Internacional

Rusia Today La delegación iraní que participó en las conversaciones de este domingo en Suiza ha expresado su protesta a la parte estadounidense ante las recientes amenazas del presidente Donald Trump contra el liderazgo de su país y el equipo negociador. Los representantes del país persa señalan que conforme a la cláusula 1 del memorando de entendimiento, cualquier amenaza constituye una violación grave del acuerdo inicial. Además, están evaluando opciones de respuesta adecuadas a los ataques verbales de Trump, según indicaron a medios iraníes. La agencia Tasnim reportó, citando a una fuente al tanto del asunto, que las amenazas de Trump detuvieron las negociaciones en Suiza y pusieron en duda su continuación. Se informa que la delegación iraní abandonó el lugar de las conversaciones, pero no ha anunciado formalmente que suspende el proceso. Por su parte, el principal negociador iraní y presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, comentó: «Es mejor que tengan cuidado con sus declaraciones; nuestras Fuerzas Armadas están listas para responder de otra manera. Digan lo que digan, somos nosotros los que actuamos». «¿No piensan que si sus amenazas hubieran tenido algún resultado, no habrían llegado a la desesperación de hoy? No tomamos en serio las amenazas de los estadounidenses», expresó en X. «Ni siquiera podrán volver a su jodido país» Mientras las delegaciones de ambos países se encontraban reunidas este domingo en Suiza para resolver el conflicto diplomáticamente, el inquilino de la Casa Blanca lanzó una dura advertencia a Irán sobre el cierre del estrecho de Ormuz. Según Trey Yingst, periodista de Fox News, el mandatario estadounidense advirtió a las autoridades iraníes contra el cierre del estrecho. «Si lo cierran, se quedarán sin país», dijo Trump. «Ni siquiera podrán volver a su jodido país», agregó. Asimismo, Trump expresó que Washington podría convertirse en el «ángel de la guarda» del estrecho de Ormuz y tomar el 20 % del petróleo. «Si es necesario, tomaremos el control del estrecho […] Los voy a hacer mierda», advirtió el mandatario. Asimismo, Trump aconsejó al presidente iraní Masoud Pezeshkian que tenga cuidado con lo que dice y se porte bien o perderá el país.

Agencias y RT Dos visiones totalmente opuestas se enfrentan este domingo en la segunda vuelta presidencial en Colombia, una encarnada por el senador oficialista Iván Cepeda y otra por el abogado ultraconservador Abelardo de la Espriella.  Más de 41,4 millones de ciudadanos están llamados a las urnas para escoger al sucesor de Gustavo Petro y al vicepresidente del país. Los 1,4 millones de electores que se encuentran en el exterior comenzaron a votar el pasado lunes. Cepeda compite para encabezar el país en el periodo 2026-2030, junto a la lideresa indígena y senadora Aida Quilcué, mientras que De la Espriella tiene como fórmula al economista y exministro José Manuel Restrepo. Las urnas permanecerán abiertas desde las 8.00 y se cerrarán a las 16.00 (hora local), momento en que dará comienzo el conteo. En la primera vuelta, que tuvo lugar el 31 de mayo y alcanzó el porcentaje más alto de participación, un 58 %, el candidato ultraderechista venció sorpresivamente al abanderado oficialista, quien lideraba los sondeos. De la Espriella consiguió el 43,7 % de los votos (10.361.499 sufragios), mientras Cepeda obtuvo el 40,9% (9.688.361 votos). Apoyos de los demás candidatos  Dado el estrecho margen, el apoyo de los demás candidatos, por los que votaron más de tres millones de colombianos, podría resultar clave.   Así, el ultraconservador, que promete mano dura y capitalismo sin filtros, cuenta con el apoyo de la uribista Paloma Valencia, que terminó la primera vuelta en tercer lugar con 1,6 millones de votos (6,9 %). La excandidata del centro Claudia López, que sacó más de 225.000 sufragios (0,95 %), se sumó a la campaña de Cepeda, que aboga por la aplicación del acuerdo de paz y reformas sociales.  Otro representante de ese sector, Sergio Fajardo, que quedó cuarto con un poco más de un millón de votos (4,3 %), se negó a tomar partido, señalando que «cada ciudadano, ciudadana es libre votar por quien quiera».  El factor de Trump La elección no pasó desapercibida para los actores internacionales. El líder estadounidense, Donald Trump, que desde su regreso a la Casa Blanca ha apoyado a varios candidatos conservadores en los procesos electorales de la región, expresó públicamente su «total y completo» apoyo a De la Espriella, quien, además, fue respaldado por los mandatarios aliados a la Casa Blanca, como el argentino Javier Milei, el ecuatoriano Daniel Noboa, el hondureño Nasry Asfura y el paraguayo Santiago Peña.  «Cuando un país interviene en las decisiones de otro país. Muere la libertad. Invito a toda Colombia a votar en plena libertad y no volvernos ni esclavos ni colonia de nadie», fue la contundente respuesta del presidente Petro al respaldo de Trump.

