Opinión

Al Pereyra En los cuatro años de gestión de Luis Arce Catacora, su gobierno ha realizado una infinidad de gastos públicos entre los que destacan el alto número de funcionarios públicos, el pago a dirigentes sindicales y federaciones de campesinos, y sobre todo, el aumento de la pauta publicitaria en diferentes medios televisivos, radiales y escritos; además de cooptar periodistas ‘independientes”. Durante los catorce años del gobierno de Evo Morales, éste había roto cualquier vínculo de publicidad con los medios de comunicación. Su administración no erogó ni un solo boliviano, por contrato publicitario, a los llamados medios ‘independientes’. Lo que significó que los propietarios de estos medios le declaran una guerra sin cuartel, privándolo de cualquier cobertura, pero sí destacando y magnificando los desaciertos de la entonces administración gubernamental. Antes de salir de la red de Facebook, la radioemisora Kawsachum Coca, medio afín a Morales, había realizado una denuncia dando a conocer como el gobierno de Arce Catacora había aprobado un millonario gasto en contratos publicitarios con medios de comunicación nacionales e internacionales. La denuncia tenía como fuente los documentos oficiales del Programa Anual de Contrataciones (PAC), emitidos por el Viceministerio de Comunicación. Según el medio, la fecha de inicio de los contratos data el 2 de mayo del presente año con el objetivo de promover la imagen gubernamental en televisión, radio, prensa escrita, medios digitales y vallas publicitarias. Entre los contratos más destacados se encuentran: ATB Canal del Valle: 16,5 millones de bolivianos, Plataformas Digitales de Entel: 7 millones, PAT: 6 millones, Bolivia TV: 4 millones, Red Uno: 3 millones, Cadena A: 3 millones, Gigavisión (propiedad del padre del periodista Junior Arias): 2,5 millones, Telesur (dirigido por Freddy Morales): 1 millón, periódico Los Tiempos: 1 millón, Radio Univalle: 1 millón, Trystar Investment SRL (La Prensa): 1 millón. Kawsachum Coca también indica que hay contratos menores asignados a espacios como el programa “Fama, Poder y Ganas” por 300.000 bolivianos, Radio Éxito La Paz por 100.000, semanario La Época, dirigido por Hugo Moldiz con 300.000 y medios como Radio Televisión Palenque RTP, con un contrato de 4 millones. Además, de vallas publicitarias por un monto de 2 millones de bolivianos. Además, se denuncia que cada medio de comunicación debe entregar al Viceministerio de Comunicación, bajo la dirección de Gabriela Alcón, el 20 por ciento por concepto de los contratos publicitarios. Esta política de comunicación del gobierno contrasta con la realidad social del país, donde el desempleo, el aumento del coste de vida, la falta de diésel, gasolina, dólares y la reducción de reservas internacionales golpean fuertemente la vida de millones de bolivianos. No es casual que ninguno de estos medios señalados no haya realizado ninguna cobertura, reportaje, o informes especiales a las denuncias de corrupción en las que estarían involucrados la familia, en especial los hijos, del presidente de Bolivia. Recordemos que el hijo mayor de Arce Catacora, Marcelo Arce Mosqueira, es señalado por sus presuntos lobbys con empresas extranjeras para negociar el litio boliviano. Además, de ser el dueño y señor de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Asimismo, su otro hijo, Rafael Ernesto Arce Mosqueira, adquirió en 2021 el predio ‘Empresarial y agrícola Adán y Eva’, con una extensión de 2.187 hectáreas por un valor de 3,3 millones de dólares en el departamento de Santa Cruz, a pocos meses de haber dejado su cargo en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. El caso de ‘Adán y Eva’ se suma a una serie de cuestionamientos recientes sobre el rol de los familiares de autoridades en el manejo de recursos y acceso a oportunidades económicas, sobre todo a negocios realizados con compras estatales de combustible. Hasta ahora, ni la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) ni la Contraloría General del Estado se han pronunciado sobre la operación, pese a que sus funciones incluyen la supervisión del patrimonio de exfuncionarios públicos y sus entornos cercanos. Por otra parte, el pasado año, diputado ‘evista’, Renán Cabezas, había pedido al Ministerio Público investigar a Diego Choquehuanca, hijo del vicepresidente David Choquehuanca, porque en 2014, con 25 años de edad, presuntamente compró una casa en 300.000 dólares y posteriormente adquirió un préstamo bancario de 1 millón de bolivianos. Cabezas denunció, en su momento, que para distraer la atención de la justicia, el bien inmueble fue vendido, en ese entonces, al entonces Procurador del Estado, César Siles, y hasta hace unos días atrás ministro de Justicia, en un monto también considerable. Ahora corresponde a los periodistas y los medios de comunicación investigar estas denuncias que involucran a las familias Arce Catacora y Choquehuanca, no hacerlo demostrará que realmente están pagados por el gobierno, dejando mucho que desear de los que dicen ser portadores de una ‘prensa libre e independiente’.

