Internacional

Incendios y disturbios durante la huelga general en España

Rusia Today Multitudinarias protestas tienen lugar este miércoles en Barcelona en la que es la primera huelga general en España en 14 años. La manifestación recorrió el centro de la capital catalana, desde Passeig de Gràcia hasta la plaza Urquinaona y la Via Laietana. De acuerdo con el Sindicato de Inquilinas, la manifestación reunió a unas 400.000 personas, mientras que la Guardia Urbana rebajó la cifra a unos 55.000 participantes. Aunque la protesta transcurrió de forma pacífica durante gran parte de la tarde, por la noche se transformó en fuertes disturbios. Se destrozaron escaparates y se saquearon algunos comercios, y también se quemaron algunos contenedores y bicicletas. Además, se disparó material pirotécnico contra el cordón policial.

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Argentina y Reino Unido se enfrentan en la Corte Internacional por Malvinas

RT Este 10 de noviembre, Argentina y Reino Unido tuvieron un encuentro en la primera jornada de audiencias ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar en Hamburgo, por el arbitraje solicitado por el país sudamericano en contra de la actividad petrolera en las islas Malvinas. En este primer encuentro, el Gobierno de Argentina expuso sus solicitudes. El embajador Mario Oyarzábal, director general de la Consejería Legal Internacional de la Cancillería, planteó cuatro reclamos concretos: que Reino Unido frene el inicio o la continuidad de las actividades de explotación vinculadas al proyecto Sea Lion, que no conceda nuevas autorizaciones en el área, que resguarde toda la información obtenida durante las tareas de exploración y que adopte medidas para proteger el medio marino, recoge Rosario 3. Oyarzábal dejó claro que Buenos Aires no busca que la Corte resuelva a qué país corresponde la soberanía sobre el archipiélago ni que se pronuncie sobre la delimitación marítima. En cambio, la presentación ante esta instancia pretende que se ordene el cese de las actividades petroleras en el Atlántico Sur y se aborden los derechos que Argentina considera vulnerados por las decisiones unilaterales de Londres, tras la concesión de licencias para la explotación de hidrocarburos en el área. «Los isleños no pueden apropiarse de los recursos de la plataforma continental en disputa», sostuvo el representante argentino, que dijo que su país reconoce los intereses y derechos humanos de los habitantes de las islas. Sin embargo, dijo que «lo que estos ciudadanos británicos no tienen es el derecho a decidir a qué Estado pertenecen las Islas. Esa cuestión debe resolverse entre los dos Gobiernos«, tal como lo ha determinado la Asamblea General de las Naciones Unidas. El proyecto Sea Lion, que Argentina busca frenar, es una iniciativa de explotación petrolera mar adentro, impulsada por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration, en la cuenca norte de las Malvinas. Su desarrollo contempla la perforación de pozos y una producción prevista de hasta 55.000 barriles diarios en su primera fase, con trabajos de perforación desde 2027 y el inicio de la producción en 2028. Posición de Londres Entretanto, Londres sí comenzó centrándose en torno a la soberanía del archipiélago. «La postura británica frente a la pretensión argentina está sólidamente cimentada. El Reino Unido no alberga duda alguna sobre su soberanía en las Islas Falkland [como ellos denominan a las Malvinas] y, por ende, sobre su soberanía y derechos soberanos en las áreas marítimas adyacentes», dijo la fiscal general británica, Ellie Reeves. Añadió, según recoge Perfil, que «el Reino Unido mantiene una administración pacífica sobre las islas desde 1765, con población estable desde enero de 1833, solo interrumpida por la invasión militar de Argentina en 1982». Por tanto, considera que el país europeo tiene el derecho soberano y puede conceder licencias de explotación de hidrocarburos a empresas. En su presentación, manifestó que la explotación de los recursos naturales de la zona «no son un tema de Argentina». Tras catalogar de «arrogante» al Gobierno argentino y señalar que está dando un uso político al reclamo de soberanía, indicó que Buenos Aires ignora «el derecho de los isleños a su desarrollo económico». Detalló que las primeras licencias para la exploración de petróleo en el archipiélago se obtuvieron en 1996 y las perforaciones comenzaron «poco después». «Argentina no explicó por qué la urgencia llega ahora, 28 años después. Tampoco destacó ninguna medida para recuperar el ambiente», agregó la fiscal. Dijo que la nación suramericana tiene «su propia hambre de explotación off shore». «Argentina no está en contra de la explotación ‘per se’, sino que quiere la explotación de los recursos para sí misma», enfatizó.

