Internacional

DW Actualidad El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entregó el martes (21.10.2025) al Ejército israelí los restos mortales de otros dos rehenes, por lo que ya son 15 los cadáveres recuperados si se confirma de forma positiva la identidad de los dos nuevos cuerpos. «Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, los ataúdes de dos rehenes muertos que fueron entregados a las Fuerzas Armadas y al Shin Bet (servicio de inteligencia interior israelí) dentro de la Franja de Gaza«, informó el Ejército esta noche a través de un comunicado. El CICR recibió los dos cuerpos la noche de este martes del grupo islamista palestino Hamás y los entregó posteriormente a las fuerzas armadas israelíes, que son las encargadas de devolverlos al país hebreo. Ahora, los cuerpos serán trasladados a Israel, donde tendrán que ser identificados en el Centro Nacional de Medicina Forense de Tel Aviv. Faltan al menos 13 restos por entregar a Israel Una vez se verifique que los restos se corresponden con alguno de los cuerpos retenidos en Gaza, Hamás habrá entregado hasta el momento 15 de los 28 cadáveres de cautivos; preservados tras más de dos años de ofensiva bélica y una destrucción generalizada del enclave palestino. Antes de estos dos cuerpos, Hamás ya había entregado a Israel 14 cadáveres. Pero uno de ellos fue identificado en Israel no como un cautivo, sino como un residente gazatí de quien Hamás sospechaba que colaboraba con el Ejército israelí. El Ejército avanzó que al finalizar el proceso de identificación «se dará una notificación oficial a sus familiares», por lo que solicitó a la población «respetar la privacidad de las familias y abstenerse de difundir rumores e información que no sea oficial y fundamentada». Israel entregó cadáveres de 165 palestinos Este martes, desde el sur de Israel, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció que la entrega de todos los cuerpos «no sucederá de la noche a la mañana», e incluso avisó de que «nadie sabe siquiera donde están» algunos de ellos, algo que ya habían advertido desde el CICR. Las autoridades israelíes, por su parte, han devuelto a Gaza los cadáveres de 165 palestinos, sin identificar, desde la entrada en vigor del alto el fuego el pasado 10 de octubre; muchos de ellos con signos de tortura o mutilados, según denunciaron Hamás y fuentes médicas. La ofensiva militar israelí en Gaza comenzó en respuesta al ataque lanzado el 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás, movimiento considerado terrorista por la Unión Europea y otros países que ese día secuestró a decenas de personas para negociarlas como rehenes. Ese ataque dejó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un balance de la agencia AFP basado en datos israelíes. La guerra israelí en Gaza ha matado al menos a 64.700 palestinos, mayoritariamente civiles, de acuerdo al Ministerio de Salud del gobierno de Hamás que la ONU considera fiables.

Telesur La Oficina de Prensa del Gobierno de Gaza informó que, desde la entrada en vigor del alto el fuego el 11 de octubre, únicamente 986 camiones de ayuda humanitaria han ingresado a la Franja de Gaza, representando apenas el 15 por ciento de los 6,600 camiones que debían llegar antes del 20 de octubre, según el acuerdo establecido. Este flujo insuficiente de suministros ha profundizado la crisis humanitaria en el enclave, donde cerca de dos millones de personas enfrentan necesidades críticas. El comunicado oficial detalló que, de los camiones recibidos, solo 14 transportaban gas para cocinar y 28 llevaban combustible solar, esenciales para operar panaderías, hospitales y generadores. Las autoridades destacaron que estas cantidades son “críticamente insuficientes” tras meses de bloqueo israelí y la “destrucción sistemática” causada por la campaña genocida del ente sionista. “Estas cantidades limitadas no cubren las necesidades humanitarias y vitales mínimas”, advirtió la oficina, subrayando la urgencia de un flujo constante de 600 camiones diarios con alimentos, suministros médicos, combustible y gas. Desde el inicio de la tregua, el promedio de camiones que ingresan diariamente es de apenas 89, lejos de lo acordado. La Oficina de Medios del Gobierno acusó a Israel de mantener una “política de