Internacional

Prensa Latina Quito, 28 noviembre (Prensa Latina).-  La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte del Ecuador (Chijallta FICI) y la Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi (Unorcac), rechazaron la sesión de la Asamblea Nacional (Parlamento) en la norteña provincia de Imbabura. Este viernes, el organismo parlamentario decidió estar presente en la ciudad de Ibarra, capital de Imbabura, como una muestra de apoyo luego del paro de 31 días que tuvo como epicentro ese territorio. Sin embargo, las organizaciones manifestaron en un comunicado su oposición a la presencia de los legisladores y lo consideraron como un agravio, una falta de respeto y una burla. La Chijallta FICI y la Unorcac señalaron que la represión a los pueblos dejó dos personas asesinadas, heridos, mutilados y perseguidos. “Frente a estos hechos gravísimos, la Asamblea Nacional guardó silencio, no exigió investigaciones, no demandó responsabilidades, no escuchó a las víctimas y prefirió aplaudir la política de bonos asistenciales del Gobierno”, apuntó el documento. Asimismo, los colectivos indígenas cuestionaron la falta de fiscalización por parte del Legislativo en temas como la desnutrición infantil, la explotación laboral o los problemas de infraestructura y docentes en las escuelas del sector rural. Para los grupos indígenas la presencia de los parlamentarios es marketing político y derroche de recursos públicos de forma innecesaria, ya que “continúan legislando para los intereses del gran capital y no para las necesidades de los pueblos”. El movimiento indígena de Ecuador lideró durante 31 días, del 22 de septiembre al 22 de octubre, un paro con protestas y bloqueos de carreteras en diversas provincias, principalmente Imbabura, contra medidas económicas del gobierno de Daniel Noboa.  En ese contexto, la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos documentó 391 violaciones durante el mes de protestas, fundamentalmente por el uso abusivo de la violencia estatal contra manifestantes, comunidades, dirigentes sociales y población de diferentes ciudades del país. La acción de la fuerza pública en las manifestaciones dejó un total de tres muertos, Efrain Fuerez, José Guamán y Rosa Paqui, esta última falleció como consecuencia de los gases lacrimógenos y los dos jóvenes indígenas por impactos de bala.

Rusia Today El presidente interino del Perú, José Jerí, anunció este viernes la declaratoria de estado de emergencia en la frontera con Chile, en medio de la presencia de decenas de migrantes que intentan pasar por la ciudad de Tacna hacia territorio peruano. «Nuestras fronteras se respetan», afirmó Jerí en su primer mensaje al respecto en X, red social en la que indicó que la meta es «generar tranquilidad ante el riesgo de ingreso de migrantes sin autorización». Una vez quede decretado el estado de emergencia en el diario oficial El Peruano, serán las Fuerzas Armadas las que refuercen los espacios limítrofes, mientras que la Policía Nacional intensificará los controles de identidad. A la par, el canciller del Perú, Hugo de Zela, dio una conferencia de prensa a las afueras del Palacio de Gobierno, en Lima, donde avanzó que aplicarán las leyes «de manera estricta»para evitar la migración irregular. «En eso hay una posición clara y firme del Gobierno. No tenemos las condiciones, ni las capacidades para recibir más migrantes. Nuestras capacidades ya están colmadas», subrayó el jefe de la diplomacia peruana. Por su parte, algunos inmigrantes irregulares le contaron a Canal N que salieron de Chile producto del endurecimiento de sus políticas migratorias.

Rusia Today China afirmó que se «opone sistemáticamente» a la política de medidas coercitivas unilaterales que EE.UU. aplica contra Venezuela, ya que contraviene el derecho internacionaly no cuenta con el aval del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU). La posición del Gobierno del gigante asiático fue expuesta por la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, quien respondió a la prensa sobre la reciente designación del supuesto «Cartel de los Soles» como organización terrorista, una acción calificada por Caracas como una «ridícula patraña» porque se sanciona a un grupo «inexistente». Según Global Times, la alta funcionaria recalcó el rechazo a las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU. y «a la injerencia de fuerzas externas en los asuntos internos de Venezuela bajo cualquier pretexto». En esa línea, Pekín instó a Washington a «levantar sus sanciones unilaterales ilegales y a redoblar sus esfuerzos para contribuir a la paz, la estabilidad y el desarrollo en América Latina y el Caribe». En las últimas semanas, mientras crecen las agresiones y hostilidades de EE.UU. contra Venezuela, el Gobierno chino ha abogado por el cese de la intervención en asuntos internos y ha condenado «cualquier intento de socavar la paz y la estabilidad» en la región.

