Internacional

DW Actualidad Cuatro cuerpos fueron hallados este martes (07.10.2025) entre los escombros de un edificio del centro de Madrid, España, anunció el alcalde de la capital, quien precisó que otras dos personas siguen desaparecidas. En el suceso, ocurrido a primera hora de la tarde, tres obreros también resultaron heridos. En el momento del derrumbe, unas 40 personas trabajaban en la construcción. «Se localizó y sacó del edificio el cadáver de uno de los cuatro desaparecidos», explicó a la prensa el alcalde José Luis Martínez-Almeida, unas 10 horas después del colapso. Agregó que se había localizado otro cuerpo y que se estaba «desescombrando para poder llegar» hasta él. «Todavía hay dos personas desaparecidas que no han podido ser localizadas dentro del edificio», precisó. Almeida explicó que el operativo de rescate está formado por bomberos y la policía municipal, que está operando con drones y cuenta con la colaboración de la empresa que estaba haciendo la rehabilitación, pero es «una tarea durísima».

BBC News Negociadores de Israel y Hamás se encuentran en Sharm El-Sheikh, Egipto, para mantener conversaciones indirectas sobre el fin de la guerra entre Israel y Gaza. Es lo más cerca que ambas partes han llegado a un posible acuerdo desde que comenzó la guerra hace dos años. Pero el plan de paz de 20 puntos de Donald Trump -que Israel aceptó y Hamás parcialmente – es en realidad solo un marco de pocas páginas. Y aún existen importantes puntos de fricción que ambas partes deben resolver. Estructura para la liberación de rehenes El plan de Trump establece que, en un plazo de 72 horas tras alcanzar un acuerdo, todos los rehenes serán liberados. Se cree que 48 rehenes israelíes permanecen en Gaza, 20 de los cuales se considera que están vivos. Trump afirmó durante el fin de semana que los rehenes podrían ser liberados «muy pronto», mientras que Netanyahu dijo que podrían ser liberados antes del final de la festividad judía de Sucot, el 13 de octubre. Hamás aceptó la «fórmula de intercambio» de rehenes detallada en el plan de Trump, siempre que se cumplan ciertas «condiciones sobre el terreno». Pero los rehenes son la única moneda de cambio del grupo, y no está claro si estaría dispuesto a liberarlos antes de que se concreten otros aspectos del acuerdo. La confianza entre ambas partes es prácticamente inexistente. El mes pasado, Israel intentó asesinar al equipo negociador de Hamás con un ataque aéreo en Doha, lo que enfureció no solo a Hamás, sino también a Trump y a Qatar, un mediador clave. Miembros de ese mismo equipo negociador, encabezado por Khalil al-Hayya, cuyo hijo murió en el ataque, se reunirán a poca distancia de la delegación israelí en Egipto. Desarme de Hamás El objetivo declarado de Israel durante la guerra ha sido la destrucción de Hamás. Netanyahu ha declarado repetidamente que no se detendrá hasta acabar con el grupo. Un punto clave del plan de Trump exige que el grupo se desarme. Sin embargo, Hamás se ha negado previamente a deponer las armas, afirmando que solo lo hará una vez establecido un Estado palestino. En su respuesta Hamás no mencionó el desarme, lo que alimentó especulaciones de que no ha cambiado su postura. Durante el fin de semana Netanyahu prometió: «Hamás será desarmado y Gaza será desmilitarizada, ya sea por las buenas o por las malas. Futura gobernanza de Gaza El plan establece que Hamás no tendrá ningún papel en el futuro en Gaza, que será gobernada por un organismo transitorio temporal de tecnócratas palestinos, supervisado por una «Junta de Paz» encabezada y presidida por Donald Trump y en la que participaría el exprimer ministro británico Tony Blair. La gobernanza de la Franja se transferiría en algún momento no definido a la Autoridad Palestina (AP). Aunque Netanyahu aceptó la totalidad del plan de 20 puntos de Trump, pareció rechazar la participación de la AP incluso mientras estaba en el podio junto al presidente estadounidense la semana pasada, insistiendo en que la AP no desempeñaría ningún papel en el gobierno del territorio. Este es uno de los muchos puntos del plan que objetarían los ultranacionalistas de línea dura dentro de la coalición gobernante de Netanyahu, muchos de los cuales desean conservar el control de Gaza y reconstruir los asentamientos judíos allí. En su respuesta, Hamás indicó que espera desempeñar algún papel en el futuro en Gaza como parte de «un movimiento palestino unificado». Aunque la redacción es vaga, esto probablemente