estrangulamiento, hambruna y chantaje humano”, que obstaculiza la distribución de ayuda y agrava las condiciones de vida en Gaza. A pesar de esto, las autoridades locales afirmaron estar dispuestas a coordinarse con organizaciones internacionales humanitarias para facilitar la entrega y distribución de asistencia en todas las gobernaciones. Por su parte, el movimiento Hamás condenó la decisión de Israel de no abrir el cruce de Rafah “para el viaje de personas enfermas y heridas, y al impedir la entrada de ayuda humanitaria a Gaza”, afirmando que esto viola el acuerdo de alto el fuego. El Ministerio de Salud palestino reportó que, a pesar del alto el fuego, 90 palestinos han sido asesinados y más de 300 han resultado heridos en ataques israelíes desde principios de octubre, con al menos 100 violaciones de la tregua. Los bombardeos, que incluyeron ataques aéreos en Rafah y el centro de Gaza, mataron a más de 40 personas el pasado domingo, según fuentes locales. Estos ataques han interrumpido los convoyes humanitarios y retrasado las labores de rescate de cuerpos bajo los escombros. En este contexto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el alto el fuego “sigue en pleno vigor” y que las violaciones serían manejadas “con firmeza, pero adecuadamente”. Sin embargo, las autoridades de Gaza denunciaron que los ataques continúan agravando la crisis humanitaria, dificultando la distribución de ayuda y la recuperación de víctimas.

Prensa Latina Quito, 21 octubre (Prensa Latina).- La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) denunció hoy ante la Asamblea Nacional (Parlamento) una grave crisis humanitaria y de derechos humanos derivada de la represión estatal durante las protestas antigubernamentales que cumplen ya 30 días. La vicepresidenta de la organización, Ercilia Castañeda, intervino este martes ante la Comisión de la Niñez y la Adolescencia del Legislativo para exigir justicia y reparación integral a las víctimas de la violencia, así como responsabilidad del Estado frente a los menores de comunidades afectadas. “La violencia no puede quedar en la impunidad: el Estado debe responder por los daños causados y garantizar verdad, justicia y reparación”, señaló Castañeda. Además, denunció que seis niños quedaron en la orfandad tras la muerte de Efraín Fuerez y José Guamán, dos manifestantes que perdieron la vida por el impacto de proyectiles durante protestas en la provincia de Imbabura, en la sierra norte ecuatoriana. Según la dirigente, otros tres menores lograron sobrevivir a los efectos de la asfixia por el uso de gases lacrimógenos durante los operativos de las fuerzas del orden. La vicepresidenta de la Conaie solicitó formalmente que el Gobierno transparente la información sobre los decesos y que se identifique la línea de mando responsable de los operativos. “Las nacionalidades y pueblos somos gente pacífica, pero con mucha dignidad. Cuando existe voluntad, siempre hay caminos para salir adelante; sin embargo, este gobierno no ha mostrado disposición para el diálogo”, agregó. Por otro lado, a esta hora tiene lugar en el Complejo Judicial Norte de Quito la audiencia de apelación a la prisión preventiva de 12 indígenas que fueron detenidos en Otavalo durante las protestas y acusados de terrorismo. En un comunicado emitido la víspera, la Conaie reiteró su voluntad política de diálogo “verdadero” y pidió el fin de la represión estatal, aunque advirtió que no aceptará conversaciones “vacías ni condicionadas por la violencia”. El pronunciamiento llegó después de que el Ejecutivo cancelara las mesas de diálogo con las comunidades de Imbabura porque “no existen condiciones para continuar”. Este martes, en entrevista con el medio local Teleamazonas, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, acusó al presidente de la Conaie, Marlon Vargas, de “utilizar el paro como plataforma política” y ratificó que el diálogo no se reabrirá mientras persistan las movilizaciones y cierres de vías. Mientras tanto, los llamados a la mediación se multiplican ante las pérdidas económicas, fundamentalmente en Imbabura, provincia convertida en epicentro del levantamiento que comenzó el pasado 22 de septiembre tras la decisión del presidente Daniel Noboa de eliminar el subsidio al diésel.