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71% de los estadounidenses exige al Congreso frenar la agresión militar contra Irán

Telesur Una encuesta nacional elaborada por Reuters/Ipsos reveló que el 71 por ciento de la población de Estados Unidos exige al nuevo Congreso de mayoría demócrata, surgido de las elecciones de mitad de mandato, la aprobación inmediata de legislación para poner fin a la agresión militar lanzada por la administración de Donald Trump e Israel contra la República Islámica de Irán. La consulta expone la drástica caída en la aprobación del mandatario norteamericano, situada en un 32 por ciento, impulsada por el descontento popular frente al encarecimiento del costo de vida generado por las operaciones belicistas en Asia Occidental y las políticas arancelarias aplicadas en 2026. El rechazo al conflicto armado abarca al 93 por ciento de los simpatizantes demócratas y al 51 por ciento de los votantes republicanos, quienes vinculan de manera directa la escalada militar con el incremento vertiginoso en los precios de los combustibles y de los bienes de consumo masivo. Asimismo, un 62 por ciento de los encuestados respaldó la derogación de las medidas proteccionistas e impuestos a las importaciones impuestas por la Casa Blanca, denunciando que las políticas económicas del ejecutivo alimentaron la inflación y deterioraron el poder adquisitivo de las familias trabajadoras. Repudio popular a la aventura belicista y crisis del modelo arancelario La derrota del Partido Republicano en los comicios legislativos otorgó a la bancada demócrata una amplia mayoría en la Cámara de Representantes y el Senado, la cual asumirá funciones el próximo 3 de enero de 2027 con el mandato explícito del 90 por ciento de la ciudadanía de priorizar la reducción del costo de vida durante los primeros 100 días de gestión. La agresión contra la nación persa, justificada por la Casa Blanca bajo pretextos de seguridad, desencadenó un severo rechazo interno por las repercusiones socioeconómicas directas que impactan sobre la población civil estadounidense. En medio del desgaste institucional del régimen imperialista, el liderazgo parlamentario enfrenta presiones para frenar el gasto militar asignado al conflicto en Asia Occidental y revertir las trabas comerciales. La contestación social reflejada en la encuesta ratifica el agotamiento del modelo intervencionista y sancionatorio promovido por Washington, en un escenario donde las masas populares exigen el cese de las aventuras bélicas extranjeras en 2026. En paralelo el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció una conferencia de prensa desde el Pentágono tras el inicio formal de un procedimiento de juicio político en su contra en la Cámara de Representantes. La iniciativa, presentada por el legislador republicano Thomas Massie, busca forzar una votación inmediata para juzgar al titular de la cartera de defensa por violentar la Constitución e incurrir en delitos graves durante la conducción de las operaciones militares en Asia Occidental y América Latina en 2026. La propuesta articulada contra Hegseth consta de ocho cargos que abarcan la ejecución de agresiones bélicas contra la República Islámica de Irán sin autorización del Congreso, la desobediencia de las resoluciones sobre poderes de guerra y la omisión de normas para proteger a la población civil. Asimismo, el expediente incluye las intervenciones militares en Yemen y las acciones de agresión cometidas contra la República Bolivariana de Venezuela, hechos calificados en el documento legislativo como transgresiones ilegales y carentes de todo amparo constitucional. Resistencia popular, fracaso militar y división El proceso parlamentario cuenta con el respaldo de la bancada demócrata, liderada por Hakeem Sekou Jeffries, sector que asumirá el control mayoritario del Congreso el próximo 3 de enero de 2027 tras el repudio electoral sufrido por el Partido Republicano. La ofensiva militar contra la nación persa no logró establecer una superioridad estratégica ni doblegar la resistencia de Teherán, cuyas fuerzas de defensa mantuvieron la capacidad de respuesta en el estrecho de Ormuz e impactaron instalaciones en 26 bases estadounidenses en la región, desatando la parálisis en el comercio petrolero mundial y una severa inflación interna en 2026. Ante la inminente votación, el presidente Donald Trump intentó blindar a su funcionario alegando victorias militares inexistentes, mientras Hegseth desestimó la acusación tachándola de maniobra partidista. Sin embargo, el avance del juicio político expone las profundas grietas en la estructura de poder de Washington, el rechazo social a los atropellos imperiales y el cuestionamiento directo al uso unilateral de la fuerza contra la soberanía de los pueblos.