Sergio de la Zerda Lo confieso, fue mi primera vez. Nunca visité una cárcel. No lo hice antes como periodista, pues no cubría temas policiales; como servidor público, mi labor se enfocó en gestiones sobre salud, educación y cultura. Por eso mi espanto al mediodía de este miércoles, cuando junto a tres de mis colegas asambleístas llegamos al interior de la prisión de San Sebastián de Cochabamba, con el propósito de visitar al compañero Franco García Olmos, aguerrido dirigente de la zona sur y líder del movimiento popular en Cercado, privado de su libertad precisamente por lo anterior. No puedo imaginar nada más cercano al infierno que esa vieja construcción de principios del siglo pasado prácticamente en ruinas, de tal vez sólo un cuarto de manzano, donde se apiñan más de 1.100 reclusos sin contar a sus familiares. El edificio (es un decir) de dos pisos tiene una capacidad para 250 reos. Hay entonces un hacinamiento que supera el 330 por ciento, con más de dos seres humanos por metro cuadrado. De todos los internos, menos de 300 son sentenciados; más de 800 “viven” ahí con detención preventiva. Pero ninguna de esas cifras puede graficar el “largo” camino al salón de visitas (otro decir), con decenas de pedidos desesperados de colaboración monetaria, pasando casi por encima de seres de mirada perdida que “descansan” por todos los minúsculos y sucios suelos, muchos de ellos en la somnolencia de su tragedia o de alguna sustancia con la que tratan de sobrellevarla. Hasta ahí condujeron a Franco, el pasado 10 de junio, la policía y la “justicia”. Lo hicieron, como desde hace dos años con casi 500 compañeros, ilegalmente, por la fuerza y torturando, violando cada uno de sus derechos elementales. El “delito” de este nuestro ocasional “anfitrión” no fue otro que haber protestado contra la destrucción de Bolivia a manos del régimen de Luis Arce Catacora. Ese martes, Franco, de 32 años y formado en leyes, integraba la cabeza de una marcha pacífica de vecinos por el centro de la ciudad, en la plazuela Busch, en reclamo por el alza de la canasta familiar. Sin que medie razón aparente, la movilización fue atacada con gases por la policía. El dirigente intentó resguardar su integridad en una tienda cercana, y en el trajín manoteó el celular de un “civil” que no dejaba de filmarlo ya tiempo antes de la represión. El “civil” era en realidad —como lo aceptó luego la propia policía— un agente de Inteligencia. Y el incidente bastó, por increíble que parezca, para acusar a García de “robo agravado”. Pero esto sucedería recién varias horas después. La “cacería” al dirigente estaba ordenada y sólo había que cumplirla. Quince (ahora sí) uniformados se le fueron encima para golpearlo y detenerlo, además junto a una mujer que nada tenía que ver ni siquiera en la refriega, y que sólo se quejaba por la violencia. La aprehensión se ejecutó, como tantas otras, sin acusación formal, sin fiscales y, por supuesto, sin derecho a defensa alguna. Franco, como tantos otros dirigentes sociales, era un trofeo para el terrorismo de Estado, ávido del dolor ajeno para escarmentar a todos los que se atreven a declararse seguidores de las ideas del expresidente Evo Morales. Así, la pesadilla para el joven no hacía más que comenzar. Durante el trayecto a las celdas, fue pateado, escupido, amenazado e insultado. Incomunicado por varias horas, después fue objeto de una tramoya judicial que continuó poniendo en escena el libreto, al dar por justificada la versión policial del falso “robo agravado”, nada menos a que a un policía de civil y en medio de una marcha. Por eso, en realidad por ser “dirigente evista” como se jactó a esas horas el tan triste periodismo nacional, se le castigó con ¡dos meses! de “detención preventiva” en San Sebastián. Llegado al penal y con la “bienvenida” en callejón oscuro por paramilitares que operaron en el golpe de Estado de 2019, el suplicio fue en aumento. Sin el menor pudor, los agentes le advirtieron que le iban a dar muerte, al tiempo en que le daban una paliza adicional en las manos, los pies y la espalda. Mucha, mucha fuerza interior tuvo que reunir Franco para disimular la devastación a su madre, a la que le permitieron sólo cinco minutos de contacto personal esa noche que prometía ser de impensables tinieblas, algo que ella denunció a medios de comunicación populares, porque los otros nunca intervinieron, en silenciosa concomitancia con los represores. Con esa misma fortaleza nos recibió Franco este miércoles a Nely Pinto, Virginia Silvestre, Juan Carlos Irahola y yo. Y lo primero que hizo no fue hablar de sí mismo, sino de las personas con las que le ha tocado padecer esta experiencia. A él le impresionaron igualmente esas existencias quebradas por errores propios, pero en grave suma por un Estado colonial que, ahora conducido por una tiranía, sólo piensa en el vejamen de los más débiles para que nunca más se vuelvan a rebelar. Y es cierto, el régimen penitenciario es una de las deudas del proceso de cambio. Se avanzó de 2006 a 2019, al mejorar recintos (como el de El Abra), al establecer leyes para que los privados de libertad sin sentencia puedan agilizar su salida; se