Opinión

Al Pereyra A pocos días para las elecciones presidenciales, el voto nulo y blanco van “in crescendo”, según las últimas encuestas publicadas, ante la incapacidad, falta de programas políticos y desprecio hacia el electorado por parte de los ocho candidatos en contienda y del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que, con media docena de ampliaciones de plazo, buscaron que partidos políticos desgastados y desfasados vuelvan a participar en una lid electoral. Los candidatos Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre), Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), y Manfred Reyes Villa (Autonomía para Bolivia APB – Súmate), Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), Eduardo del Castillo (MAS), Jhonny Fernández (Alianza Fuerza del Pueblo), Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) y Pavel Aracena (Alianza Libertad y Progreso ADN), no aportaron nuevas ni significativas propuestas de fondo en sus programas de gobierno sobre aspectos económicos, políticos y sociales. El descontento de la población, que conforma la Bolivia Profunda, con los actuales candidatos se ha incrementado en las últimas semanas porque no se sienten representados y consideran que han sido marginados por no tener un candidato que les brinden esperanza para resolver la incertidumbre que los aquejan. Con un claro programa neoliberal, los ocho postulantes a la Presidencia han omitido problemáticas importantes como la salud, educación, crisis alimentaria en sectores rurales, el desempleo juvenil o la migración interna y externa por razones climáticas y económicas. La última encuesta de intención de voto elaborada por Ipsos-Ciesmori para Unitel emitida la noche del domingo muestra un estrecho empate entre Doria Medina con un 21,2%, seguido por Tuto Quiroga con un 20,0%. El tercer lugar es para Paz Pereira, con un 8,3%; seguido de Reyes Villa con un 7,7% y Rodríguez con un 5,5%. Luego aparecen Fernández con un 2%, Del Castillo con un 1,5%, Pavel Aracena con un 0,5%. Esta encuestadora mostró que el voto residual se distribuye en nulos (14,6%), indecisos (13,3%) y blancos (5,2%). En la primera encuesta presentada el 1 de junio la intención de voto nulo y blanco llegó al 17 %.  El 13 de julio, la segunda encuesta mostró que los votos nulo y blanco sumaban el 20,7 %, mientras que dos semanas después el resultado de los mismos factores, para la tercera encuesta, fue del 21,7 %, es decir un punto porcentual más, lo que marcó una tendencia hacia arriba hasta el 30 de julio. En tanto, la Red Uno también presentó su última encuesta a escala nacional a través de la empresa Captura Consulting en la que Doria Medina lleva la intención del voto con un 21,6%. Seguido de Tuto Quiroga con el 20%; Reyes Villa con el 9,7% obtiene el tercer lugar; mientras que Rodríguez y Rodrigo Paz se colocan en el cuarto y quinto lugar con el 7,2% y 6,4%, respectivamente. En el sexto lugar se ubican, empatados con el 2,0%, Del Castillo y Fernández. Pavel Aracena obtiene un pírrico 0,7% La encuesta de Captura Consulting dio a los votos blancos 5%; los nulos 10,6%; y los indecisos, 14,4%; sumando un total de 30%. El expresidente Evo Morales, al no poder postularse como candidato a la Presidencia por no tener partido y por una inhabilitación ilegal y amañada, llamó a sus seguidores y a todo el país a votar nulo en rechazo a la derecha y al Gobierno de Luis Arce Catacora. Los evistas consideran que su líder es aún un factor determinante, y han asegurado que ni siquiera la suma de los principales líderes opositores iguala su respaldo. El expresidente Morales recalcó que el “voto nulo no sólo es legal y legítimo, sino una expresión de rechazo del pueblo a unas elecciones amañadas, que margina a los movimientos indígenas y sociales y al pueblo, y sólo favorece a los candidatos de derecha”, quienes, junto al gobierno de Arce Catacora, inhabilitaron a partidos políticos que respaldaban su candidatura. El voto nulo está establecido en la normativa boliviana, por eso los jurados electorales tienen la posibilidad de registrarlo. La Ley 026 de Régimen Electoral contempla tres tipos de votos: el válido, que es la marca por una candidatura y que es el único que suma al cómputo para la definición de los ganadores; el voto blanco, que es la papeleta devuelta sin marcas ni daños, y el voto nulo, que presenta marcas en más de una casilla para el mismo cargo, en otras partes de la papeleta, tiene incluso cortes u otras averías. La Constitución Política del Estado (CPE) establece que la candidatura elegida para la Presidencia será por más del 50 % de los votos válidos o con un mínimo del 40 % de los mismos votos, y con una diferencia de 10 puntos con la segunda candidatura. Según la norma vigente, los votos nulos y blancos no ingresan en los votos válidos, y solo son considerados para fines estadísticos de los votos emitidos en un proceso electoral.  En caso de que los votos nulos y blancos sumen la mayoría del proceso, la elección de los nuevos dignatarios se realizará con base en los votos válidos, aunque hayan obtenido minoría. Lo cierto es que, tras los comicios generales, los principales medios de la prensa nacional e internacional abrirán sus ediciones con titulares que indican que en Bolivia ganó el voto nulo, porque se rechaza a los políticos neoliberales, reciclados, falsos izquierdistas y a los partidos de derecha.

