Telesur La respuesta del gobierno de Donald Trump a las manifestaciones contra las redadas migratorias ha dejado un saldo de más de 600 personas arrestadas en apenas tres días, en lo que ya constituye una de las mayores oleadas represivas contra la protesta social en Estados Unidos en la última década. Las cifras son contundentes: 378 detenidos en Los Ángeles, más de 190 arrestos confirmados en otras ciudades de California, y 86 manifestantes capturados en Nueva York, todos en el marco de acciones ciudadanas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la militarización impuesta desde Washington. En Los Ángeles, epicentro de las protestas y de la represión, la jornada del martes culminó con docenas de arrestos durante la primera noche bajo toque de queda, medida decretada por la alcaldesa Karen Bass tras una serie de acciones policiales contra quienes exigían el respeto a los derechos de los migrantes. Las manifestaciones comenzaron el 7 de junio, luego de una redada masiva de ICE en el centro de la ciudad, y rápidamente se intensificaron con la presencia de tropas federales, enviadas sin autorización del gobernador del estado de California: 2.000 efectivos de la Guardia Nacional (que luego se duplicaron) y 700 marines del Pentágono. Las protestas del martes se concentraron en el centro cívico de Los Ángeles, alrededor del Ayuntamiento y edificios federales donde operan agencias de inmigración. Según reportes de cadenas estadounidenses, los arrestos continuaron entrada la madrugada del miércoles. Agentes lanzaron gases lacrimógenos, dispararon balas de goma y realizaron arrestos selectivos, en operativos que dejaron decenas de personas heridas. La alcaldesa Bass afirmó que el toque de queda buscaba controlar a “actores violentos que no apoyan realmente a la comunidad migrante”, pero organizaciones civiles denuncian un uso excesivo de la fuerza y criminalización generalizada de la protesta. New York se solidariza: la Administración reprime En paralelo, Nueva York vivió su jornada más tensa desde el inicio de la ofensiva migratoria. Unas 86 personas fueron arrestadas el martes en el Bajo Manhattan durante protestas frente a la sede de ICE en 26 Federal Plaza y Foley Square. De ese total, 34 fueron acusadas de delitos graves como agresión a oficiales, resistencia al arresto y obstrucción de funciones públicas, mientras que otras 52 recibieron citaciones judiciales. La policía reportó que algunos manifestantes lanzaron objetos a los agentes, mientras que los federales respondieron con gas lacrimógeno cerca de las calles Chambers y Church. La fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, confirmó este miércoles que los arrestos continuarán y que quienes hayan agredido a funcionarios serán perseguidos con todo el peso de la ley. «Vamos a aplicar la Ley Hobbs para procesar por robo a todos los implicados en saqueos«, afirmó en una entrevista televisiva, asegurando que más detenciones están en camino mientras criminalizaba a todos los manifestantes. Las declaraciones han sido interpretadas como una advertencia abierta a quienes participen en futuras protestas. El presidente Trump defendió la operación afirmando que, gracias al despliegue federal, “evitamos que Los Ángeles se incendiara”. Pero su decisión de enviar tropas sin consultar a los gobiernos locales ha sido calificada por el gobernador de California, Gavin Newsom, como una violación a la autonomía estatal. Newsom denunció que Trump está “usando el caos como una herramienta política” y presentó una demanda de emergencia para frenar la militarización de la ciudad. “Es ilegal e inmoral”, sostuvo el mandatario estatal. La oleada de arrestos masivos se ha extendido más allá de California y Nueva York. Se reportan manifestaciones en ciudades como Atlanta y Burlington, con llamados nacionales a movilizaciones bajo consignas como “Fuera ICE” y “Paren las deportaciones”. Cabe destacar que de acuerdo con la Constitución norteamericana, el envío de la Guardia Nacional para reprimir protestas, mayormente pacíficas, se considera un atropello y una muestra de autoritarismo. Ello debido a que la Guardia Nacional solo puede intervenir bajo órdenes presidenciales en escenarios de rebelión o guerra. Sin embargo de no ser así, los efectivos operarán bajo las órdenes directas de las autoridades locales del Estado. Es necesario recordar que el gobernador californiano en ningún momento convocó a la Guardia Nacional, ni a ninguna otra rama militar, de hecho, antes de la intervención de Washington, salvo por algunos incidentes aislados, las protestas se estaban realizando de forma pacífica y ordenada.