RT El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la victoria judicial del exmandatario colombiano Álvaro Uribe, quien este martes fue absuelto en segunda instancia de los delitos por los que fue condenado en un proceso penal en agosto pasado.  En una publicación en su cuenta de X, Petro sugirió que el Tribunal Superior de Bogotá, que falló a favor del expresidente, se equivoca al contradecir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Esto porque la CSJ había intervenido las comunicaciones de Uribe, y las grabaciones fueron avaladas por la jueza Sandra Liliana Heredia, quien en primera instancia dictó la sentencia contra el exmandatario por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Sin embargo, el tribunal bogotano consideró esas interceptaciones irregulares. «El Tribunal Superior de Bogotá repite la historia, contradicen a la Corte Suprema de Justicia, y afirma que la interceptación que judicialmente hizo un magistrado de la Corte Suprema a un delincuente, en donde aparece la voz de Uribe hablando de sobornos, es intimidad», criticó Petro. Entonces, el mandatario señaló que «así se tapa la historia de la gobernanza paramilitar en Colombia, es decir la historia de los políticos que llegaron al poder aliados con el narcotráfico y que desataron el genocidio en Colombia». «Buscará la sanción» Petro, además, incluyó en la ecuación al presidente de EE.UU., Donald Trump, quien recientemente lo calificó de «líder del narcotráfico ilegal», desatando una nueva crisis entre ambos países. De acuerdo con el mandatario, su par estadounidense, «aliado» con Uribe, buscará una sanción en su contra. «Ahora Trump, aliado con estos políticos y con Uribe, buscará la sanción al presidente que denunció, en su vida, las alianzas entre el poder político colombiano y el narcotráfico paramilitar en Colombia, y lo hace con la ayuda de quienes ayudaron al paramilitarismo en el país«, enfatizó. Asimismo, insistió en que desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes buscan «el golpe de Estado» en su contra. «Así que ha llegado la hora de las definiciones y quien define no es Trump, es el pueblo», agregó en su escrito; y, por último, convocó a sus seguidores para este viernes en la plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, «para comenzar la recolección de las firmas del poder constituyente» que promueve el Ejecutivo colombiano.

Rusia Today El Tribunal Superior de Bogotá absolvió este martes a Álvaro Uribe Vélez de los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, luego de que en agosto se convirtiese en el primer expresidente de la República de Colombia en ser condenado en un proceso penal en primera instancia. El Tribunal ha revocado la condena impuesta al expresidente por el delito de soborno en actuación penal dentro del proceso relacionado con el testigo Carlos Enrique Vélez Ramírez. Según la lectura realizada por el magistrado Manuel Antonio Merchán, las pruebas practicadas en el juicio no demostraron el vínculo doloso necesario para señalar a Uribe como determinador de una conducta punible. «La sentencia incurrió en error», sostuvo el juez, quien también adujo «valoración sesgada de prueba». «El Tribunal concluye que no se acreditó responsabilidad más allá de toda duda razonable y revoca la condena impuesta a Álvaro Uribe Vélez en este evento», señaló, antes de comenzar la lectura sobre la acusación de fraude procesal. Además, en el caso de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, el Tribunal también revocó la condena de soborno en actuación penal contra el exmandatario por falta de sustento probatorio. Asimismo, también revoca la condena por el mismo delito en el caso de Juan Guillermo Monsalve. Luego de solventar un problema técnico en la sesión virtual, Merchán anuló la histórica sentencia contra el exmandatario sobre fraude procesal, de manera que lo dejó libre de toda responsabilidad penal. «La ausencia de prueba directa diferencial sobre la falsedad y artificio idóneo, impide configurar el tipo penal de fraude procesal, por ello, se ha de revocar la sentencia en primera instancia», aseguró. Condenado a 12 años en