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Sindicatos de Paraguay exigen incautar patrimonio de imputados relacionados a Ueno Bank

Telesur En un pronunciamiento oficial a través de redes sociales, el presidente interino de Paraguay, Pedro Alliana confirmó que el Fondo de Garantía de Depósitos giró 330 millones de dólares para pagar a 1.740.000 pequeños ahorristas. El monto alcanza a casi el 95 % de quienes perdieron sus depósitos, por lo que el mandatario sostuvo que el Gobierno respondió «con hechos» y prometió abonar el remanente en las próximas horas. «La recuperación de los recursos previsionales tendrá prioridad», aseveró. Por su parte las centrales sindicales y los movimientos sociales concentrados en Asunción interpretan el desembolso como una socialización de las pérdidas. Sostienen que el uso de fondos estatales para cubrir los depósitos libera de responsabilidad a los directivos de la entidad financiera. Los gremios reclaman que se confisquen de inmediato los patrimonios de los banqueros imputados, en lugar de sanear el agujero con dinero público. El descontento se expresa en todo el país en marchas multitudinarias que reclaman una salida. La calle considera que el rescate con recursos del Estado traslada a la ciudadanía el costo de una quiebra originada en decisiones privadas y en la confluencia de intereses entre los reguladores y el poder económico. Las organizaciones populares recuerdan que Alliana ocupó la vicepresidencia en la administración saliente y que sostiene una alineación estratégica con Washington, Esa trayectoria alimenta la desconfianza de los manifestantes. En Paraguay, Ueno Bank, del grupo del que fue socio el expresidente Santiago Peña, captó fondos del Estado y de las jubilaciones y, según el Banco Central, los prestó a empresas de su propio dueño. La Fiscalía imputa a 27 personas por tentativa de estafa. Las ganancias fueron privadas; el rescate de casi tres millones de ahorristas moviliza ahora recursos públicos. Cuando el Banco Central intervino Ueno Bank, el martes 3 de noviembre, la entidad administraba entre 800 y 850 millones de dólares de fondos públicos, 355 millones de ellos de las jubilaciones. Dos días después Santiago Peña, que había sido accionista de un holding del mismo grupo empresarial, presentó la renuncia, la cual no fue aprobada por el congreso que procedió a su destitución, mientras los diputados avanzaban en la formulación de su juicio político. El expediente judicial describe otra cosa que una quiebra, porque la Fiscalía imputa a 27 personas por lesión de confianza y tentativa de estafa, y el Banco Central denunció que Ueno prestó el dinero del público a empresas de su propio dueño, Miguel Vázquez, disfrazadas de independientes. El jueves, Vázquez y otros cinco directivos quedaron en prisión preventiva. Un banco que nació con el nuevo Gobierno Ueno Bank obtuvo la licencia bancaria a fines de 2023, el mismo año en que Peña llegó al Palacio de López. Su presidente hasta agosto había sido Carlos Carvallo, que ese año pasó a presidir el Banco Central, el organismo que desde entonces debía vigilarlo. Seis meses más tarde, cuando Ueno absorbió Visión Banco y con él su cartera morosa. El Banco Central aprobó la fusión con dos facilidades por 5,1 billones de guaraníes, unos 691 millones de dólares, y le permitió diferir el reconocimiento de la cartera deteriorada del banco absorbido. Con ese respaldo, la entidad digital recién nacida se convirtió en uno de los cuatro bancos sistémicos del país, y su crecimiento empezó a apoyarse en otra fuente, menos visible en los balances. El banco le prestaba a su propio dueño Mowi SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA le debían a Ueno 743.784 millones de guaraníes en abril de 2026, unos 123 millones de dólares. La ley le permitía prestar a su grupo, como máximo, 82 millones. Para esquivar ese tope, el banco declaró que las tres firmas ya no tenían relación con el Grupo Vázquez. Los supervisores del Banco Central concluyeron lo contrario. Las acciones habían pasado a exgerentes y empleados del grupo, entre ellos una jefa de Recursos Humanos, y doce de las personas que manejaban sus cuentas en línea trabajaban para itti, la empresa tecnológica de la casa. Los créditos salían «a sola firma», sin garantías y por montos que las deudoras no podían pagar. Cuando el regulador hizo las cuentas, exigió ajustes por más de 1,6 billones de guaraníes, y la solvencia de Ueno cayó a 5,56 %, menos de la mitad del 12 % que pide la ley. El dinero del Estado y de los jubilados Desde que Peña asumió, en agosto de 2023, los depósitos estatales en Ueno no pararon de crecer. A fines de junio de 2026 sumaban unos 869 millones de dólares, el 29 % de todo lo que captaba el banco. Querey calcula una cifra mayor, de unos 1.200 millones en dinero público, que las fuentes oficiales no confirman. Las jubilaciones siguieron la misma ruta desde octubre de 2024, cuando el Instituto de Previsión Social (IPS) compró bonos de Ueno por 32 millones de dólares y Peña despachó las críticas como una «campaña mediática». Once meses más tarde, el instituto tenía 316,4 millones en el banco, casi la mitad del dinero público depositado allí. El economista Rodrigo Ibarrola observó que el salto coincidió con un cambio en el reglamento de inversiones del IPS. Querey sostiene que ese cambio fue apenas uno entre varios y que la serie incluyó, en sus palabras, «leyes del Banco Central del Paraguay», la ley orgánica del IPS y nuevos decretos y reglamentaciones. Hoy quedan atrapados 355 millones de dólares de los jubilados, y unos 32.000 cobraban su pensión por Ueno. El IPS dice que esa suma equivale al 9 % de su cartera; el libelo acusatorio la ubica cerca del 11 %, por encima del tope de 10 % que la norma fija para un solo banco.

