2025

Un voraz incendio provoca desalojo masivo de una localidad argentina

Agencias Ráfagas de viento de más de 70 kilómetros por hora han sido claves para convertir en un infierno la ciudad argentina de Epuyén, en la provincia de Chubut, con un voraz incendio que provocó el desalojo de cientos de habitantes. Hasta el intendente de esa localidad, José Contreras, se vio obligado a dejar su domicilio por el avance de las llamas, que se han propagado en al menos tres frentes: en una zona de canteras, al frente del pueblo y cerca del lago Epuyén, precisaron medios locales. «Ya se evacuaron 200 viviendas, según nos informó el director de Defensa Civil del Municipio. El incendio está muy activo. Vamos a tener mucho viento hasta altas horas de la noche, por lo que es muy difícil de controlar. Están todos los recursos puestos», aseveró el miércoles el subsecretario de Protección Civil de Chubut, Eduardo Pérez, según refiere La Nación. Se prevé que este jueves el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, ofrezca una rueda de prensa para dar detalles del operativo de extinción del fuego y las medidas que se tomarán para atender a la población afectada. En redes sociales se han compartido impactantes imágenes que dan cuenta de la magnitud del incendio, que habría arrasado no solo el territorio sino también importante infraestructura, como una escuela de la zona. De momento se investigan las causas que provocaron las llamas, y algunos medios locales estiman que el incendio ha arrasado con al menos 100 hectáreas de bosque nativo.

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Presidenta de México rechaza aumento de aranceles anunciada por Trump

Agencias y RT La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, criticó este miércoles el plan comercial anunciado por el presidente electo de EE.UU., Donald Trump, que incluye el aumento de aranceles a las importaciones mexicanas y canadienses. «Vamos a tener diálogo con el Gobierno de EE.UU.», dijo la mandataria durante una rueda de prensa en la que mostró su desacuerdo por las medidas anunciadas por el republicano.  Sin embargo, explicó que las sanciones arancelarias no tienen sentido porque el tratado comercial entre México, EE.UU. y Canadá, conocido como T-MEC, ha beneficiado mucho en particular a ese país en materia de empleo y producción. «Nos complementamos y en esta región, en la medida en que sigamos juntos, podremos competir mejor con otras ciudades del mundo y el objetivo es ampliarlo a otros países de América Latina», dijo. También confió en que ya habrá tiempo de hablar personalmente con el equipo de Trump en cuanto su gabinete sea ratificado, y con el presidente electo en cuanto asuma el próximo 20 de enero. Por otra parte, Sheinbaum subrayó que tampoco está de acuerdo en la propuesta migratoria de Trump que se basa en amenazas de deportaciones masivas. «Por eso defendemos el trabajo de las y los mexicanos en EE.UU. que aportan a la economía mexicana, pero aportan más a la economía de EE.UU.», dijo. En caso de que las deportaciones ocurran, agregó, su Gobierno ya está preparado, aunque prefirió no anticipar las medidas que tomará para proteger a los connacionales que eventualmente sean expulsados.

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Milei deja sin trabajo a 1.400 trabajadores del Ministerio de Salud y hospitales

