Internacional

Rusia Today La filtración el año pasado de un video en el que se ve a un grupo de soldados israelíes abusando sexualmente de un preso palestino de Gaza es «el ataque de relaciones públicas más grave» contra Israel hasta la fecha, así lo aseguró el domingo el primer ministro del país hebreo, Benjamín Netanyahu, recoge The Times of Israel. La difusión del video «causó un enorme daño a la reputación de Israel, al Ejército y a nuestros soldados», afirmó al inicio de una reunión con su gabinete, e instó a que se lleve a cabo una «investigación independiente e imparcial» de lo sucedido. «Quizás sea el ataque más grave de relaciones públicas que ha sufrido Israel desde su fundación. No recuerdo ningún otro tan concentrado e intenso», subrayó. El escándalo se reavivó el pasado viernes, después de que la principal abogada militar de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), la general de división Yifat Tomer-Yerushalmi, admitiera que aprobó la publicación del video y dimitiera de su cargo. En agosto de 2024, el canal israelí N12 difundió unas imágenes de videovigilancia en las que se veía a un grupo de detenidos palestinos tendidos en el suelo del centro de detención de la base militar de Sde Teiman, en el sur de Israel, con ojos tapados. A continuación, varios soldados seleccionan uno de los prisioneros y se lo llevan a un rincón de las instalaciones donde abusaron sexualmente de él. Asimismo, se informó que la víctima fue trasladada a un hospital con «signos de graves abusos, incluso en el ano». Posteriormente, uno de los diez reservistas detenidos y acusados de «maltrato grave a un detenido», aseguró que el caso es una invención para manchar el nombre de los miembros de las FDI, añadiendo que los videos fueron editados de forma malintencionada. Mientras tanto, al menos dos de los acusados mintieron en las pruebas del polígrafo cuando se les preguntó si habían violado sexualmente al prisionero.

BBC News Once personas resultaron heridas tras un ataque múltiple con arma blanca la noche del sábado en un tren con destino a Londres. uno de los lesionados permanece grave, informaron las autoridades. La policía antiterrorista de Reino Unido está al frente de la investigación del suceso, que tuvo lugar en un trayecto desde la estación de Doncaster, en el centro del país, hacia la estación de King’s Cross de la capital. Una persona, de nacionalidad británica, ha sido arrestada como sospechosa de haber cometido el ataque. Sin embargo, en la mañana de este domingo las autoridades aseguraron que «en este momento, no hay nada que sugiera que se trate de un incidente terrorista», dijo el comisario John Loveless, superintendente de la Policía de Transporte Británica (BTP, por sus siglas en inglés). Horas antes, el ministro de la Defensa, John Healey, calificó el ataque como «un suceso aislado». «No hay razón para que el resto de nosotros no sigamos con nuestras vidas, sigamos adelante y viajemos a los lugares a los que necesitamos ir», declaró el funcionario a la televisora Sky News. El ataque se produjo antes de la llegada del tren a la estación de Huntingdon, al noroeste de Cambridge y unos 120 kilómetros al norte de Londres.   La tesis del terrorismo pierde fuerza La BTP, encargada de la seguridad en trenes y estaciones, comunicó que una persona fue arrestada en relación con los hechos y puestas bajo custodia. El suceso «se ha declarado como incidente mayor y la unidad antiterrorista está apoyando nuestra investigación mientras trabajamos para establecer las circunstancias y la motivación de este suceso», indicó el cuerpo en un primer reporte. Sin embargo, para la mañana del domingo, los temores de que el hecho se tratara de un ataque terrorista organizado por un grupo extranjero comenzaron a disiparse. Loveless informó que el sospechoso de haber perpetrado el ataque tiene 32 años. El hombre permanece detenido y será procesado por intento de asesinato, precisó. No obstante, rechazó precisar cuáles son las sospechas que tienen sobre la razón del hecho. «En este momento, no sería apropiado especular sobre la causa de este incidente», indicó. Con la difusión de la nacionalidad del atacante, las autoridades esperan reducir los riesgos de desinformación y así prevenir disturbios con motivación racial, como los ocurridos en 2024 tras el asesinato de tres niñas al norte de Inglaterra.