proyectaron nuevos espacios que no solamente sirvan para purgar penas, sino para la reinserción. Pero, como todos los avances del Estado Plurinacional, estos fueron abruptamente paralizados primero por Jeanine Añez y después por Luis Arce. Sin ir más lejos, la edificación de un Centro de Rehabilitación Modelo para Cochabamba sigue siendo un anhelo, a pesar de que en la gestión de Evo se promulgó la Ley 410 que declara como prioridad nacional esa construcción, en Arani. A contramano de aquello, la dictadura judicial-policial y ahora militar de Arce Catacora optó por dejar en iliquidez económica hasta a las gobernaciones encargadas del pago de los prediarios a los internos. Y, muy especialmente, siguió llenando las cárceles con quienes rechazan el hambre y la corrupción

Al Pereyra La desaparición física de José “Pepe” Mujica debería marcar un antes y un después en todos los políticos de América Latina y del mundo. Su legado como líder y activista, que luchó por cambiar su Uruguay natal y todo un continente, estuvo siempre ligado fielmente a sus principios que guiaron su vida: la humildad, la austeridad, la coherencia, la honestidad y la cercanía en todo momento al pueblo. Su pasado guerrillero, aunque controversial, lo humanizó para muchos. Demostró que sus ideales no eran mera retórica, sino el fruto de una vida de riesgo y convicción. Empero, también generó críticas de sectores conservadores que cuestionaban sus raíces radicales, una tensión que limitó su influencia entre las élites tradicionales. Este trasfondo explica su enfoque empático y su rechazo al poder por el poder mismo. La trayectoria de Mujica comenzó en los convulsos años 60 como miembro de los Tupamaros, un grupo guerrillero marxista que desafió el régimen oligárquico de Uruguay. Sus catorce años en prisión, incluyendo más de una década en aislamiento brutal, forjaron su cosmovisión, transformando su fervor revolucionario en un compromiso profundo con el diálogo y la humanidad. Esta evolución -de militante armado a estadista pragmático- dotó de credibilidad a su presidencia, con sacrificio y resiliencia. En sus intervenciones en foros internacionales a los que acudió, el “Pepe” dejó una influencia transformadora entre los jóvenes políticos que buscan alcanzar el ideal que otro mundo es posible. Mantuvo un liderazgo inspirador a través de su austeridad y lenguaje directo que establecieron un estándar de liderazgo ético, motivando a líderes emergentes y movimientos sociales a priorizar la ética y la moral sobre el poder. Supo entablar una conexión intergeneracional con su mensaje que unió a jóvenes activistas, intelectuales y académicos, ofreciendo una guía práctica en una región donde los liderazgos suelen estar polarizados. Así, en un discurso a docentes y estudiantes de la Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín, pronunciado en junio de 2013, expresó: “Tengo que hacerme esta pregunta ¿qué es la libertad? Mi definición casera de viejo es la siguiente: soy libre cuando gasto el tiempo de mi vida en lo que me gusta, en lo que me motiva; para uno será una cosa, para otro será otra; pero mientras tenga que luchar por elementos materiales para sostener mi vida, no soy libre, estoy sometido a la ley de la necesidad”. Durante los cinco años que estuvo al mando de Uruguay (2010-2015) dejó muy claro que la política debe ser un servicio al otro, un acto de sacrificio, y no un juego interesado de poder. Su vida, marcada por el encarcelamiento, la pobreza y el amor a la libertad, es la prueba viviente de que las grandes transformaciones no son utopías. En foros como en la ONU, las reflexiones de Mujica sobre el consumismo y la felicidad humana proyectaron un poder blando ético, invitando a repensar valores en un mundo en crisis. Durante la tercera cumbre de la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) el 28 de enero de 2015, efectuado en Belén, Costa Rica, Mujica expreso: “Confío mucho más en la necesidad de construir, a largo plazo, corrientes políticas que seleccionen a las personas, no en función de su triunfo material, sino de su triunfo moral. Para que una sociedad avance de manera sana es necesario que la mayor parte de su dirigencia política esté comprometida tanto ética como moralmente. No debemos entrar en la alta política para hacer negocios o para vivir mejor, sino para comprometernos seriamente con las causas de la gente”. Ahora que Bolivia vive un proceso electoral, los políticos que buscan la presidencia del Estado Plurinacional deberían tomar en cuenta una reflexión de Mujica cuando se refiere al deber ético de la política. Lamentablemente, los políticos bolivianos, tanto de derecha, de centro y los que dicen ser de izquierda carecen de ética y moral. Sin dudas, el pragmatismo y el accionar de “Pepe” Mujica en la política y en su vida personal lo encumbraron a una posición alta, cargada de ética y moral, donde no todos los políticos pueden llegar. Latinoamérica y la humanidad perdieron a un hombre progresista, estadista, guerrillero y político a cabalidad que supo brillar con luz propia en un mundo sombrío, corrupto, consumista, lleno de traiciones y ambiciones.