primera instancia El exmandatario, de 73 años, fue condenado en primera instancia por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal a 12 años de prisión domiciliaria, una multa de 3.444 millones de pesos (alrededor de 830.000 dólares) y a la inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un periodo de 100 meses. Se le encontró culpable de encabezar un entramado de manipulación de testigos entre 2017 y 2018. Los objetivos de esa red eran, según esa sentencia, conseguir la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve y desvirtuar lo que éste junto al también exparamilitar Pablo Hernán Sierra habían contado al senador Iván Cepeda sobre los presuntos vínculos de los hermanos Uribe con la conformación del frente paramilitar Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La sala de decisión del Tribunal Superior de Bogotá decidió en algo menos de dos meses sobre los recursos de apelación presentados por los abogados de Uribe, Jaime Granados y Jaime Lombana, así como el presentado por la Procuraduría General de la Nación. Al borde de la prescripción La apelación contra la sentencia condenatoria contra Uribe llegó en un momento en el que se avisaba de que si no se adoptaba un fallo en segunda instancia antes del 16 de octubre la acción penal prescribiría y el expresidente quedaría totalmente exonerado. A pesar de que el mismo Uribe presentó su renuncia a la prescripción del caso ante el Tribunal, la sala aceleró los tiempos para tomar su decisión y alistó su sentencia en menos de dos meses, anunciándola el 15 de octubre, un día antes de la fecha límite. Uribe llegó a ser retenido en su residencia de Rionegro, en Antioquía, por orden de la jueza que llevó su caso en primera instancia. Sin embargo, recuperó su libertad tan solo unos días después gracias a un fallo de la Corte Suprema de Justicia. En opinión del abogado Carlos Mario Patiño, la sentencia mayoritaria de la Sala del Tribunal Superior de Bogotá lo que hace es desvirtuar las pruebas que se practicaron, la interceptación, que todo el país escuchó. «Evidentemente, es un fallo que tiene todo el impacto político en la agenda nacional», afirmó.

RT La estadounidense Virginia Giuffre, una de las víctimas más destacadas de los abusos sexuales del financiero Jeffrey Epstein y quien años atrás acusó de violación al príncipe británico Andrés, sufrió abusos sexuales por parte de su padre y un amigo de la familia, según sus memorias póstumas, que se publicarán este martes, informa The Telegraph. «Sé de monstruos. De niña sufrí casi todo tipo de abusos: incesto, negligencia parental, castigos corporales severos, abusos sexuales, violación», escribió en el libro ‘Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice’ (Una chica de nadie: memorias de una superación del abuso y la lucha por la justicia). Giuffre, quien se quitó la vida el pasado mes de abril a los 41 años, relató que cuando era pequeña su padre, Sky Roberts, un día la hizo ponerse de pie en la bañera para poder «lavar» sus partes íntimas. «Esa noche, en mi habitación, papá me tocó de una manera que nadie antes lo había hecho», contó, detallando que le dijo que era su niña favorita y que esa era su forma de darle «amor extra». En ese orden, dijo que desarrolló una serie de infecciones del tracto urinario, desconcertando a las enfermeras y a un médico, quien le dijo a su madre que tenía el himen roto. «Oh, monta a caballo», habría respondido la progenitora a la sazón. «Cuando comencé a trabajar con un colaborador en este libro, nunca había dicho públicamente que mi padre abusó de mí y luego me entregó a otro hombre para que abusara de mí«, continuó Giuffre, que identifica a ese agresor como Forrest, quien la violó. Tras ello, dijo, su progenitor hizo lo mismo. No obstante, Roberts ha negado haber abusado de su hija y afirma que los hombres que se aprovechan de niños pequeños deberían ser «castrados». «Para aclarar esto: nunca abusé de mi hija y tampoco sabía que Forrest lo hiciera. Si lo hubiera sabido, me habría enfadado mucho y habría solucionado la situación. Le di a mi hija todo lo que quiso y nunca la toqué sexualmente», declaró.