Página 12 El Ejército de Israel informó este domingo que recibió los ataúdes con los cuerpos de tres rehenes que permanecían en la Franja de Gaza a través del Comité Internacional de la Cruz Roja (ICRC), entregados por Hamas. La entrega se produce en el marco del acuerdo de alto el fuego vigente desde el 10 de octubre, que incluía la liberación de los rehenes vivos y la devolución de los restos mortales de los fallecidos. A pesar del cese de hostilidades, al menos tres palestinos murieron este domingo en ataques israelíes en el enclave. Paralelamente, en Israel se desató una crisis política por la filtración de un video que muestra abusos a un detenido palestino por parte de reservistas militares, hecho que el primer ministro Benjamin Netanyahu calificó como “el ataque propagandístico más severo” contra el país desde su fundación. Confirmar los cuerpos Según la oficina de Netanyahu, los cadáveres son trasladados a Israel, donde serán recibidos con honores y luego analizados para confirmar su identidad. El procedimiento de identificación tiene como objetivo confirmar si los cuerpos corresponden a cautivos secuestrados por Hamas, en medio de los reclamos de las autoridades israelíes respecto a la identidad de los cuerpos entregados en pasados intercambios. De confirmarse que los restos entregados son efectivamente de tres rehenes, el número de cuerpos pendientes pasaría a ocho. Hamas difundió imágenes de una bolsa blanca con el nombre de Asaf Hamami, coronel de la Brigada Sur de la División Gaza del Ejército israelí, así como de su carné de conducir, al anunciar la entrega de los tres cuerpos. Las Brigadas Al Qasam, brazo armado del movimiento, indicaron que los hallaron en el sur de Gaza, en el camino de uno de sus túneles, y dispusieron su entrega a la Cruz Roja. El sábado, la Cruz Roja accedió, acompañada por fuerzas egipcias y miembros de Al Qasam, a Beni Suhaila, al este de Jan Yunis, en el sur del enclave, para buscar cuerpos de rehenes. La zona, situada más allá de la llamada “línea amarilla”, permanecía bajo control parcial del Ejército israelí. Esta demarcación imaginaria señala hasta dónde debieron retirarse las tropas tras el acuerdo de alto el fuego, y delimita un perímetro de más del 50 por ciento del territorio de Gaza aún bajo control israelí. El viernes, Hamas entregó tres cuerpos a la Cruz Roja, cuya identificacion no arrojó resultados de coincidencia con ninguno de los rehenes capturados en octubre de 2023. El grupo había advertido que desconocía con certeza la identidad de los cadáveres, por lo que la devolución no generó consecuencias. Israel devolvió posteriormente los cuerpos a Gaza. Hasta ahora, Hamas devolvió los restos de 17 de los 28 rehenes que aún debían ser entregados. El grupo advirtió que la localización de cadáveres es una tarea compleja en un territorio devastado, reducido a escombros por los ataques aéreos y terrestres. En el terreno Pese al alto el fuego, las operaciones israelíes continúan causando víctimas en Gaza. Según el Ministerio de Salud de la Franja, tres personas murieron y otras tres fueron halladas entre los escombros de ataques previos. Un cuarto falleció a causa de las heridas sufridas. Además, seis personas resultaron heridas, sumando a 600 el total de heridos durante las últimas tres semanas desde el inicio de la tregua. Este domingo, un ataque con dron israelí en la Ciudad de Gaza provocó la muerte de un palestino cerca del mercado del barrio de Shujaiya, lejos de las zonas aún ocupadas por tropas. Paralelamente, las fuerzas israelíes continúan con operaciones de demolición de edificios residenciales en Shujaiya, Zeitún y Fukhari, al este de Jan Yunis, según fuentes locales y la agencia palestina Wafa. El Ejército israelí, por su parte, reportó la muerte de un palestino tras cruzar la “línea amarilla” en el norte de Gaza. Según el comunicado, la persona representaba una «amenaza inmediata» para las tropas, y fue atacada por las Fuerzas Aéreas israelíes.  