Telesur El Gobierno de Javier Milei continúa con los destrozos en el país: 1.400 trabajadores fueron despedidos en el Ministerio de Salud y hospitales públicos de la nación. A través de un comunicado el Gobierno de Argentina avaló el despido de los 1.400 trabajadores del Ministerio de Salud y hospitales públicos de todo el país por un “proceso de reestructuración” en el sector sanitario. En este sentido, el ministerio que tiene como su máxima autoridad a Mario Lugones refirió que la medida responde a una “optimización de los recursos humanos”, mientras alega la supuesta “identificación de irregularidades” en la contratación de personal durante la gestión anterior. Entre los espacios donde no se renovarán los contratos se encuentran el Ministerio de Salud, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), centros de salud como el Hospital Español, Hospital Bonaparte, Hospital Sommer, Hospital Posadas, Hospital René Favaloro, el Instituto Nacional del Cáncer, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (Sedronar), entre otras instituciones. La decisión se suma al recorte del 30 por ciento de “cargos políticos” realizado durante los primeros días del año. Entre tanto, el Hospital Sommer, quien se especializa en rehabilitación y cuidados paliativos de pacientes adultos y en la prevención de la enfermedad de Hansen (lepra), comenzó el año con 150 despidos y se esperan más para los meses de febrero y marzo de acuerdo a medios locales. “Ante los anuncios de despidos del Gobierno Nacional informamos a la comunidad que lxs trabajadores del Hospital Bonaparte nos encontramos en alerta permanente”, difundió el personal del hospital de salud. Por otra parte, los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y del Centro Cultural Haroldo Conti, que funciona en el ámbito del predio de la Ex Escuela de Mecánica de la Armada (Esma), lanzaron una campaña internacional para alertar sobre los despidos y recortes presupuestarios dispuestos por el Gobierno en los espacios de la Memoria. De acuerdo a la plataforma Tiempo argentino, “se trata de una acción que concitó la adhesión de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos de varios países que le solicitan al secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y al ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, “preocupación” por lo que se considera como “una arremetida” contra políticas que el país siguió durante dos décadas con el propósito de reparar y sancionar los delitos de lesa humanidad que se cometieron en los años ’70 y que han sido un ejemplo para el mundo”.

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Cuba propone a EE.UU. tratar asuntos bilaterales sin condiciones

Prensa Latina La Habana, 16 ene (Prensa Latina).- El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, reiteró hoy en esta capital que el Gobierno del país antillano está dispuesto a tratar asuntos bilaterales con su par de Estados Unidos, sin condicionamientos.  Durante una comparecencia pública desde la sede de la Cancillería, aseguró que, a pesar de las diferencias entre ambos Estados, las autoridades de la isla tienen la voluntad de desarrollar una relación de respeto con la administración de esa nación.  «El gobierno de Cuba, de manera histórica y persistente, ha propuesto al gobierno de Estados Unidos mantener un diálogo respetuoso, responsable, sobre bases de igualdad soberana, beneficio recíproco, respeto mutuo, sin injerencias en los asuntos internos de nuestros países», comentó.  Lo ha hecho de manera pública, respetuosa y reiterada por los presidentes Fidel Castro, Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel, y también de manera privada, subrayó.  «Debo reiterar, señaló, que el Gobierno de Cuba ha tenido siempre, tiene hoy, tendrá mañana y tendrá la semana que viene y en el futuro toda la voluntad de trabajar a favor de relaciones civilizadas en beneficio de nuestros pueblos».  En su alocución, el Canciller expuso la posición gubernamental acerca de las medidas anunciadas la víspera por la administración de Joseph Biden, las cuales consideró una consecuencia del fracaso de la agresiva política de la Casa Blanca contra La Habana.  Según opinó, Estados Unidos excluyó a Cuba de la Lista de Países Patrocinadores del Terrorismo y adoptó otras dos medidas que supuestamente disminuyen su hostilidad, porque fracasó su plan de hundir la economía y derrocar al Gobierno legítimamente establecido aquí.  Rodríguez consideró que el bloqueo norteamericano provoca graves perjuicios económicos y daños humanitarios, pero «no ha ocurrido ni el colapso de la economía, ni el derrocamiento del Gobierno».  Para el jefe de la diplomacia cubana, «el Gobierno de Estados Unidos ha tomado estas decisiones a partir del reconocimiento de que la política que aplicó hacia Cuba es obsoleta».  Es el reconocimiento de que le provoca un gravísimo aislamiento, descrédito y que daña instrumentos que supuestamente necesita para cumplir determinados objetivos de su agenda internacional, afirmó.  Y precisamente ocurre, argumentó, por «el apoyo del pueblo cubano a la Revolución y al orden constitucional que, de manera soberana y en ejercicio de libre determinación, se dio a sí mismo».  Estas medidas son reversibles, subrayó, e insistió en que no deberán someterse a los vaivenes de los gobiernos o a los caprichos de las políticas domésticas y competencias electorales.  Si viniera otro presidente y volviera a incluir a Cuba en la lista, habría que preguntarse cuáles son las razones y quedaría en entredicho la credibilidad del gobierno estadounidense, manifestó.  De acuerdo con el ministro, excluir a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, impedir acciones en tribunales estadounidenses ante demandas judiciales y eliminar el listado de entidades cubanas restringidas, son «medidas serias, importantes, en la dirección correcta, pero muy limitadas y muy tardías».  Por otra parte, resaltó que permanecen vigentes el bloqueo económico y decenas de sanciones norteamericanas, con efectos extraterritoriales, que violan los derechos de los cubanos.  Cuba seguirá enfrentando y denunciando esa guerra económica, la injerencia y las operaciones de desinformación acerca de su realidad, de igual modo que permanecerá dispuesta a desarrollar una relación de respeto con ese país, acotó.