será inaceptable tanto para Trump como para los israelíes. Retirada israelí El alcance de la retirada militar de Israel es un cuarto punto de controversia. El plan establece que el ejército israelí se retirará de Gaza «en base a estándares, hitos y plazos» que deben ser acordados por todas las partes. Un mapa distribuido por la Casa Blanca mostró tres etapas propuestas para la retirada de las tropas israelíes. La primera etapa deja alrededor del 55% de Gaza bajo control israelí, la segunda el 40% y la última el 15%. Esta etapa final consistiría en un «perímetro de seguridad» que «permanecería hasta que Gaza esté debidamente protegida frente a cualquier resurgimiento de la amenaza terrorista». La redacción aquí es vaga y no ofrece un plazo claro para la retirada total de Israel, algo que Hamás probablemente querrá aclarar. Además, el mapa compartido por la Casa Blanca no coincide con los mapas del propio ejército israelí que muestran las zonas militarizadas, y las fronteras de Gaza están mal dibujadas en algunos lugares. El futuro de Netanyahu Durante más de un año, el primer ministro israelí ha enfrentado acusaciones de que solo continúa la guerra en Gaza para mantenerse en el poder. Miembros de extrema derecha de su gabinete amenazaron con poner fin a su gobierno de coalición si la guerra termina antes de que Hamás sea destruido. A principios de este año, Netanyahu y Trump promovieron la idea de reconvertir Gaza en una «riviera», lo que habría implicado el desplazamiento forzado de palestinos de la Franja. Este último plan es significativamente diferente y podría ser un trago difícil de aceptar para los políticos intransigentes que dieron su pleno apoyo a la idea de la «riviera». Netanyahu también enfrenta un juicio por corrupción que se reanudaría si la guerra termina. Algunos temen que un fracaso en las conversaciones podría beneficiarlo personalmente. Pero también habría un beneficio político en poner fin a la guerra, incluso si las condiciones no son las que él esperaba. Encuestas recientes muestran consistentemente que alrededor del 70% de los israelíes quiere que la guerra termine a cambio de la liberación de los rehenes. De una forma u otra, Netanyahu tendrá que enfrentarse a elecciones en 2026.

Rusia Today La Presidencia de Ecuador informó que este martes la caravana del mandatario fue atacada en la provincia de Cañar, al sur del país suramericano, en medio del paro nacional que se lleva a cabo en contra del Ejecutivo. «Obedeciendo órdenes de radicalización, atacaron una caravana presidencial en la que viajaban civiles. Intentaron impedir, por la fuerza, la entrega de una obra destinada a mejorar la vida de una comunidad», dice la Presidencia en una publicación en X. El hecho ocurrió en el cantón (municipio) de El Tambo, cuando el mandatario se dirigía a anunciar la construcción de una planta de tratamiento en la provincia, indicó la institución. En los videos que circulan en redes sociales, incluso compartidos por la Presidencia, se puede ver a algunas personas lanzando piedras contra los autos que conformaban la caravana de Noboa. Esto dejó a varios autos con los parabrisas destrozados y también hubo impacto en su chasis. Según informó Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía «aparecieron 500 personas y le lanzaron piedras y hay signos de balas en el carro del presidente». «Gracias a Dios, nuestro presidente, muy firme y valiente, sigue adelante, está haciendo su agenda con normalidad», agregó la ministra, citada por El Universo. De acuerdo con la funcionaria, cinco personas fueron detenidas por la Policía por estos hechos. «Esto no lo vamos a permitir», manifestó al respecto. «Todos los detenidos serán procesados por terrorismo e intento de asesinato», dice, por su parte, el mensaje de la Presidencia en X. Ante lo sucedido, Manzano acudió a la Fiscalía General del Estado (FGE), en Quito, para denunciar una «tentativa de asesinato» contra el presidente Noboa. Asimismo, dijo que las personas que son parte de la caravana también presentaron las denuncias respectivas. «Estas son las 24 horas más importantes desde esta tentativa de asesinato al presidente. Esto no se va a quedar en la impunidad», recalcó Manzano, que explicó que quienes propiciaron el ataque no son de las comunidades indígenas ancestrales sino que son ciertas células, a las que les deberá caer todo el peso de la ley. La otra versión Por su parte, desde la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), que