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Transportistas chilenos mantienen paro tras fallida reunión con gobierno

Prensa Latina Santiago de Chile, 10 noviembre (Prensa Latina).- Luego de una reunión sin acuerdos con el Gobierno, los pequeños y medianos transportistas chilenos anunciaron hoy que mantendrán en todo el país la protesta por el encarecimiento desmedido del diésel. En el encuentro participaron Martín Mackenna, subsecretario de Transportes, y Germán Codina, delegado presidencial de la Región Metropolitana de Santiago, además de dirigentes de gremios de camioneros. Al finalizar la reunión el vocero de los manifestantes, Andrés Alarcón Berríos, informó que no se llegó a ningún acuerdo y el paro nacional continuará de manera indefinida. La posición del gobierno, indicó, fue llevar el tema a los diferentes Ministerios involucrados en la crisis y pidieron levantar la protesta mientras ellos tengan una solución, pero nosotros insistimos en mantener la movilización en todo el país. Respecto a las demandas específicas del sector, Alarcón reiteró que se lucha por lograr la rebaja del diésel, eliminar o reducir el impuesto específico a los combustibles que cobra el Estado, así como a los peajes en las principales carreteras y autopistas. Para mañana miércoles está programado otro encuentro y estamos esperando una pronta instalación de una mesa de diálogo de donde puedan salir soluciones reales, afirmó el vocero. Agregó que las autoridades les recordaron el proyecto de ley para impedir que en los próximos tres meses los ajustes al combustible rebasen los 20 pesos (dos centavos de dólar). Esa oferta, precisó, fue calificada por los transportistas como una burla, tomando en cuenta los costos demasiado altos que están pagando desde marzo, cuando el gobierno eliminó el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles. Por su parte, el Delegado Presidencial Germán Codina recordó que la raíz de este problema está en un conflicto internacional, en referencia a la situación en el Oriente Medio, que golpeó fuerte a varios gremios y a la población en general. Informó que, en la reunión de mañana, así como en otra programada para el jueves participará el Ministro del Interior, Claudio Alvarado. Codina recordó que esta administración ya realizó una rebaja del 25 por ciento a los peajes cobrados por medios electrónicos en los horarios de máxima circulación, el denominado TAG. En cuanto a la continuación de las protestas en las carreteras, el delegado recordó que deben mantener el flujo de vehículos, es decir, no provocar el corte total de las vías.

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Graban a ejecutiva del grupo Ueno destruyendo documentos que comprometerían a Santiago Peña