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Israel y Hamas logran acuerdo de alto al fuego, intercambiarán rehenes y presos

Rusia Today Después de 15 meses de hostilidades en la Franja de Gaza, Israel y Hamás han alcanzado un acuerdo de alto el fuego, según lo anunciaron este miércoles los mediadores. El primer ministro catarí, el jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ha adelantado en rueda de prensa que el cese al fuego entrará en vigor el domingo 19 de enero. La primera fase del acuerdo durará 42 días. En el marco de esta etapa, Hamás acordó liberar a 33 rehenes israelíes a cambio de presos palestinos que permanecen recluidos en Israel. Catar y Egipto trabajarán para garantizar el cumplimiento del acuerdo, aseguró Al Thani. Por su parte, el presidente estadounidense, Joe Biden, puntualizó que la primera fase de la tregua prevé «un alto el fuego total y completo, la retirada de las tropas israelíes de todas las zonas pobladas de Gaza y la liberación de una serie de rehenes retenidos por Hamás, incluidas mujeres, ancianos y heridos». Israel, a su vez, liberará a «centenares de presos palestinos» y también se facilitará el ingreso de la ayuda humanitaria en el enclave, indicó el presidente saliente de Estados Unidos. «Hay una serie de cuestiones por negociar para pasar de la primera a la segunda fase, pero el plan dice que si las negociaciones duran más de seis semanas, el alto el fuego seguirá en curso mientras continúen las negociaciones», aclaró Biden, indicando que «durante las próximas seis semanas, Israel negociará los acuerdos necesarios para llegar a la segunda fase, que -recalcó- es el fin permanente de la guerra». La segunda fase contempla el canje del resto de rehenes que sigan con vida, incluidos soldados varones, y la retirada de todos los militares israelíes que permanezcan en Gaza para entonces. En caso de desarrollarse una potencial tercera fase del acuerdo, se centrará en devolver a los familiares los restos de los rehenes asesinados y en poner en marcha un plan de reconstrucción del enclave palestino, agregó el mandatario estadounidense. Hamás celebró el pacto alcanzado con Israel, que calificó de «logro» para el pueblo palestino y de «hito en el conflicto con el enemigo». «Este acuerdo está impulsado por nuestra responsabilidad hacia nuestro resistente pueblo en la Franja de Gaza para detener la agresión sionista contra él y poner fin al baño de sangre, las masacres y la guerra genocida a la que está siendo sometido», anunció en un comunicado. El movimiento palestino también expresó su agradecimiento a quienes respaldaron a los gazatíes «a nivel árabe, islámico e internacional» y que contribuyeron a «exponer la ocupación y detener la agresión». «Extendemos un agradecimiento especial a los hermanos mediadores que realizaron grandes esfuerzos para alcanzar este acuerdo, especialmente Catar y Egipto», indicó Hamás.