lidera el paro nacional en el país, denunciaron que hubo una «brutal acción policial y militar en el punto de resistencia» que los manifestantes mantenían en El Tambo. «En respuesta a la llegada de Daniel Noboa, se desató una violencia orquestada contra el pueblo movilizado. Denunciamos que al menos cinco compañeros han sido detenidos de forma arbitraria. Entre los agredidos hay mujeres de la tercera edad», señaló la organización. En otra publicación, la Conaie indicó que las fuerzas militares y policiales habían reprimido violentamente a comuneros, «bases de la Unión Provincial de Comunas y Cooperativas Cañaris», que se movilizaban en rechazo a la presencia de Noboa. «La militarización del territorio busca amedrentar la protesta social», enfatizaron. El paro nacional comenzó a mediados de septiembre, tras la decisión de Noboa de eliminar el subsidio al diésel. A ello se han sumado otros reclamos, como la solución a la crisis de salud y educación pública, respeto al derecho a la protesta y a la organización social, cese de la expansión minera y extractivista, garantías plenas para la vida y seguridad de los pueblos indígenas y de todos los ecuatorianos, reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de 15% a 12%, rechazo a la consulta popular que procura el mandatario para convocar a una Asamblea Constituyente, liberación inmediata de los detenidos en el marco de las manifestaciones y respeto a los derechos colectivos.

Página 12 A casi cinco meses de la represión ordenada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la jueza María Servini procesó al gendarme Héctor Guerrero y al prefecto Sebastián Martínez por lesiones graves contra el reportero gráfico Pablo Grillo y el manifestante Jonathan Navarro, respectivamente. Ambos procesamientos fueron dictados sin prisión preventiva, pero con embargos y restricción para salir del país.  «Ya les dijimos a gendarmes, prefectos, penitenciarios y policías: alguna vez van a pagar por los actos criminales que sus jefes y jefas les mandan a cometer», destacó la abogada Claudia Cesaroni, quien junto al CELS, representa la querella de la familia Grillo. Los procesamientos dictados por Servini dejan en evidencia la operación montada por el Ministerio de Seguridad, que tras la represión de marzo presentó denuncia penal contra las personas detenidas, por los delitos de sedición, asociación ilícita y atentado contra el orden constitucional. Los procesamientos de Guerrero y Martínez fueron agravados por ser miembros de las fuerzas de seguridad, a pesar de que en su defensa dijeron respetar las órdenes del operativo antipiquetes ordenado por Bullrich. A Guerrero se le trabó un embargo de 203 millones de pesos, mientras que a Martínez otro por 91 millones de pesos. Ambos deberán fijar un domicilio y dar aviso al Poder Judicial si se ausentan por más de 72 horas.  En el caso de Guerrero, Servini dio por probado que «no hay dudas de que Guerrero fue el autor del disparo de la granada de gas lacrimógeno que hirió de gravedad a Pablo Grillo, que lo hizo de forma horizontal y antirreglamentaria, a sabiendas de que con su accionar podía poner en riesgo la integridad física de cualquiera de las personas que se hallaban frente a él, o incluso la vida’», informó el CELS tras conocerse la decisión.  Servini descartó el argumento dado por Guerrero respecto de que no tenía forma de ver a los manifestantes. «Efectuó el disparo de forma antirreglamentaria en dirección hacia la cual se hallaban los manifestantes, con una visibilidad más que clara, sin haber ni humo ni agua ni ninguna otra sustancia u obstáculo», sostuvo la jueza en su resolución a partir de la prueba de las imágenes.  Incluso el material probatorio permitió precisar que Guerrero disparó contra los manifestantes otras cinco veces de forma antirreglamentaria en menos de diez minutos. «A las 17:14 (disparo 1); 17:16 (disparo 2); entre 17:17 y 17:18 -antes del efectuado a Grillo- (disparo 3); 17:20 (disparo 5) y 17:22 (disparo 6)». En el caso de Martínez, la resolución da por probado que el prefecto buscó herir a Navarro, quien perdió su ojo izquierdo a causa del disparo recibido. «Una vez producidos ambos disparos y alcanzado el rostro de la víctima en su ojo izquierdo, no es posible advertir nuevos disparos que provengan de ese agente y a ese sector. Ello da la pauta de que Martínez no tenía como objetivo otra persona u otro propósito», sostiene la valoración de la prueba volcada en el procesamiento. 

