Internacional

Telesur Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos denunciaron este viernes en Quito hechos de tortura, abuso sexual y graves violaciones de los derechos humanos contra privados de libertad en las cárceles de Ecuador, y convocaron a una movilización nacional el 2 de junio en la capital ecuatoriana en rechazo a estos crímenes. La vocera del colectivo Hijos e Hijas de Mayo, Claudia Gallardo, confirmó la presentación de una demanda penal ante la Fiscalía General por agresiones contra el activista Omar Campoverde, quien denunció haber sufrido agresiones físicas y violencia sexual el pasado 22 de mayo por agentes estatales en la Cárcel del Encuentro, en la provincia de Santa Elena. Juristas e integrantes de la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos señalaron que los abusos configuran un patrón estructurado por el Estado en que la militarización de la seguridad interna carcelaria, promovida por el Ejecutivo nacional, fomenta la impunidad y la persecución, comprometiendo la responsabilidad internacional de la nación andina ante los organismos de justicia global. La representante del Comité de Familiares por una Vida Digna, Ana Morales, denunció una crisis sanitaria extrema caracterizada por brotes de tuberculosis y desnutrición severa dentro de los penales. Morales catalogó los centros penitenciarios como espacios de exterminio estatal por la privación de agua potable, la falta de medicamentos y la restricción de visitas. Estas condiciones degradantes motivaron la convocatoria aprotestas nacionales para exigir respuestas concretas a los ministerios del sector. La marcha del 2 de junio partirá de la sede del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y avanzará hacia el Ministerio del Interior y la Asamblea Nacional, para exigir una fiscalización inmediata de los penales de máxima seguridad y el fin del aislamiento extremo impuesto bajo la actual política de seguridad del Gobierno de Daniel Noboa.

Telesur El presidente de Colombia, Gustavo Petro exhortó este viernes a la ciudadanía a acudir masivamente a las urnas el domingo 31 de mayo, al declarar que se decidirá «el futuro real de Colombia». A dos días de las elecciones presidenciales en el país, Petro refirió que «lo que sí quiero es que ese voto, en primer lugar, sea de todos y de todas, que no se quede nadie por ahí en la esquina porque en estas elecciones se decide el futuro real de Colombia». Más de 41,4 millones de colombianos están habilitados en el padrón electoral para elegir al nuevo presidente y vicepresidente del país. Durante un acto público en Barranquilla, capital del departamento del Atlántico Petro defendió además su gestión y aseguró que su Gobierno deja avances en indicadores sociales como la pobreza, el empleo y la seguridad alimentaria. “Aquí entrego el poder. No me gusta el poder, se lo entrego al pueblo, a nadie más. El pueblo decidirá el domingo”, declaró el presidente de la coalición Pacto Histórico. Tras cuatro años del primer Gobierno de izquierda del país, Petro reconoció y agradeció la concentración masiva que se produjo en Barranquilla. El jefe de Estado señaló que su Gobierno dejó la tasa de desocupación «más baja del siglo»: 8,8 por ciento durante el mes de abril. “Aumentamos el empleo en más de 700.000 puestos de trabajo y la mayor parte es asalariado como obrera o empleada particular porque son las mujeres las que han obtenido la mayor parte del empleo”, resaltó. De igual manera expresó que “nunca se había obtenido una brecha tan estrecha entre el nivel de empleo de las mujeres respecto al de los hombres”. En la primera vuelta electoral parten como favoritos el izquierdista Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico; el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria; y la uribista Paloma Valencia, del partido Centro Democrático. Si ninguno obtiene la mitad más uno de los votos, los dos candidatos más votados se enfrentarán en una segunda vuelta prevista para el 21 de junio. El gobierno de Colombia anunció el cierre de sus fronteras terrestres y fluviales con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil para el 31 de mayo, donde se incrementarán los controles migratorios y se regulará el movimiento de los vehículos. La medida entrará en vigor a partir de las 18H00 del 30 de mayo hasta las 06H00 del 1 de junio, según refiere el Decreto 0188 de 2026 del Ministerio del Interior de Colombia. Para esta fecha también se aplicará la Ley Seca en todo el territorio durante el mismo horario que se aplicará el cierre fronterizo y las autoridades locales tienen la potestad de aumentar las restricciones en función de las condiciones en cada sitio y el incumplimiento tendrá consecuencias monetarias para quienes incurran. El operativo incluirá también un despliegue de 408.000 guardias de la Fuerza Pública para supervisar los comicios.