Por Gabriel Villalba Pérez El Derecho en Bolivia esta tan venido a menos, que un magistrado, y no cualquier magistrado, sino el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado se atreve a insistir en que sus determinaciones (in)constitucionales fueron legales y que demás tendrían pleno valor y aplicación. Este magistrado ha salido recientemente a señalar: “Nadie puede perpetuarse en el poder” con una frase que parece más proselitismo político que análisis u opinan jurídica. ¿Por qué Gonzalo Hurtado, magistrado re auto prorrogado y presidente del TCP está equivocado? La Sentencia Constitucional 007/2025 de emitida el 13 de mayo de 2025, que defiende Hurtado, no es más que el justificativo “jurídico” más reciente de un operativo mediático de desinformación a la población. En Bolivia se ha judicializado la política en una clara guerra judicial (Lawfare) contra el movimiento plurinacional popular. Una pieza clave y fundamental de esta guerra judicial es la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4, que también defiende Hurtado. Sentencia tristemente recordada por haber sido emitida 3 días antes de que concluya el mandato legal y constitucional de los magistrados, previsto en el artículo 183 de nuestra CPE. La Sentencia Constitucional 1010/2023-S4 lo único que revela es que el accionante no es Evo Morales, tampoco el accionado y el objeto de determinada sentencia nada tenía que ver con reelección, repostulación, periodos de mandato presidenciales o algún tema relacionado. Sin embargo, fue presentada mediáticamente y con gran parafernalia como insumo jurídico – constitucional por el cual Evo Morales era inhabilitado. Esta acción de amparo constitucional interpuesta por Miguel Ángel Balcázar Ruiz contra David Choquehuanca Céspedes disponiendo la restitución de derechos del accionante. Un asunto que podían haberlo resuelto en 10 páginas terminan tratándolo en 80 páginas, situación propia de los instrumentos del Lawfare, altamente confusos y ampulosos para desinfomar y mentir a la población. Hurtado olvida señalar que para cualquier interpretación constitucional donde se alude al “fin o voluntad del constituyente” se deben recurrir a los registros de los debates, las actas y/o grabaciones de las sesiones de la Asamblea Constituyente, ya que nuestra CPE data del 2009, no es una constitución de hace 20, 30 o 50 años atrás. Este magistrado que brilla por su ignorancia tampoco menciona que los artículos de nuestra CPE no son meros artículos; los mismos establecen institutos jurídicos. Uno de estos institutos jurídicos es el que dispone el articulo 168 estableciendo los periodos de mandatos continuos y sus prohibiciones. No existe en toda nuestra CPE el instituto jurídico de periodos de mandatos discontinuos por ende no es misión del magistrado inventarse, crear o modificar la CPE. Para la modificación constitucional total o parcial sus mecanismos están previstos en el artículo 411. El artículo 168 es claro y taxativo, no está sujeto a interpretación; tal como ya lo han señalado importantes jurisconsultos internacionales tales como jurista español Rubén Martínez Dalmau en el V Congreso de Derecho Constitucional, desarrollado este año en Sucre, explicando que la norma permite una reelección para un segundo mandato de manera continua, pero que de manera discontinua una persona puede postularse las veces que desee. En este mismo sentido se han pronunciado el profesor Eugenio Raúl Zaffaroni connotado ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así también el profesor brasileño Walber de Moura Agra en su paso por nuestro país. Sentencia Constitucional 007/2025 que defiende Hurtado es un disparate jurídico porque se inventan los periodos de mandatos discontinuos, siendo que estos no existen en nuestra CPE. El rol del TCP es de interpretación, no de ceración, de modificación o de invención de nuevos institutos jurídicos; lo cual es contrario a la propia CPE. Solamente mediante ley se pueden regular los derechos civiles y políticos de representación; es decir, mediante la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hurtado hace gala de su ignorancia al soslayar el principio universal del derecho de irretroactividad de la norma, contemplado en el artículo 123 de nuestra CPE. No se puede aplicar con carácter retroactivo (hacia atrás) las disposiciones (in)constitucionales que tanto defiende Hurtado. Los miembros del TCP han cometido el delito de resoluciones contrarias a la CPE y las leyes; por lo cual, así como se operó contra la jueza Moreno, el Ministerio Público debiera haber emitido de oficio las ordenes de aprehensión contra Hurtado y el resto de magistrados por la comisión de un delito flagrante y además por haber hecho apología del mismo saliendo en conferencia de prensa al presentar la Sentencia Constitucional 007/2025 como un gran logro.   *M.Sc. Abogado.

Por Dolores Arce Europa es cuna de muchos males:   allá por el siglo XV – una época marcada por el feudalismo y dinastías de reyes, con la peste y otras enfermedades diezmando a su población – en sus entrañas se engendró una bestia que dejó una huella de sangre y fuego:   la invasión y colonización de nuestro continente Abya Yala, complementada con el horror de la caza y trata de esclavos africanos.  El legado europeo se tradujo en saqueo, muerte y genocidio primero en América, pero muy pronto se repartirían también África y vastos territorios de Asia. En ese mismo viejo continente, hace cien años surgió el fenómeno político y social del fascismo que es la continuidad de las prácticas autoritarias, represivas y racistas, esta vez basadas en el “anticomunismo”.  Mussolini, Franco y Hitler fueron las expresiones más crudas de esta corriente que no solamente llevó a atrocidades contra el movimiento obrero y popular, sino a dos guerras mundiales. Aquí es necesario recordar una verdad histórica:  Quien venció al fascismo y derrotó a la Alemania nazi, no fueron precisamente los norteamericanos, como intentan posesionar con la producción cinematográfica hollywoodense.  Fue el valeroso Ejército Rojo de la Unión Soviética comunista, por lo que este 9 de mayo, recordamos el 80 aniversario de esta hazaña que solo fue posible gracias – sobre todo –  a centenares de miles de vidas ofrendadas por la resistencia soviética para poner fin a la barbarie del nazi fascismo. Este 30 de abril se cumplieron también 50 años de la victoria del pueblo vietnamita sobre los Estados Unidos; después de una guerra criminal que duró casi 20 años, la dignidad y deseo de soberanía pudo más que el ejército mejor armado y con los métodos más mortíferos contra población civil. ¿Pero será que el fascismo murió con la derrota militar de Hitler?  ¿Será cosa del pasado? Pues tal como pasó tras la derrota de Mussolini y Franco, lo mismo la Alemania nazi exportó a miles de criminales de guerra que huyeron camuflados entre otros emigrantes, muchas veces bajo nuevas identidades para evitar ser enjuiciados por sus crímenes. Nuestro país no fue la excepción, nos llegaron individuos temerarios como Klaus Barbie Altmann, apodado el “carnicero de Lyon” por su crueldad, y que en Bolivia se codeaba con los más altos rangos militares, convirtiéndose en asesor de métodos de tortura y técnicas anticomunistas desde la época de los dictadores Barrientos, Banzer y García Meza.  Si se estrenó en la Alemania nazi con la GESTAPO, luego fue aceptado gustosamente por los Estados Unidos como agente de la CIA, total que importa el pasado criminal si demuestra ser experimentado torturador y anticomunista.  Este siniestro personaje es apenas un ejemplo, pues la colonia alemana alberga entre sus filas a muchos otros criminales o sus descendientes, tal como pasa también con los croatas, por ejemplo. Sobre todo, en la década de los ‘60 y ‘70, en América latina los regímenes fascistas sostenidos o impuestos por los Estados Unidos dejaron decenas de miles de víctimas de tortura, desaparición o asesinato.  La tristemente Escuela de las Américas, adiestramiento militar e ideológico de por medio, fue una verdadera fábrica de dictadores entrenados para servir a los propósitos del imperialismo norteamericano. En Bolivia el fascismo tomó forma a través de los diferentes golpes de estado que fueron planificados con la intervención de la CIA,  posteriormente perfeccionados con el Plan Condor para eliminar todo vestigio de “amenaza comunista”,  con la represión y eliminación sistemática del “enemigo” que implicó persecución al movimiento obrero popular y campesino, así como la toma violenta de los centros mineros,  a la par  encarcelamiento, masacres,  exilio y asesinato selectivo de dirigentes de izquierda.  La ideología de “supremacía” que alimenta al fascismo, convierte a los pueblos indígenas y sus líderes en otro blanco de sus ataques.  En esta coyuntura electoral, la mafia judicial encabezada por el autoprorrogado TCP y el linchamiento mediático tienen tintes fascistoides, que hacen de la estigmatización un arma de deslegitimación de liderazgos. Así pasó recientemente en Ecuador, donde se sembró bronca contra el correísmo que fue víctima de una enorme campaña de desprestigio, como si fuera “el enemigo común” (cuando su “delito” fue no dar continuidad a la base militar norteamericana en Manta). De modo que terminó ganando el caos y el miedo, sellado con un proceso fraudulento a favor de Noboa y por lo tanto una victoria geopolítica del imperialismo yanqui. Así está pasando también en Bolivia, donde lo que está en juego en este momento, va más allá de la silla presidencial:  es la continuidad del proceso de cambio y su carácter antiimperialista que representan una piedra en el zapato de la derecha nacional e internacional. De hecho, parte de la guerra cognitiva, que es la conquista de las mentes como campo de batalla, es una estrategia cada vez más perfeccionada donde desde la industria del cine, los medios de comunicación, las redes sociales, la música o las sectas religiosas se moldea al nuevo ciudadano adormecido, manipulado, alienado y sobre todo desarmado del potencial contestatario de la fuerza colectiva, naturalizando la violencia y todo lo funcional al sistema capitalista. Como resultado de esta batalla cultural y política, que prescinde de armamento militar y derramamiento de sangre, tenemos el fenómeno de presidentes de extrema derecha y de corte neo fascista como ocurrió con Bolsonaro en Brasil, ahora con Milei en Argentina o Noboa en Ecuador.  En todos los casos, le sigue la aplicación de políticas sometidas a organismos internacionales e intereses foráneos, la profundización de la dominación y expansión de bases militares norteamericanas, la represión del movimiento popular, la aplicación de medidas económicas que recortan conquistas y derechos de trabajadores y pueblo en general.   Este fascismo contemporáneo intenta ocultar su violencia estructural, haciéndonos cómplices de nuestra propia dominación. Por último, no podemos dejar de hablar de Palestina, porque el atroz genocidio que comete el estado sionista israelí es el rostro del fascismo actual, aniquilador de la vida, el planeta y lo que queda de humanidad. Por todo ello, saludamos

Martillando la Vitrina Fracasó el fusilamiento con 18 disparos de fusil de guerra (27 de octubre de 2024). No celebraron el asesinato predicho. Ahora, el linchamiento de la juez Lilian Moreno Cuellar, por actuar en justicia y ley, enferma y atacada brutalmente por actuar con dignidad y legalidad. Morales y Moreno -condenados sin proceso previo ni derecho a la presunción de inocencia y sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso- comparten el sufrimiento del paredón del linchamiento político y mediático, con sentencia anticipada, antes que la penal, con la pena de muerte civil. La juez Moreno tuvo el valor civil y judicial de dictar una sentencia de corrección del indebido proceso penal contra Evo Morales: Que sea juzgado -sin anular el proceso- por un “juez natural”, es decir el juez que le corresponde en donde vive, trabaja, su casa, su vida familiar y social, antes de detenerlo, encarcelarlo y ejecutarle en sentencia. Morales Ayma es procesado por el delito de abuso sexual -antes calificado de violación sexual- por la fiscalía de Tarija sin que hubiera víctima; víctima que juró por escrito que nunca fue víctima de Evo; ahora las víctimas son los dos Morales del poder político de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, de la fiscalía general, de la Policía Boliviana, de la COB arcista, del MAS impostor y, la carroña publicitaria de periodistas “independientes”. ¿No vieron? Evo, tan sano y fuerte, sabedor de su inmenso y abnegado apoyo popular, dijo estar consciente del grave peligro que enfrenta de las manos de sus antiguos amigos, camaradas, compañeros, servidores públicos, ministros, candidatos, compadres -todos desleales y traidores, por sus deseos criminales de matarlo, asesinarlo. La juez Lilian