Telesur A dos años del inicio del genocidio israelí contra la Franja de Gaza, el Ministerio de Salud palestino reportó este martes que el número de víctimas asciende a 67.173 muertos y 169.780 heridos, entre ellos 20.179 niños, 10.427 mujeres y 4.813 ancianos, desde el 7 de octubre de 2023, luego del despliegue por la resistencia palestina de la Operación Diluvio de Al-Aqsa. La Oficina de Medios del Gobierno en Gaza precisó que el número total de mártires y desaparecidos supera las 76.600 personas, cifra que incluye a más de 9.500 palestinos aún bajo los escombros o sin localizar. La mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad. El Ministerio de Salud denunció el colapso casi total del sistema hospitalario. De los 38 hospitales que existían en el enclave, 25 están fuera de servicio y solo 13 funcionan parcialmente bajo condiciones extremas. El informe detalla que 55% de los medicamentos esenciales y 66% de los suministros médicos se encuentran agotados. Las tasas de ocupación hospitalaria superan el 225%, una cifra “catastrófica” según las autoridades sanitarias. Asesinos de niños, mujeres, médicos y periodistas Desde octubre de 2023, un total de 1.701 profesionales de la salud han sido asesinados y 362 permanecen detenidos o desaparecidos. El asedio israelí también ha destruido 103 centros de atención primaria y 25 plantas generadoras de oxígeno, agravando la crisis médica. Cada 17 minutos fallece un niño en Gaza por la metralla israelí, de acuerdo con el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Cada hora es asesinada por la entidad sionista una mujer o una niña. Entre las masacres más recordadas se encuentran las de Al-Maghazi y Nuseirat, donde cientos de civiles fueron asesinados en ataques a refugios designados por Naciones Unidas, los cuales están protegidos por el derecho internacional. La masacre del hospital Al-Ahli, en octubre de 2023, causó más de 470 muertes y provocó amplia condena internacional. Otras tragedias como la de la escuela de Al-Fakhoura, en Jabalia, y la del campo de refugiados de Rafah, evidenciaron el patrón sistemático de ataques contra zonas civiles. El bloqueo total impuesto por Israel mantiene a la población gazatí al borde de la hambruna. Se registran 460 muertes por inanición o malnutrición, entre ellas 154 niños, mientras más de 51.000 menores de cinco años que padecen desnutrición severa. La escasez de agua potable y la falta de saneamiento básico han provocado brotes de enfermedades infecciosas, mientras que la suspensión de las campañas de vacunación amenaza con el resurgimiento de la poliomielitis y otras epidemias. Para que no trasciendan las consecuencias de esta campaña de exterminio y limpieza étnica, la entidad sionista también asesina a periodistas. Gaza se ha convertido en el lugar más peligroso para el oficio de comunicar, con saldo de más de 250 periodistas y comunicadores masacrados.