Quya Reyna El empresario, el emprendedor, el de la Internacional Socialista, el tiktokero, el kencha. Ese es el Samuel Doria Medina de nuestra época. Pero para una generación con más memoria, este hombre “moderado” un día fue evasor de impuestos, político corrupto, empresario vivaz, ministro de la privatización.  Y en un futuro, posiblemente, sea nuestro presidente. Me niego. Ojalá la historia sirva para mostrar lo evidente y no sea simple adorno decorativo. Es que hay ahora una tendencia o “trend” que parte del mismo Samuel Doria Medina al no hacerse ver como el político nefasto que fue y es, sino que busca decorar su imagen como la del gran empresario. Ajá, el “gran empresario”… ¿Sabían que su empresa está con déficit también? Pero eso lo hablaremos con mayor detalle después. «Yo no soy político, soy empresario». Claro, «político» suena tan feo, como la época de privatización donde Samuel no solo planificó las políticas, sino que se benefició de ellas. Samuel Doria Medina no se estrena como político con el MNR, ojo. Fue parte del gobierno de la UDP en 1983, integró el Ministerio de Finanzas dirigido por Óscar Bonifaz. También fue ministro de planificación en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y parte del gobierno del MIR de Jaime Paz Zamora. Recordemos que el MIR tuvo vínculos con el narcotráfico, de ahí la foto de Samuel con Isaac “Oso” Chavarría, un narco vinculado al tráfico de cocaína en esos años. En los años dorados del saqueo empresarial, Samuel Doria Medina no fue un simple espectador: fue ministro estrella de los gobiernos que remataron el país. Mientras Jaime Paz Zamora y Gonzalo Sánchez de Lozada privatizaban LAB, YPFB y otras empresas públicas con la excusa reciclada de “reducir el Estado”, Samuel movía hilos clave, firmando contratos como en el caso FOCAS, donde fondos estadounidenses destinados al desarrollo local terminaron en fundaciones privadas como FUNDAPRO. Además, bajo su función se aplicó la llamada técnica bonsái: quebrar empresas productivas a propósito para justificar su venta y justificarlas con que eran “deficitarias”. Y mientras el Estado se reducía, él agrandaba su capital. En 1994, justo después de preparar el terreno de la privatización, se convirtió en accionista mayoritario de SOBOCE y luego se adjudicó FANCESA, una cementera estatal chuquisaqueña. Cuando María Galindo gritaba en Impuestos Nacionales “¡Contrólenle así pues al Samuel!”, no exageraba. Lo hacía señalando a un empresario que durante años ha evadido impuestos mientras vendía el discurso de que invierte y crea trabajo en Bolivia. Lo cierto es que Samuel se queda en el país porque aquí puede hacer lo que en ningún otro país le dejarían: mover millones sin control estatal. En 2005, junto a su entorno, creó en Panamá la empresa AKAPANA S.A. para triangular acciones de SOBOCE, vendiéndolas luego al Grupo Cementos de Chihuahua, tras haberlas declarado a un precio subvalorado de 58,2 millones de dólares. La jugada le permitió evitar el pago de al menos 54 millones de bolivianos en impuestos al Estado boliviano. Así como los cocaleros y mineros no tributan, los empresarios como Doria Medina tampoco lo hacen, la diferencia es que él operó desde paraísos fiscales. Y eso no es todo, ya Ronald MacLean denunció que desde 1997, Samuel Doria Medina colaboró con Tuto Quiroga en la oferta del plan “Coca Cero”, a cambio del ingreso del MIR al gobierno de Banzer. Samuel expone su disposición a sacrificar la estabilidad social por favores políticos, ya que esa maniobra, del ingreso de militares a erradicar la coca, no solo potenció el conflicto en el Chapare, sino que contribuyó al ascenso de Evo Morales. Es que Tuto y Samuel son malos calculadores. Solo basta recordar el gobierno de Jeanine Añez el 2019. Claro, en lo político, no hace falta mencionar que muchas veces ha buscado ser presidente. Buscó, además, llegar a la presidencia en 2020 mediante Jeanine Añez, a quien hoy niega haber apoyado. Lo que no dice es que financió su campaña digital: Unidad Nacional solo en redes sociales pagó más de Bs 117.000 en publicidad entre 2020 y 2021, cuando ella fue candidata presidencial y luego a la gobernación del Beni. Pagó 65 piezas de propaganda, presencia en redes, medios tradicionales y programas afines como los de Amalia Pando o Jimena Antelo. ¿En serio Samuel no tiene nada que ver con la postulación de Añez? Negar ese vínculo es parte de su estrategia habitual: operar desde las sombras, financiar, mover fichas y dejar que otros carguen con el desgaste político (por cierto, un saludo a Jeanine Añez hasta la cárcel de Obrajes). Además, recientemente en su campaña, Samuel ha criticado insistentemente que los gobiernos del MAS han mantenido al Estado en déficit, con la excepción del año 2014. Para él, el déficit es uno de los grandes males de la economía y su solución es eliminarlo por completo, o al menos eso ha repetido en varios espacios. Pero vale la pena preguntarse: ¿es realmente el déficit el problema estructural de la economía boliviana? Curiosamente, ha estado circulando información sobre su propia empresa inmobiliaria, COMVERSA S.A., que también estaría en déficit. Según la Gaceta de Comercio, entre el 2016 y 2023, Samuel ha perdido casi 300 millones de bolivianos con COMVERSA. Entonces, siguiendo su lógica, ¿no sería hora de rematar las Green Tower? ¿Cerrar Los Tajibos? Porque claramente no están generando utilidades. Pero no, claro. Eso no lo va a hacer Samuel Doria Medina. Él solo remata empresas públicas que, con buena administración e inversión, podrían revertir sus cifras y generar utilidades. Eso también pasa con el déficit de un Estado, pueden multiplicarse los ingresos después. Se puede entender que una empresa inmobiliaria tarde años en generar ingresos significativos. Porque las ganancias de COMVERSA el 2024 han sido de 869.000 bolivianos. Un chiste frente a lo invertido. Lo que me lleva a pensar que Samuel Doria Medina podría estar buscando llegar al gobierno no por “amor a la patria”, sino para acelerar el rendimiento de sus inversiones privadas, en particular COMVERSA S.A. Además, podría