RT El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán afirmó este viernes que aún no ha llegado a un entendimiento final con EE.UU., por lo que continúa el intercambio de mensajes entre ambas partes. «El intercambio de mensajes entre Irán y EE.UU. continúa, pero aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo», dijo el portavoz de la Cancillería iraní, Esmaeil Baghaei, citado por la agencia Fars.  Por otro lado, el funcionario manifestó que ninguna de las partes occidentales, al hablar de Irán, puede utilizar el término «debe». «Tomamos nuestras propias decisiones basándonos en los intereses y derechos del pueblo iraní. Este es un punto clave», expresó al respecto. Asimismo, fue enfático al señalar que en esta etapa de las negociaciones están centrados «en el fin de la guerra» y no van a entrar en detalles «sobre cuestiones nucleares». Rechazo Previamente se conoció de fuentes cercanas al proceso de negociación entre EE.UU. e Irán que han rechazado las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre un posible acuerdo con Teherán, calificándolas como una «mezcla de verdad y mentira» y un intento de presentar una victoria ficticia. Por ejemplo, el inquilino de la Casa Blanca aseguró que Irán acordó abrir el estrecho de Ormuz sin recibir a cambio ninguna contraprestación y desmantelar su arsenal nuclear. No obstante, los interlocutores afirman que ninguna de estas condiciones figura en el texto real y que la segunda cuestión enumerada por Trump «carece de fundamento». En la misma línea, el principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, declaró que su país no confía en las garantías verbales de EE.UU. y que no tomarán ninguna medida antes de que su contraparte actúe. «No confiamos en garantías ni en palabras [de EE.UU.]; solo los hechos son la medida», dijo. «No se tomará ninguna medida antes de que la otra parte actúe», añadió.

Rusia Today El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes el levantamiento del bloqueo naval impuesto contra Irán, aunque condicionó la medida al cumplimiento por parte de Teherán de varias exigencias. En una publicación en Truth Social, el mandatario afirmó que la República Islámica deberá comprometerse a no desarrollar «nunca» armas ni bombas nucleares. Además, exigió la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz para permitir el tránsito marítimo sin restricciones ni peajes en ambas direcciones. En este sentido, señaló que los barcos retenidos debido al bloqueo naval estadounidense podrán comenzar a regresar a sus destinos una vez levantadas las restricciones. Trump también aseguró que las minas navales colocadas en la zona deberán ser eliminadas. Según afirmó, fuerzas estadounidenses ya destruyeron varias de ellas mediante operaciones de desminado submarino, mientras que Irán se encargará de retirar las restantes.