Rusia Today La Fiscalía de Paraguay detuvo a Andrea Benítez, jefa de Operaciones de Ueno Casa de Bolsa—perteneciente al conglomerado del insolvente e intervenido Ueno Bank— bajo el cargo de supuesta frustración de la ejecución penal.  Las cámaras de seguridad de la oficina de Benítez, ubicada en la sede de la entidad, la captaron rompiendo documentos donde presuntamente quedaba en evidencia las inversiones en la bolsa que habría hecho el destituido expresidente Santiago Peña, imputado por por lesión de confianza y administración en derecho propio en el marco del caso Ueno Bank y posteriormente arrestado, según Última Hora. Cuando las autoridades arribaron a la casa de bolsa con la orden de detención, Benítez habría aprovechado la demora en su ingreso para tratar de destruir las pruebas que comprometerían a Peña. Caso Ueno Bank: ¿cómo un conglomerado empresarial sacudió a Paraguay? En un video al que tuvieron acceso los funcionarios aparece la mujer rompiendo documentos y depositándolos en una trituradora de papel, mientras otras personas recogen sus equipos electrónicos en un escritorio. Los fiscales encontraron que, entre los documentos destruidos por Benítez, habría escritos impresos minutos antes de que arribaran a la sede de Ueno Casa Bursátil. El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, fue imputado por la Fiscalía General de Paraguay por lesión de confianza y administración en derecho propio en el marco del caso Ueno Bank, que llevó a su destitución y posterior arresto. Los fiscales además solicitaron prisión preventiva en contra de él y del expresidente del Banco Central, Carlos Carvallo. La crisis comenzó cuando el Banco Central inició un ‘procedimiento de resolución’ de Ueno Bank ante sus problemas financieros, lo que paralizó las operaciones de la entidad y dejó a millones de clientes afectados. Entre las acusaciones contra Peña figuran sus antiguos vínculos accionarios con el grupo empresarial que controlaba el banco, el nombramiento de Carvallo al frente del organismo regulador y la colocación de unos 355 millones de dólares del Instituto de Previsión Social (IPS) en la entidad, en operaciones cuyos límites legales fueron cuestionados. Los denunciantes sostienen que las autoridades del BCP conocían desde abril de 2026 los problemas de Ueno Bank, pero no adoptaron oportunamente las medidas necesarias para evitar la crisis. La investigación también examina las colocaciones de fondos de otras instituciones estatales, mientras miles de ahorristas reclaman recuperar su dinero.

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Perú archiva caso de las esterilizaciones forzadas de 4.000 mujeres durante el gobierno de Alberto Fujimori

Guillermo D. Olmo BBC News «Fue como un jarro de agua fría». Así recibió Margarita Rojas la noticia de que la Fiscalía de Perú ordenó el archivo de la investigación de las esterilizaciones forzadas de más de 4.000 mujeres entre 1990 y 2000, durante la presidencia de Alberto Fujimori. El caso se cerró en aplicación de una polémica ley de amnistía impulsada por Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, actual presidenta e hija del fallecido mandatario. Rojas fue una de las víctimas de una política de control demográfico por la que se esterilizó —a menudo mediante coacción, amenazas y engaños— a más de 24.000 hombres y más de 314.000 mujeres, principalmente, «indígenas, de zonas de mucha pobreza», según concluyó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la sentencia en la que condenó al Estado peruano por estos hechos. Las asociaciones de víctimas llevan años denunciando que varias de estas mujeres murieron a causa de malas praxis y falta de condiciones en las intervenciones, entre ellas Celia Ramos Durand, cuyo caso emblemático fue el que llevó a la condena de Perú en la Corte IDH en noviembre del año pasado. Desde su casa en la comunidad indígena de Lluto Kututo, en la sierra andina del departamento de Cusco, Margarita recordó su experiencia y la de sus vecinas en conversación con BBC News Mundo. «Era el año 1996. Yo tenía 18 años y acababa de tener mi segunda niña. Entonces empezaron a llegar las enfermeras de la posta de salud de Llusco a presionarnos y decirnos que Fujimori no quería que tuviéramos más hijos». «Nos hablaban como si le debiéramos dinero al banco, y nos dijeron que las trompas luego se podían desligar». Según cuenta, fue sometida a una intervención que no le explicaron debidamente y cuyas consecuencias solo descubrió en una revisión ginecológica con otro médico. Desde 2013, cuando, asesorada por organizaciones de defensa de los derechos humanos, por fin denunció los hechos ante la Fiscalía, ha esperado justicia, algo que ve un poco más lejos después de la última decisión del Ministerio Público. Qué dijo la Fiscalía La Cuarta Fiscalía de Derechos Humanos emitió el pasado 22 de octubre una disposición en la que ordena el archivo del caso y declara prescrita toda posible responsabilidad penal por los hechos de los 52 investigados, entre los que figuran tres ministros de Salud durante el gobierno de Fujimori padre: Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y Alejandro Aguinaga, que hoy es senador de Fuerza Popular. El fiscal Jesús Víctor Dávila Rojas reconoce en la disposición, a la que ha tenido acceso BBC Mundo, que las «esterilizaciones forzadas reúnen, según el derecho penal internacional, los elementos de un crimen de lesa humanidad, al haberse cometido como parte de un ataque generalizado y sistemático dirigido contra un sector de la población civil en ejecución de una política de Estado». Sin embargo, concluye que debe archivarse el caso y declararse prescrita la responsabilidad penal en aplicación de la ley 32107, la ley de amnistía impulsada por Fuerza Popular y aprobada en 2024, durante la presidencia de Dina Boluarte. La decisión de la Fiscalía ordena archivar las investigaciones de los casos de lesiones graves seguidas de muerte de cinco víctimas y las lesiones graves sufridas por 4.172. Es el último capítulo de una larga batalla judicial en la que ninguna alta autoridad del gobierno peruano ha sido condenada. El exministro Alejandro Aguinaga dijo a BBC Mundo que «todas las investigaciones han sido archivadas porque en Perú no hubo un programa de esterilizaciones forzadas» y «esas personas han mentido porque se les han propuesto prebendas económicas». La última resolución de la Fiscalía deja abierta la posibilidad de plantear reclamaciones civiles.