DW Actualidad La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) instó el jueves (27.11.2025) al Gobierno de Venezuela a «reconsiderar» la revocación de las concesiones a seis aerolíneas que cancelaron sus vuelos ante la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos. La medida afectó a la española Iberia, la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la filial colombiana de la chilenobrasileña Latam, la brasileña GOL y la turca Turkish, empresas que habían suspendido sus conexiones con Venezuela ante una alerta de Washington por la actividad militar en el sur del Caribe. La asociación «urge a las autoridades venezolanas a reconsiderar la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en el país», indicó en un comunicado publicado en su página web. «Las aerolíneas han priorizado la protección de los pasajeros y de sus tripulaciones, evitando operar en zonas con riesgo elevado», añadió la IATA. De acuerdo con el organismo internacional, las compañías aéreas perjudicadas «reafirman su compromiso con el país» y su disposición a restablecer el servicio de manera segura «tan pronto como las condiciones lo permitan». El gobierno venezolano acusó a las aerolíneas de «sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovido por el gobierno de los Estados Unidos, suspendiendo unilateralmente sus operaciones aerocomerciales», según un comunicado publicado el miércoles por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC). El aeropuerto de Maiquetía, el principal de Venezuela, amaneció el jueves con poca actividad y las oficinas de las aerolíneas suspendidas cerradas. Una fuente de Iberia dijo a la agencia AFP que la compañía desea retomar los vuelos «lo antes posible». El ministerio de Asuntos Exteriores portugués, Paulo Rangel, consideró la medida «desproporcionada» y dijo que apelan a canales diplomáticos con Caracas.

Telesur El presidente Nicolás Maduro envió este jueves un mensaje de reconocimiento a la Aviación Militar Bolivariana (AMB) en su 105.° aniversario, subrayando el papel histórico, moral y estratégico del componente aéreo de la FANB en la defensa del cielo venezolano. El Mandatario también resaltó la vigencia del 27 de noviembre de 1992, fecha que calificó como un punto de renacimiento ético, político y bolivariano para la Aviación Militar. Maduro exaltó el compromiso de oficiales y soldados que, con disciplina y vocación patriótica, han custodiado el espacio aéreo nacional durante más de un siglo, afirmando que “días como hoy nos enervan el espíritu para sentir siempre palpitar la historia entre nosotros”. Añadió que la AMB ha sido decisiva para resguardar la soberanía en contextos de amenazas híbridas, intentos de incursión y presiones externas. En ese sentido, el mandatario reseñó que «desde hace 17 semanas, fuerzas extranjeras imperialistas amenazan continuamente con alterar la paz del mar Caribe, de Suramérica y de Venezuela bajo falsos y extravagantes argumentos que no cree la opinión pública estadounidense, ni la opinión pública mundial, y mucho menos la poderosa opinión pública venezolana». El jefe de Estado también evocó otro hito histórico: los 200 años de la entrega de la Espada del Perú a Simón Bolívar, un reconocimiento continental al proyecto emancipador del Libertador, que —dijo— sigue siendo guía espiritual e histórica de la Revolución Bolivariana. Al referirse al 27 de noviembre de 1992, Maduro enfatizó que aquel levantamiento militar marcó el inicio de un proceso de recuperación moral dentro de la aviación venezolana, consolidando su carácter bolivariano, su espíritu insurrecto frente al neoliberalismo de la época y su alineación posterior con el proyecto nacional iniciado por el comandante Hugo Chávez. Sostuvo que esa herencia se mantiene viva en la institucionalidad militar actual, comprometida con la paz, la soberanía y la estabilidad interna. El Mandatario sostuvo que la Revolución Bolivariana ha avanzado en garantizar que el país crezca y se expandan los mercados y la economía sin renunciar a la dignidad ni a la independencia. Y señaló: «Hoy en Venezuela no hay amenaza ni agresión que atemorice a nuestro pueblo. Este pueblo se ha preparado con serenidad imperturbable para defender su Patria, su suelo, sus mares, su cielo y su historia, con Bolívar al frente.» Recalcó que la democracia venezolana es hoy un ejercicio cotidiano, construido desde las bases populares, donde “los vecinos y vecinas deciden, formulan, planifican y construyen soluciones”, en referencia directa al proceso de Consulta Popular Nacional y al modelo de gobernanza comunitaria que impulsa el Ejecutivo.