Prensa Latina Quito, 7 octubre (Prensa Latina).- Tramos de carreteras de al menos tres provincias de Ecuador registraron hoy cortes como parte del paro nacional impulsado por el movimiento indígena desde hace 16 días contra la eliminación del subsidio al diésel. El Servicio Integrado de Seguridad (ECU 911) reportó cortes en Imbabura, Pichincha y en Chimborazo. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció este martes que tanquetas y miembros de las Fuerzas Armadas despliegues en el cantón Tambo, provincia de Cañar, donde la presencia de uniformados se intensificó horas antes de la llegada del presidente Daniel Noboa a la zona. Habitantes de esa comunidad salieron a las calles con banderas, carteles y consignas en rechazo a las políticas del mandatario encabezados por el pueblo Kañari y la fuerza pública respondió con bombas lacrimógenas, señaló la Conaie. Además, medios locales reportan que una caravana avanza por la Panamericana E35 hacia Latacunga, provincia de Cotopaxi. Ecuador cumple el décimo sexto día del paro convocado por la Conaie, que exige al Gobierno el regreso del subsidio al diésel, la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 12 por ciento, atención estatal a la salud, educación y seguridad, y la excarcelación de los detenidos. La ministra de Gobierno de Ecuador, Zaida Rovira, declaró la víspera que existe apertura al diálogo con las organizaciones sociales, pero descartó incluir entre los puntos a negociar la derogatoria del Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel y la reducción del IVA.  Rovira rechazó las declaraciones del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, sobre una eventual “toma de Quito” ante la falta de respuestas del Gobierno a las problemáticas que han provocado las protestas. “No vamos a declinar posiciones en cuanto a permitir que se incendie el país; vamos a ser muy firmes en eso, diálogo con todos los que quieran conversar, pero con aquellos que quieren seguir sembrando el caos y el terror, seremos muy firmes”, dijo la ministra. Por su parte, Vargas aclaró este lunes que las manifestaciones promovidas por la organización no buscan atacar las ciudades, sino visibilizar años de abandono, pobreza y desigualdad en sus comunidades. El dirigente, a quien el oficialismo denunció ante la Fiscalía por el presunto delito de terrorismo, afirmó en su cuenta de la red social X que la lucha es “por la vida, la justicia y la paz, no por la violencia”. Para este martes el Pueblo Kitu Kara llamó a una movilización general plurinacional y popular en esta capital para enfrentar un gobierno que califican de “belicista, intransigente y represivo”, y que, según ellos, sigue la agenda del Fondo Monetario Internacional y de las élites con las que gobierna. El Gobierno sostiene que las medidas económicas son necesarias e insiste en que no dará marcha atrás con la decisión del diésel ni están dispuestos a dialogar con “una minoría” que no representa al país.

DW Actualidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes (06.10.2025) que Hamás está cediendo en asuntos «muy importantes» en las negociaciones indirectas entre el grupo islamista e Israel para un acuerdo de paz en la Franja de Gaza. «Tengo líneas rojas, si no se cumplen ciertas cuestiones, no se va a hacer», aseguró Trump a los periodistas en el Despacho Oval cuando le preguntaron si ha impuesto condiciones, como el desarme de Hamás, para sellar la paz. «Creo que lo estamos haciendo muy bien y que Hamás está aceptando cosas muy importantes«, añadió.  Hamás, considerado organización terrorista por la Unión Europea y varios países Trump desmiente información Trump se mostró optimista sobre el futuro de las negociaciones indirectas que mantienen Hamás e Israel en Egipto para poner fin a la guerra en virtud de su plan de 20 puntos. «Creo que vamos a llegar a un acuerdo», aunque «llevan años y años intentando llegar a un acuerdo (…) vamos a llegar a un acuerdo sobre Gaza, estoy bastante seguro, sí», afirmó el republicano. Trump también desmintió una información según la cual recriminó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sus muestras de pesimismo sobre el resultado de las negociaciones. La guerra se desencadenó tras el ataque de Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales. Las represalias de Israel dejan miles de fallecidos en Gaza, en mayor parte civiles, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, considerados fiables por la ONU.