Página 12 El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que Israel lanzó «153 toneladas de bombas» sobre la Franja de Gaza en represalia por supuestos ataques de Hamas, que según el ejército israelí habrían violado el alto el fuego. La tregua fue restaurada después de los bombardeos del domingo, que dejaron al menos 45 palestinos muertos y más de 150 heridos de acuerdo con el ministerio de Salud gazatí. «Hamas sintió ayer nuestro poder», dijo Netanyahu ante la Knesset, el Parlamento israelí, en la apertura de una nueva sesión legislativa. Según el premier, los ataques se produjeron después de que dos soldados israelíes murieran en un enfrentamiento en la ciudad de Rafah, en el sur del enclave palestino. El ejército israelí aseguró haber atacado «decenas de objetivos» del movimiento en toda la Franja y eliminado a «altos mandos terroristas» en represalia por la muerte de los soldados, tras un día de «suspensión» de la tregua. Hamas negó cualquier implicación en los incidentes en Rafah, y acusó a Israel de haber incumplido el alto el fuego en más de 80 ocasiones desde su entrada en vigor diez días atrás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, principal impulsor del plan de paz, confirmó que el alto el fuego «sigue vigente», aunque advirtió a Hamas que sería «erradicado» si vuelve a atacar. «Les daremos una pequeña oportunidad para que se comporten, pero si no lo hacen, vamos a erradicarlos. Israel intervendría en dos minutos si se lo pidiera», declaró Trump desde la Casa Blanca y, aunque descartó una intervención directa de sus tropas, aseguró que «decenas de países» están dispuestos a integrar una fuerza internacional de estabilización en Gaza. Reuniones y mediaciones Netanyahu recibió este lunes en Jerusalén al enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, y a Jared Kushner, asesor y yerno de Trump, para analizar «las novedades en la región». Según la portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedrosian, la reunión abordó la situación en Gaza y la implementación del alto el fuego. En los próximos días se espera la visita del vicepresidente estadounidense, JD Vance, para «supervisar el cumplimiento del acuerdo» impulsado por el magnate. En paralelo, una delegación de Hamas se reunió en El Cairo con altos funcionarios de Egipto y Qatar, los principales mediadores del conflicto para discutir la situación en el terreno y los pasos siguientes del plan de paz, que prevé el desarme del grupo islamista, la amnistía o el exilio de sus combatientes y la creación de un comité de expertos encargado de la gestión civil de Gaza tras la guerra. Egipto, mediador central del acuerdo firmado en Sharm el Sheij, instó este lunes a las dos partes a respetar sus compromisos.  Se reactiva el ingreso de ayuda El gobierno israelí confirmó este lunes haber recibido a través de la Cruz Roja el cuerpo de un rehén entregado por Hamas, uno de los restos pendientes de entrega como parte del acuerdo, uno de los reclamos centrales de las autoridades israelíes. «El cuerpo fue recibido en Gaza por nuestras fuerzas y trasladado a Israel para su identificación», indicó la oficina del primer ministro. Con este suman 13 los cadáveres devueltos de los 28 que el grupo se comprometió a entregar, además de los 20 rehenes vivos liberados casi inmediatamente después del acuerdo. Hamas explicó que enfrenta «grandes dificultades» para recuperar los restos de los cautivos debido a la destrucción causada por los bombardeos y a la falta de maquinaria pesada para remover los escombros. Tras un día de bloqueo durante la ofensiva aérea, Israel reabrió el paso fronterizo de Kerem Shalom, en el sudeste de Gaza, para permitir el ingreso de ayuda humanitaria.  El COGAT, organismo militar israelí encargado de los asuntos civiles en los territorios palestinos, informó que la reapertura se produjo «en cumplimiento del acuerdo», aunque aclaró que el cruce de Rafah, que une Gaza y Egipto, «seguirá cerrado hasta nuevo aviso». El plan de paz de Trump estipulaba la apertura inmediata de todos los pasos para permitir la entrada de ayuda al devastado enclave. Según datos de Naciones Unidas, la ayuda que ingresa a la Franja por los pasos habilitados sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades de los gazatíes, tras meses de bloqueo y destrucción de infraestructura básica. A su vez, la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (Unrwa) denunció que cuatro personas murieron el domingo en un ataque israelí contra una de sus escuelas utilizadas como refugio en el campamento de Nuseirat. 