Página 12 El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró este jueves que ordenó al ejército que tomara el control del 70 por ciento de la Franja de Gaza, lo que implica ignorar los términos del cese al fuego con el movimiento islamista Hamas que rige desde octubre pasado. El anuncio de Netanyahu se produce en un momento en que la violencia arrasa Gaza, donde el ejército israelí continúa sus bombardeos. “Tenemos a Hamas contra las cuerdas”, afirmó Netanyahu. “Ahora estamos en el 60 por ciento de la Franja de Gaza, más o menos. Estábamos en el 50 por ciento, ahora hemos avanzado al 60 por ciento”, dijo el primer ministro en un coloquio en Cisjordania ocupada, donde, tras ser interpelado por el público para que se ocupe la totalidad de la Franja, respondió: “Esperen, vayamos por orden. Primero el 70 por ciento”. “Mi orden es avanzar hacia…”, se disponía a decir Netanyahu, momento en el que la audiencia gritó: “¡El 100!”, lo que desencadenó su respuesta sobre tomar el control de hasta el 70 por ciento del enclave. “Empecemos por ahí”, agregó. A mediados de mayo, el jefe del gobierno israelí ya celebró que el ejército se hubiera expandido más allá del territorio de la Franja que pasó a controlar tras el alto el fuego del pasado 10 de octubre. Al inicio de la tregua rondaba el 52 por ciento, que amplió progresivamente en contra de lo estipulado en el acuerdo. Durante los casi ocho meses que estuvo en vigor el alto en fuego, el ejército israelí trazó una línea bautizada como “amarilla” que hacinaba a los 2,1 millones de habitantes de la Franja en menos de la mitad del territorio. Esta demarcación no se manifestó en ningún momento como una frontera física. A la “línea amarilla” se sumó a finales de marzo la denominada “línea naranja”. Según la ONG Gisha, la nueva delimitación territorial sirve para aislar un área de 174 kilómetros cuadrados (casi el 48 por ciento de Gaza) en el cual el movimiento de organizaciones internacionales y ONG queda prohibido sin la coordinación previa con Israel. Israel y Hamas se acusan mutuamente de romper el cese al fuego que entró en vigor en octubre pasado, tras dos años de una guerra desatada por el ataque sin precedentes del movimiento islamista palestino en territorio israelí del 7 de octubre de 2023. La primera parte de esta tregua, negociada bajo la presión de Estados Unidos, permitió la liberación de los rehenes israelíes retenidos en Gaza a cambio de la excarcelación de presos palestinos. El ministerio de Salud gazatí indicó este mismo jueves que desde la entrada en vigor del alto el fuego se confirmaron 922 muertos y 2.786 heridos, mientras que se han recuperado 781 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las fuerzas israelíes, ahora presentes en la llamada “línea amarilla”. La situación humanitaria sigue siendo “catastrófica”, denunciaron días atrás varias ONG acusando a Israel de faltar a sus obligaciones.

Página 12 La Cámara Federal de Casación Penal rechazó los recursos extraordinarios de la defensa de Cristina Fernández de Kirchner y dejó firme la medida que ordenó decomisar sus bienes en el marco de su condena por la causa Vialidad. De esta forma, la Justicia evitó que el trámite escalara a la Corte Suprema y seguirá adelante con los trámites para que 111 bienes de la familia Kirchner y del empresario Lázaro Báez vuelvan al Estado. CFK fue condenada a doce años de prisión en diciembre de 2022 y cumple la condena en su domicilio de San José 1111 desde junio de 2025. En abril de este año, los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña resolvieron que “los bienes de origen ilícito pueden ser decomisados aun cuando hayan sido transferidos a terceros o heredados”. En ese momento, los magistrados de la Sala IV de Casación Federal rechazaron el planteo de la expresidenta para suspender la ejecución de su patrimonio. Los magistrados buscan ejecutar 111 bienes de los condenados en la Causa Vialidad, por un total de 685 mil millones de pesos. Casación reafirmó así el alcance amplio del decomiso en el derecho argentino, al afirmar que el recupero de activos provenientes de delitos constituye no solo una facultad sino un deber del Estado. De ese modo validó el criterio del TOF-2 al dictar la sentencia –integrado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso–, que había diferenciado tres categorías: bienes de personas condenadas que se beneficiaron del delito, bienes afectados con finalidad reparatoria y –más controvertido– bienes en poder de terceros no condenados. Las objeciones interpuestas por las defensas Las defensas cuestionaron lo que interpretan como una indebida extensión de la responsabilidad penal a terceros ajenos al proceso, incluyendo bienes adquiridos antes de los hechos investigados o bien pertenecientes a personas no condenadas. Objetaron también que se incluyeran activos de origen lícito o desvinculados del delito, lo que transformaría al decomiso en una medida confiscatoria. Los jueces Hornos y Barroetaveña, en línea con el dictamen del fiscal Mario Villar, rechazaron esos planteos y convalidaron el criterio del TOF 2, reforzando la idea de que el decomiso no debe limitarse a los bienes directamente vinculados al hecho delictivo, sino que puede alcanzar otros activos cuando exista una relación razonable con el provecho ilícito. El decomiso había sido solicitado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. De los 111 bienes, 80 son de Lázaro Báez, uno se halla a título personal de Cristina Kirchner y los restantes 19 están escriturados a nombre de Florencia y Máximo Kirchner. En el caso de la expresidenta, la medida alcanza el hotel Los Sauces Casa Patagónica, vecino de la residencia de los Kirchner en El Calafate; y un complejo de departamentos en Río Gallegos construido por Lázaro Báez. Los 19 inmuebles de sus hijos fueron comprados por Néstor Kirchner entre 2006 y 2010.