En paralelo a la situación en el enclave, las autoridades palestinas han denunciado la muerte de un preso bajo custodia israelí. Muhamad Husein Muhamad Ghawadra, de 63 años y natural de Cisjordania, falleció en la cárcel de Ganout tras ser detenido el 6 de agosto. Con este deceso, suman 81 los palestinos muertos en prisiones israelíes desde el inicio del conflicto. Las causas exactas de la muerte aún se investigan. Mientras tanto, en Gaza, las necesidades humanitarias continúan creciendo, con hospitales sobrecargados y miles de desplazados. El bloqueo de entrada de materiales para pruebas de ADN y autopsias complica la identificación de cuerpos y la documentación de abusos. Las autoridades sanitarias palestinas y organizaciones internacionales insisten en la urgencia de un acceso humanitario seguro y sin restricciones. Filtraciones En Israel, la filtración de un video que muestra la violación de un preso palestino por parte de reservistas militares ha generado una crisis política y mediática. Netanyahu describió la filtración del vídeo como “el ataque propagandístico más severo” contra Israel desde su fundación, y solicitó una investigación independiente e imparcial. “El incidente causó un enorme daño a la imagen del Estado de Israel, del Ejército y de nuestros soldados. Esto exige una investigación independiente e imparcial, y espero que así sea”, afirmó el premier. El viernes, la propia jefa de la Fiscalía militar israelí, Yifat Tomer Yerushalmi, admitió haber filtrado el material hace un año y dimitió, mientras los reservistas acusados proclamaron su inocencia y denunciaron irregularidades en el juicio.  Tomer Yerushalmi había desaparecido tras anunciar su parte en la filtración, y fue encontrada este domingo. «Filtré materiales a la prensa para detener la propaganda mentirosa contra quienes intentan hacer cumplir la ley militar. Asumo plena responsabilidad de los contenidos publicados en la prensa salidos desde mi unidad», indicó la fiscal militar en la carta de renuncia presentada al comandante en jefe del Ejército israelí. El preso palestino víctima de los abusos había llegado al hospital con lesiones graves, según la ONG Médicos por los Derechos Humanos. Diez militares fueron detenidos tras la filtración del vídeo, la mitad de los cuales quedaron libres poco después. Los arrestos provocaron manifestaciones frente a la prisión de Sde Teiman, alentadas por ministros ultraderechistas. La Fiscalía Militar israelí se encuentra bajo presión para revisar a fondo el procedimiento, después de que los abogados de los acusados denunciaran que la filtración contaminó todo el proceso judicial.

Página 12 La tensión en el Caribe se mantuvo este domingo en medio del despliegue militar naval y aéreo de Estados Unidos, mientras las poblaciones costeras continúan afectadas por la presencia del Comando Sur, que ha paralizado actividades comerciales y la tradicional circulación de embarcaciones.  El ejército estadounidense llevó a cabo este sábado un nuevo ataque contra una embarcación de supuestos «narcoterroristas» en el mar Caribe. La operación, confirmada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se suma a una serie de bombardeos que causaron al menos 65 muertes en aguas internacionales, sin que se hayan aportado pruebas. Según el funcionario, los tres hombres que se encontraban a bordo del bote “eran narcoterroristas” y murieron en el operativo. Sin embargo, como en pasadas ocasiones, Washington no presentó pruebas de que el buque transportara estupefacientes ni de que representara una amenaza inmediata para el país. “Por orden del presidente Donald Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo un ataque letal contra otra embarcación del narcotráfico operada por una organización terrorista designada”, declaró Hegseth a través de su cuenta en X.  