Página 12 Hace un mes el gobierno de Javier Milei tomó la decisión de incluir a miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu y otras personas mapuche que fueron criminalizadas junto a ellos en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su financiamiento. Esto trajo como consecuencia que les cerraran y cancelaran cuentas bancarias, billeteras virtuales, las Asignaciones Universales de sus hijos y hasta una pensión por discapacidad del hijo de una de ellas. Por eso, la Gremial de Abogados y Abogadas anunció que fue presentada ante la justicia federal una denuncia contra la ministra de Seguridad Patricia Bullrich por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, que quedó radicada en el juzgado federal 12 que subroga el juez Ariel Lijo. El ministro de Justicia Mariano Cuneo Libarona fue señalado como partícipe necesario. «Esta tremenda persecución se inicia con la inclusión como organización terrorista de la llamada RAM (Resistencia Ancestral Mapuche) por la cual, se encuentra detenido en una unidad penal de máxima seguridad el lonko Facundo Jones Huala, acusado de hechos cuyos autores jamás fueron identificados y en algunos casos inexistentes», expresó La Gremial durante la conferencia de prensa realizada en la sede porteña de la Central de Trabajadores de la Argentina – Autónoma. Y aclaró que la actual prisión de Jones Huala «se originó sólo en sus palabras en una presentación de un libro de poesía». A criterio de los letrados que representan a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu de Villa Mascardi, donde el 25 de noviembre de 2017 fue fusilado por la espalda Rafael «Rafita» Nahuel, la inclusión de este grupo de personas en el listado de organizaciones terroristas es un capítulo más de «una persecución supremacista y absolutamente criminal contra las comunidades mapuche bajo la sospecha de ser ‘terroristas’». La conferencia de prensa –de la cual participaron los mapuche afectados junto a organizaciones como la APDH, ADUNS y el MEDH– fue convocada por La Gremial para «para poner en conocimiento de una de las más graves persecuciones que se haya vivido contra las comunidades de pueblos originarios y que prácticamente no registra antecedentes en este período democrático». Y advirtió que la misma es «la antesala de una persecución que se dirigirá a cualquier organización, comunidad o colectivo que pueda ser un obstáculo para la política del saqueo».  En la denuncia que la abogada Laura Taffetani entregó en los tribunales federales de Retiro, reza que «la extralimitación por parte del Ministerio de Seguridad en sus competencias, sin dudas constituye un abuso de autoridad que queda claramente expuesto cuyos perjuicios son de una magnitud que todavía no se pueden dimensionar. Si bien estos actos, al tratarse de actos públicos, gozan de presunción de legitimidad, ello no exime al funcionario actuante de su responsabilidad penal por el abuso de autoridad ejercicio y el incumplimiento de sus deberes de funcionario público, que deviene de la vulneración de derechos y normas en que ha incurrido para su dictado».  Y afirma que «la confección del Listado de causas Anexas y la consecuente incorporación de algunos miembros de Comunidades Mapuche en el listado de personas terroristas, solo tiene reminiscencias comparables a la última dictadura militar, donde se incluía a militantes políticos y estudiantes a quienes luego se secuestraba, torturaba y desaparecía». De hecho, en ese listado además de Jones Huala y María Nahuel, tía de Rafita, figura Matías Santana, testigo clave del caso Santiago Maldonado. «Estas personas no están en ningún listado internacional, es una medida ilegal tomada en forma arbitraria por los ministerios de Seguridad y de Justicia», dijo Taffetani.

Telesur La Unión Nacional de Educadores (UNE) de Ecuador denunció, a casi un mes del paro nacional, la política criminal del Gobierno de Daniel Noboa y su despliegue militar en el país para reprimir las legítimas protestas. “Denunciamos al país y al mundo la política criminal del Gobierno de Noboa, que por todos los medios ha buscado la solución militar para un asunto que solo se puede resolver políticamente y con un verdadero diálogo social”, refirió la organización. Luego de tres asesinatos enmarcados en la represión de las fuerzas de seguridad contra el paro nacional, la UNE señaló que el presidente de Daniel Noboa nunca buscó el diálogo, mientras que el comunicado del Ministerio de Gobierno de este domingo 19 de octubre confirma su autoritarismo, violencia gubernamental, falta de voluntad e incapacidad. “Responsabilizamos al Gobierno dictador de Daniel Noboa de las consecuencias de su política de guerra frente al pueblo”, remarcaron, al tiempo que alertaron por el despliegue este lunes de un operativo masivo de militares y policías en las vías del norte del país. Por otra parte, refirieron que el Gobierno busca justificar