Telesur Decenas de ciudadanos procedentes de la costa, sierra y selva se movilizaron en la capital de Perú en respaldo a la coalición Juntos por el Perú y su candidato Roberto Sánchez, en medio de una aguda crisis postelectoral derivada de la reñida segunda vuelta presidencial. La manifestación civil se ejecutó en las calles mientras el Jurado Nacional de Elecciones procesa las impugnaciones por supuestas irregularidades en los comicios, con el objetivo de exigir el respeto absoluto al voto popular. La movilización responde al escenario donde Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, logró revertir la ventaja interna de Roberto Sánchez y obtener el liderazgo general mediante la victoria en el voto extranjero. Ante esta situación, Juntos por el Perú denunció la existencia de irregularidades y una falta de transparencia en el proceso de escrutinio. La organización Juntos por el Perú solicitó la anulación de 1.751 mesas de votación en las regiones de Lima, Lambayeque, Amazonas y Ancash. El recurso legal formalizado por el partido denuncia presuntas irregularidades y manipulación de actas para favorecer a Fuerza Popular. Los manifestantes movilizados expresaron su rechazo a que el voto extranjero determine el gobierno de una nación afectada por la pobreza y la miseria. Denunciaron indicios claros de una manipulación permanente del proceso electoral a través del cambio de leyes en el último tramo y la manipulación de la información pública, señalando que el marco legal vigente favorece a las grandes empresas en contra de la población. La definición de la presidencia de la República sigue siendo incierta debido a que tanto el partido de Roberto Sánchez como el de Keiko Fujimori presentaron recursos de impugnación. El Jurado Nacional de Elecciones estimó que los resultados oficiales definitivos se conocerán a mediados de julio.

RT El Comando Central de las Fuerzas Armadas de Irán anunció este sábado el cierre del estrecho de Ormuz, en respuesta a lo que calificó como un incumplimiento «claro» por parte de Estados Unidos del primer punto del memorando para poner fin a la guerra. En un comunicado citado por medios iraníes, el organismo militar justifica la medida por el «flagrante incumplimiento y violación por parte de Estados Unidos de la primera cláusula del acuerdo de alto el fuego» y «en respuesta a las continuas e implacables violaciones del alto el fuego por parte del régimen sionista en el sur del Líbano». Al mismo tiempo, denuncia que las fuerzas israelíes no se han retirado del sur del país árabe. Advierte, además, que este cierre constituye el «primer paso en respuesta al incumplimiento del pacto» y que, si prosiguen las agresiones, «se planificarán y tomarán medidas adicionales». Paralelamente, el portavoz del Ministerio iraní de Relaciones Exteriores, Esmaeil Baghaei, informó que una delegación viajará a Suiza para dar seguimiento al asunto y exigir el cumplimiento de las obligaciones de la otra parte. Minutos antes del anuncio, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, aseguró en una entrevista con Fox News que la prioridad fijada por Donald Trump era reabrir la vía marítima y que «eso ya ha ocurrido». Asimismo, afirmó que los enviados presidenciales Steve Witkoff y Jared Kushner llevaban «unas horas» sobre el terreno atendiendo aspectos técnicos de la negociación, e indicó que se esperaba la llegada de representantes de los gobiernos de Irán, Catar y Pakistán «para mañana mismo», si bien advirtió de que «estas cosas siempre están un poco en el aire». Frágil paz entre EE.UU. e Irán Estados Unidos e Irán suscribieron esta semana un memorando de entendimiento en el que acordaron el alto el fuego «en todos los frentes, incluido el Líbano». No obstante, las fuerzas israelíes siguieron llevando a cabo ataques contra el país árabe, dejando muertos y heridos. Israel argumenta que su agresión contra el Líbano tiene por objetivo crear una así llamada zona de seguridad y debilitar al movimiento chiita libanés Hezbolá, evitando de esa forma ataques contra su territorio. Mientras, miles de casas en el sur del país árabe han sido arrasadas durante la ofensiva, forzando desplazamientos masivos. El presidente Trump ha criticado en varias ocasiones a Israel por sus acciones militares contra el Líbano, en medio de los esfuerzos diplomáticos de Washington por alcanzar un acuerdo inicial de paz con Teherán. «No hace falta derribar un edificio residencial cada vez que se busca a alguien, porque en esos edificios vive mucha gente. Y no todos son Hezbolá, eso se lo puedo asegurar», dijo este martes el mandatario durante una rueda de prensa con el emir de Catar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani. A su vez, el vicepresidente J.D. Vance declaró el jueves que Israel debería priorizar el proceso de paz en Oriente Medio y abstenerse de llevar a cabo acciones «inaceptables« como el bombardeo de civiles en Beirut. «Nadie puede privar a otro país de su derecho a la legítima defensa: Israel tiene derecho a defenderse«, expresó el vicepresidente de EE.UU. No obstante, señaló que, «los israelíes, al igual que todos los demás, deben respetar este proceso de paz, que es fundamentalmente beneficioso para ellos y para toda la región».