Telesur Un grupo de legisladores demócratas de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, liderado por Nydia Velázquez y Gregory Meeks, presentó una Resolución sobre los Poderes de Guerra que busca detener y prohibir cualquier acción militar de la Administración del presidente Donald Trump contra Cuba que no cuente con la autorización explícita del Congreso estadounidense. La medida exige la retirada de las Fuerzas Armadas de cualquier hostilidad dirigida hacia la isla, a menos que sea una declaración de guerra formal. La presentación de este recurso en la Cámara Baja ocurre apenas una semana después de que los senadores Tim Kaine, Adam Schiff y Ruben Gallego introdujeran una propuesta similar en el Senado. ”La beligerante política exterior de Donald Trump está generando nuevas guerras y conflictos en todo el mundo. Mientras nuestro país ya se encuentra inmerso en una nueva guerra con Irán, el Presidente ha puesto ahora su mira en un cambio de régimen en Cuba. El Congreso debe reafirmar su autoridad constitucional si el Presidente persiste en este camino ilegal”, puntualizó la congresista Velázquez. Agregó que ”esta Administración se precipita hacia otra guerra desastrosa, poniendo en riesgo incontables vidas, tanto estadounidenses como extranjeras”. Los promotores de la resolución, que incluye el copatrocinio de los representantes Jim McGovern (Massachussets) y Joaquin Castro (Texas), afirmaron que la retórica belicista de Estados Unidos hacia Cuba intenta desviar la atención pública de problemas políticos y económicos internos. ”La Administración Trump y los republicanos en el Congreso están empeñados en iniciar otra guerra, esta vez con Cuba, para desviar la atención del fracaso del presidente en Irán, de la debilidad económica y de la deportación masiva de 500.000 cubanos que se encuentran legalmente en los Estados Unidos”, resaltó Meeks. El congresista enfatizó que si Trump y el secretario de Estado de la nación norteamericana, Marco Rubio, hablan en serio sobre establecer una nueva relación con el pueblo cubano, ”deberían revertir 65 años de políticas fallidas de Estados Unidos hacia Cuba, poner fin al bloqueo petrolero, y a la crisis humanitaria que este ha provocado, y trabajar junto al Congreso para modificar las sanciones estadounidenses, draconianas y obsoletas, que perjudican desproporcionadamente al pueblo cubano”. Esta resolución se da en medio de una política de máxima presión contra el pueblo y Gobierno de Cuba. En su más reciente agresión, el Gobierno de EE.UU. imputó al expresidente y líder de la revolución cubana, general de ejército Raúl Castro Ruz, maniobra política que de acuerdo con la postura de la nación antillana busca utilizarse como un pretexto para justificar una agresión armada contra la mayor de las Antillas, lo que —advirtió días atrás el canciller Bruno Rodríguez— provocaría un baño de sangre.

