadas. Oruro registra el mayor deterioro del país, con un salto de 17,2 puntos que lo lleva a 53,8% de incidencia, apenas un punto por debajo de Potosí (54,8%), el departamento tradicionalmente más pobre. Ese departamento minero, de clase media relativamente estable, converge así con el extremo más golpeado del mapa boliviano. Detrás de Oruro aparecen incrementos igual de severos en Beni, Cochabamba y Tarija, todos con subidas de entre 8 y 10 puntos. El caso de Cochabamba, el tercer departamento más poblado, es de los menos comentados hasta ahora: su incidencia trepó a 44,3%, un salto de 8,2 puntos que lo acerca a La Paz (51,7%) y supera a Beni y Tarija. Santa Cruz, con la incidencia más baja del país (32,8%), tampoco es excepción: su incremento de 7,3 puntos en un año alarma al principal motor económico de Bolivia. En materia de pobreza extrema, los departamentos por encima del promedio nacional son Potosí (33,4%), Chuquisaca (23,5%) y La Paz (19,7%), según el propio informe del INE. La paradoja del ingreso y la desigualdad que migra a la ciudad Los propios datos del INE contienen una anomalía. Entre 2023 y 2025, el ingreso promedio nacional subió 17,3%, de Bs