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Expresidente pide investigar a “peces gordos” de la corrupción que siguen en el gobierno

Villa Tunari, 16 de enero (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, demandó hoy, en su cuenta X, que debe investigarse a los “peces gordos”  de la corrupción que siguen en varios ministerios del gobierno de Luis Arce Catacora. El mensaje señala: “La viceministra de Transparencia dice que el presidente instruyó: “Cero tolerancia a la corrupción”. Por lo tanto: Que se investigue y se envíe a la justicia a los peces gordos de la corrupción que pasean por varios ministerios. Que se investigue a la familia presidencial: de dónde tiene grandes cantidades de dinero para comprar haciendas y hacer decenas de viajes al exterior. Que se ponga fin al escandaloso cuoteo y nepotismo de ministros, dirigentes prebendales y asesores del gobierno. Que los ministros dejen de ser protegidos por los magistrados de facto del TCP y vayan a la Asamblea Legislativa a presentar informes y sean interpelados y censurados, tal como manda la Constitución. Pido a los funcionarios públicos -a los que les arrancan gran parte de su sueldo como aportes- desenmascaren a los corruptos del gobierno de Arce y Choquehuanca. Casos irresueltos El gobierno, a pesar de las denuncias de asambleístas y en algunos casos de medios de comunicación, principalmente alternativos, no investigó las irregularidades que se presentaron en el gobierno, en los últimos cuatro años. De acuerdo a informes de estos medios, quedaron en la nada las denuncias contra los hijos del presidente Luis Arce Catacora, que nunca revelaron de dónde obtuvieron recursos económicos, millones de dólares, para la compra de tierras y viajes, entre otros. También el caso ABC y una supuesta coima millonaria que involucra al ministro Edgar Montaño por la vía Sucre – Yamparáez en el que el testigo protegido apareció muerto. Asimismo, la media tonelada de droga en aviones de BOA que involucran al ministro Eduardo Del Castillo y al gerente de la empresa Ronald Casso, el supuesto negociado del litio y compra de tierras. Además, nunca se investigó el intento de magnicidio contra el expresidente Morales, la muerte del interventor del Banco Fassil, la compra de combustible con sobreprecio en la gestión de Armin Dorgathen y la pauta publicitaria injustificada y discrecional a medios de comunicación y a periodistas por parte del Ministerio de la Presidencia.

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Presidente destituido de Corea del Sur arrestado por insurrección y abuso de poder