Al Pereyra En un claro desprecio a la ciudadanía y a millones de votantes, tres candidatos presidenciales Jorge “Tuto” Quiroga (Alianza Libre), Samuel Doria Medina (Alianza Unidad), y Manfred Reyes Villa (APB – Súmate), de los nueve habilitados, no aportaron nuevas ni significativas propuestas incoherentes en temas como la economía y temas sociales durante el segundo debate televisivo, emitido por el canal televisivo Unitel el domingo 20 de julio. Una semana después, fue el turno para cuatro candidatos a la vicepresidencia: José Luis Lupo (Alianza Unidad), Juan Pablo Velasco (Alianza Libre), Juan Carlos Medrano (APB-Súmate) y Mariana Prado (Alianza Popular), quienes al igual que los anteriores mostraron una gran improvisación, frases hechas, propuestas incoherentes y desconocimiento total de la realidad nacional. Punto aparte fue la ausencia de Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) quien faltó nuevamente a un debate político, aumentando la desconfianza y la frustración entre los electores, por lo que la tendencia al voto nulo aumenta más y más a medida que se acerca el 17 de agosto. En el “cara a cara”, los candidatos presidenciales demostraron una vez más su abismal desconexión entre sus programas políticos con la Bolivia profunda que está compuesta por campesinos, obreros, indígenas, mineros, entre otros. En el lenguaje de estos tres candidatos ha quedado en el olvido la soberanía nacional, el valor agregado de los recursos naturales, el impulso de la industria nacional y la continuidad de los bonos sociales para los estratos más desprotegidos de la sociedad. Con un libreto ya establecido, “Tuto” Quiroga, Doria Medina y Reyes Villa repiten una y otra vez su intención de extraer el litio en su forma primaria, sin realizar su respectiva industrialización para entregarlo a las trasnacionales extranjeras. “Tuto” Quiroga y Doria Medina son partidarios de recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI) en procura de acceder a créditos financieros sin medir las consecuencias sociales para millones de bolivianos. Con un claro programa neoliberal, ninguno de estos candidatos logró vincular sus propuestas a problemáticas imperantes como la salud, educación, crisis alimentaria en sectores rurales, el desempleo juvenil o la migración interna por razones climáticas y económicas. Esta carencia programática refleja no solo la fragilidad de los equipos técnicos que respaldan a los candidatos, sino también una tendencia a priorizar el posicionamiento electoral inmediato sobre la construcción de un proyecto de país a largo plazo. Todos coincidieron en la necesidad de “achicar el Estado” y aumentar la eficiencia del gasto público. Reiteraron promesas genéricas de lucha contra la corrupción, sin precisar mecanismos institucionales ni reformas específicas. Tanto “Tuto” Quiroga como Doria Medina apostaron por la búsqueda de financiamiento externo, señalando como camino un eventual préstamo con el FMI. En tanto, Reyes Villa quiso diferenciarse con una vaga propuesta de atracción de capitales, pero no logró explicar adecuadamente, rechazando recurrir al organismo internacional. Según las últimas encuestas por encargo y difundidas por diferentes medios de comunicación, la suma de la intención de voto entre estos tres candidatos apenas llega al 49,4 por ciento, lo que los convierte en el uno, dos y tres de la criticada contienda electoral. El candidato Rodríguez, cuarto en las encuestas, al no haber participado en el debate pese a que aseguró su presencia, demostró que aún no tiene la capacidad política para enfrentar un “cara a cara” con estos “dinosaurios” de la política nacional. El candidato de Alianza Popular había participado de una entrevista en la Red Uno que fue emitida en el mismo horario del debate. En la entrevista, Rodríguez se mostró un tanto más suelto, pero cometió un grave error al indicar que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, es un preso político. Resultó sorpresivo escuchar al joven candidato manifestar que Camacho es un preso político del actual gobierno. Recordemos que en 2019, cuando se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales, fue el mismísimo Camacho quien confesó que fue su padre quien coordinó con los militares apoyar a Jeanine Yáñez. Una clara traición a la población y a las familias de los 37 asesinados y heridos por arma de fuego en las masacres de Huayllani, Senkata y Sacaba, durante los días luctuosos en el que se quebró el proceso democrático que vivía el Estado Plurinacional de Bolivia. El actual contexto electoral está marcado por la polarización y la desconfianza de la población, donde no existe un verdadero programa país que vaya a recuperar la credibilidad en los políticos. Mientras tanto, según los últimos sondeos, el voto nulo va “in crescendo”. La tercera encuesta nacional de Ipsos-Ciesmori por encargo de la red Unitel, difundida la noche del miércoles 30 de julio, mostró que los votos blancos, nulos e indecisos reúnen el 34,1 por ciento, un porcentaje mayor de los candidatos de la derecha que lideran la intención de voto. Los seguidores del expresidente Evo Morales, que impulsan el voto nulo por haber sido impedido de participar de las elecciones, consideran que su líder histórico sigue siendo un factor determinante y aseguran que ni siquiera la suma de los principales líderes opositores iguala su respaldo. Por lo que Morales sigue siendo una figura clave que “todavía va a generar complicación en el escenario político”, no solo en este proceso electoral, sino también en adelante. Ante esta sombría radiografía electoral, vuelvo a repetir “Dios salve a Bolivia” de estos candidatos que no saben dónde están parados y que solo buscan aspiraciones personales valiéndoles un carajo la vida de millones de personas que habitan en las ciudades y áreas rurales del Estado Plurinacional de Bolivia.

Desordenado Presidente Arce, no nos hable de traición. Ustedes escribieron el manual. El voto nulo o blanco no es una ambición personal, es una respuesta política. Es el grito de quienes no están dispuestos a legitimar un proceso electoral montado sobre la proscripción, la represión, el fraude institucional y el cálculo cínico. Hablan de que fortalecerá a la derecha, pero ¿quién la fortaleció realmente? Ustedes prebendalizaron a las dirigencias sociales, robaron la sigla del MAS-IPSP —que hoy no tiene más del 2% de preferencia electoral—, detuvieron a más de 200 personas por protestar contra la crisis, controlan el poder judicial, el TSE, la Fiscalía, y desde ahí han perseguido, silenciado y desmovilizado al bloque popular. ¿Y todo eso para qué? Para imponer una candidatura nacida del sometimiento, no del mandato de las bases. Una candidatura que aceptó la proscripción de Evo Morales sin pelearla y otra que formó parte de la persecución y proscripción, que no denunció el fraude institucional ni la criminalización de la izquierda radical, y que hoy se presentan como opción del pueblo cuando fueron funcionales a su desarticulación. No, presidente, no es el voto nulo el que entrega el país a la derecha. Es su gobierno, aliado con la oligarquía, con la derecha camuflada en su gabinete, con los medios que ayer combatíamos y hoy le aplauden. Es su entrega a la derecha, su pragmatismo disfrazado de estrategia. No nos pidan que votemos por quienes nos persiguen. No nos pidan que validemos la destrucción del instrumento. No nos pidan silencio. Nosotros no traicionamos. Nosotros no nos rendimos. Nosotros no legitimamos. El 17 de agosto votamos con conciencia. Y no será en su nombre. Será en el nuestro.