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Lula inicia una gira para exhibir su liderazgo global tras derrotar al bolsonarismo

Página 12 Después de ser reelecto para un cuarto mandato, mientras sus rivales Donald Trump y Benjamin Netanyahu eran derrotados en Estados Unidos e Israel, Luiz Inácio Lula da Silva inició una gira por Turquía y Filipinas donde es aguardado como una referencia del combate a la ultraderecha. Este lunes el mandatario embarcó en Brasilia junto al diputado André Janones, el “general” y creador de una legión formada por más de diez millones de personas participantes de un canal de WhatsApp con el cual logró derrotar la hasta ahora imbatible estructura digital de los Bolsonaro, clan que va del excandidato presidencial Flávio, prófugo en Miami, hasta donde llegó apoyado por los gobiernos de Argentina y Estados Unidos, al padre de este, el exjefe de Estado, Jair Bolsonaro, preso por liderar un golpe que estuvo a punto de ser exitoso en 2023. Lula, apodado como el “mariscal” de las tropas virtuales conocidas como el “Ejército de Lula”, y Janones, se fotografiaron sonrientes hoy en vuelo hacia Turquía, donde se realiza la 31ª Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31). “Supe que la ´L´ de Lula está siendo utilizada en Estados Unidos, Francia, España, Argentina por militantes progresistas después de ver nuestra experiencia en las elecciones”, dijo el líder del Partido de los Trabajadores. Al superar por casi cuatro millones y medio de votos a Flávio Bolsonaro, Lula más que duplicó la diferencia obtenida cuatro años atrás frente a Jair, enterrando así la utopía de Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, de hacer de América Latina una fortaleza reaccionaria. La experiencia concreta del lulismo en los comicios del mes pasado demostró al mundo, no solo a América Latina, que es posible vencer a los proyectos “protofascistas”, tal como suele llamarlos el excanciller Celso Amorim, consejero internacional de la presidencia, otro de los integrantes de la misión oficial que visitará dos países del sur global: Turquía esta semana y Filipinas en la próxima. Turquía, sin Trump Lula desembarca este martes en la ciudad turca de Antalya, donde ante decenas de mandatarios defenderá el fin gradual de los combustibles fósiles antagonizando con la propuesta de Trump de extraer todo el petróleo posible y hacerlo cuanto antes. Allí rebatirá la tesis trumpista que niega el cambio climático, de la cual se deriva el respaldo a la deforestación de las selvas tropicales, concepto puesto en práctica por terratenientes de la Amazonia brasileña simpatizantes del bolsonarismo. En uno de sus últimos actos de campaña antes del balotaje del 25 de octubre, Flávio Bolsonaro deploró la legislación ecológica de Lula y su ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, quien ya se encontraba este lunes en Antalya. El contrapunto de las ideas de Lula y Donald Trump ocurrirá esta semana sin la presencia del republicano, quien tampoco estuvo el año pasado en la 30ª COP celebrada en Belém, capital de Pará. El brasileño pronunciará su primer discurso el miércoles, primer día de actividades oficiales, en paralelo a las cuales mantendrá reuniones con mandatarios. Según medios brasileños la Cancillería brasileña ya recibió pedidos para audiencias con cerca de 20 gobernantes, a lo largo de un evento donde se lo espera como una rockstar: por sus posiciones ambientalistas, pero más debido a un triunfo de resonancia planetaria. Después de Turquía sigue viaje hacia a Manila, Filipinas para tomar parte, como convidado, de la cumbre de líderes del Sudeste Asiático (ASEAN). Injerencia digital Antes de volar hacia la ciudad turca de Antalya, Lula pronunció su primer discurso en cadena nacional de radio y televisión, luego derrotar a Flávio Bolsonaro. “Estoy inmensamente agradecido por los más de 64 millones de votos recibidos” en unos comicios con los menores niveles de abstención de los últimos tiempos, después de una campaña en la cual el “pueblo brasileño fue a las calles y las redes”, dijo este lunes por radio y el domingo a la noche en la televisión. A pesar de la interferencia de las “big techs que dieron millones de visualizaciones a las fake news, la verdad venció a la mentira”, celebró. Desde su lugar de presidente que está acabando su tercer mandato e iniciando, de hecho, el cuarto, prometió mantener vivo al Ejército de soldados “pacíficos”. A los cuales pidió estar en “alerta” esta semana cuando prevé hacer una transmisión en vivo desde Turquía, junto al diputado Janones, repitiendo la experiencia de la semana pasada, con cerca de cuatro millones de visualizaciones. La experiencia proselitista debe continuar en 2027 a través de una movilización indispensable para sostener a un gobierno fortalecido en las redes y las calles, al mismo tiempo que débil en el Parlamento, donde habrá una bancada bolsonarista poderosa. Senadores y diputados de ese campo no vacilarán en impedirle que concluya de su mandato de cuatro años. Lo dijo Flávio Bolsonaro en tono amenazante la semana pasada en Miami: ojalá haya elecciones antes de 2031, lo cual supone que Lula no finalice el gobierno. Comunicación directa El artefacto montado el mes pasado por el lulismo durante la campaña, del cual se habla en todo el mundo, combina una herramienta de comunicación, el Ejército de Lula, y una idea de poder: ir a la carga contra los gigantes de la información. Se optó por utilizar la comunicación directa entre el líder y la sociedad, y en paralelo se denunció a las oligarquías del Valle del Silicio, alineadas con Trump y Flávio Bolsonaro. En paralelo Lula y su tropa pusieron en evidencia la complicidad de los medios masivos convencionales con el candidato derechista. Así en varios actos multitudinarios el candidato petista denunció la simpatía del grupo multimedios Globo, cuyos propietarios y directivos invitaban a almorzar a Bolsonaro, por cuya candidatura apostaron todo su capital político y simbólico. Y perdieron. Con lo poco de voz que le quedaba, el octogenario presidente gritaba “El grupo Globo me tiene rabia”, porque el gobierno redujo la jornada laboral y prohibió las apuestas deportivas en línea, que dejan millones de dólares a esa y otras cadenas de medios. “Nunca me escapé” Durante

