Economía

La Paz, 3 de abril (El Nuevo Cambio).- El gobierno de Rodrigo Paz Pereira ya no sabe a quién echar la culpa por la compra y la venta de la “gasolina basura” que dejó miles de vehículos en mal estado, principalmente del servicio público, según coincidieron varios analistas, entrevistados por la televisión y radio. De acuerdo a los análisis, primero acudieron a culpar al anterior gobierno de Luis Arce Catacora, sin embargo, se dieron cuenta que desde esa época no podía mantenerse tanto la gasolina y el diésel en los depósitos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) sin haberse vendido, sobre todo cuando no había combustibles en el país. Luego se inventaron que fueron los mismos choferes de los camiones cisterna los que mezclaron la gasolina con agua sucia y aceite, sin tomar en cuenta que ambos productos no se pueden unir y que se necesitaría una enorme logística para ese extremo. Sin embargo, los transportistas de cisternas rechazaron esa acusación y advirtieron al gobierno con medidas, empero se cambió de discurso y esta vez se denunció que estaban implicados también algunos funcionarios de YPFB que se mantienen en el cargo desde la anterior gestión. Ahora, a través del viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, acusan al hijo del expresidente Luis Arce, Marcelo Arce Mosqueira, actualmente preso, de mantener vínculos con YPFB y  al exvicepresidente Álvaro García Linera y otros personajes con tener “resabios” en la institución petrolera y según la autoridad también tendrían que ver con la “gasolina basura”. “Esa empresa (YPFB) ha estado totalmente capturada por una red criminal, donde entre las personas que destacan está justamente el hijo del expresidente y otras personas, incluso resabios de la gestión de don García Linera, alguna gente que se quedó y de otras organizaciones criminales que se armaron con bastante tiempo”, dijo la autoridad. Para terminar, Paredes también acusó a su aliado, el expresidente de YPFB, Yussef Akly por la gasolina de mala calidad y afirmó que tiene una responsabilidad desde el momento que ha sido presidente de esa institución. Para los analistas, lo que hace el gobierno con sus acusaciones a todos sin ninguna prueba y acusación formal, sin detenidos y con muy poca seriedad es solo “una chacota”, porque no sabe como deslindar su responsabilidad sobre el grave problema.

La Paz, 20 de marzo (El Nuevo Cambio).- El diputado de Alianza Popular por el departamento de Santa Cruz, Rolando Pacheco, presentó una denuncia penal contra el gobierno y responsables, por la compra de la “gasolina basura”, con sobreprecio. La denuncia establece que los combustibles de mala calidad adquiridos por el gobierno tienen un 21 por ciento de goma, lo que generó daños y serios problemas a los motores de vehículos públicos y privados. “Hemos hecho la denuncia penal por contratos irregulares en el cual se compró diésel, gasolina, crudo con sobreprecio. Compraron gasolina basura, el mismo gobierno indicó que iba a resarcir los daños, que iba a comprar aditivos, entonces es autor confeso”, dijo el parlamentario. Pacheco dijo que los responsables de la adquisición de estos combustibles deben estar en la cárcel y de ninguna manera cumpliendo funciones en el gobierno, como si nada hubiera pasado en el país con el combustible de mala calidad. “Aquí estos diputados no nos estamos inventando, no estamos viniendo a hacer TikTok o a hacer show, estamos viniendo a buscar justicia para todos aquellos bolivianos que han sido perjudicados por esta gasolina basura”, afirmó. Pacheco, junto a su colega, Claudia Herbas, ambos de Alianza Popular, presentó como prueba un análisis de laboratorio realizado a una muestra de combustible de un camión cisterna que verificó la gasolina de mala calidad. “Aquí en mi mano tengo el informe de laboratorio que hemos realizado a una muestra de un cisterna que estaba en la planta Palmasola, que como verán claramente indica que tiene un 21% de goma. Este producto no se puede utilizar para los vehículos, causa daño, y no solamente le causa daño al motor, sino también hasta al chaperío y pintura”, dijo.