Moreno Cuellar se apegó a la ley y dicto sentencia: que Evo Morales se defienda en justa medida ante juez natural, neutral, probo, justo, transparente, respetando los principios de presunción de inocencia y derecho a ser oído y escuchado. La reacción fue brutal, despiadada. Todo el aparato político, policiaco, judicial y para militar de Luis Arce Catacora se volcó en destrucción de la valiente mujer jurista. La juez, como muy pocos, actuó leal a los principios éticos y legales de las normas que rigen la actuación de todo juez de la tierra: -Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo. -Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. (Independencia de la Judicatura – Asamblea General de la ONU) -Todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como las organizaciones sociales, económicas y políticas, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura. -La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial. -Los jueces tienen el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, (Estatuto del Juez Iberoamericano) El olvido premeditado y la violación de la ley se reflejó en condenar a Evo Morales y Lilian Moreno. El poder político de facto se ríe de estos mandatos constitucionales: – Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. – Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. (Constitución Política del Estado). Hoy, el poder omnímodo de Luis Arce Catacora se expresa en el objetivo material de eliminar a Evo Morales, sea físicamente, por fraude electoral o por medio de la infamia y muerte civil, es decir considerarlo muerto antes de las elecciones de agosto. Olvidaran el mandato constitucional que dice: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” y “está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento”.

*Sergio de la Zerda El nuevo y oscuro pacto entre los vocales electorales y los autoprorrogados del Tribunal Constitucional sella una ilegalidad que pone en riesgo más que nunca las Elecciones Generales para el cambio del ya insoportable régimen de Luis Arce. El Tribunal Electoral debió ser el primero en cumplir sus funciones de garantizar la votación, desconociendo a los magistrados de facto que son apadrinados por Arce Catacora. Pero optó más bien por terminar arrodillarse ante los operadores del mal gobierno. Las acciones del Tribunal Electoral ponen en agonía a la democracia boliviana por al menos tres motivos. UNO Aunque muy breve, hubo un tiempo en que el Tribunal Electoral intentó ponerse los pantalones y actuar de acuerdo a la Constitución y leyes. Fue poco antes de las últimas Elecciones Judiciales, cuando el mismo presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, llamó por su nombre a los autoprorrogados y rechazó cumplir sus fallos arbitrarios que arriesgaban ese proceso electoral. Nos dijeron que unas Judiciales incompletas eran ilegales, inconstitucionales y hasta irracionales. Sin embargo, unas horas después, la institución decidió acatar nomás los caprichos de los usurpadores de la justicia, y nos llevó a unos comicios parciales, que fracasaron en la renovación de todos los altos jueces. Quedará en la historia de la vergüenza nacional cómo es que unas horas antes del voto todavía se presentaban demandas ante los magistrados de facto para que estos sigan perjudicando. DOS Antes de las Judiciales, algunos vocales electorales se habían negado a siquiera supervisar la reunión de funcionarios que el régimen de Arce llamó “cabildo” en El Alto, acción con la que se propusieron robar la sigla del MAS-IPSP. Los vocales de igual modo dijeron que eso era ilegal, que la imaginaria nueva dirigencia del MAS no cumplía ni con los estatutos de la organización política, menos con los reglamentos y normativa que rige el trabajo del Órgano Electoral. Pero, recuerde usted, bastaron unos “fallos” de los autoprorrogados para que los pretendidos árbitros de la democracia terminen de convertirse en malos jugadores de la conveniencia de Arce Catacora. Sin ningún asidero técnico, el Tribunal Electoral pasó entonces a registrar a los empleados públicos, que hasta tenían militancia en otros partidos, como nuevos directivos que entraron por la ventana. Esto ya debió haber despertado la alarma general, pues si el que sufría el abuso era el movimiento popular, con certeza nadie más iba a estar libre de la usurpación de dirigencias, siglas y procedimientos. TRES Las pistas de esta actuación además inmoral ya la dieron anteriormente los vocales cuando convocaron a los líderes políticos a una reunión con una sola consigna: eliminar las Elecciones Primarias que estaban establecidas por ley, a título de, en teoría, priorizar las Judiciales que, como vimos, fueron un fiasco. Comenzaron ese momento a engañarnos, y el único que se dio cuenta fue el expresidente Evo Morales, quien insistió en que se cumpla la norma y que los precandidatos de todas las fuerzas se midan en cancha para que los militantes elijan a sus representantes. Evo llegó a proponer incluso unas primarias abiertas para que toda la ciudadanía pudiera sufragar. Pero la decisión antidemocrática estaba tomada por los operadores de Arce Catacora y sus aliados de la derecha que, desoyendo a Evo, eliminaron esta posibilidad de democratización de los partidos políticos. Si las Elecciones Primarias se hubieran mantenido, se hubiesen solucionado hasta los problemas de los que han naufragado en su “unidad”, y tienen una veintena de precandidatos, lo que evidencia que, como Arce Catacora, sólo tienen intereses personales. Hasta los neoliberales hubieran tenido hoy su anhelado candidato único y no tendrían por qué pelearse. La yapita Pero le tuvieron miedo al voto de la gente. Y eso también se vio este mismo miércoles en la nueva componenda entre vocales electorales y autoprorrogados, a tal punto que Hassenteufel se “olividó” por completo de seguir exigiendo una ley que supuestamente garantice la preclusión, que de todas maneras está prevista en la Constitución. Con todos sus engaños y pactos espurios, los vocales electorales no sólo están terminando de matar la democracia. Están asimismo culminando la rifa de su ya nula credibilidad y prestigio profesional, igual que a fines de los 80 lo hizo la tristemente famosa “Banda de los Cuatro”, que desde la por entonces Corte Electoral manipuló las decisiones del soberano. Compatriotas, debemos volver a recuperar nuestro derecho fundamental a elegir. *Comunicador y asambleísta departamental.