BBC News El destituido presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, fue arrestado por las autoridades del país asiático en la mañana de este miércoles luego de varias horas de tensión en los alrededores de su residencia. Yoon, quien está siendo investigado por insurrección y abuso de poder, es el primer presidente surcoreano en la historia en ser detenido durante su mandato. Su destitución aún debe ser confirmada por la Corte Consitucional surcoreana. La operación para detenerlo se extendió durante casi seis horas, desde las 4:20 am (hora local) hasta pasadas las 10:00 am. Los más de 1.000 agentes que llegaron a la residencia presidencial fueron recibidos por multitudes tanto a favor como en contra de Yoon, y tuvieron que superar varias barreras en su camino hacia la puerta de la residencia del mandatario. Este era el segundo intento de arrestar al presidente destituido. El 3 de enero, más de 150 agentes de policía intentaron arrestarlo durante horas, pero fueron superados en número, primero por una multitud de seguidores del presidente, y luego por un muro humano de escoltas presidenciales dentro de la propiedad. Yoon puede permanecer detenido hasta 48 horas, después de lo cual los investigadores tendrán que solicitar otra orden para acusarlo formalmente y que permanezca retenido. Una operación difícil La operación que terminó con el arresto del mandatario surcoreano no fue una tarea sencilla. Según reseñaron los medios locales, los uniformados que participaron en el procedimiento tuvieron que utilizar escaleras y cortadores de alambre en el frío glacial para llegar a Yoon, cuyos escoltas habían erigido barricadas para frustrar cualquier posible detención. Unos agentes treparon por los vehículos estacionados en los alrededores de la residencia presidencial, mientras que otros accedieron al recinto a través de una ruta de senderismo cercana. Yoon Suk-yeol fue destituido por el Parlamento el 14 de diciembre, después de que diez días antes declarara brevemente la ley marcial en el país y desatara una caótica jornada en Seúl. Pese a haberse disculpado por sus acciones, tras una votación de los legisladores, fue despojado formalmente de sus poderes y quedó a la espera de un juicio. Sin embargo, Yoon había permanecido hasta este miércoles refugiado en la residencia presidencial, protegido por la guardia presidencial, y se había negado a cooperar con las autoridades, ignorando todas las citaciones para ser interrogado. Este lunes comenzó el juicio de destitución en su contra en la Corte Constitucional, pero terminó a los cuatro minutos, porque Yoon no estaba presente. Por ello, los fiscales habían expresado que no les quedaba más remedio que detenerlo. Tras consumarse la detención este miércoles, se hizo pública una declaración en video del político, de 64 años, en la que aseguró que aceptó comparecer ante la Oficina de Investigación de la Corrupción (CIO, por sus siglas en inglés), a pesar de que considera que se está llevando a cabo una «investigación ilegal» en su contra. En la grabación, de 3 minutos de duración, el mandatario afirmó que lo hace para evitar «cualquier desagradable derramamiento de sangre». Los seguidores de Yoon permanecieron fuera de la residencia presidencial a lo largo de la mañana del miércoles expresando su apoyo al presidente destituido y tratando de evitar su arresto. Se espera que Yoon permanezca detenido en una prisión ubicada en Uiwang, provincia de Gyeonggi, aproximadamente a 5 kilómetros de la oficina del CIO. Quién es Yoon y por qué lo arrestaron Yoon, un fiscal estrella convertido en político, llegó al poder en 2022 tras ganar popularidad entre los votantes conservadores gracias a una plataforma antifeminista y una postura de línea dura respecto a Corea del Norte. Pero tras acceder a la presidencia, se vio envuelto en escándalos personales y enfrentó a una oposición cada vez más poderosa. Mientras se acumulaban sus problemas políticos, Yoon declaró brevemente la ley marcial el 3 de diciembre, con lo cual sumió a Corea del Sur, un país con una democracia estable desde hace 40 años, en el caos político. Su apuesta resultó ser un fracaso, que desembocó en su destitución por parte del Parlamento e investigaciones penales. Desde que fuera despojado de sus poderes, Yoon se ha resistido a los intentos arrestarlo, lo que ha sumido al país en una mayor agitación política. Aunque está suspendido, Yoon permanecerá en el cargo hasta que la Corte Constitucional de Corea del Sur confirme su destitución. Cuando Yoon hizo su breve declaración de ley marcial en diciembre, citó amenazas de «fuerzas antiestatales» y de Corea del Norte para justificar medida.

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Cuba liberará a 553 presos, luego de un acuerdo con el Vaticano