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Líder iraní ordenó finalizar el estado de «ni guerra ni paz» con EE.UU.

Telesur El presidente de Irán, Massoud Pezeshkian, afirmó que el líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyyed Mojtaba Jamenei, ordenó a los funcionarios del país poner fin al status de «ni guerra ni paz» con Estados Unidos y buscar una salida digna mediante el diálogo. «El Líder nos ha ordenado poner fin al actual estado de ni guerra ni paz. Podemos entablar un diálogo con dignidad y llevar este asunto a una conclusión digna», señaló el mandatario iraní, al tiempo que reafirmó la postura de Teherán de que la lógica exige priorizar la vía diplomática si se pueden garantizar los derechos nacionales, sin rendirse jamás ante la coacción. Las declaraciones se producen en un contexto de estancamiento tras la agresión militar lanzada el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra territorio iraní. Pese a que un alto el fuego detuvo las hostilidades iniciales tras 40 días de resistencia y respuestas de Teherán, la tensión escaló nuevamente en julio con nuevos bombardeos y un bloqueo naval estadounidense que contravenía el Memorando de Entendimiento pactado el 17 de junio. Como respuesta, las fuerzas armadas de Irán golpearon objetivos estratégicos y cerraron el Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo. Postura firme y condiciones para la diplomacia Un alto funcionario de seguridad de la República Islámica declaró a Press TV, que se descarta por completo la existencia de negociaciones en curso con Washington tras informes sobre un posible encuentro en Doha entre el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, el mayor general Mohsen Rezaei, y el vicepresidente estadounidense JD Vance. De acuerdo con la fuente, la postura oficial de Teherán se mantiene inalterable hasta que la Casa Blanca cumpla con siete condiciones concretas comunicadas mediante mediadores. Entre los requisitos exigidos figuran poner fin a los conflictos en todos los frentes, levantar las sanciones y el bloqueo, liberar los activos iraníes congelados, compensar los daños de la guerra y reconocer la soberanía de Irán sobre el Estrecho de Ormuz. A finales de septiembre, Teherán propuso un plan de siete días para reabrir el estrecho de Ormuz y retomar los contactos, esquema que posteriormente se redujo a una propuesta catarí de dos días —en la que Estados Unidos ejecutaría medidas el primer día y la vía marítima se habilitaría el segundo—. El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, advirtió que corresponde a la Casa Blanca decidir si acepta la vía diplomática o prefiere la confrontación, recordando que las fuerzas iraníes están preparadas para responder ante cualquier agresión. Tras los comicios de mitad de período en territorio norteamericano, Araghchi señaló en sus redes sociales: «Los votantes estadounidenses han tomado su decisión. Es hora de que la Casa Blanca haga lo suyo».