BBC News La activista climática sueca Greta Thunberg y otros 170 tripulantes de la flotilla que intentó llevar ayuda humanitaria a Gaza fueron deportados a Grecia y Eslovaquia por Israel, después de pasar cinco días detenidos. No son los primeros en abandonar el país. El viernes, Israel deportó a cuatro diputados italianos, el sábado a 137 personas a Turquía y ayer domingo a otras 29 a España. Muchos de ellos han denunciado haber sufrido malos tratos durante su cautiverio en Israel. A su llegada a Atenas, Thunberg dijo a los periodistas que la Global Sumud Flotilla ha sido «el mayor intento jamás realizado para romper el asedio ilegal e inhumano de Israel por mar». «Fue una historia de solidaridad global e internacional, de personas que dieron un paso al frente cuando nuestros gobiernos no lo hicieron, de personas que dijeron: ‘Mis supuestos líderes, que se suponía que me representaban, que siguen fomentando el genocidio, la muerte y la destrucción, no me representan. «Este es el último recurso. Es una vergüenza que esta misión tenga que existir. Podría hablar durante mucho, mucho tiempo sobre los malos tratos y abusos que sufrimos en prisión, créanme, pero esa no es la historia», añadió. Adalah, una organización árabe israelí de ayuda legal, aseguró que muchos activistas denunciaron malos tratos. Algunos de ellos señalaron que se les negó agua y comida y otros que fueron vejados por las fuerzas del orden israelí. La propia Thunberg relató a funcionarios suecos que había sido confinada en una celda infestada de chinches, que había recibido poca agua y comida y que fue obligada a «sostener unas banderas», según pudo saber The Guardian. En una publicación en X, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel calificó la flotilla de «maniobra publicitaria» y afirmó que se han respetado los derechos legales de todos los detenidos, a los que acusa de difundir «mentiras». Alrededor de 470 personas viajaban en la Flotilla a bordo de más de 40 embarcaciones civiles cuando fue interceptada por Israel la semana pasada. Los barcos fueron abordados y los activistas detenidos en aguas internacionales, a unos 130 kilómetros de la costa de Gaza. Es la segunda vez que Thunberg es deportada por Israel tras intentar sin éxito llegar a Gaza por mar. Israel afirma que las 171 personas han sido deportadas a Grecia y Eslovaquia y que son ciudadanos de Grecia, Italia, Francia, Irlanda, Suecia, Polonia, Alemania, Bulgaria, Lituania, Austria, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Eslovaquia, Suiza, Noruega, Reino Unido, Serbia y Estados Unidos.

Página 12 El abogado de la expresidenta Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el delito de abuso de autoridad, tras las declaraciones hechas anoche cuando aseguró que el narcoescándalo de José Luis Espert era una operación en su contra como «venganza porque soy el primer presidente que tomó la decisión de que vaya presa».  «Esa frase no es una opinión política: es la admisión de un acto de poder ilegal, una decisión manifiestamente contraria al orden constitucional y a la independencia del Poder Judicial», denunció Dalbón al anunciar la presentación de la denuncia penal bajo el artículo 248 del Código Penal, que castiga con prisión e inhabilitación a todo funcionario público que dicte resoluciones u órdenes contrarias a la Constitución o a las leyes.  El abogado sostuvo también que la declaración de Milei queda encuadrada también en el artículo 366, inciso b, del Código Procesal Penal Federal que sostiene que «si un jefe de Estado reconoce haber influido en un proceso judicial, resulta evidente la falsedad o la ilegitimidad de la prueba y de la sentencia dictada bajo esa influencia, habilitando su revisión aun cuando sea firme».  «Esta denuncia no sólo busca sancionar un delito, sinodefender el Estado de Derecho y la división de poderes, frente a un presidente que públicamente se arroga el poder de encarcelar a una dirigente opositora», sostuvo Dalbón sobre la denuncia.   El abogado de la expresidenta denunció que las declaraciones de Milei evidencian que «el lawfare existió, que la persecución fue política, y que él la avala». «Confesó que la Justicia no es independiente. Confesó que la prisión de Cristina fue política. Confesó que el poder sigue usando el Código Penal como arma. Y esa confesión, en cualquier país serio, bastaría para abrirle un juicio político al presidente», aseguró.  Las declaraciones de Milei ocurrieron anoche, en una entrevista con Luis Majul en LN+, cuando el presidente insistió con el argumento de que las denuncias contra Espert por su relación con Fred Machado, investigado por narcotráfico en Estados Unidos, eran parte de una operación opositora. Tras la confesión respecto de su decisión de «metar presa» a Cristina, Majul intentó salvarlo: «Pero usted no se mete con la justicia…».   En ese sentido, Dalbón apuntó que lo ocurrido demuestra que»el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial actuaron en forma conjunta afectando el debido proceso y la garantía de defensa en juicio de Cristina Kirchner» y consideró que son motivos para la anulación de la sentencia contra la ex presidenta.  «El lawfare fue confesado y ahora está claro que en la Argentina Cristina es una presa política. Vamos a pulverizar el lawfare y salen todas las denuncias contra los que participaron del lawfare», sostuvo Dalbón. En tanto, el candidato a diputado nacional por Proyecto Sur Ricardo Alfonsín cuestionó las declaraciones del presidente Javier Milei, quien en medio del escándalo por las presuntas vinculaciones del diputado José Luis Espert con una red narco, sugirió que, de haber querido, podría haber influido en causas judiciales contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.  “Milei debe explicar qué podría haber hecho él para que la presidenta vaya o no vaya presa. ¿Qué artículo de la Constitución le otorga esa competencia?”, señaló Alfonsín. Por otra parte, el exembajador en España advirtió que “la sociedad cree que la Justicia no es independiente de la política, pero nunca antes un presidente había sido tan explícito”. En tanto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermin calificó esos dichos como «gravísimo”. El jefe comunal considera que la declaración presidencial «muestra la decisión deliberada de usar el poder contra la principal dirigente de la oposición y como este gobierno está poniendo en riesgo la democracia y las instituciones”, advirtió.