Al Pereyra El primer debate presidencial organizado por la Red Uno, emitido hace dos semanas por ese medio televisivo, estuvo en proponer una salida a la actual crisis económica que impera en el país, empero dejó sabor a poco puesto que Samuel Doria Media (Unidad), Jorge Quiroga (Libre), Manfred Reyes Villa (Súmate), Jhonny Fernández (Pueblo) y Eduardo del Castillo (MAS), no aportaron propuestas creíbles y de fondo que vayan a solucionar el problema que afecta a millones de bolivianos. Los candidatos, tal si fuera un disco rayado y repitiendo un libreto que hubiera sido redactado por otros fuera de Bolivia, se enfocaron en echar la culpa de la crisis al modelo económico impulsado por el entonces gobierno de Evo Morales. En ningún momento hicieron referencia y se limitaron a omitir los logros sociales y económicos que se lograron en los catorce años que duró la administración de Morales. Constantemente indicaron que el modelo económico vigente en el país desde que el partido político del MAS-IPS  se ha agotado y que no sirve, pero en ningún momento señalaron que la actual crisis económica nacional se debe ante todo a la corrupción imperante en todos las direcciones del gobierno de Luis Arce Catacora, de los millones de bolivianos que gastan en la pauta publicitaria de  medios de comunicación y pago a periodistas para que laven la cara del presidente Arce, del alto índice de déficit fiscal, de la compra de dirigentes y organizaciones sociales, pago de jueves y fiscales y, por sobre todo, del robo a dos manos del erario nacional por parte de los hijos del primer mandatario. En un claro desconocimiento, además porque no les conviene, los cinco candidatos hicieron gala de su ignorancia al no indicar que, durante el gobierno de Morales, el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) era del 4,9% anual. Además, la pobreza extrema bajó de 38,2% en 2005 a 15,2% en 2018, mientras que la pobreza moderada también disminuyó de 60,6% en 2005 a 34,6% en 2018, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). La ignorancia estadística de los candidatos presidenciales fue clara al no hacer referencia que la tasa de desempleo en 2005 había sido el 8,1%, mientras que alcanzó el 4,9% en 2018, y el salario mínimo en 2019 fue cercano a los 300 dólares, según los datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). Otro organismo internacional, como el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag), indicaba que las buenas cifras se debieron en parte al fortalecimiento de moneda nacional. Recientemente, datos oficiales del INE indicaron que Bolivia cerró 2024 con un crecimiento económico de apenas 0,73%, el tercero más bajo desde 1981, superado solo por los registros de ese año (0,28%) y 1999 (0,43%), lo que demuestra que el gobierno de Arce Catacora más se dedicó a permitir la corrupción en todos los estratos gubernamentales y en su entorno familiar. Ninguno de los candidatos señaló que la crisis económica del país se debe a la mala gestión gubernamental del actual presidente de Bolivia. Los cinco candidatos que estuvieron en el debate presidencial coincidieron sus propuestas de quitar la subvención a los hidrocarburos, medida que ya había sido planteada en 2010 por el entonces presidente Morales. El 26 de diciembre de ese año, Morales tomó una medida sin precedentes, que ni dictadores ni neoliberales se atrevieron: elevar el 82% el precio del diésel y en 72% para la gasolina. El Decreto Supremo 748, que eliminaba la mayoría de los subsidios al combustible estuvo vigente cinco días, fue denominado «nivelación de precios» por el gobierno, pero la oposición y la ciudadanía lo llamaron «gasolinazo». El decreto, emitido por el presidente interino Álvaro García Linera, provocó protestas y movilizaciones impulsado principalmente por los partidos de derecha y de agrupaciones políticas racistas y anti indigenistas, llevando finalmente a la abrogación del decreto el 31 de diciembre del mismo año. Morales anunció la anulación del controvertido decreto como resultado de haber “escuchado al pueblo”. En la presentación de su propuesta económica, del debate de la Red Uno, ‘Tuto’ Quiroga señaló que recurrirá al Fondo Monetario Internacional (FMI) para tener estabilidad, crecimiento, propiedad y el ingreso al mundo digital. Eduardo del Castillo basó su propuesta de gobierno en el programa “Bolivia Primero: Plata y Vida”. En tanto, Manfred Reyes dijo que cambiará el Estado plurinacional mediante un referéndum. Por su parte, Jhonny Fernández cuestionó las políticas económicas aplicadas en el pasado y propuso reformar el Código Tributario y la Ley de Inversiones para crear un nuevo marco que permita la reactivación económica. Finalmente, Doria Medina recurrió a su rol como empresario y dijo que tiene la experiencia en “hacer proyectos exitosos, en generar empleo y en sacar a empresas de la quiebra”. Con estas propuestas solo queda decir “Dios salve a Bolivia” de esta clase de candidatos que no saben dónde están parados y que solo buscan aspiraciones personales valiéndoles un carajo la vida de millones de bolivianos.