la represión que incluso dejó al comunero Jaime S., del pueblo Kitu Kara, gravemente herido y con riesgo de perder un ojo, lo que se suma, como precisó además la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), al “patrón de represión sistemática” que el Gobierno de Daniel Noboa despliega durante el paro nacional. Asimismo, la UNE alertó que “el Gobierno va a continuar en la utilización de la violencia para sofocar la lucha de los pueblos y que ya fracasó por la resistencia activa de las comunidades, que cuentan con un importante respaldo de la población”. “Hoy más que nunca, desde UNE llamamos a fortalecer la unidad de todos los pueblos del Ecuador, movimiento indígena, trabajadores, estudiantes, mujeres y organizaciones sociales», manifestó el colectivo. La CONAIE también se pronuncia La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador refirió que el Gobierno de Daniel Noboa cierra toda posibilidad de diálogo. Aún así la organización reafirmó su voluntad política de diálogo verdadero y su disposición a un cese a la confrontación, “pero no aceptará conversaciones vacías ni condicionadas por la represión”. “Frente al anuncio del Gobierno difundido la noche del 19 de octubre de 2025, en el que rompe cualquier tipo de diálogo con las organizaciones indígenas y sociales, la CONAIE rechaza esta decisión autoritaria y se pronuncia ante el país. El Gobierno de Daniel Noboa ha cerrado toda posibilidad de diálogo real, mientras cumple las exigencias del Fondo Monetario Internacional a costa del sufrimiento del pueblo y del aumento de la pobreza”, sentenciaron. De igual manera, puntualizaron que no existen condiciones para dialogar mientras continúe la represión. “Aumentan los heridos, los detenidos y las violaciones a los derechos humanos; se cierran medios comunitarios, se bloquean cuentas bancarias de organizaciones, se realizan allanamientos ilegales y se abren investigaciones arbitrarias”, fundamentaron. A esto, agregó la Confederación, “continúan detenidas ilegalmente decenas de personas, entre ellas los 12 de Otavalo, mientras el Gobierno impone una narrativa que falsamente nos tilda de «terroristas». «Estas acciones confirman una política de persecución contra quienes ejercemos nuestro legítimo derecho a la resistencia», argumentó la CONAIE, quien reafirmó que la salida a la crisis requiere un diálogo nacional, público y transparente, con agenda de demandas claras y con representación de toda la estructura organizativa del movimiento indígena, e incluyendo a distintas organizaciones sociales. Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos declaró que del 13 al 19 de octubre (días 22 al 28 del paro nacional), el monitoreo confirma la continuidad de un patrón sistemático de represión estatal: uso ilegítimo de la fuerza, militarización, censura y ausencia de control institucional. En lo que va de paro, la entidad precisó que, con corte al 18 de octubre, se han reportado 377 vulneraciones a los derechos humanos.

Prensa Latina Caracas, 20 octubre (Prensa Latina).- El ALBA-TCP expresó hoy su más firme condena a las recientes agresiones verbales y amenazas emitidas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, contra la soberanía de Colombia y su presidente Gustavo Petro. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) declaró, en un comunicado, que el presidente de Estados Unidos lanzó “una serie de mentiras y patrañas dirigidas a vincular al presidente Petro y su gobierno con la producción ilícita de drogas”. Denunció que estas estuvieron acompañadas de amenazas de acciones militares y medidas coercitivas económicas unilaterales, que “constituyen una flagrante violación de la soberanía nacional de Colombia y un ataque directo a la dignidad de su pueblo y su legítimo liderazgo”. El bloque de integración latinoamericano y caribeño indicó que estas acciones se suman a la imposición de aranceles con fines coercitivos y a la intensificación de la presencia militar estadounidense en el mar Caribe, bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Todo ello como expresión de la “política imperialista y belicista anclada en la Doctrina Monroe que amenaza la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe”, enunció. La Alianza manifestó su “solidaridad inquebrantable con el pueblo y el gobierno de Colombia” y reafirmó el respeto a su soberanía, democracia y el derecho a decidir libremente su futuro. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar toda forma de injerencia, presión o amenaza del uso de la fuerza y a defender el Derecho Internacional y la paz en Nuestra América. Subrayó que frente a estas agresiones los pueblos de Nuestra América “reafirman su unidad, dignidad y compromiso” con la justicia social, la autodeterminación y la integración regional. Los países miembros del ALBA-TCP advirtieron que “no aceptarán imposiciones externas que busquen subyugar a los países”.