2025

Telesur La Justicia de Colombia condenó, este miércoles, a siete años de privación de libertad al menor que asesinó al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien recibió un brutal ataque a tiros en medio de una alocución en público. Así lo precisó mediante un comunicado oficial la Fiscalía de ese país sudamericano, donde subrayó que por el hecho “el menor de edad deberá permanecer siete años privado de libertad en un centro de atención especializada”. El asesino, cuya identificación se mantiene bajo anonimato por su condición de menor de edad (15 años), fue capturado el pasado 7 de agosto poco tiempo después de llevar a cabo el magnicidio. Los hechos, como se hace mención anteriormente, ocurrieron en un acto público, ante decenas de asistentes y pese a contar con escoltas, el joven se aproximó por la espalda al político y le disparó múltiples veces. El ataque quedó registrado en un video que posteriormente circuló en medios de prensa y redes sociales. En las imágenes se muestra cómo el agresor abre fuego y Uribe Turbay cae al suelo desplomado. Tras ello, los escoltas reaccionaron de inmediato: lo trasladaron de urgencia a la clínica Fundación Santa Fe de Bogotá, mientras otros agentes persiguieron al atacante. Tras una breve persecución, la policía le disparó en una pierna y lo capturó en el sitio del atentado. ¿Por qué siete años de pena ante tan grave hecho? En Colombia, la legislación establece un trato diferenciado para los menores de edad que cometen delitos graves, como el magnicidio, en comparación con los adultos. Este enfoque se fundamenta en el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006) y el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA), que priorizan la protección, la reeducación y la justicia restaurativa sobre el castigo punitivo. Según la Constitución Política de Colombia (Art. 44) y la Convención sobre los Derechos del Niño, los menores son sujetos de especial protección, lo que implica que su desarrollo psicosocial y capacidad de discernimiento deben ser considerados al momento de juzgar sus actos. Los menores de 14 años son inimputables, según el Artículo 142 de la Ley 1098 de 2006, y no enfrentan procesos penales. En caso de cometer un delito como el magnicidio, se les aplican medidas de protección y restablecimiento de derechos bajo la supervisión del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), enfocadas en su educación y reintegración social. Para adolescentes entre 14 y 18 años, el SRPA establece sanciones específicas, como amonestaciones, servicios comunitarios o privación de libertad en centros especializados, con una duración máxima de 8 años, incluso para delitos graves como el magnicidio (Art. 187, Ley 1098 de 2006, modificado por Ley 1453 de 2011) Esto contrasta con las penas para adultos, que pueden llegar hasta 50 años de prisión por homicidio agravado (Art. 323 del Código Penal). El enfoque del SRPA busca la justicia restaurativa, promoviendo la reparación del daño y la reintegración del adolescente, en lugar de su exclusión social. Este sistema reconoce que los menores tienen mayor capacidad de cambio y rehabilitación, además de cumplir con compromisos internacionales, como las Reglas de Beijing y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por ello, aunque el magnicidio es un delito de extrema gravedad, los menores no son sometidos al mismo rigor punitivo que los adultos, priorizando su desarrollo integral y su retorno a la sociedad. Uribe falleció tras dos meses de ingreso A las 01H56 (hora local) del lunes 11 de agosto, Uribe Turbay, falleció luego de más de dos meses desde su ingreso gravemente herido como consecuencia del atentado. La noticia la confirmó en un comunicado la Fundación de Santa Fe de Bogotá. Ante ello, la Alcaldía Mayor de Bogotá emitió una publicación en su cuenta oficial de la red social X en la cual lamentó “profundamente” el fallecimiento del senador. Al menos siete personas han sido identificadas como asociadas con la comisión del crimen, incluyendo el presunto sicario, que fue capturado minutos después del hecho con una pistola Glock.  Además de varios menores de edad, Elder José Arteaga (El Costeño), Cristian Camilo, Carlos Eduardo Mora, Katerine Martínez y William Fernando González están presuntamente implicados en diferente grado como “coautores” del atentado. A pocos días del suceso, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció la existencia de una campaña de desprestigio que buscaba involucrar al senador Iván Cepeda con redes del narcotráfico y señalarlo a él como responsable del atentado contra el precandidato Miguel Uribe Turbay. El atentado ocurrió en un clima de alta polarización política en Colombia, justo cuando comenzaba el periodo preelectoral de 2025-2026. Líderes del Gobierno y de la oposición se acusaron mutuamente de exacerbar la confrontación.