Al Pereyra En los cuatro años de gestión de Luis Arce Catacora, su gobierno ha realizado una infinidad de gastos públicos entre los que destacan el alto número de funcionarios públicos, el pago a dirigentes sindicales y federaciones de campesinos, y sobre todo, el aumento de la pauta publicitaria en diferentes medios televisivos, radiales y escritos; además de cooptar periodistas ‘independientes”. Durante los catorce años del gobierno de Evo Morales, éste había roto cualquier vínculo de publicidad con los medios de comunicación. Su administración no erogó ni un solo boliviano, por contrato publicitario, a los llamados medios ‘independientes’. Lo que significó que los propietarios de estos medios le declaran una guerra sin cuartel, privándolo de cualquier cobertura, pero sí destacando y magnificando los desaciertos de la entonces administración gubernamental. Antes de salir de la red de Facebook, la radioemisora Kawsachum Coca, medio afín a Morales, había realizado una denuncia dando a conocer como el gobierno de Arce Catacora había aprobado un millonario gasto en contratos publicitarios con medios de comunicación nacionales e internacionales. La denuncia tenía como fuente los documentos oficiales del Programa Anual de Contrataciones (PAC), emitidos por el Viceministerio de Comunicación. Según el medio, la fecha de inicio de los contratos data el 2 de mayo del presente año con el objetivo de promover la imagen gubernamental en televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y vallas publicitarias. Entre los contratos más destacados se encuentran: ATB Canal del Valle: 16,5 millones de bolivianos, Plataformas Digitales de Entel: 7 millones, PAT: 6 millones, Bolivia TV: 4 millones, Red Uno: 3 millones, Cadena A: 3 millones, Gigavisión (propiedad del padre del periodista Junior Arias): 2,5 millones, Telesur (dirigido por Freddy Morales): 1 millón, periódico Los Tiempos: 1 millón, Radio Univalle: 1 millón, Trystar Investment SRL (La Prensa): 1 millón. Kawsachum Coca también indica que hay contratos menores asignados a espacios como el programa “Fama, Poder y Ganas” por 300.000 bolivianos, Radio Éxito La Paz por 100.000, semanario La Época, dirigido por Hugo Moldiz con 300.000 y medios como Radio Televisión Palenque RTP, con un contrato de 4 millones. Además, de vallas publicitarias por un monto de 2 millones de bolivianos. Además, se denuncia que cada medio de comunicación debe entregar al Viceministerio de Comunicación, bajo la dirección de Gabriela Alcón, el 20 por ciento por concepto de los contratos publicitarios. Esta política de comunicación del gobierno contrasta con la realidad social del país, donde el desempleo, el aumento del coste de vida, la falta de diésel, gasolina, dólares y la reducción de reservas internacionales golpean fuertemente la vida de millones de bolivianos. No es casual que ninguno de estos medios señalados no haya realizado ninguna cobertura, reportaje, o informes especiales a las denuncias de corrupción en las que estarían involucrados la familia, en especial los hijos, del presidente de Bolivia. Recordemos que el hijo mayor de Arce Catacora, Marcelo Arce Mosqueira, es señalado por sus presuntos lobbys con empresas extranjeras para negociar el litio boliviano. Además, de ser el dueño y señor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Asimismo, su otro hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, adquirió en 2021 el predio ‘Empresarial y agrícola Adán y Eva’, con una extensión de 2.187 hectáreas por un valor de 3,3 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, a pocos meses de haber dejado su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El caso de ‘Adán y Eva’ se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre el rol de los familiares de autoridades en el manejo de recursos y acceso a oportunidades económicas, sobre todo a negocios realizados con compras estatales de combustible. Hasta ahora, ni la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ni la Contraloría General del Estado se han pronunciado sobre la operación, pese a que sus funciones incluyen la supervisión del patrimonio de exfuncionarios públicos y sus entornos cercanos. Por otra parte, el pasado año, diputado ‘evista’, Renán Cabezas, había pedido al Ministerio Público investigar a Diego Choquehuanca, hijo del vicepresidente David Choquehuanca, porque en 2014, con 25 años de edad, presuntamente compró una casa en 300.000 dólares y posteriormente adquirió un préstamo bancario de 1 millón de bolivianos. Cabezas denunció, en su momento, que para distraer la atención de la justicia, el bien inmueble fue vendido, en ese entonces, al entonces Procurador del Estado, César Siles, y hasta hace unos días atrás ministro de Justicia, en un monto también considerable. Ahora corresponde a los periodistas y los medios de comunicación investigar estas denuncias que involucran a las familias Arce Catacora y Choquehuanca, no hacerlo demostrará que realmente están pagados por el gobierno, dejando mucho que desear de los que dicen ser portadores de una ‘prensa libre e independiente’.

Sergio de la Zerda Lo confieso, fue mi primera vez. Nunca visité una cárcel. No lo hice antes como periodista, pues no cubría temas policiales; como servidor público, mi labor se enfocó en gestiones sobre salud, educación y cultura. Por eso mi espanto al mediodía de este miércoles, cuando junto a tres de mis colegas asambleístas llegamos al interior de la prisión de San Sebastián de Cochabamba, con el propósito de visitar al compañero Franco García Olmos, aguerrido dirigente de la zona sur y líder del movimiento popular en Cercado, privado de su libertad precisamente por lo anterior. No puedo imaginar nada más cercano al infierno que esa vieja construcción de principios del siglo pasado prácticamente en ruinas, de tal vez sólo un cuarto de manzano, donde se apiñan más de 1.100 reclusos sin contar a sus familiares. El edificio (es un decir) de dos pisos tiene una capacidad para 250 reos. Hay entonces un hacinamiento que supera el 330 por ciento, con más de dos seres humanos por metro cuadrado. De todos los internos, menos de 300 son sentenciados; más de 800 “viven” ahí con detención preventiva. Pero ninguna de esas cifras puede graficar el “largo” camino al salón de visitas (otro decir), con decenas de pedidos desesperados de colaboración monetaria, pasando casi por encima de seres de mirada perdida que “descansan” por todos los minúsculos y sucios suelos, muchos de ellos en la somnolencia de su tragedia o de alguna sustancia con la que tratan de sobrellevarla. Hasta ahí condujeron a Franco, el pasado 10 de junio, la policía y la “justicia”. Lo hicieron, como desde hace dos años con casi 500 compañeros, ilegalmente, por la fuerza y torturando, violando cada uno de sus derechos elementales. El “delito” de este nuestro ocasional “anfitrión” no fue otro que haber protestado contra la destrucción de Bolivia a manos del régimen de Luis Arce Catacora. Ese martes, Franco, de 32 años y formado en leyes, integraba la cabeza de una marcha pacífica de vecinos por el centro de la ciudad, en la plazuela Busch, en reclamo por el alza de la canasta familiar. Sin que medie razón aparente, la movilización fue atacada con gases por la policía. El dirigente intentó resguardar su integridad en una tienda cercana, y en el trajín manoteó el celular de un “civil” que no dejaba de filmarlo ya tiempo antes de la represión. El “civil” era en realidad —como lo aceptó luego la propia policía— un agente de Inteligencia. Y el incidente bastó, por increíble que parezca, para acusar a García de “robo agravado”. Pero esto sucedería recién varias horas después. La “cacería” al dirigente