Al Pereyra A principios de los años ochenta se estrenó una película de género comedia titulada “Y dónde está el piloto”, en la que el piloto del vuelo de Trans American, al igual que los pasajeros sufre una intoxicación alimentaria, deja de pilotear la aeronave desatando el pánico entre los pasajeros. El título de ese filme muy bien podría asociarse a la actual coyuntura nacional, donde millones de bolivianos se preguntan: “Y dónde está el dólar”. El filme es una comedia; en cambio, la realidad económica boliviana es una tragedia. Después de cuatro años de constantes mentiras, el presidente Luis Arce Catacora admitió que su Gobierno no dispone de los suficientes dólares para importar combustibles que gran falta hace al país. Por más de tres años, la actual Administración política aprovechó cualquier acto para afirmar que la economía nacional era una de las más estables de la región y que la industrialización nacional avanzaba a “paso de parada”. Sin embargo, la realidad era otra, pues la falta de dólares se profundizó, la supuesta industrialización no daba frutos, y la escasez de combustibles se ha convertido en el pan de cada día. La escasez de carburantes es por la iliquidez existente y no por factores externos como quiso hacer creer el Gobierno. Causaba vergüenza escuchar a Arce Catacora cuando se refería, hace unos meses atrás, que una empresa de industrialización de papa instalada en la ciudad de El Alto estaba produciendo y comercializando papas en todos sus derivados. Faltó un poco para que el presidente diga que las papas fritas eran más crujientes y más sabrosas que las famosas Lays. La grave situación económica por la que atraviesa el país se debe a que el gobierno de Arce Catacora no se preocupó en administrar correctamente los casi 14 mil millones de dólares que habían sido captados durante la presidencia del expresidente Evo Morales. El actual Gobierno gastó los recursos económicos en desprestigiar a su antecesor, comprando conciencias políticas, pagando grandes sumas de dinero a dirigentes sindicales, inflando el aparato estatal, aumentando la pauta publicitaria en medios de comunicación y pagando sumas astronómicas a periodistas para que escriban o hablen loas a favor de la Administración Arce Catacora. A esto se suma la galopante corrupción del cual están involucrados diferentes personajes gubernamentales; además, de las constantes denuncias de corrupción que involucran al entorno familiar del presidente. El diputado del ala evista, Héctor Arce, constantemente se refiere a hechos de corrupción en el que estarían involucrados Marcelo Arce Mosqueira y Rafael Arce Mosqueira (hijos del presidente Arce Catacora). Las denuncias contra Marcelo están encaminadas a supuestos negocios relacionados con Yacimientos Petrolíferos Fiscales bolivianos (YPFB) en la compra de gasolina y diésel, mediante una empresa registrada con “palos blancos”. También es señalado en beneficiarse con los contratos de adjudicación a empresas chinas y rusas con la explotación del Litio. Con relación a Rafael, el diputado afirma que éste ha realizado 24 viajes en un año a diferentes países del mundo con un gasto estimado de medio millón de bolivianos en pasajes y estadía; además, pidió al fiscal general de la Nación realizar una investigación de ambos casos por ganancias ilícitas. Recientemente, el portal digital argentino Letra P reveló un presunto esquema de corrupción en la venta de combustibles, que involucraría a la familia del presidente Luis Arce y al grupo empresarial Valdivia. Según el medio, en Bolivia opera un esquema de intermediación de combustible a través de Botrading, una subsidiaria de YPFB instalada en Paraguay. Esta empresa habría comprado combustible a precios inflados, generando presuntas ganancias ilícitas para un círculo de poder ligado a Marcelo Arce Mosqueira y al empresario Eduardo Valdivia, propietario del periódico cochabambino Los Tiempos. En Cochabamba se habla de la conformación de una nueva casta de jóvenes políticos unidos por sus vínculos de amistad que tratarán, en el mediano plazo, de hacerse con el poder: los Arce Mosqueira, los Valdivia y los Reyes Villa (hijos del actual alcalde Manfred Reyes Villa).