Telesur Un tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis, Estados Unidos (EE.UU) dejó un saldo de al menos dos víctimas mortales y 17 personas heridas, quienes fueron trasladadas a centros asistenciales, según confirmaron este miércoles medios estadounidenses. Hasta el momento, las identidades de las víctimas fatales no han sido reveladas, y las autoridades locales mantienen reserva sobre los detalles del incidente. La policía local neutralizó al presunto autor del ataque, asegurando que ya no representa una amenaza activa para la comunidad. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, informó que la policía estatal asumió el control de la investigación, al tiempo que el director del FBI, Kash Patel, informó que el tiroteo en la escuela católica Annunciation de Minneapolis es investigado como un acto de terrorismo doméstico y posibles crímenes de odio dirigidos contra la comunidad católica. Patel reveló que el sospechoso fue identificado como Robin Westman. Además, confirmó que las víctimas mortales son dos niños de ocho y 10 años, mientras que 14 menores y tres adultos sufrieron heridas. “El FBI mantendrá al público informado sobre los avances de la investigación cuando sea posible”, señaló Patel en una publicación en la plataforma X. Asimismo, se dice que, según reportes preliminares, el sospechoso actuó solo, pero la prensa local, como el Minneapolis Star Tribune, no ha confirmado información adicional sobre su identidad o motivos. El presidente de EE.UU., Donald Trump, se pronunció sobre el suceso y expresó su apoyo a las víctimas. “Agradezco al FBI por su actuación inmediata en el caso y pido a la población acompañarme a rezar por todas las personas implicadas”, declaró Trump en un comunicado oficial. En tanto, las autoridades locales han priorizado la seguridad de las familias, que fueron reunidas en una zona segura dentro de las instalaciones de la escuela, donde reciben atención de personal de emergencia. El tiroteo en la escuela católica se suma a una serie de incidentes similares en las últimas 24 horas, con cuatro tiroteos registrados en Minneapolis, según datos policiales. Ante ello, la oficina del alcalde indicó que la prioridad es garantizar la seguridad de los estudiantes y sus familias, así como esclarecer los hechos, al tiempo que las autoridades han solicitado a la población evitar especulaciones y esperar información oficial. La escuela Annunciation, ubicada en el sur de Minneapolis, permanece bajo custodia policial mientras se realizan las investigaciones. Este tiroteo se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad escolar en el país. Minnesota, en particular, ha enfrentado un aumento en incidentes violentos en los últimos meses, lo que ha llevado a las autoridades a evaluar nuevas políticas de prevención. La investigación en curso busca determinar las circunstancias que llevaron al ataque en Annunciation y si existen conexiones con los otros tiroteos reportados en la ciudad.