estaba ordenada y sólo había que cumplirla. Quince (ahora sí) uniformados se le fueron encima para golpearlo y detenerlo, además junto a una mujer que nada tenía que ver ni siquiera en la refriega, y que sólo se quejaba por la violencia. La aprehensión se ejecutó, como tantas otras, sin acusación formal, sin fiscales y, por supuesto, sin derecho a defensa alguna. Franco, como tantos otros dirigentes sociales, era un trofeo para el terrorismo de Estado, ávido del dolor ajeno para escarmentar a todos los que se atreven a declararse seguidores de las ideas del expresidente Evo Morales. Así, la pesadilla para el joven no hacía más que comenzar. Durante el trayecto a las celdas, fue pateado, escupido, amenazado e insultado. Incomunicado por varias horas, después fue objeto de una tramoya judicial que continuó poniendo en escena el libreto, al dar por justificada la versión policial del falso “robo agravado”, nada menos a que a un policía de civil y en medio de una marcha. Por eso, en realidad por ser “dirigente evista” como se jactó a esas horas el tan triste periodismo nacional, se le castigó con ¡dos meses! de “detención preventiva” en San Sebastián. Llegado al penal y con la “bienvenida” en callejón oscuro por paramilitares que operaron en el golpe de Estado de 2019, el suplicio fue en aumento. Sin el menor pudor, los agentes le advirtieron que le iban a dar muerte, al tiempo en que le daban una paliza adicional en las manos, los pies y la espalda. Mucha, mucha fuerza interior tuvo que reunir Franco para disimular la devastación a su madre, a la que le permitieron sólo cinco minutos de contacto personal esa noche que prometía ser de impensables tinieblas, algo que ella denunció a medios de comunicación populares, porque los otros nunca intervinieron, en silenciosa concomitancia con los represores. Con esa misma fortaleza nos recibió Franco este miércoles a Nely Pinto, Virginia Silvestre, Juan Carlos Irahola y yo. Y lo primero que hizo no fue hablar de sí mismo, sino de las personas con las que le ha tocado padecer esta experiencia. A él le impresionaron igualmente esas existencias quebradas por errores propios, pero en grave suma por un Estado colonial que, ahora conducido por una tiranía, sólo piensa en el vejamen de los más débiles para que nunca más se vuelvan a rebelar. Y es cierto, el régimen penitenciario es una de las deudas del proceso de cambio. Se avanzó de 2006 a 2019, al mejorar recintos (como el de El Abra), al establecer leyes para que los privados de libertad sin sentencia puedan agilizar su salida; se proyectaron nuevos espacios que no solamente sirvan para purgar penas, sino para la reinserción. Pero, como todos los avances del Estado Plurinacional, estos fueron abruptamente paralizados primero por Jeanine Añez y después por Luis Arce. Sin ir más lejos, la edificación de un Centro de Rehabilitación Modelo para Cochabamba sigue siendo un anhelo, a pesar de que en la gestión de Evo se promulgó la Ley 410 que declara como prioridad nacional esa construcción, en Arani. A contramano de aquello, la dictadura judicial-policial y ahora militar de Arce Catacora optó por dejar en iliquidez económica hasta a las gobernaciones encargadas del pago de los prediarios a los internos. Y, muy especialmente, siguió llenando las cárceles con quienes rechazan el hambre y la corrupción

Al Pereyra La desaparición física de José “Pepe” Mujica debería marcar un antes y un después en todos los políticos de América Latina y del mundo. Su legado como líder y activista, que luchó por cambiar su Uruguay natal y todo un continente, estuvo siempre ligado fielmente a sus principios que guiaron su vida: la humildad, la austeridad, la coherencia, la honestidad y la cercanía en todo momento al pueblo. Su pasado guerrillero, aunque controversial, lo humanizó para muchos. Demostró que sus ideales no eran mera retórica, sino el fruto de una vida de riesgo y convicción. Empero, también generó críticas de sectores conservadores que cuestionaban sus raíces radicales, una tensión que limitó su influencia entre las élites tradicionales. Este trasfondo explica su enfoque empático y su rechazo al poder por el poder mismo. La trayectoria de Mujica comenzó en los convulsos años 60 como miembro de los Tupamaros, un grupo guerrillero marxista que desafió el régimen oligárquico de Uruguay. Sus catorce años en prisión, incluyendo más de una década en aislamiento brutal, forjaron su cosmovisión, transformando su fervor revolucionario en un compromiso profundo con el diálogo y la humanidad. Esta evolución -de militante armado a estadista pragmático- dotó de credibilidad a su presidencia, con sacrificio y resiliencia. En sus intervenciones en foros internacionales a los que acudió, el “Pepe” dejó una influencia transformadora entre los jóvenes políticos que buscan alcanzar el ideal que otro mundo es posible. Mantuvo un liderazgo inspirador a través de su austeridad y lenguaje directo que establecieron un estándar de liderazgo ético, motivando a líderes emergentes y movimientos sociales a priorizar la ética y la moral sobre el poder. Supo entablar una conexión intergeneracional con su mensaje que unió a jóvenes activistas, intelectuales y académicos, ofreciendo una guía práctica en una región donde los liderazgos suelen estar polarizados. Así, en un discurso a docentes y estudiantes de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, pronunciado en junio de 2013, expresó: “Tengo que hacerme esta pregunta ¿qué es la libertad? Mi definición casera de viejo es la siguiente: soy libre cuando gasto el tiempo de mi vida en lo que me gusta, en lo que me motiva; para uno será una cosa, para otro será otra; pero mientras tenga que luchar por elementos materiales para sostener mi vida, no soy libre, estoy sometido a la ley de la necesidad”. Durante los cinco años que estuvo al mando de Uruguay (2010-2015) dejó muy claro que la política debe ser un servicio al otro, un acto de sacrificio, y no un juego interesado de poder. Su vida, marcada por el encarcelamiento, la pobreza y el amor a la libertad, es la prueba viviente de que las grandes transformaciones no son utopías. En foros como en la ONU, las reflexiones de Mujica sobre el consumismo y la felicidad humana proyectaron un poder blando ético, invitando a repensar valores en un mundo en crisis. Durante la tercera cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) el 28 de enero de 2015, efectuado en Belén, Costa Rica, Mujica expreso: “Confío mucho más en la necesidad de construir, a largo plazo, corrientes políticas que seleccionen a las personas, no en función de su triunfo material, sino de su triunfo moral. Para que una sociedad avance de manera sana es necesario que la mayor parte de su dirigencia política esté comprometida tanto ética como moralmente. No debemos entrar en la alta política para hacer negocios o para vivir mejor, sino para comprometernos seriamente con las causas de la gente”. Ahora que Bolivia vive un proceso electoral, los políticos que buscan la presidencia del Estado Plurinacional deberían tomar en cuenta una reflexión de Mujica cuando se refiere al deber ético de la política. Lamentablemente, los políticos bolivianos, tanto de derecha, de centro y los que dicen ser de izquierda carecen de ética y moral. Sin dudas, el pragmatismo y el accionar de “Pepe” Mujica en la política y en su vida personal lo encumbraron a una posición alta, cargada de ética y moral, donde no todos los políticos pueden llegar. Latinoamérica y la humanidad perdieron a un hombre progresista, estadista, guerrillero y político a cabalidad que supo brillar con luz propia en un mundo sombrío, corrupto, consumista, lleno de traiciones y ambiciones.