Al igual que en ataques previos, el jefe del Pentágono afirmó que la nave “era conocida por los servicios de inteligencia por su participación en el contrabando ilícito de narcóticos” y que el ataque se produjo “en aguas internacionales”. Agregó que “ningún miembro de las fuerzas estadounidenses resultó herido” y reiteró su amenaza predilecta: “el Departamento tratará a los narcotraficantes exactamente como trató a Al Qaeda”. El gobierno de Trump justificó la ofensiva militar como parte de una “guerra contra el narcotráfico” y sostiene que se encuentra en “conflicto armado” con los cárteles. Esa interpretación, sin embargo, es rechazada por Naciones Unidas y por la mayoría de gobiernos latinoamericanos, que califican los bombardeos como violaciones del derecho internacional. Ejecuciones extrajudiciales Los bombardeos comenzaron en septiembre y se enmarcan en una campaña militar desplegada por el Comando Sur, que incluyó el envío de buques de guerra al Caribe y aviones de combate a Puerto Rico. El Pentágono reconoció haber destruido al menos 16 embarcaciones, la mitad de ellas en el Pacífico, en operativos sobre lo que Washington determina son actividades de narcotráfico, sobre barcos pertenecientes a distintos países de la región. El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó los ataques y lamentó “el silencio” de la región. “Cuando se utiliza un misil contra una lancha con personas desarmadas, lo que se comete es una ejecución extrajudicial”, afirmó en declaraciones a la cadena catarí Al Jazeera.  Petro advirtió que la falta de una respuesta conjunta latinoamericana “le da poder a los genocidas” y anunció que Colombia presentará una proposición ante la ONU para exigir el cese de las operaciones militares estadounidenses en la región. El viernes, tras un nuevo ataque, el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, también señaló que las personas a bordo de las lanchas fueron víctimas de “ejecuciones extrajudiciales” y reclamó el cese inmediato de los ataques. “Estas muertes no encuentran justificación alguna en el derecho internacional. Estados Unidos debe ponerles fin”, advirtió Türk.  La organización pidió además una investigación “rápida, independiente y transparente” sobre cada uno de los ataques. Naciones Unidas insiste en que, aun si las víctimas fueran traficantes, “nada justifica su ejecución sin juicio previo”. Desde Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro denunció que Washington utiliza el argumento del narcotráfico como “pretexto para imponer un cambio de régimen” en Venezuela. Según el mandatario, la presencia de buques y aeronaves norteamericanas cerca de las costas venezolanas representa “una amenaza directa a la soberanía nacional”. El impacto del miedo En el terreno, los ataques ya generaron consecuencias económicas y sociales. En comunidades costeras del noreste venezolano, como Güiria y Cumaná, pescadores y comerciantes relataron a la agencia EFE que el despliegue estadounidense provocó miedo y la paralización de actividades marítimas. En Güiria, a pocos kilómetros de Trinidad y Tobago, los pobladores dejaron de embarcarse por temor a ser alcanzados por un misil. “Ya no están saliendo lanchas hacia Trinidad, ni siquiera de migrantes. Hay miedo de que ocurra una explosión y mueran”, contó un comerciante local. Los operativos también tensaron las relaciones diplomáticas de Washington con gobiernos aliados. El mes pasado, el Pentágono retiró a Colombia de su lista anual de países cooperantes en la lucha antidrogas, y la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a Petro y a varios miembros de su familia en la denominada “Lista Clinton” por presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones que el mandatario colombiano calificó de “represalia política” a sus denuncias de una interferencia ilegal. Mientras crecen las críticas internacionales, en el Congreso de Estados Unidos también se multiplican los cuestionamientos. Un grupo de senadores demócratas exigió al gobierno de Trump que haga públicos los fundamentos legales de las operaciones y los criterios de selección de objetivos. En una carta dirigida a Hegseth, al secretario de Estado Marco Rubio y a la directora de Inteligencia Nacional Tulsi Gabbard, los legisladores advirtieron que la Casa Blanca solo ha compartido información “contradictoria y parcial” hasta el momento, y que el uso de la fuerza militar “sin autorización del Congreso” podría ser ilegal.

