Agencias y redacción central
La Asamblea Legislativa Plurinacional deberá analizar el memorando de entendimiento del gobierno de Rodrigo Paz con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que contempla un severo programa de recortes e imposiciones financieras para acceder a un financiamiento externo por un monto de 1.900 millones de dólares.
El documento, que consta de 19 páginas, establece como meta central reducir el déficit fiscal del 9,1 % actual a un 3,8 % para el año 2028, imponiendo una hoja de ruta neoliberal fundada en la eliminación total de subsidios estatales, la liberalización absoluta de precios y el congelamiento de salarios en sectores clave de la administración pública.
Además, entre las medidas más drásticas acordadas con el organismo multinacional destaca la anulación definitiva de las subvenciones a los combustibles, fijada para enero de 2027, tras el antecedente del incremento del 100 % aplicado el año pasado.
Asimismo, el pacto estipula la eliminación paulatina de los subsidios a la energía eléctrica y el gas domiciliario, la suspensión de los controles de precios en la canasta básica y la liberación total de las exportaciones de alimentos, junto con la compra de divisas de bancos privados por parte del Banco Central, factor que impulsará una mayor devaluación de la moneda nacional y el encarecimiento generalizado del costo de vida.
Según analistas y sectores sociales, las exigencias del FMI trasladan todo el peso de la crisis hacia la clase media y los sectores más vulnerables de la población y lo único que provocará es una mayor pobreza de los sectores más humildes y de la clase media.
El congelamiento de los sueldos de sectores esenciales del Estado, afectará directamente a docentes, personal médico, efectivos policiales y miembros de las Fuerzas Armadas, sumado al incremento generalizado en las tasas de interés para créditos de consumo y vivienda.
Las autoridades del Ministerio de Economía aclararon que los condicionamientos “no son una imposición del Fondo Monetario, es un tema de la responsabilidad económica que nosotros estamos implementando desde que asumimos la gestión de gobierno”.
Sin embargo, el memorando compromete de forma expresa al Estado boliviano a coordinar directamente con los técnicos del FMI la fijación de la cotización del dólar y la eventual implementación de nuevos impuestos.
Con esta decisión, el Ejecutivo retrocede en la senda de soberanía económica e industrialización con justicia social construida en los últimos años, supeditando el desarrollo nacional a los viejos recetarios de ajuste estructural promovidos desde Washington.
Al respecto se pronunció el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma y en un mensaje de su cuenta X dijo: “El FMI impone políticas de saqueo y robo para empobrecer a los países que interviene, sus recetas nunca garantizan eliminar la pobreza. Con el pretexto de salvar la economía, solo generan más miseria y hambre.
¿Cómo puede pretender el gobierno que la Asamblea legisle contra su pueblo?”.