Rusia Today Mientras Reino Unido tambalea por una crisis social y política sin precedentes relacionada con las violaciones de cientos de miles de niñas blancas británicas por bandas de musulmanes, un nuevo acto de violencia ha sacudido Escocia. Un hombre de 36 años, que de acuerdo con testigos habría gritado que estaba «protegiendo el país de bastardos musulmanes», fue detenido tras una sangrienta ola de ataques de arma blanca en Edimburgo que dejó al menos a cinco personas heridas, la mayoría de la comunidad musulmana local, informan medios locales.  «He tenido suficiente» Según informes, la secuencia de agresiones comenzó alrededor de las 20:50 (hora local) cerca de una mezquita. El perpetrador, descrito como un hombre blanco de complexión fuerte y torso desnudo, se desplazó posteriormente varios kilómetros, sembrando el terror a su paso. En una gasolinera, cámaras de vigilancia capturaron al individuo destrozando un taxi, rompiéndole el parabrisas y la luneta con un hacha de mano. Minutos después, irrumpió en una pizzería. La Policía confirmó que dos jóvenes de 22 años y otros tres, de 24, 27 y 39 años, sufrieron «diversas lesiones». Lo que ha convertido el suceso en un terremoto político es la presunta motivación del atacante. «Estoy protegiendo a nuestro país de los bastardos musulmanes que violan a nuestras jóvenes hijas. ¡Ya he tenido suficiente!», gritaba en el lugar de los hechos. ‘Rape Gang Report’ El incidente, que la Policía ha elevado al rango de investigación antiterrorista, ocurre precisamente cuando el país hierve por la publicación de un informe explosivo del diputado británico Rupert Lowe que denuncia abusos sexuales sistemáticos a menores por parte de bandas de origen pakistaní, una tragedia que —según el ‘Informe sobre las Bandas de Violadores‘ (‘Rape Gang Report’) — habría sido ignorada durante años por la Policía y por el mismísimo primer ministro, Keir Starmer. El documento estima que al menos 250.000 chicas británicas han sufrido abusos sexuales a manos de dichos grupos. Este aparente ataque de represalia, ocurrido la noche del viernes, es solo la punta del iceberg de un clima de caos y polarización étnica que amenaza con desgarrar el tejido social británico.