Tarija, 10 de marzo (El Nuevo Cambio).- Productores campesinos del departamento de Tarija realizaron un masivo “tractorazo” en las principales calles y avenidas de la capital, en rechazo a la intención del gobierno de Rodrigo Paz, de crear un ”impuestazo” del 5 por ciento a ese sector. Los dirigentes de los productores no solo rechazaron el impuesto, sino advirtieron con asumir una serie de medidas de presión, incluyendo un bloqueo de carreteras en todo el país, en coordinación con otras organizaciones nacionales. Los campesinos marcharon por calles y avenidas del centro de la capital tarijeña portando una serie de pancartas y gritando consignas contra las medidas económicas impulsadas por el presidente Rodrigo Paz. De acuerdo a los dirigentes de este sector, además del “impuestazo” anunciado por el ministro de Economía, existen otras disposiciones que también son atentatorias para el sector productivo campesino de todo el país.                          

Lauca Eñe, 7 de marzo (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, advirtió que el precio de los combustibles volverán a subir desde el mes de junio, en aplicación de los decretos supremos 5516 y 5517 y bajo el argumento del precio internacional del petróleo. En la misma línea, el vicepresidente nacional de operaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca, informó que el precio de los combustibles en Bolivia será revisado en junio, una vez concluya el periodo de congelamiento establecido por el Decreto Supremo 5516 de Bolivia. El exmandatario alertó sobre esa posibilidad en un mensaje de su cuenta X que afirma que los precios de la gasolina y del diésel volverán a subir en el mes de junio en aplicación de los Decretos Supremos 5516 y 5517 y bajo el argumento del precio internacional del petróleo”. “La gasolina podría costar 12 bolivianos y el diésel 15 bolivianos, y cuando se levante la subvención al Gas Licuado de Petróleo (GLP), también subiría el precio de una garrafa: de Bs. 25 a Bs. 100”, dijo el presidente Morales. “No busco alarmar, sino advertir lo que se viene. El pueblo debe prepararse. Vivimos bajo un gobierno que con decretazos solo favorece a ricos, a capitales privados y extranjeros. Y ahora, otra vez: ¡Gasolinazo, Dieselazo y Garrafazo contra los pobres!”, concluyó.

El Alto, 26 de febrero (El Nuevo Cambio).- El gobierno de Rodrigo Paz Pereira intenta cobrar un impuesto de alrededor 5 por ciento a los campesinos dedicados a la producción de verduras, tubérculos y otros emprendimientos. La denuncia la hizo la activista de El Alto, Guadalupe Daza quien explicó que el gobierno planificó el nuevo impuestazo a uno de los sectores más vulnerables y empobrecidos del país que se dedican todo el año a producir comida para la ciudadanía. Es un impuesto a los pequeños productores del área rural que no sólo producen en el campo sus verduras, papas, entre otros, sino venden sus productos en las ciudades y abastecen al sector gastronómico, dijo. Señaló que el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza Yáñez, todo suelto de palabra, con un absoluto desconocimiento del sacrificio de los productores del área rural, dijo que el impuesto estará incluido en el nuevo Régimen Tributario Especial. Daza explicó que el nuevo impuesto está dirigido a los contribuyentes con ventas anuales menores a 400.000 bolivianos, que establece un pago único sobre el ingreso bruto y busca promover la formalización mediante la emisión de facturas.