Telesur Carlos Manzo Rodríguez, alcalde independiente del municipio de Uruapan, fue asesinado a balazos en México, en un ataque perpetrado en su contra en la noche de este sábado, cuando se encontraba en el tradicional Festival de Velas en la plaza principal de la ciudad; uno de los agresores fue abatido y dos más quedaron detenidos. Información preliminar de la Guardia Civil (Policía Estatal) precisa que Manzo Rodríguez, conocido popularmente como “El del Sombrero”, fue atacado a balazos alrededor de las 20:00 horas, cuando convivía con decenas de asistentes al Festival de Velas, que cada año se realiza en la Pérgola Municipal. El presidente municipal había inaugurado el encendido de velas y se retiró de la plaza, pero minutos después regresó al lugar para tomarse fotos con niños caracterizados con disfraces por la noche de muertos y fue en ese momento cuando fue atacado a balazos. Hace un año, el 29 de octubre, fue asesinado en la misma plaza el periodista Mauricio Cruz Solís, por presuntos sicarios que lo atacaron minutos después de haber entrevistado, en una transmisión en vivo de Facebook, a Carlos Manzo. ¿Quién es Carlos Manzo? Manzo, quien se postuló de forma independiente a la alcaldía de Uruapan, fue diputado federal por Morena en la 65 Legislatura, de 2021 a 2024, y desde ese entonces portaba chaleco antibalas, por temor a sufrir un ataque en su contra, debido a las declaraciones que hacía en las que llamaba a combatir frontalmente a los grupos del crimen organizado. De forma reiterada, Manzo había criticado la estrategia de seguridad de “abrazos, no balazos”, del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, y proponía abatir supuestos delincuentes armados sin tener “ninguna consideración”. En redes sociales, se divulgó un video en donde se recordó que Manzo había pedido la ayuda de la presidenta Claudia Sheinbaum para hacer frente a los grupos del crimen organizado. “Que nos escuche, que nos atienda, que encontremos soluciones a esta problemática que nos está matando. Pedimos justicia, pedimos presencia del gobierno federal. Pedimos castigo, y a los culpables, todo el peso de la ley. A estos asesinos los queremos vivos o los queremos muertos, pero ya los queremos, señor gobernador, señor fiscal, señora presidenta de México. No vamos a descansar aunque nos cueste la vida. ¡Ni un paso atrás!”, señaló en aquel momento. De igual forma, se recordó la última entrevista en medios que ofreció Manzo, el 18 de septiembre, en la cual denunció a los grupos generadores de violencia en Michoacán y afirmó: “tenemos detectadas fosas clandestinas, a delincuentes, y toda esa información la hemos puesto a disposición de la Fiscalía y de las fuerzas federales para que actúen a la brevedad”. En esa misma intervención, Manzo recalcó: “No quiero ser un presidente municipal más de la lista de los ejecutados, de los que les han arrebatado la vida. No quiero que la policía municipal siga siendo parte de la estadística, ni los ciudadanos de trabajo, honestos y honrados que son víctimas de este cáncer social”. Durante este 2025, Carlos Manzo alzó la voz para exigir al gobierno federal apoyo para enfrentar al crimen organizado que opera en Uruapan. Autoridades han identificado que en Uruapan operan el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya. Reacción del gobierno La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo convocó a reunión del gabinete de seguridad, integrado por las secretarías de Gobernación, Defensa, Marina, Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional, informó el secretario Omar García Harfuch. Lo anterior, luego del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido anoche durante los Festejos de las Velas, en el centro de la localidad michoacana. Dos involucrados fueron detenidos y uno más fue abatido. “Vamos a estar trabajando coordinadamente las diferentes autoridades”, dijo. “Instruí al personal de esta fiscalía, a la fiscalía de homicidios, al área de peritos así como a una serie de Ministerios públicos que se trasladen a Uruapan para dar seguimiento a las investigaciones y esclarecer lo más pronto posible este lamentable hecho”. Habitantes de Uruapan convocaron a una marcha este domingo, a las 16:00 horas, para exigir justicia. La movilización saldrá de la Glorieta Latinoamericana, en Paseo Lázaro Cárdenas.