DW Actualidad Dos trenes colisionaron este viernes (19.06.2026) cerca de Bedford (centro de Inglaterra), en un «incidente» que está siendo atendido por la policía y los servicios de emergencia de la región y que ha bloqueado las líneas hacia el norte de Londres en lo que queda de día. La Policía y el Servicio de Bomberos y Rescate del condado de Bedfordshire confirmaron en la red social X que estaban atendiendo un «incidente» en una vía ferroviaria al sur de Bedford tras una «colisión que ha involucrado a dos trenes». Por el momento se sabe que hay un muerto y decenas de heridos. «Sabemos que un número de personas ha resultado herida y que una persona tristemente ha fallecido» tras la colisión de dos trenes en la ruta de Bedford, dijo la Policía Británica de Transporte (BTP) en un comunicado. Por su parte, el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra (EEAST) confirmó que había, al menos, 89 personas heridas, de las cuales 11 tienen lesiones muy graves, otras 22 graves y 56 heridas leves. El primer ministro británico, Keir Starmer, aseguró en la red social X que los informes que llegan sobre la colisión ferroviaria son «tremendamente preocupantes» y agregó: «Mis pensamientos están con la familia de la persona que, lamentablemente, ha perdido la vida, y con aquellos que han resultado gravemente heridos». Trenes proveninetes de Nottingham y Corby Imágenes y vídeos publicados en redes sociales mostraron que uno de los trenes dañado, perteneciente a la compañía británica East Midlands Railway, tenía la inscripción de ‘Luton Express’, el tren que hace la ruta entre el aeropuerto de Luton (norte de Londres) y la capital británica. De acuerdo con datos publicados por el diario The Telegraph, que adelantó la noticia, el incidente habría ocurrido alrededor de las 17:15 hora británica, entre dos trenes provenientes de las ciudades inglesas de Nottingham y Corby. Se cree que el primer tren se detuvo debido a un fallo en el sistema de seguridad y que, posteriormente, el segundo colisionó con su parte trasera.

Página 12 Los quince integrantes de la Misión Internacional Humanitaria de Derechos Humanos que fueron deportados en el aeropuerto de La Paz cuando intentaban ingresar a Bolivia le exigieron al canciller Pablo Quirno una audiencia urgente con el objetivo de entregarle la documentación que desmiente las supuestas “inconsistencias” mencionadas en el comunicado oficial emitido por el Palacio San Martín. La comitiva, que fue expulsada de Bolivia tras permanecer retenida durante siete horas en el aeropuerto de La Paz, tildó de “falsas” las afirmaciones del ministro en redes sociales y le reclamó que “acepte tener una reunión como corresponde” en lugar de avalar la expulsión dispuesta por la administración boliviana de Rodrigo Paz Pereira. El lunes pasado, el canciller argentino expresó a través de un comunicado en las redes sociales que “se habrían verificado inconsistencias entre las condiciones declaradas para el ingreso al país y las actividades anunciadas” por la Misión Humanitaria argentina a Bolivia, conformada por legisladores, diputados y referentes políticos, sociales y de derechos humanos argentinos. En el escrito, sostuvo que el gobierno boliviano de Rodrigo Paz Pereira ejerció sus “facultades soberanas“ para deportar a sus integrantes, entre los que se encontraban el diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino y la legisladora porteña del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) Vanina Biasi. La versión de la Misión “Quirno debería dejar de hacer afirmaciones falsas en redes sociales, trabajar y aceptar tener una reunión como corresponde”, contestaron los integrantes de la Misión. “Lo que sí ocurrió, cuando arribamos a La Paz, es que nos retuvieron durante horas en el área de Migraciones. Retuvieron nuestros documentos. Pretendieron hacernos ingresar intempestivamente a una sala denominada ‘Sala Inadmitidos’. A esa sala llevaron por la fuerza a uno de los miembros de nuestra Misión, donde lo mantuvieron incomunicado: por nuestros reclamos, finalmente fue liberado y retornó a la Argentina junto al conjunto de la delegación”, relataron. También denunciaron que las autoridades migratorias bolivianas “se negaron a esperar la llegada de los funcionarios del Consulado Argentino al Aeropuerto de La Paz, para que pudieran ejercer la representación