Telesur La resistencia popular se profundiza en Ecuador, en el día 15 del paro nacional 2025, con la movilización de las comunidades amazónicas de Pastaza y una advertencia de la CONAIE de «tomarse Quito».  Las protestas rechazan la eliminación del subsidio al diésel ordenado por el mandatario Daniel Noboa y otras políticas gubernamentales. Denuncian la escalada de violencia estatal contra los manifestantes y la declaración del estado de excepción en diez provincias con el objetivo de impedir las movilizaciones.  Este lunes, 6 de octubre, los pueblos de Pastaza iniciaron la «Marcha por la Vida y el Territorio» para defender sus derechos colectivos y su cosmovisión, concentrándose en el Estadio Víctor Hugo Georgis. Llaman también al Gobierno a abstenerse de la explotación petrolera y minera en sus territorios, con el reclamo colectivo «¡Pastaza Viva, Pastaza Digna, Sin Petróleo, Sin Minería!». El movimiento indígena mantiene sus demandas, que incluye la derogatoria del Decreto 126 que disparó el precio del diésel, y la reducción del IVA del 15% al 12%, además de soluciones urgentes a las crisis en salud y educación. La respuesta gubernamental es la radicalización de la represión: Noboa decretó el estado de excepción por 60 días en diez provincias, suspendiendo la libertad de reunión. Esta medida busca contener las protestas, que según el Ejecutivo se tornaron violentas. No obstante, el monitoreo de la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos registra hasta el 5 de octubre 219 vulneraciones, 95 detenidos, 112 heridos, 12 desaparecidos y 1 fallecido. La escalada de violencia estatal se produjo tras el asesinato del líder comunitario indígena Efraín Fuérez, en Imbabura, quien recibió un disparo por la espalda mientras protestaba.  El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, responsabilizó directamente al Gobierno de Daniel Noboa, a sus ministros y al Estado ecuatoriano por el crimen, advirtiendo que «no puede quedar en la impunidad» y exigiendo una investigación internacional independiente.  La Alianza ecuatoriana de Derechos Humanos (DD.HH.) detalló la brutalidad militar, que incluyó patadas al cuerpo agonizante de Fuérez y agresiones a su amigo.  El Gobierno recurrió a la criminalización, utilizando la figura del terrorismo contra manifestantes.  Es el caso de «Los 12 de Otavalo», campesinos y artesanos kichwas acusados falsamente de terrorismo y trasladados a cárceles peligrosas como parte de una estrategia de «disciplinamiento».  En este contexto, los organizadores del Paro Nacional denunciaron que el Gobierno intenta vincular falsamente a algunos detenidos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua para justificar la represión. Lucía Guitarra, la esposa de Fuérez, denunció la violencia y señaló que los objetivos que el objetivo del paro es reclamar derechos.  «No salimos a matar, salimos a reclamar lo que es nuestro», sentenció.  El alcalde de Quito, Pabel Muñoz, instó al Gobierno nacional a abrir un «diálogo serio y concreto» para evitar la inminente escalada, pues la advertencia de la CONAIE de tomar la capital se mantiene firme ante la postura de Noboa de «no negociar y no retroceder» en el subsidio.