Telesur Desde helicópteros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba, en las últimas horas se realizaron cerca de medio centenar de operaciones en el oriente del país, mediante las cuales fueron rescatadas casi tres mil personas damnificadas por el paso del huracán Melissa. Las tareas de evacuación que se llevaron a cabo en la provincia de Granma contaron con apoyo de fuerzas de las FAR y del Ministerio del Interior (Minint). Las operaciones se concentraron en el municipio de Río Cauto, seriamente afectado por inundaciones tras el huracán Melissa, el cual a su paso por la región del Caribe en días pasados dejó cerca de medio centenar de muertos en Jamaica, Haití y República Dominicana. Las tareas fueron lideradas por el general de Cuerpo de Ejército Roberto Legrá Sotolongo, viceministro primero, jefe del Estado Mayor General de las FAR, junto con un grupo de trabajo de las FAR. Además, tomó parte el general de División, Eugenio Armando Ravilero Aguilera, jefe del Ejército Oriental. El jefe de Estado Mayor del Ejército Oriental, general de brigada Florencio Navas, reportó vía telefónica a la máxima dirección del país, tras sobrevolar la región en helicóptero, que el poblado de Río Cauto se encontraba rodeado por una gigantesca inundación. Asimismo, los bomberos se unieron al destacamento que cumple las misiones de rescate y salvamento en la zona. Se indicó que las operaciones se concretan con helicópteros, transportadores anfibios y camiones de tracción. Fue reportado que medios aéreos de las FAR pusieron a salvo a más pobladores que quedaron atrapados por las aguas en Río Cauto. Además, una niña y una mujer embarazada fueron llevadas a una instalación hospitalaria de Bayamo. Las autoridades recalcaron que los embalses son seguros y que no habrá golpe de agua alguno, y pidieron calma a los riocautenses. Melissa causó daños a la infraestructura eléctrica Las autoridades indicaron que, tras la evaluación del 63 por ciento de la red de transmisión en la zona oriental, se contabilizan 160 postes eléctricos caídos, más de 58 kilómetros de líneas de diferentes niveles de tensión derribadas y una docena de transformadores dañados. Una de las zonas más afectadas identificada hasta el momento es el reparto Granma, conocido como El Polígono, en la ciudad de Bayamo. Fue reportado un daño estructural grave con la caída de dos postes soportantes de la línea de 110 kilovoltios Bayamo-Cauto el Paso, una arteria vital que alimenta la estación de igual nombre en el municipio de Río Cauto.

Prensa Latina Bogotá, 2 noviembre (Prensa Latina).- Más de 240 toneladas de alimentos, aseo, toldillos, leche, agua y combustible se cargan hoy en el buque ARC Victoria de la Armada de Colombia para trasladarlas a Cuba, cuyas provincias orientales fueron recientemente azotadas por el huracán Melissa. Así lo dio a conocer desde Cartagena el director general de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) del país neogranadino, Carlos Carrillo, quien abundó que el barco zarpará mañana hacia su destino y se espera que llegue el próximo jueves. Según comunicó el funcionario, de las 246 toneladas que serán cargadas en la embarcación, 54 son de carga seca, y también se enviarán de 31 mil galones de combustible, aparte de agua potable. “Aquí no solamente participa la Ungrd con la asistencia humanitaria de emergencia sino también el sistema minero-energético y el sector de agricultura”, detalló Carrillo. La entidad divulgó asimismo en una comunicación que el Caribe no está solo y que Colombia reafirma su compromiso con la cooperación Sur-Sur y la solidaridad regional. El huracán Melissa se adentró en Cuba el pasado miércoles con fuerza de categoría 3 en la escala de Saffir-Simpson por un punto del sureste de su geografía, donde causó severas inundaciones. Además de cuantiosos daños materiales en viviendas, acarreó afectaciones en redes eléctricas, vías de comunicación y en los sembrados en las provincias orientales Santiago de Cuba, Granma, Guantánamo, Holguín y Las Tunas. Hasta la fecha la mayor de las Antillas no reporta víctimas fatales por el paso del fenómeno meteorológico.