consular que les corresponde ante vulneraciones a derechos de ciudadanos argentinos en territorio boliviano”. “Hicieron uso de la fuerza para hacernos subir a un avión de regreso a Santa Cruz de la Sierra, sin habernos entregado hasta ese momento nuestros documentos. Toda esta situación duró aproximadamente 7 horas. Ninguno de estos atropellos ameritó comentario de repudio por parte del canciller, que debería bregar por los derechos de los ciudadanos argentinos alrededor del mundo”, ampliaron. Sobre los destratos recibidos en el aeropuerto y la deportación final, acusaron al gobierno de Rodrigo Paz Pereira de tomar una “decisión política” para ocultar la severa crisis social que atraviesa Bolivia. Bolivia en tensión La expulsión de la comitiva argentina coincide con un escenario de máxima tensión civil en el país vecino, donde diversas agrupaciones sindicales alertan sobre el riesgo inminente de que el Poder Ejecutivo dicte el Estado de Excepción. La preocupación aumentó tras la promulgación de la Ley 1740 el pasado 8 de junio, normativa que faculta el despliegue conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía para reprimir las protestas y desbloquear rutas. Para fundamentar la necesidad de la veeduría internacional, la delegación citó cifras oficiales de la propia Defensoría del Pueblo de Bolivia recogidas hasta el 8 de junio, que reportaron diez personas fallecidas en poco más de un mes de conflicto, 37 ciudadanos heridos en el marco de manifestaciones y 365 civiles arrestados por las fuerzas de seguridad. Organizaciones campesinas elevan el balance de víctimas a ocho asesinatos adicionales y denuncian presuntos secuestros ejecutados por grupos civiles armados. Propuesta de audiencia en el Congreso Ante las afirmaciones de Quirno sobre supuestas “inconsistencias” en la documentación de los miembros de la delegación, los activistas y legisladores argentinos aseguraron contar con pruebas contundentes que demuestran lo contrario, como por ejemplo la aprobación del ingreso por parte de Migraciones del Aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde la comitiva realizó una escala en su viaje a La Paz. Además, la delegación declaró explícitamente que viajaba en carácter de Misión de Derechos Humanos y detalló su itinerario completo de llegada y retorno. Asimismo, días antes del viaje, la comitiva entregó una nota formal ante la Embajada de Bolivia en la Argentina detallando los objetivos del viaje y solicitando una reunión institucional con el gobierno de ese país. Los miembros de la delegación anunciaron que acompañarán la manifestación convocada para el próximo miércoles 24 de junio por parte de la Comunidad Boliviana residente en Argentina, y propusieron la realización de una audiencia en el Congreso de la Nación para informar al Poder Legislativo Nacional sobre lo ocurrido con la misión.

Telesur El Ministerio de Salud del Líbano confirmó este viernes la muerte de 18 personas y al menos 33 heridos como consecuencia de los bombardeos israelíes registrados en horas de la madrugada. Los ataques se produjeron alrededor de las 03:00 hora local (00:00 GMT) de este viernes, cuando aviones israelíes lanzaron ofensivas tras enfrentamientos con combatientes de Hezbolá que habían repelido dos intentos de avance militar en el sur del país. De acuerdo con los reportes oficiales, los bombardeos se dirigieron contra varias localidades: en Harouf murieron siete personas y diez resultaron heridas; en Doueir y Al Sharqiyah se registraron tres víctimas mortales en cada población; mientras que en Al Qatrani y Jesbshit fallecieron dos personas en cada caso. En Al Abbasiya se reportó otro muerto. Las ofensivas también alcanzaron zonas residenciales. En Harouf, el barrio de Baydar fue impactado, y en Doueir un edificio del sector Al Tarbiya wal Taalem quedó destruido. Estos ataques ocurren pese al memorando firmado entre Estados Unidos e Irán, que estipulaba el cese inmediato de las hostilidades israelíes contra el Líbano y la retirada de los territorios ocupados. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró el jueves que el Ejército mantendrá la denominada “zona de seguridad”, lo que contradice los compromisos asumidos en el acuerdo. La situación refuerza la tensión en Medio Oriente y pone en duda la efectividad de los esfuerzos diplomáticos para frenar la violencia en la región.