Martillando la Vitrina El viceministro de la Presidencia Gustavo Torrico -el “satuco”- dijo que el presidente Luis Arce no era “muñeco” de los cooperativistas que exigían negociar con él y con nadie más que con él. Al final de dos días de bloqueo de la sede gobierno, el asediado cedió. No fue gratis, como no fue gratis, en términos de interés políticos, reemplazar a su antiguo ministro de Minería Marcelino Quispe -apadrinado por el ejecutivo de la COB Juan Carlos Huarachi, por el lado de los mineros asalariados del Estado- por el mandamás de las cooperativas mineras Alejandro Santos Laura, el poder dual. Los cooperativistas exigían 19 puntos, que se puede clasificar en dos bloques. El 1 por demandas suaves y 2 por algo grande, muy grande: Bloque 1: Bloque 2: Los puntos anotados no es nada en comparación a la exigencia mayor, de gran impacto económico y político, discutido y, aparentemente, aceptado por el presidente Arce y sus ministros que le acompañaron en la negociación -negociación entendida como una toma y daca, mecanismo de negociar una cosa por otra-, es lo siguiente: Los cooperativistas, cuyos dirigentes fueron investigados por el crimen del viceministro de Régimen Interior Rodolfo Illanes (agosto de 2016), doblegaron al presidente Arce y sus ministros a la firma de un convenio que permanece reservado, oculto a los ojos de los verdaderos dueños de la riqueza nacional: el pueblo boliviano. La COB de Juan Carlos Huarachi ni chista por los despropósitos de los poderosos cooperativistas. La COD de La Paz y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, que desconoció y descalifico a su principal dirigente, se oponen entregar las reservas de minerales, el litio y las tierras raras.

Por Gabriel Villalba Pérez Una nueva vertiente de Lawfare contra líderes progresistas latinoamericanos; sufrido en su momento por Rafael Correa, Cristina Fernández y Luiz Inácio Lula da Silva; intenta aplicarse en Bolivia. Ésta es la proscripción por la vía constitucional combinada con la electoral. Más de catorce procesos penales en contra de Evo Morales Ayma no fueron suficientes para inhabilitarlo por la vía judicial ordinaria; se esperaba, desde las oligarquías tradicionales y el propio gobierno, que alguno de estos procesos pueda llegar a generar una sentencia condenatoria, causal de inegibilidad según el artículo 138 de nuestra Constitución Política del Estado, situación que no pudo darse. Una orden de aprehensión o un proceso en etapa investigativa o etapa de juicio no puede considerarse análoga a una sentencia condenatoria o cosa juzgada, razón por la cual el candidato Morales esta legal y plenamente habilitado. Al no obtener resultados por la vía convencional del Lawfare se trató de generar una nueva narrativa de inhabilitación por la vía constitucional recurriendo a una interpretación caprichosa de la Sentencia Constitucional 1010/2023-S4, de 28 de diciembre de 2023, tres días antes de que fenezca el mandato constitucional y legal de los magistrados. Sin embargo, ninguna sentencia constitucional puede modificar total o parcialmente, ni si quiera un solo artículo de la Constitución Política del Estado, en este caso el artículo 168. La reforma total o parcial de la Constitución se encuentra prevista en el artículo 411 de la propia CPE. Volviendo al análisis de la SC 1010/2023 ni el accionante ni el accionado era Evo Morales, el objeto de la acción de amparo constitucional nada tenía que ver con reelecciones continuas o discontinuas. Y la propia parte dispositiva de la SC 1010/2023, en términos coloquiales el: POR TANTO: ni menciona a Evo Morales, menos menciona periodos de mandatos continuos o discontinuos. Al no poder imponer desde el gobierno ligado a las oligarquías tradicionales y los intereses de la geopolítica de dominación imperial norteamericana la narrativa de la inhabilitación de Morales mediante la SC 1010/2023 buscaron emitir un Auto Constitucional de complementación 083/2024-ECA de 1 de noviembre de 2024, es decir en plena auto prorroga o usurpación de funciones por parte de algunos magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional; tan antijurídico resulto este auto de complementación que sólo lleva la firma de dos magistrados auto prorrogados: Rene Yvan Espada Navia y Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano; mismos que no ostentan ninguna legitimidad menos legalidad para emitir ninguna determinación judicial, menos constitucional. Más allá de ello, estos magistrados tratan de reinventar la CPE reformando de facto el artículo 168 de la CPE, mismo que dispone el instituto jurídico de mandatos continuos, mas no hace referencia a periodos de mandato discontinuos. Por lo cual en cualquier análisis lógico jurídico se establece que no fue voluntad del constituyente crear o regular la discontinuidad de mandatos, aplicando un criterio democrático amplio similar al de la Constitución de 1967 y anteriores por la cual, por ejemplo, Víctor Paz Estenssoro fungió como presidente de Bolivia en cuatro ocasiones 1952-1956, 1960-1964, de agosto a noviembre de 1964 y 1985-1989. Por todo lo referido, en el marco de la Ley 026 de Régimen Electoral, queda única y exclusivamente en manos del Tribunal Electoral Plurinacional contrastar los requisitos para acceder al desempeño de las funciones públicas previstos en el artículo 234 de la CPE, así como las caudales de inegibilidad del artículo 238 y resolver la habilitación del candidato Evo Morales (en caso de impugnaciones) conforme los artículos 105, 109 y 210 de la normativa electoral. Sin lugar a dudas en mayo de este año se sabrá si Bolivia cuenta con un Tribunal Electoral Plurinacional a la altura del álgido momento histórico y político que estamos viviendo. Si contamos con un Órgano independiente digno de confianza por toda la población o sólo un apéndice servil a los intereses del Órgano Ejecutivo. La historia juzgará, condenará o absolverá a nuestro Órgano Electoral en función de si se atreve o no a proscribir la voluntad popular.