El País El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, aseguró este martes que su Gobierno liberará a 553 presos tras las conversaciones que ha sostenido con el Vaticano. El anuncio se produce pocas horas después de que el Gobierno de Joe Biden diera a conocer que eliminará a Cuba de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, en la que aparece junto a países como Corea del Norte, Irán y Siria. La noticia del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) no hace, sin embargo, mención a que la excarcelación de los presos tenga un vínculo directo con la decisión que hace la Administración demócrata a solo seis días de que Biden abandone la Casa Blanca. Durante los primeros días de enero, según la nota oficial, Miguel Díaz-Canel dirigió una carta al papa Francisco, en la que comunicó “la decisión de beneficiar con el otorgamiento de libertad a 553 personas sancionadas en debido proceso por delitos diversos contemplados en la ley”. Aunque no especificaron si entre los excarcelados estarán los presos políticos, muchos de ellos detenidos durante las protestas masivas de julio de 2021, el Gobierno cubano aclara que las liberaciones se realizarán “sobre la base de un análisis cuidadoso a partir de las distintas modalidades que contempla la legislación, y como parte de la naturaleza justa y humanitaria de los sistemas penal y penitenciario de Cuba”. También aseguraron que “estas personas recibirán sus respectivos beneficios gradualmente” y recordaron que, entre los años 2023 y 2024, el Gobierno ha puesto en libertad a más de 10.000 personas sancionadas “con distintas modalidades de beneficio previstas en la ley”. No es la primera vez que el Gobierno cubano anuncia la liberación de miles de reclusos tras negociaciones en las que media El Vaticano. Cuando Juan Pablo II visitó la isla en 1998, Fidel Castro excarceló a unas 200 personas. En 2003, 75 disidentes detenidos durante la cacería conocida como La Primavera Negra fueron puestos en libertad tras conversaciones con Roma. En vísperas de la visita de Benedicto XVI en 2011 a Cuba fueron liberados miles de prisioneros, y cerca de 3500 ante la llegada del Papa Francisco en 2015. Aunque la información del Minrex se despega del anuncio de la Casa Blanca, e incluso hace hincapié en que esta decisión llega amparada en “el espíritu del Jubileo Ordinario de 2025 declarado por Su Santidad”, Díaz-Canel agradeció en la red social X “a todos los que contribuyeron a la decisión anunciada hoy por Estados Unidos de excluir a Cuba de la lista de estados patrocinadores del terrorismo en la que nunca debió estar”. El mandatario cubano, quien cataloga la decisión del estadounidense como “correcta”, insiste en que tiene un “alcance limitado”, mientras no eliminen el embargo económico y las restricciones que Donald Trump decretó en 2017 y que frenaron el restablecimiento de relaciones impulsado por Barack Obama. Al anunciar su decisión de sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo, la Casa Blanca adelantaba que era posible que el país caribeño liberara “muchas decenas” de presos políticos y dijo que Estados Unidos flexibilizará ciertas presiones económicas sobre la isla.

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Trump hubiera sido condenado en EE.UU. si no hubiera sido reelegido