Telesur Este viernes 19 de junio, en un fallo de trascendencia histórica para la justicia internacional y los derechos humanos, la ministra en visita de la Corte de Apelaciones de Santiago, Paola Plaza González, condenó a 15 años de prisión efectiva a tres antiguos oficiales de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).  La sentencia que aplica la justicia chilena a estos funcionarios de la policía secreta de la dictadura de Augusto Pinochet, responde a su responsabilidad directa en el homicidio calificado de la ciudadana estadounidense Ronnie Karpen Moffitt, perpetrado en Washington D.C. en 1976, y en el que también murió Orlando Letelier del Solar, ex canciller de Chile en Estados Unidos, quien a esa fecha trabajaba en el Instituto de Estudios de Política en Washington, en el Distrito de Columbia, cuyos responsables de su muerte fueron condenados en 1995.  Los oficiales retirados Pedro Octavio Espinoza Bravo, José Octavio Zara Holger y Raúl Eduardo Iturriaga Neumann, fueron dictaminados en calidad de autores del delito. De acuerdo con la resolución judicial de la magistrada Plaza, el crimen respondió a una planificación institucionalizada por el aparato de la «DINA exterior».  ​Una operación transnacional controlada desde Chile ​La investigación judicial determinó el itinerario delictivo de la DINA, el cual inició con el envío del capitán Armando Fernández Larios a Paraguay para gestionar pasaportes falsificados.  Posteriormente, se integró al equipo el agente Michael Vernon Townley Welch, encargado de tejer alianzas con la organización contrarrevolucionaria «Movimiento Nacionalista Cubano» con el propósito de efectuar seguimientos y espionaje rutinario contra Orlando Letelier del Solar.  ​Tras completar las labores de vigilancia en el domicilio del exdiplomático, el 18 de septiembre de 1976 el grupo operativo remitió toda la información a Pedro Espinoza Bravo, supervisor de la misión. Siguiendo la cadena de mando, se dio la instrucción definitiva de confeccionar y colocar un artefacto explosivo debajo del chasis del automóvil Chevrolet Chevelle Malibú Classic que utilizaba el político chileno. ​El ataque terrorista en Washington ​Tres días después, el 21 de septiembre de 1976, la bomba fue activada por control remoto mientras Letelier conducía por una de las avenidas principales de la capital estadounidense.  La brutal detonación destrozó el vehículo, provocando la muerte inmediata del exministro y heridas fatales a su secretaria, la joven estadounidense Ronnie Karpen Moffitt, de 25 años, quien estaba en el automóvil junto a su esposo Michael Moffitt y que milagrosamente resultó ileso de la acción terrorista. ​El dictamen judicial de la ministra Paola Plaza, respaldado por documentación oficial y pruebas remitidas por las autoridades del Gobierno de Estados Unidos, cierra un capítulo clave de la impunidad de los crímenes de la dictadura chilena en el exterior, ratificando las penas efectivas de cárcel para la cúpula operativa que ordenó y ejecutó el histórico atentado en el Distrito de Columbia.

Prensa Latina Quito, 19 junio (Prensa Latina).- Organizaciones de la Alianza por los Derechos Humanos rechazaron hoy el Decreto Ejecutivo 424, con el cual el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ratificó la existencia de un conflicto armado interno y permite la presencia de fuerzas extranjeras. En un pronunciamiento difundido este viernes, los firmantes sostienen que la medida profundiza la militarización de la seguridad pública, amplía la participación de actores extranjeros en asuntos internos y crea condiciones que podrían favorecer la impunidad frente a eventuales violaciones de derechos humanos. El decreto, firmado este 18 de junio, establece que Ecuador recibirá cooperación internacional para enfrentar a las estructuras criminales y reconoce inmunidad para personal extranjero que participe en operaciones de seguridad, de acuerdo con los acuerdos internacionales vigentes. También dispone que el presidente podrá conceder indultos, rebajas o conmutaciones de penas a militares, policías y civiles involucrados en acciones relacionadas con el conflicto armado interno, mientras exhorta a la Asamblea Nacional a considerar amnistías para quienes actúen en defensa del Estado. Las organizaciones cuestionan especialmente la inclusión de beneficios penales dentro de una normativa que ratifica la existencia de un conflicto armado interno. A su juicio, ello genera una “expectativa institucional de protección o tratamiento excepcional respecto de conductas futuras aún indeterminadas” y podría debilitar las garantías de investigación y sanción de abusos. El documento advierte que el derecho internacional prohíbe utilizar amnistías o indultos para impedir el juzgamiento de graves violaciones de derechos humanos, como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tortura o crímenes de lesa humanidad. Los firmantes también expresan preocupación por la participación de civiles en acciones vinculadas al conflicto armado interno, sin que se defina quiénes podrían intervenir, bajo qué condiciones, ni cuáles serían los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. Otro de los cuestionamientos se refiere a la cooperación con Estados extranjeros, lo cual podría dificultar el acceso a la justicia de eventuales víctimas de abusos y debilitar los principios de soberanía y responsabilidad estatal. Las organizaciones sostienen además que el Decreto 424 difiere de anteriores declaratorias de conflicto armado interno porque reconoce de forma autónoma esa condición y regula sus consecuencias sin activar los mecanismos ordinarios de control constitucional asociados a los estados de excepción. Como parte de sus demandas, los colectivos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a comisiones Naciones Unidas que requieran información urgente al Estado ecuatoriano sobre los fundamentos jurídicos y fácticos del decreto, así como sobre los alcances de la participación extranjera y civil en las operaciones.