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Paraguay: Docentes paralizan labores y marchan a reunión con el Gobierno tras colapso financiero

Telesur Organizaciones sindicales del sector educativo de Paraguay iniciaron este lunes 9 de noviembre una huelga nacional y marchas multitudinarias en Asunción y diversas cabeceras departamentales tras la quiebra de Ueno Bank (entidad bancaria y financiera digital). La medida de fuerza es impulsada por la Unión Nacional de Educadores, la Federación de Educadores del Paraguay y la Organización de Trabajadores de la Educación, entre otros gremios representativos del sector. La principal preocupación de los manifestantes radica en el riesgo inminente de quiebre de la caja fiscal administrada por el Ministerio de Economía. De acuerdo con las denuncias gremiales, la entidad gubernamental transfirió más de 2,5 billones de guaraníes y alrededor de 60 millones de dólares de los fondos previsionales docentes hacia la entidad financiera privada. La descapitalización de la institución previsional estatal coloca en situación de extrema vulnerabilidad la cobertura de más de 43.000 educadores jubilados en todo el territorio nacional. Además, la parálisis de las actividades escolares coincide con el impacto directo de la crisis bancaria, la cual provocó la suspensión del programa de alimentación escolar denominado Hambre Cero. Durante las jornadas de protesta en la Plaza de las Armas, el dirigente sindical Jorge Sebastián Arévalos en entrevista para la multiplataforma teleSUR, expresó el malestar del sector ante la incertidumbre sobre las prestaciones de fin de año. El vocero exigió la recuperación total de los recursos de la caja fiscal para garantizar que los trabajadores retirados continúen percibiendo sus haberes y el décimo tercer sueldo. Por su parte, la docente Basilia Rivas cuestionó los argumentos previos del Poder Ejecutivo sobre un supuesto déficit de las cuentas públicas antes de revelarse la fuga de capitales. En ese mismo sentido, la docente Marlene Ramírez denunció que el desfalco compromete a toda la ciudadanía al señalar que el dinero robado pertenecía al patrimonio público de los paraguayos. Transferencias financieras y exigencias presupuestarias al Congreso Nacional El desfalco previsional salpicó al Instituto de Previsión Social, entidad que mantiene cerca de 350 millones de dólares comprometidos dentro de la misma firma bancaria intervenida. La crisis provocó la destitución y detención del expresidente Santiago Peña, quien era accionista del banco, así como el arresto de altos directivos de la firma. El secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación Auténtica, Gabriel Espínola, señaló que la búsqueda de mayores tasas de interés vulneró los ahorros estatales. El dirigente criticó que el Ministerio de Economía depositara los recursos en Ueno Bank bajo esa premisa comercial y demandó que la Procuraduría confisque los bienes de los implicados. Espínola remarcó la necesidad de que el Estado asuma la responsabilidad financiera para sostener la continuidad de los pagos de forma acelerada. Asimismo, el representante exigió desvincular formalmente a 900 docentes que cuentan con resolución de retiro pero no han accedido al cobro de sus haberes por los retrasos institucionales. En medio de las acciones de calle, una comitiva de dirigentes gremiales agendó una reunión decisiva con el mandatario Pedro Alliana. La representación docente presentará un proyecto de ley especial diseñado para garantizar por vía legislativa la devolución de los depósitos despojados a la caja previsional. Las exigencias sindicales contemplan también asegurar rubros estatales para la gratuidad de la enseñanza, la educación inclusiva y los programas destinados a comunidades indígenas en el Presupuesto 2027. Las organizaciones sociales advirtieron que mantendrán la presión en las calles hasta asegurar la intangibilidad de los fondos de jubilación y reabrir los comedores escolares.

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