Rusia Today Los cancilleres de Venezuela y Brasil, Yván Gil, y Mauro Vieira, conversaron este miércoles sobre el despliegue militar de EE.UU. al sur del mar Caribe, lo que ha sido interpretado por Caracas y otros países de la región como una acción hostil. «En nuestra conversación, le expuse en detalle los planes de agresión que enfrentan Venezuela y toda América Latina y el Caribe, con la presencia de buques militares y hasta un submarino nuclear, en abierta violación de la Zona de Paz proclamada por la CELAC –Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños– en 2014 y del Tratado de Tlatelolco de 1967, una amenaza nunca antes vista en nuestra región», escribió Gil en su cuenta de Telegram. Refirió asimismo que las partes coincidieron en que «estas agresiones deben ser detenidas de inmediato», al tiempo que detalló que Vieira le explicó «la situación que enfrenta Brasil ante medidas y guerras arancelarias aplicadas con fines políticos, una forma de agresión injustificada que tampoco contribuye al espíritu de paz y cooperación que defendemos en América Latina y el Caribe». Tensiones crecientes El pasado 14 de agosto, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, anunció el despliegue de fuerzas navales y aéreas al sur del mar Caribe para, según dijo, combatir a los cárteles del narcotráfico. La decisión encendió las alarmas, toda vez que según informes oficiales del país norteamericano y de las Naciones Unidas, por el Caribe venezolano transita apenas el 5 % de las drogas que llegan a territorio estadounidense. Días antes, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, anunció un alza de 25 a 50 millones de dólares por información conducente a la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, a quien Washington acusa sin prueba alguna de liderar una organización delictiva dedicada al trasiego internacional de sustancias ilícitas. Tales señalamientos han sido negados por Venezuela.  Asimismo, medios de prensa como Reuters comenzaron a divulgar detalles de la operación militar, asegurando que se habían enviado aviones y buques de guerra cerca de las costas venezolanas, aunque sin atinar en los tiempos de llegada. El último reporte incorporó la supuesta presencia de un submarino nuclear y de un crucero de misiles, lo que motivó a las autoridades venezolanas a denunciar ante las Naciones Unidas lo que calificaron como una «escalada de acciones hostiles y amenazas» que constituye una «grave amenaza a la paz y la seguridad» de la región. Entretanto, países como México, Colombia, Honduras, Bolivia, Cuba, Rusia, China, Bielorrusia o Irán, han rechazado la posibilidad de que la Casa Blanca abra un frente bélico en Suramérica con el pretexto de luchar contra el narcotráfico. Mientras, Maduro convocó a una jornada de alistamiento de milicianos para responder a la amenaza.

DW Actualidad Decenas de miles de personas se concentraron este lunes en la Plaza de los Rehenes de Tel Aviv y en las calles aledañas, desbordadas por la multitud, en una manifestación masiva contra la guerra que puso fin a una jornada nacional de protestas. Imágenes difundidas en redes sociales y una retransmisión en directo del Foro de Familias de Rehenes y Desaparecidos -que representa a la mayoría de los familiares de los secuestrados- muestran a los manifestantes portando carteles con las fotos de los rehenes, además de banderas israelíes y amarillas, estas últimas en señal de apoyo a los cautivos. En el escenario intervinieron varios familiares de los secuestrados, entre ellos está Noam Perry, cuyo padre, Haim Perry, fue secuestrado por Hamás el 7 de octubre de 2023 y murió en cautiverio a los 79 años.  «Mi padre y otros 41 rehenes asesinados en Gaza revelan una terrible verdad: cada día adicional de guerra pone en peligro a los que siguen vivos», dijo Noam en inglés. Noam también se dirigió al presidente de Estados Unidos: «Presidente Trump, mire a esta multitud, mire las imágenes de las calles de Israel. El pueblo de Israel está votando con sus pies: la nación quiere que la guerra termine y que los rehenes vuelvan a casa. Para mi padre ya es tarde, pero usted aún puede salvar a los demás y ser recordado como el presidente que hizo historia». La protesta culminó una jornada de manifestaciones contra la decisión del Gobierno israelí de expandir la ofensiva militar en la Franja de Gaza, en lugar de negociar un acuerdo para la liberación de los secuestrados.