Santa Cruz, 19 de febrero (El Nuevo Cambio).- Al menos unas 700 cisternas  con “gasolina basura” se encuentran hace más de tres semanas en las puertas de la refinería de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) para descargar el producto. La gasolina llegó el pasado 25 de enero, y según informes extraoficiales, YPFB no sabe qué hacer con el combustible, toda vez que el mismo adquirieron de la Argentina para su venta en el territorio boliviano. Los transportistas de las cisternas denunciaron que permanecen varados desde el pasado 25 de enero del año en curso en las puertas de la Refinería de Palmasola, sin autorización para descargar gasolina importada. “El combustible no sirve totalmente, es malo, malo. Luego del escándalo por la mala calidad del combustible, ahora las filas ya no son para cargar gasolina, sino para descargar este carburante”, dijeron. Según los transportistas, todas las mañanas, tardes y noche, a diario, preguntan a la portería de la refinería cuando se autorizará su descarga, pero nunca se les da una respuesta clara, y YPFB considera que la gasolina es de mala calidad. Informes de los mismos choferes, señalan que la gasolina fue cargada el pasado 22 de enero en Zárate y que desde su llegada no se ha permitido la descarga. “Sabemos que esta gasolina viene desde allá y en mal estado. Es una gasolina sucia; cuando subimos a cargar le dije al fiscal boliviano: esta gasolina no huele a gasolina, huele a basura podrida. Es una gasolina café, no tiene color a gasolina”, declaró uno de los choferes. Explicó que si la gasolina no cumple los estándares, la alternativa sería devolver el combustible, pese a que —según los choferes— el pago ya se habría realizado para poder cargar en terminales de Argentina y Paraguay. “Estamos en la orilla del monte, junto a un canal; el agua y los zancudos están enfermando a la mayoría de los choferes. No tenemos ni ropa limpia”, dijeron al señalar que tienen información de que se traslada combustible desde Cochabamba y otras plantas para abastecer a Santa Cruz de la Sierra, en tanto no se defina el destino del cargamento observado.

Cochabamba, 18 de febrero (El Nuevo Cambio).- El presidente Rodrigo Paz Pereira endeudó a Bolivia en tiempo récord, se prestó de organismos internacionales en sólo tres meses de gestión, más que en los 14 años del gobierno de Evo Morales Ayma. Una publicación de prensa preguntó ¿dónde está todo el dinero que se prestó?, “porque los ciudadanos bolivianos, no observan que todos esos recursos económicos que supuestamente llegan a Bolivia mejoren la situación económica”. Asimismo, señala que la crisis en el país va en crecimiento, la canasta familiar sigue subiendo en algunos productos y otros ya no bajaron más, la eliminación de la subvención también a provocado serios problemas a las familias. La nota afirma que, en el gobierno de Evo Morales, en los 14 años, la deuda externa fue de 11 mil millones de dólares, sin embargo, en el gobierno de Rodrigo Paz, apenas en tres meses de gestión, llegó a los 14 mil millones de dólares.

Cochabamba, 11 de febrero (El Nuevo Cambio).- La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba advirtieron al gobierno que no permitirán la privatización de las empresas del Estado, menos de las plantas de Industralización del país. La advertencia fue una respuesta a la llegada de una comisión técnica de la estadounidense Corporación del Desafío del Milenio (MCC por sus siglas en inglés) a Bolivia para sostener reuniones con diferentes actores bolivianos vinculados al programa denominado Umbral. A través de esa comisión, Bolivia busca en Estados Unidos el apoyo de la MCC para impulsar políticas públicas y fomentar un crecimiento “sobre la base del sector privado”, según la Cancillería. El vicepresidente de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Dieter Mendoza, demandó al Gobierno a no privatizar las empresas estatales y evitar la entrega de nuestros recursos naturales a manos privadas y empresas transnacionales. Planteó que si el Estado no puede administrar las empresas estratégicas, estas sean transferidas a mancomunidades, alcaldías o dirigencias sindicales, no solo para su administración, sino la protección de los recursos de los bolivianos. Mendoza también advirtió que los campesinos de Cochabamba no permitirán, desde ningún punto de vista, la privatización o cierre de las plantas industrializadoras, las mismas que serán resguardadas en el trópico. Ante el rechazo de varias organizaciones sociales a la privatización de las empresas del estado, la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos (USTDA, en sus siglas en inglés), aclaró que, “como la primera entidad del gobierno estadounidense en el desarrollo de infraestructura en el extranjero, está comprometida a asociarse con Bolivia para desarrollar proyectos estratégicos en todo el país”.