BBC News Mike Wendling y James FitzGerald El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, habría sido condenado por intentar anular ilegalmente el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, que perdió, si no hubiera sido reelegido con éxito en 2024, afirmó el hombre que dirigió las investigaciones del gobierno estadounidense. Las pruebas contra Trump fueron «suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio», escribió el fiscal especial Jack Smith en un informe divulgado parcialmente. Trump respondió diciendo que Smith estaba «trastornado» y que sus hallazgos eran «falsos». El presidente electo fue acusado de presionar a funcionarios para revertir el resultado electoral de 2020, difundir deliberadamente mentiras sobre fraude electoral, y tratar de explotar los disturbios en el Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021. Trump negó las acusaciones. Trump, que era presidente en el momento de los presuntos crímenes, pasó cuatro años fuera del cargo, pero fue reelegido con éxito para la Casa Blanca en noviembre. Regresará a la presidencia el 20 de enero. Después de su éxito en la votación de 2024, las diversas cuestiones legales con las que había estado luchando se han evaporado en gran medida. El caso sobre interferencia electoral ahora fue desestimado. Smith dice en el informe que «respalda plenamente» los méritos de presentar la acusación y defiende la solidez del caso. El fiscal especial continuó diciendo que fue sólo el hecho de que la Constitución de Estados Unidos prohíbe el procesamiento de un presidente en ejercicio lo que puso fin al caso. «Pero para la elección del señor Trump (en 2024) y su inminente regreso a la presidencia, la oficina evaluó que las pruebas admisibles eran suficientes para obtener y mantener una condena en el juicio». Parte del material del informe de Smith ya se conocía gracias a una presentación pública en octubre, que daba detalles de los supuestos esfuerzos de Trump para revertir su derrota. Pero el informe, que fue presentado por el Departamento de Justicia (DoJ por sus siglas en inglés) al Congreso, brinda más detalles sobre por qué Smith siguió adelante con el caso y finalmente lo cerró. • Justifica el caso contra Trump acusándolo de «esfuerzos sin precedentes para retener ilegalmente el poder» mediante «amenazas y fomento de la violencia contra sus supuestos opositores». • Los «esfuerzos criminales» de Trump incluyeron acusaciones de fraude electoral que él sabía que eran falsas, agrega. • El informe detalla los «desafíos importantes» que enfrentaron los investigadores, incluido el uso de redes sociales por parte de Trump para atacar a testigos, tribunales y empleados del Departamento de Justicia. • Al negar que el caso tuviera motivaciones políticas, Smith dice: «La afirmación del señor Trump de que mis decisiones como fiscal fueron influenciadas o dirigidas por la administración (del presidente Joe) Biden u otros actores políticos es, en una palabra, ridícula». • Smith reflexiona además en una carta adjunta: «Aunque no pudimos llevar a juicio los casos que imputamos, creo que el hecho de que nuestro equipo defendiera el estado de derecho es importante». El documento de 137 páginas fue enviado al Congreso después de la medianoche del martes, tras un período de tira y afloje legal que culminó con una jueza allanando el camino para la publicación de la primera parte del informe de Smith. La jueza, Aileen Cannon, también ordenó realizar una audiencia a finales de semana para decidir si se debe publicar la segunda parte del informe, que se centra en acusaciones separadas de que Trump guardó ilegalmente documentos gubernamentales clasificados en su casa en Florida. En una publicación en su sitio web Truth Social, Trump mantuvo su inocencia, burlándose de Smith al escribir que el fiscal «no pudo hacer que su caso fuera juzgado antes de las elecciones, que gané de manera aplastante». Smith fue designado en 2022 para supervisar las investigaciones del gobierno estadounidense sobre Trump. El Departamento de Justicia elige fiscales especiales en los casos en que existe un posible conflicto de intereses. En el caso sobre interferencia electoral, Trump fue acusado de conspirar para anular el resultado de los comicios de 2020, que perdió ante Joe Biden. Tanto este caso como el de documentos clasificados resultaron en cargos penales contra Trump, quien se declaró inocente y trató de presentar los procesamientos como motivados políticamente. Pero Smith cerró los casos después de la elección de Trump en noviembre, de acuerdo con las regulaciones del Departamento de Justicia que prohíben el procesamiento de un presidente en ejercicio. El informe explica: «La opinión del departamento de que la Constitución (de EE.UU.) prohíbe continuar acusando y enjuiciando a un presidente es categórica y no gira en torno a la gravedad de los crímenes de los que se le acusa, la solidez de las pruebas del gobierno o los méritos de la acusación, algo que la oficina respalda plenamente”. Agrega que los fiscales se encontraron en una encrucijada: «Los resultados electorales (de 2024) plantearon por primera vez la cuestión del procedimiento legal cuando un ciudadano privado que ya ha sido acusado es elegido presidente». La publicación del martes se produce después de un período de idas y venidas legales, durante el cual la jueza Cannon suspendió temporalmente la publicación del informe completo de Smith por temor a que pudiera afectar los procedimientos contra dos asociados de Trump acusados junto a él en el caso de documentos clasificados. Walt Nauta, asistente personal de Trump, y Carlos De Oliveira, administrador de su propiedad Mar-a-Lago, están acusados de ayudar a Trump a ocultar los documentos. A diferencia del caso de Trump, los suyos aún están pendientes y sus abogados argumentaron que la publicación del informe podría influir en un jurado y un juicio futuros.

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Juez dispone que “sitios de memoria” en Argentina permanezcan abiertos