Página 12 Luego de que Naciones Unidas reconociera la existencia de hambruna en Gaza, cada vez más voces se suman acusando a Israel de provocarla y pidiendo una solución urgente a esta crisis humanitaria. Canadá denunció al gobierno de Benjamin Netanyahu por incumplir sus obligaciones internacionales al negarse a permitir el acceso de ayuda humanitaria y advirtió que la ofensiva contra la ciudad de Gaza agravará sus efectos. Además 57 países musulmanes pidieron un alto el fuego inmediato en Gaza y sanciones contra Israel, mientras que la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (Unrwa) dijo que Israel está «silenciando las últimas voces» que informan sobre la hambruna, tras el asesinato de otros cinco periodistas en Gaza este lunes. «Una devastadora realidad para los palestinos» En un comunicado el secretario de Estado de Canadá para el Desarrollo Internacional, Randeep Sarai, afirmó que «el conflicto en curso y las acciones militares del gobierno israelí convirtieron la hambruna en una devastadora realidad para los palestinos en Gaza». «Una ofensiva militar intensificada en la ciudad de Gaza agravaría aún más los efectos devastadores sobre la población civil, donde ya existen condiciones de hambruna», continuó Sarai, y agregó que «Israel, como potencia ocupante, no está cumpliendo sus obligaciones». Sarai también indicó que «esta hambruna puede detenerse» pero que Israel se está negando a permitir y facilitar «el paso de ayuda humanitaria y no garantizar el suministro adecuado de alimentos y medicinas a la población civil en Gaza». «Civiles (hombres, mujeres y niños) están muriendo porque no se permite la entrada de suficiente ayuda humanitaria en Gaza», dijo el representante canadiense.  La «mera solidaridad con los palestinos» es insuficiente Los jefes de la diplomacia de los 57 países miembros de la Organización de la Cooperación Islámica (OCI) se alinearon para afirmar que los «crímenes» cometidos por Israel en Gaza constituyen «crímenes de guerra y genocidio», que requiere la rendición de cuentas y enjuiciamiento conforme al derecho penal internacional. Las naciones alcanzaron una posición unificada durante una reunión extraordinaria en la ciudad saudí de Yeda, en una sesión en la que el ministro de Exteriores turco, Hakan Fidan, consideró «insuficiente» la «mera solidaridad con los palestinos». El jefe de la Unrwa, Philippe Lazzarini, denunció que Israel continúa «silenciando las últimas voces» que informan sobre la muerte de niños y la hambruna. «Más periodistas asesinados hoy. Silenciando las últimas voces que informan sobre niños que mueren en silencio y la hambruna. La indiferencia e inacción del mundo son impactantes», dijo Lazzarini en un mensaje en X. El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, dijo que «alguien tendría que actuar judicialmente para hacer que las instituciones europeas hagan lo que tienen que hacer» ante la «masacre» en Gaza, dado que «no están haciendo nada» e Israel está «incumpliendo» los derechos humanos. A juicio de Borrell, la «masacre» en Gaza «debería mover la conciencia de todo el mundo» y, sin embargo, las instituciones europeas «no están haciendo nada, literalmente nada». Desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023, al menos 289 personas murieron por hambruna, entre ellas 115 niños. Hamas aceptó la última propuesta de los mediadores, un plan que estipula una pausa de 60 días durante la cual el movimiento liberará a 10 rehenes vivos y 18 cadáveres de israelíes a cambio de un número de presos palestinos, entre otros puntos. Durante ese tiempo el grupo islamista palestino congelaría sus actividades militares e Israel replegaría sus tropas en Gaza para permitir el ingreso y la distribución de ayuda a los civiles, mientras se negocia un acuerdo global para el fin de la guerra.