Página 12 A bordo del Air Force One, rumbo a Florida, Donald Trump escuchó la pregunta y apenas levantó la vista. “No, no es verdad”, dijo. Los periodistas le preguntaban si era cierto que había dado luz verde a un ataque militar contra Venezuela.  La desmentida llegó después de que The Wall Street Journal y el Miami Herald difundieran que el Pentágono ya tenía marcado en el mapa los posibles blancos que incluían puertos, aeropuertos y bases controladas por el gobierno de Nicolás Maduro.  En los papeles, sería parte de una operación “antinarco”; en la realidad, parece más bien otro movimiento del viejo ajedrez con el que Estados Unidos busca, una y otra vez, hacer que el chavismo se arrodille. Los ataques desde el aire podrían ocurrir «en cuestión de días o, incluso, horas», señaló el Miami Herald, mientras que el Wall Street Journal  indicó que el presidente no tomó una decisión final sobre ordenar bombardeos en tierra. Miami Herald citó a una fuente que dijo que el tiempo de Maduro «se está agotando», ya que ahora hay más de un general dispuesto a capturarlo y entregarlo, aunque los funcionarios rechazaron aclarar si el gobernante venezolano sería uno de los objetivos de los bombardeos. Ecos de la vieja política imperial Mientras tanto, los buques de guerra estadounidenses siguen navegando el Caribe. Las Fuerzas Armadas estadounidenses desplegaron el crucero lanzamisiles USS Gettysburg (CG-64) en el Caribe. El USS Gettysburg llegó el jueves desde Norfolk, Virginia, con lo que se suma al crucero lanzamisiles USS Lake Erie (CG-70), según el diario The Washington Post, algo que también reportó el medio especializado The War Zone, en base a fuentes de la Marina de Estados Unidos. Por su parte el buque USS Fort Lauderdale, que estaba en el Caribe, regresó a Florida. En unos días se espera que llegue al Caribe el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que se unirá al resto del personal naval que se encuentra frente a Venezuela. Con ello, Washington pasará a tener ocho buques de guerra, seis de ellos destructores, tres buques anfibios y un submarino en la zona, con un total de trece efectivos navales, su mayor despliegue desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según el Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).  El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, dijo este viernes que los ciudadanos del país sudamericano no merecen el «asedio criminal» de Estados Unidos por su despliegue naval en el mar Caribe. En los últimos dos meses, el Comando Sur de EE.UU. ejecutó más de una decena de operaciones “antinarco” contra embarcaciones sospechosas. No hay nombres, ni juicios, ni pruebas concretas. Solo los muertos. Y el mensaje. Trump, que en campaña se presenta como el “restaurador del orden americano”, aprovechó para doblar la apuesta y subió a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Maduro y otros 25 millones por sus principales funcionarios. Todo bajo el mismo relato; el de la “lucha contra el narco”, un guión que en América latina ya conocemos de memoria.

Telesur Un informe clasificado del Departamento de Estado de EE. UU. expuso la existencia de cientos de posibles violaciones de derechos humanos cometidas por unidades militares israelíes durante su campaña genocida contra la población palestina en la Franja de Gaza, según reveló un medio estadounidense. El reporte, elaborado por la oficina del Inspector General del Departamento de Estado, documenta posibles infracciones en el marco de las Leyes Leahy, que prohíben la entrega de ayuda militar estadounidense a fuerzas extranjeras implicadas en crímenes graves contra los derechos humanos.  El documento, concluido previo al acuerdo de alto al fuego entre Israel y la resistencia palestina, señalaba un patrón de abusos sistemáticos contra la población civil palestina. Entre los casos graves que incluye la documentación clasificada se encuentran el asesinato de siete trabajadores humanitarios de World Central Kitchen en abril de 2024, y la masacre que se cobró la vida de más de 100 palestinos cerca de camiones de ayuda en febrero de 2024. Además, se menciona el homicidio del ciudadano estadounidense Omar Assad en Cisjordania ocupada en 2022, evidenciando un patrón de violencia que la ayuda militar estadounidense sigue financiando. La documentación secreta, no disponible al público, levantó preocupaciones sobre la efectiva rendición de cuentas. Charles Blaha, exdirector de la oficina encargada de aplicar las normas, señaló la preocupación por el posible «olvido» de la rendición de cuentas, advirtiendo que las investigaciones oficiales sobre estas violaciones podrían tardar años, lo cual reduce significativamente la posibilidad de justicia para las víctimas. Un aspecto central revelado por exfuncionarios estadounidenses es el «trato más flexible» otorgado a Israel en comparación con otros países. Este protocolo especial, denominado Foro Leahy de Escrutinio de Seguridad Especial en Israel, exige un consenso inusual entre varias agencias de EE.UU. antes de declarar a cualquier unidad sionista como «no elegible» para recibir la multimillonaria ayuda militar. Pese a la existencia de pruebas que sugieren crímenes graves, el informe revela que Estados Unidos nunca ha retenido ayuda a ninguna unidad israelí y continúa participando activamente del genocidio del pueblo palestino. Josh Paul, un exfuncionario crítico de la política de Washington en Medio Oriente, denunció esta indulgencia, destacando que la Administración de Donald Trump mantiene la cooperación militar con «Tel Aviv» y ha evitado sanciones contra el gabinete del criminal de guerra Benjamin Netanyahu.