Telesur El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, informó de manera oficial el despliegue estratégico de más de 12.000 efectivos de la Policía Nacional para resguardar el orden público durante la jornada electoral en Colombia, el próximo domingo. Las autoridades de la capital instaron a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto sin temores. Para robustecer la presencia institucional en las áreas periféricas, la Alcaldía Mayor incorporó a 794 nuevos uniformados encargados de la prevención del delito en los cuadrantes urbanos. Las fuerzas disponibles concentrarán sus operaciones de vigilancia en las localidades de Kennedy, Suba, San Cristóbal, Bosa y Rafael Uribe tras ser priorizadas por sus necesidades críticas de convivencia. Organizaciones políticas y analistas de izquierda alertaron sobre serias vulneraciones a las normativas electorales vigentes que amenazan la transparencia del proceso democrático. Los sectores denunciantes cuestionaron la inacción del Consejo Nacional Electoral frente a la difusión de sondeos irregulares por parte de la firma internacional Atlas Intel, con sede operativa en Brasil. Las denuncias indican que se han articulado redes digitales con la finalidad de alterar los algoritmos informáticos y favorecer de forma artificial la intención de voto hacia el candidato de la extrema derecha, Abelardo de la Espriella. Los portavoces populares exigieron una fiscalización inmediata por presuntos gastos excesivos de propaganda que superarían los topes financieros permitidos por el Estado. El exmagistrado del organismo electoral Luis Guillermo Pérez denunció un grave sabotaje en el registro de los testigos de votación designados por las fuerzas progresistas. Las listas oficiales revelaron que cientos de ciudadanos inscritos por la coalición del Pacto Histórico fueron trasladados de manera ilegal hacia los padrones de control del partido uribista Centro Democrático. La alteración en las bases de datos institucionales impedirá que los delegados del movimiento de izquierda supervisen el escrutinio de las mesas el día del sufragio. Ante esta situación de indefensión técnica, los comités de base exigieron una auditoría urgente de los sistemas de identificación antes de que expire el plazo legal para el registro definitivo de los inspectores. Las tensiones institucionales aumentan en los consulados colombianos en el extranjero debido a las campañas de propaganda que continúan ejecutando los sectores conservadores en los centros de votación. Las comisiones del Congreso instaron a la Registraduría a emitir dictámenes claros que devuelvan la confianza a la ciudadanía sobre la transparencia de los resultados del preconteo.

Prensa Latina Santiago de Chile, 28 mayo (Prensa Latina).- Los cancilleres y titulares de seguridad de cinco países latinoamericanos firmaron hoy en Santiago de Chile un compromiso de cinco puntos, destinado a enfrentar la amenaza creciente del crimen organizado transnacional. La reunión fue convocada por el titular de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, y contó con la participación de sus homólogos de Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. Al término de la cita, el anfitrión destacó la voluntad de enfrentar unidos la amenaza y combatir la delincuencia que afecta la gobernanza, la seguridad de las personas y la estabilidad institucional de la región. El presidente José Antonio Kast, quien participó en el encuentro, afirmó que resulta indispensable avanzar hacia una mayor cooperación política para enfrentar al crimen organizado, sobre todo por el carácter transfronterizo de este flagelo. Con este propósito, se rubricó el denominado «compromiso regional de Santiago», basado en cinco metas prioritarias, que incluyen el intercambio de información entre servicios de inteligencia, policías y fiscalías. Además, la coordinación fronteriza para el control del paso de personas y mercancías; así como la trazabilidad de flujos financieros ilícitos para perseguir el lavado de activos y el financiamiento del crimen organizado. Finalmente, prevén incrementar la cooperación entre organismos técnicos nacionales como policías, aduanas, migraciones y unidades de análisis financiero, y fortalecer los mecanismos regionales de respuesta ante amenazas comunes. Pérez Mackena informó que en 180 días los cinco países se volverán a reunir en Argentina para revisar los avances y dificultades en este acuerdo.

Rusia Today Las fuerzas iraníes lanzaron este jueves una andanada de misiles desde el sur del país contra «objetivos específicos», informó la agencia Fars. El medio de comunicación señala que los proyectiles fueron lanzados desde el sur de la República Islámica. Indican que por el momento se desconoce el destino del ataque, pero algunas fuentes reportan la posibilidad de un enfrentamiento en las aguas del golfo Pérsico. Previamente, se informó que Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) abrió fuego contra cuatro barcos que transitaban por el estrecho de Ormuz, uno de los cuales pertenecía al Ejército estadounidense. Tregua frágil Aunque los casi 40 días de intensas hostilidades cesaron el 7 de abril con una tregua entre Estados Unidos e Irán, las tensiones se mantienen entre ambas partes, debido al fracaso de las negociaciones de paz, el cruce de ataques verbales y el bloqueo naval mutuo a los buques comerciales en el golfo Pérsico y el mar Arábigo. En la jornada anterior, Irán realizó ataque de represalia contra posiciones de EE.UU. en la región tras una ofensiva de Washington contra una instalación militar iraní en el área de Bandar Abbas Al mismo tiempo, Axios informó que los equipos negociadores de Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo sobre un memorando de entendimiento de 60 días para extender el alto el fuego e iniciar negociaciones sobre el programa nuclear iraní, pero Trump aún no ha dado su aprobación final. Desde Teherán, sin embargo, no se ha confirmado esta información.