Telesur La destacada fotoperiodista canadiense Valerie Zink renunció públicamente a la agencia de noticias Reuters tras ocho años de colaboración, acusando a la compañía de una “traición a los periodistas” y de “justificar y permitir el asesinato sistemático de 245 periodistas en Gaza”. Su dimisión, anunciada este martes en las plataformas X y Facebook, y acompañada de una fotografía de su pase de prensa de Reuters cortado por la mitad. Zink, cuyo trabajo ha sido publicado por medios como The New York Times y Al-Jazeera, calificó de “imposible mantener una relación con Reuters“ dado su papel de cómplice en la campaña genocida israelí en el enclave. Una de sus críticas más severas se centra en la decisión de Reuters de amplificar la “afirmación totalmente infundada” de Israel de que el periodista palestino Anas al-Sharif era un agente de Hamás tras su asesinato el 10 de agosto. La fotoperiodista denunció que esta era “una de las incontables mentiras que medios como Reuters han repetido diligentemente y dignificado”. Valerie Zink señaló además que el haber ganado Anas Al-Sharif un Premio Pulitzer por su trabajo para Reuters no impulsó a la agencia a defenderlo cuando fue incluido en una “lista de objetivos” israelí o a informar honestamente sobre su muerte. La exempleada de Reuters también destacó que la disposición de la agencia a “perpetuar la propaganda de Israel no ha librado a sus propios periodistas del genocidio israelí”. Citó el asesinato de seis periodistas, incluido el camarógrafo de Reuters Hossam al-Masri, en un ataque israelí contra el Complejo Médico Nasser en Khan Yunis. Zink describió esta agresión como un “ataque de doble efecto” o “doble toque”, una táctica en la que se bombardea un objetivo civil, se espera la llegada de equipos de rescate y periodistas, y luego se ataca de nuevo. Zink, citando al periodista Jeremy Scahill, argumentó que los medios occidentales, incluyendo Reuters, operaron como una “cinta transportadora de la propaganda israelí”, dedicándose a “desinfectar los crímenes de guerra, deshumanizar a las víctimas y abandonar tanto a sus colegas como a la ética periodística básica”. Sostuvo que, al repetir las “invenciones genocidas de Israel” sin escrutinio, estos medios crearon las condiciones para que mueran más periodistas en Gaza en dos años que en muchos otros grandes conflictos mundiales combinados. La fotoperiodista manifestó que, en este contexto, le resultaba imposible llevar su pase de prensa sin sentir “profunda vergüenza y dolor”, y se comprometió a honrar el “coraje y el sacrificio de los periodistas de Gaza, los más valientes y mejores que jamás hayan existido”. Reuters y la campaña de desinformación Más allá de las graves acusaciones de Valerie Zink sobre la cobertura en Gaza, la agencia Reuters fue señalada por sus campañas de desinformación en otros contextos. Un informe de teleSUR detalla cómo Reuters difundió información no verificada sobre supuestos “despliegues militares estadounidenses” en las cercanías de Venezuela en agosto de ese año. Y es que la agencia británica informó el 19 de agosto que tres destructores de EE. UU. (USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson) se dirigirían a aguas cercanas a Venezuela en un plazo de 36 horas. Sin embargo, una verificación del medio venezolano La Tabla reveló que los buques se encontraban en ubicaciones geográficas distantes, lo que hacía prácticamente imposible su participación en el despliegue reportado. La omisión de Reuters de contrastar sus fuentes fue incomprensible para una agencia de noticias internacional, y solo puede explicarse por los fines de la publicación y los intereses a los cuales respondía. Con esta “revelación” sin fundamento real se intensificó el escenario de tensión y posibilitó una escalada discursiva desde Washington, generando conmoción en la opinión pública. Un patrón similar se observó el 20 de agosto, cuando Reuters reportó un nuevo despliegue de buques anfibios (USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale) con miles de militares y marines cerca de las costas venezolanas, una noticia que también resultó sin verificar cuando se confirmó que el USS Iwo Jima había regresado a base para evitar el huracán Erin. De esta manera, se pudo demostrar que Reuters emplea omisiones y tergiversaciones en sus informaciones, vinculadas a la agenda de los sectores de línea dura del Partido Republicano y de la administración Trump, buscando generar las condiciones propicias para una agresión y una narrativa de conflicto e intimidación contra Venezuela.