Por Gabriel Villalba Pérez El Derecho en Bolivia esta tan venido a menos, que un magistrado, y no cualquier magistrado, sino el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado se atreve a insistir en que sus determinaciones (in)constitucionales fueron legales y que demás tendrían pleno valor y aplicación. Este magistrado ha salido recientemente a señalar: “Nadie puede perpetuarse en el poder” con una frase que parece más proselitismo político que análisis u opinan jurídica. ¿Por qué Gonzalo Hurtado, magistrado re auto prorrogado y presidente del TCP está equivocado? La Sentencia Constitucional 007/2025 de emitida el 13 de mayo de 2025, que defiende Hurtado, no es más que el justificativo “jurídico” más reciente de un operativo mediático de desinformación a la población. En Bolivia se ha judicializado la política en una clara guerra judicial (Lawfare) contra el movimiento plurinacional popular. Una pieza clave y fundamental de esta guerra judicial es la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4, que también defiende Hurtado. Sentencia tristemente recordada por haber sido emitida 3 días antes de que concluya el mandato legal y constitucional de los magistrados, previsto en el artículo 183 de nuestra CPE. La Sentencia Constitucional 1010/2023-S4 lo único que revela es que el accionante no es Evo Morales, tampoco el accionado y el objeto de determinada sentencia nada tenía que ver con reelección, repostulación, periodos de mandato presidenciales o algún tema relacionado. Sin embargo, fue presentada mediáticamente y con gran parafernalia como insumo jurídico – constitucional por el cual Evo Morales era inhabilitado. Esta acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Balcázar Ruiz contra David Choquehuanca Céspedes disponiendo la restitución de derechos del accionante. Un asunto que podían haberlo resuelto en 10 páginas terminan tratándolo en 80 páginas, situación propia de los instrumentos del Lawfare, altamente confusos y ampulosos para desinfomar y mentir a la población. Hurtado olvida señalar que para cualquier interpretación constitucional donde se alude al “fin o voluntad del constituyente” se deben recurrir a los registros de los debates, las actas y/o grabaciones de las sesiones de la Asamblea Constituyente, ya que nuestra CPE data del 2009, no es una constitución de hace 20, 30 o 50 años atrás. Este magistrado que brilla por su ignorancia tampoco menciona que los artículos de nuestra CPE no son meros artículos; los mismos establecen institutos jurídicos. Uno de estos institutos jurídicos es el que dispone el articulo 168 estableciendo los periodos de mandatos continuos y sus prohibiciones. No existe en toda nuestra CPE el instituto jurídico de periodos de mandatos discontinuos por ende no es misión del magistrado inventarse, crear o modificar la CPE. Para la modificación constitucional total o parcial sus mecanismos están previstos en el artículo 411. El artículo 168 es claro y taxativo, no está sujeto a interpretación; tal como ya lo han señalado importantes jurisconsultos internacionales tales como jurista español Rubén Martínez Dalmau en el V Congreso de Derecho Constitucional, desarrollado este año en Sucre, explicando que la norma permite una reelección para un segundo mandato de manera continua, pero que de manera discontinua una persona puede postularse las veces que desee. En este mismo sentido se han pronunciado el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni connotado ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así también el profesor brasileño Walber de Moura Agra en su paso por nuestro país. Sentencia Constitucional 007/2025 que defiende Hurtado es un disparate jurídico porque se inventan los periodos de mandatos discontinuos, siendo que estos no existen en nuestra CPE. El rol del TCP es de interpretación, no de ceración, de modificación o de invención de nuevos institutos jurídicos; lo cual es contrario a la propia CPE. Solamente mediante ley se pueden regular los derechos civiles y políticos de representación; es decir, mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hurtado hace gala de su ignorancia al soslayar el principio universal del derecho de irretroactividad de la norma, contemplado en el artículo 123 de nuestra CPE. No se puede aplicar con carácter retroactivo (hacia atrás) las disposiciones (in)constitucionales que tanto defiende Hurtado. Los miembros del TCP han cometido el delito de resoluciones contrarias a la CPE y las leyes; por lo cual, así como se operó contra la jueza Moreno, el Ministerio Público debiera haber emitido de oficio las ordenes de aprehensión contra Hurtado y el resto de magistrados por la comisión de un delito flagrante y además por haber hecho apología del mismo saliendo en conferencia de prensa al presentar la Sentencia Constitucional 007/2025 como un gran logro.   *M.Sc. Abogado.