Página 12 Se trata de un fallo del juez Ariel Lijo ante una presentación de Victoria Montenegro. En la resolución se establece que el Estado debe garantizar una dotación de personal capacitado para que se continúen con las tareas de transmisión de lo ocurrido durante la dictadura. No hay motosierra que importe ni negacionismo que se imponga: los sitios de memoria deberán permanecer abiertos y en funcionamiento. Así lo resolvió el juez federal Ariel Lijo ante una presentación que hizo la legisladora porteña VictoriaMontenegro, quien le advirtió que la ola de despidos que viene ejecutando el gobierno nacional en la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pone en serio peligro la sostenibilidad de los lugares que deben transmitir la memoriade lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado. “Se logró un pronunciamiento de la justicia en un contexto en el que el ministro de Justicia no cesa en sus ataques contra los organismos de derechos humanos, despide trabajadores y desmantela la Secretaría de Derechos Humanos”, le dijo Montenegro a Página/12. “Frente a tanta obscenidad del gobierno nacional, hay que celebrar que se consiguió un posicionamiento de los tribunales”, añadió. La semana pasada, Montenegro hizo una presentación ante Lijo, que está a cargo de la megacausa sobre los crímenes cometidos en laEscuela de Mecánica de la Armada (ESMA), en la que señalaba que los sitios de memoria de la Ciudad de Buenos Aires estaban siendo vaciados por decisión del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños. En territorio porteño, son cinco los espacios de memoria que tienen relación directa con el gobierno nacional: son los lugares donde funcionaron los campos de concentración de la ESMA, el Olimpo, Club Atlético, Automotores Orletti y Virrey Cevallos. Este último, ubicado en el barrio de Monserrat, está en riesgo inminente de cierre porque, según denuncian desde el gremio, se quedó sin trabajadores. Este martes, Lijo firmó dos resoluciones en las que le ordena a la Secretaría de Derechos Humanos que arbitre todas las medidas necesarias para que haya una dotación de “personal capacitado” para que permanezcan en funcionamiento y abiertos al público los cinco sitios de memoria. La alusión al personal capacitado es importante, ya que significa que se debe resguardar a quienes se formaron para trabajar en esos lugares durante años. Lijo, además, dispuso que se hagantareas de mantenimiento, conservación, preservación del edificio y limpieza diaria –algo que no existe en la gestión de La Libertad Avanza (LLA), ya que muchas veces son los trabajadores que sobrevivieron a los despidos anteriores los que deben llegar a baldear antes de una visita. La resolución del juezfue muy precisa para que la Secretaría de Derechos Humanos no pueda incurrir en incumplimientos. Llegó a decirle a Baños que debe hacer que limpien los techos y las canaletas de los edificios para que no se inunden y se produzcan daños. Además, le requirió que fumiguen los espacios. En otro punto, Lijo sostuvo que deberán preservarse los acervos y los archivos que se han generado hasta la fecha. En esa misma línea, reclamó que “se continúen llevando adelante las tareas de investigación y coordinación pedagógicas”. Algunos de los sitios perdieron la mitad de su personal. Otros, como Olimpo, calculan que quedaron reducidos a una tercera parte. Como correlato, se perdió a quienes hacían investigación, coordinaban visitas con las escuelas o trabajaban con el barrio, a quienes se ocupaban de la conservación. La situación de los sitios es crítica, como había señalado Montenegro en su presentación. En su escrito, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura había advertido que el secretario de Derechos Humanos estaba incumpliendo con la ley de Sitios (26.691), que establece que los excentros clandestinos de detención, tortura y exterminio (CCDTyE) deben ser preservados no solo como prueba judicial sino también para la transmisión de la memoria de lo sucedido durante los años del terrorismo de Estado. La resolución de Lijo fue celebrada, además, por los delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en la Secretaría de Derechos Humanos. No es un dato menor quién le está diciendo al gobierno de Javier Milei que debe ponerle un freno a la destrucción de las políticas de memoria: se trata de uno de sus candidatos a la Corte Suprema, el que más cerca está de llegar al cuarto piso del Palacio de Talcahuano. Lijo ya había tenido algún que otro encontronazo con Baños. La semana pasada, el juez le pidió informes al secretario de Derechos Humanos después de que el abogado querellante Pablo Llonto solicitara que se dicte una medida de no innovar para evitar que el gobierno ponga en riesgo la documentación en poder delArchivo Nacional de la Memoria (ANM), donde se conserva, entre otros fondos, el de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep).  Baños le respondió que no había riesgo en el ANM ni el Registro Unificado de Víctimas del Terrorismo de Estado (RUVTE) –al que rebautizó como Registro Único de Víctimas de Terrorismo y Estado (SIC)– más allá de las “interesadas y amañadas versiones periodísticas”.

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