Telesur El Gobierno de la República de Colombia denunció el secuestro de 34 militares en El Retorno, Guaviare, perpetrado por un grupo armado, así lo informó este martes el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez. “Este hecho obedece a la acción ilegal y delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen ‘retener’ a los uniformados. No, no los están reteniendo: eso va contra su voluntad, y por lo tanto es un secuestro”, afirmó Sánchez en rueda de prensa. Los militares participaban en una operación contra la disidencia liderada por alias Iván Mordisco, señalado como responsable del acto. El secuestro ocurrió tras una operación el domingo que neutralizó a alias Dumar o Chito, presunto autor de un atentado contra militares en Cauca en 2024. El Ministerio de Defensa calificó el hecho como una “grave violación a los derechos humanos” y un “ataque directo contra la democracia y la seguridad de todos los colombianos” en su cuenta oficial en X. Autoridades trabajan con la Defensoría del Pueblo y la ONU para lograr la liberación de los uniformados. Además, se ofrece una recompensa de hasta 20 millones de pesos (4.900 dólares) por información que facilite la captura de los responsables. El Ministerio de Defensa de Colombia lleva a cabo operaciones contra el narcotráfico para garantizar la seguridad y prevenir atentados. Entre estas acciones, se informó la caída de alias Dumar, cabecilla de los ejércitos narcos del Estado Mayor Central (EMC) liderado por Iván Mordisco, en el Guaviare. El pasado viernes, el presidente colombiano Gustavo Petro anunció la captura de Luis Hernando Vera Fernández, quien es hermano del líder de la principal disidencia de las desmovilizadas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), conocido por el alias “Iván Mordisco”.

Prensa Latina Quito, 26 agosto (Prensa Latina).- El excandidato presidencial ecuatoriano Yaku Pérez presentó hoy ante la Fiscalía General una denuncia contra el mandatario Daniel Noboa y la primera dama, Lavinia Valbonesi, por tráfico de influencias para un proyecto minero en la provincia de Azuay. De acuerdo con Pérez, la demanda se extiende a la empresa minera Dundee Precious Metals, de capital canadiense, debido a hechos irregulares relacionados con la entrega de la licencia ambiental para el proyecto minero Loma Larga. En declaraciones a la prensa, Pérez comentó que el 23 de junio pasado el Gobierno otorgó la licencia ambiental a favor de esa compañía, un trámite que -aseguró- se realizó “en secreto y desde la clandestinidad”. Argumentó que previamente hubo reuniones en Toronto, Canadá, para tratar el proyecto y participaron Noboa, la canciller, Gabriela Sommerfeld, así como directivos de la minera. Asimismo, señaló que Valbonesi, esposa del gobernante ecuatoriano, habría recibido donaciones irregulares de parte de Dundee, documentación que, según dijo, ya fue entregada a Fiscalía. “La empresa Dundee consiguió una licencia ambiental con fraude, donando, influyendo e incidiendo de manera dolosa”, afirmó el demandante. Desde el Gobierno aún no hay un pronunciamiento sobre la denuncia. La semana pasada organizaciones indígenas y sindicales se unieron para denunciar el impacto del proyecto minero Loma Larga en la reserva Kimsacocha, ubicada en la provincia de Azuay, al sur del país. Ante el intento de Dundee Precious Metals de realizar actividades extractivas en la zona de gran riqueza hídrica, los colectivos, defensores del agua, convocaron a una marcha en la ciudad sureña de Cuenca para el 16 de septiembre. El presidente de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Lauro Sigcha, denunció que Valbonesi visitó las parroquias rurales de Cuenca con obsequios para convencer a los habitantes de que el proyecto minero “no les hará daño”. Kimsacocha es un área natural protegida de tres mil 217 hectáreas que alberga importantes fuentes de agua para la ciudad de Cuenca y otras localidades cercanas. La explotación minera propuesta incluye la extracción de oro, plata y cobre, con una inversión estimada de 419 millones de dólares. Por ahora el Ministerio de Energía y Minas suspendió el inicio de las actividades extractivas hasta que la empresa publique de manera clara y accesible el Plan de Manejo Ambiental, especialmente las medidas para proteger las fuentes hídricas.