Por Dolores Arce Europa es cuna de muchos males:   allá por el siglo XV – una época marcada por el feudalismo y dinastías de reyes, con la peste y otras enfermedades diezmando a su población – en sus entrañas se engendró una bestia que dejó una huella de sangre y fuego:   la invasión y colonización de nuestro continente Abya Yala, complementada con el horror de la caza y trata de esclavos africanos.  El legado europeo se tradujo en saqueo, muerte y genocidio primero en América, pero muy pronto se repartirían también África y vastos territorios de Asia. En ese mismo viejo continente, hace cien años surgió el fenómeno político y social del fascismo que es la continuidad de las prácticas autoritarias, represivas y racistas, esta vez basadas en el “anticomunismo”.  Mussolini, Franco y Hitler fueron las expresiones más crudas de esta corriente que no solamente llevó a atrocidades contra el movimiento obrero y popular, sino a dos guerras mundiales. Aquí es necesario recordar una verdad histórica:  Quien venció al fascismo y derrotó a la Alemania nazi, no fueron precisamente los norteamericanos, como intentan posesionar con la producción cinematográfica hollywoodense.  Fue el valeroso Ejército Rojo de la Unión Soviética comunista, por lo que este 9 de mayo, recordamos el 80 aniversario de esta hazaña que solo fue posible gracias – sobre todo –  a centenares de miles de vidas ofrendadas por la resistencia soviética para poner fin a la barbarie del nazi fascismo. Este 30 de abril se cumplieron también 50 años de la victoria del pueblo vietnamita sobre los Estados Unidos; después de una guerra criminal que duró casi 20 años, la dignidad y deseo de soberanía pudo más que el ejército mejor armado y con los métodos más mortíferos contra población civil. ¿Pero será que el fascismo murió con la derrota militar de Hitler?  ¿Será cosa del pasado? Pues tal como pasó tras la derrota de Mussolini y Franco, lo mismo la Alemania nazi exportó a miles de criminales de guerra que huyeron camuflados entre otros emigrantes, muchas veces bajo nuevas identidades para evitar ser enjuiciados por sus crímenes. Nuestro país no fue la excepción, nos llegaron individuos temerarios como Klaus Barbie Altmann, apodado el “carnicero de Lyon” por su crueldad, y que en Bolivia se codeaba con los más altos rangos militares, convirtiéndose en asesor de métodos de tortura y técnicas anticomunistas desde la época de los dictadores Barrientos, Banzer y García Meza.  Si se estrenó en la Alemania nazi con la GESTAPO, luego fue aceptado gustosamente por los Estados Unidos como agente de la CIA, total que importa el pasado criminal si demuestra ser experimentado torturador y anticomunista.  Este siniestro personaje es apenas un ejemplo, pues la colonia alemana alberga entre sus filas a muchos otros criminales o sus descendientes, tal como pasa también con los croatas, por ejemplo. Sobre todo, en la década de los ‘60 y ‘70, en América latina los regímenes fascistas sostenidos o impuestos por los Estados Unidos dejaron decenas de miles de víctimas de tortura, desaparición o asesinato.  La tristemente Escuela de las Américas, adiestramiento militar e ideológico de por medio, fue una verdadera fábrica de dictadores entrenados para servir a los propósitos del imperialismo norteamericano. En Bolivia el fascismo tomó forma a través de los diferentes golpes de estado que fueron planificados con la intervención de la CIA,  posteriormente perfeccionados con el Plan Condor para eliminar todo vestigio de “amenaza comunista”,  con la represión y eliminación sistemática del “enemigo” que implicó persecución al movimiento obrero popular y campesino, así como la toma violenta de los centros mineros,  a la par  encarcelamiento, masacres,  exilio y asesinato selectivo de dirigentes de izquierda.  La ideología de “supremacía” que alimenta al fascismo, convierte a los pueblos indígenas y sus líderes en otro blanco de sus ataques.  En esta coyuntura electoral, la mafia judicial encabezada por el autoprorrogado TCP y el linchamiento mediático tienen tintes fascistoides, que hacen de la estigmatización un arma de deslegitimación de liderazgos. Así pasó recientemente en Ecuador, donde se sembró bronca contra el correísmo que fue víctima de una enorme campaña de desprestigio, como si fuera “el enemigo común” (cuando su “delito” fue no dar continuidad a la base militar norteamericana en Manta). De modo que terminó ganando el caos y el miedo, sellado con un proceso fraudulento a favor de Noboa y por lo tanto una victoria geopolítica del imperialismo yanqui. Así está pasando también en Bolivia, donde lo que está en juego en este momento, va más allá de la silla presidencial:  es la continuidad del proceso de cambio y su carácter antiimperialista que representan una piedra en el zapato de la derecha nacional e internacional. De hecho, parte de la guerra cognitiva, que es la conquista de las mentes como campo de batalla, es una estrategia cada vez más perfeccionada donde desde la industria del cine, los medios de comunicación, las redes sociales, la música o las sectas religiosas se moldea al nuevo ciudadano adormecido, manipulado, alienado y sobre todo desarmado del potencial contestatario de la fuerza colectiva, naturalizando la violencia y todo lo funcional al sistema capitalista. Como resultado de esta batalla cultural y política, que prescinde de armamento militar y derramamiento de sangre, tenemos el fenómeno de presidentes de extrema derecha y de corte neo fascista como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, ahora con Milei en Argentina o Noboa en Ecuador.  En todos los casos, le sigue la aplicación de políticas sometidas a organismos internacionales e intereses foráneos, la profundización de la dominación y expansión de bases militares norteamericanas, la represión del movimiento popular, la aplicación de medidas económicas que recortan conquistas y derechos de trabajadores y pueblo en general.   Este fascismo contemporáneo intenta ocultar su violencia estructural, haciéndonos cómplices de nuestra propia dominación. Por último, no podemos dejar de hablar de Palestina, porque el atroz genocidio que comete el estado sionista israelí es el rostro del fascismo actual, aniquilador de la vida, el planeta y lo que queda de humanidad. Por todo ello, saludamos