Telesur El cierre de Gobierno en Estados Unidos entró este sábado 1 de noviembre en su segundo mes y en una fase socialmente crítica, no solo por ser el segundo más largo de la historia del país, sino porque ha colocado en la angustia total a 42 millones de residentes en el país que dependen de la ayuda alimentaria, la cual se ha quedado sin financiamiento a partir de hoy. Entre estas personas figuran al menos 10 millones de latinoamericanos. La crisis política entre demócratas y republicanos en el Congreso tiene un impacto devastador, ya que el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) ha anunciado que esta jornada se queda sin fondos asignados, por lo que su actividad deberá ser interrumpida en breve. Tras darse a conocer la noticia, el país amaneció con largas filas de personas para recibir comestibles gratuitos en despensas de alimentos y puntos de distribución en automóvil. El programa SNAP, también conocido como cupones de alimentos, es vital para uno de cada ocho estadounidenses, incluyendo una gran proporción de niños, personas mayores y ciudadanos con discapacidad. El agotamiento de la financiación deja a millones de personas en una situación de incertidumbre alimentaria, lo que ha provocado reacciones cargadas de angustia: “es una noticia muy desagradable, porque el país está con mucha necesidad. Todos los alimentos han subido de precio, pero los salarios no”, dijo Emilia Ruiz, beneficiaria de este programa. A esta crisis alimentaria se suma un duro golpe a la salud pública. Este sábado también se publicaron las nuevas primas de los programas sanitarios del Obamacare (Ley de Cuidados Sanitarios Asequibles) para 2026. Los estudios preliminares apuntan a subidas en las pólizas de un 25% de media, lo cual se agrava por el fin de los subsidios aprobados en 2021 durante la pandemia. Estas ayudas permitían que las pólizas fueran gratuitas para personas en situación de pobreza y subsidiaban parcialmente a quienes ganaban menos de 65.000 dólares anuales. Ahora, expertos alertan que la combinación del incremento de las primas y el fin de los subsidios provocará que el coste anual de las pólizas prácticamente se duplique, llevando a muchas familias a la pérdida de su seguro médico. La gravedad de la situación provocó una respuesta legal, con jueces ordenando ayer al Gobierno de Donald Trump que encontrara una fórmula para financiar SNAP con fondos de emergencia, algo a lo que el Departamento de Agricultura se había negado inicialmente.  Esta decisión de la Administración, que cuenta con fondos de contingencia, ha sido calificada por analistas como una «elección política» para presionar a sus oponentes en el Congreso. A la paralización de la asistencia social se añade la creciente preocupación por el tráfico aéreo. El cierre mantiene a 730.000 empleados federales esenciales, incluidos los controladores aéreos, trabajando sin cobrar.  La escasez de personal ya provocó retrasos significativos en los aeropuertos más concurridos del país, una situación que, en el cierre de 2018-2019, fue lo que finalmente forzó un acuerdo legislativo para reabrir el Gobierno. El cierre trascendió la pugna presupuestaria del Capitolio para convertirse en una crisis humanitaria y de infraestructura, el estancamiento político cortó la asistencia básica a millones, encarecido la sanidad a la población más vulnerable y poniendo en riesgo la seguridad aérea. De momento, el cierre solo ha probado el profundo costo social que tiene el enroque de las élites en Washington.