Martillando la Vitrina
Fracasó el fusilamiento con 18 disparos de fusil de guerra (27 de octubre de 2024). No celebraron el asesinato predicho. Ahora, el linchamiento de la juez Lilian Moreno Cuellar, por actuar en justicia y ley, enferma y atacada brutalmente por actuar con dignidad y legalidad.
Morales y Moreno -condenados sin proceso previo ni derecho a la presunción de inocencia y sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso- comparten el sufrimiento del paredón del linchamiento político y mediático, con sentencia anticipada, antes que la penal, con la pena de muerte civil.
La juez Moreno tuvo el valor civil y judicial de dictar una sentencia de corrección del indebido proceso penal contra Evo Morales: Que sea juzgado -sin anular el proceso- por un “juez natural”, es decir el juez que le corresponde en donde vive, trabaja, su casa, su vida familiar y social, antes de detenerlo, encarcelarlo y ejecutarle en sentencia.
Morales Ayma es procesado por el delito de abuso sexual -antes calificado de violación sexual- por la fiscalía de Tarija sin que hubiera víctima; víctima que juró por escrito que nunca fue víctima de Evo; ahora las víctimas son los dos Morales del poder político de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Judicatura, del Tribunal Supremo Electoral, de la fiscalía general, de la Policía Boliviana, de la COB arcista, del MAS impostor y, la carroña publicitaria de periodistas “independientes”.
¿No vieron?
Evo, tan sano y fuerte, sabedor de su inmenso y abnegado apoyo popular, dijo estar consciente del grave peligro que enfrenta de las manos de sus antiguos amigos, camaradas, compañeros, servidores públicos, ministros, candidatos, compadres -todos desleales y traidores, por sus deseos criminales de matarlo, asesinarlo.
La juez Lilian Moreno Cuellar se apegó a la ley y dicto sentencia: que Evo Morales se defienda en justa medida ante juez natural, neutral, probo, justo, transparente, respetando los principios de presunción de inocencia y derecho a ser oído y escuchado.
La reacción fue brutal, despiadada. Todo el aparato político, policiaco, judicial y para militar de Luis Arce Catacora se volcó en destrucción de la valiente mujer jurista.
La juez, como muy pocos, actuó leal a los principios éticos y legales de las normas que rigen la actuación de todo juez de la tierra:
-Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.
-Toda acusación o queja formulada contra un juez por su actuación judicial y profesional se tramitará con prontitud e imparcialidad con arreglo al procedimiento pertinente. El juez tendrá derecho a ser oído imparcialmente. (Independencia de la Judicatura – Asamblea General de la ONU)
-Todas las autoridades, instituciones y organismos nacionales o internacionales, así como las organizaciones sociales, económicas y políticas, deben respetar y hacer efectiva la independencia de la judicatura.
-La utilización de los medios de comunicación social con el objeto de suplantar
funciones jurisdiccionales, imponer o influir el contenido de las resoluciones judiciales, en condiciones que excedan el legítimo derecho a la libertad de expresión e información, se considera lesiva para la independencia judicial.
-Los jueces tienen el deber de cumplir y hacer cumplir el principio del debido proceso, (Estatuto del Juez Iberoamericano)
El olvido premeditado y la violación de la ley se reflejó en condenar a Evo Morales y Lilian Moreno.
El poder político de facto se ríe de estos mandatos constitucionales:
– Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado.
– Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada. (Constitución Política del Estado).
Hoy, el poder omnímodo de Luis Arce Catacora se expresa en el objetivo material de eliminar a Evo Morales, sea físicamente, por fraude electoral o por medio de la infamia y muerte civil, es decir considerarlo muerto antes de las elecciones de agosto.
Olvidaran el mandato constitucional que dice: “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso” y “está prohibida la infamia, la muerte civil y el confinamiento”.