Telesur La Red de Intelectuales en Defensa de la Humanidad hizo un llamado urgente este jueves a que se respete la soberanía en Honduras ante recientes acciones injerencistas y «operaciones de guerra cognitiva impulsadas que el imperialismo emplea convirtiendo las redes sociales en herramientas de presión y amedrantamiento contra los pueblos de Nuestra América». La organización condenó el respaldo dirigido a líderes de partidos políticos criminales que enfrentan investigaciones y sentencias ante la justicia. En este sentido, denunció que «Donald Trump no solo toma partido de forma irregular en las elecciones presidenciales de Honduras, sino que lo hace apoyando al candidato Nasry Asfura, abanderado del Partido Nacional de Honduras, cuyo líder (Juan Orlando Hernández) se encuentra hoy detenido en EE.UU. por delitos de narcotráfico». La REDH expuso que las intenciones de Estados Unidos de impedir el triunfo de la candidata por el Partido Libre, Rixi Moncada, responden a una doble estrategia orientada a mantener justamente el negocio del narcotráfico. «Consolidar gobiernos dispuestos a ofrecer sus territorios como plataformas militares, prolongando la politica de agresión y amenaza contra la estabilidad latinoamencana, y más alarmante aún apoyar a la red de politicos ligados al negocio del narcotráfico en la región, actividad que utiliza como legitimación para sus políticas de intervención directa en el territorio», denunció la organización en la misiva. Señaló el doble rasero de Estados Unidos, que ha disfrazado su agenda de lucha contra el narcotráfico para criminalizar a Estados libres y soberanos y a las opciones políticas que se oponen a la narrativa imperialista en el continente. La REDH instó a que se respete la soberanía de Honduras «y se garantice que su pueblo decida libremente su futuro democrático, sin presiones ni condicionamientos externos». Reafirmó su compromiso con los principios de autodeterminación, igualdad y justicia entre los Estados, condenando de forma contundente los riesgos en la normalización de las prácticas injerencistas en la región latinoamericana.

Prensa Latina Bishkek, 27 nov (Prensa Latina) A Rusia le gustaría llegar a acuerdos con Ucrania, incluso sobre cuestiones territoriales, pero por el momento ello es legalmente imposible por parte de Kiev, afirmó hoy el presidente, Vladimir Putin. «Por supuesto, en última instancia queremos llegar a un acuerdo con Ucrania. Pero ahora mismo es prácticamente imposible, legalmente imposible. Que quienes puedan y quieran negociar con ellos lo hagan», declaró el líder ruso en conferencia de prensa al concluir la cumbre de la organización del tratado de Seguridad colectiva (OTSC) realizada en la capital kirguisa. Putin aclaró que Moscú insiste en el reconocimiento internacional de las disposiciones del futuro acuerdo por parte de los principales actores mundiales, y enfatizó la importancia de que Rusia consagre legalmente cualquier decisión tomada. Igualmente indicó que el jefe del gobierno del presidente ucraniano, Vladimir Zelenski, es ilegítimo y no puede firmar documentos. Además, el mandatario ruso mencionó que la condición para el fin de las hostilidades en Ucrania pasa por la retirada incondicional de las Fuerzas Armadas ucranianas de los territorios que ocupan, y que están consagrados en la constitución de la Federación de Rusia. Putin reiteró que las tropas ucranianas se retirarán de los territorios que ocupan y entonces cesarán los combates. “Si no se retiran, lo haremos por la fuerza», sentenció. Y advirtió previamente que, si Kiev rechaza las propuestas estadounidenses, acontecimientos similares a lo ocurrido en Kupyansk se repetirán en otras zonas clave del frente, y anunció que en uno de los sectores de ese frente está al producirse un importante quiebre de la defensa ucraniana. Finalmente, y al referirse a la recién finalizada cumbre de la OTSC que acogió la ciudad de Bishkek, Putin refirió que esa organización no representa amenaza alguna, pero debe estar preparada para repeler agresiones contra sus estados miembros. El mandatario ruso aseguró que los países de la OTSC continuarán realizando «ejercicios conjuntos en todos los ámbitos», tanto entre las Fuerzas Armadas, como a nivel de los servicios especiales. Además, indicó Putin, Rusia ofrece «condiciones preferenciales para la adquisición de armas y equipos a los países miembros de la OTSC». Putin se encuentra en la capital kirguisa en una visita de Estado del 25 al 27 de noviembre, durante la cual mantuvo conversaciones con sus homólogos de Kirguistán, Sadir Zhapárov, y de Belarús, Alexandr Lukashenko, además de participar en la cumbre de la OTSC.

Prensa Latina Lima, 29 noviembre (Prensa Latina).- Personalidades políticas opositoras criticaron hoy la condena judicial a 11 años y 5 meses de cárcel impuesta al expresidente Pedro Castillo, por el delito de conspiración para la rebelión. Castillo, quien está preso desde hace tres años por intentar disolver el Parlamento que a su vez intentaba destituirlo. Ese tiempo de cárcel se descontará de la condena. Similar pena recibió como coautora del delito de conspiración para rebelión la exprimera ministra Betssy Chávez, a quien otorgó asilo político México, en cuya embajada permanece, mientras el Gobierno peruano se resiste a otorgarle salvoconducto para viajar a ese país. Chávez fue condenada pese a que Castillo asumió toda la responsabilidad por el hecho al declarar en su alegato final que ni ella ni los demás involucrados sabían del intento del 7 de diciembre de 2022 y que nadie lo indujo a una decisión. Los críticos de la sentencia señalan que la oposición congresional de derecha a la administración de Castillo lo indujo al intento de disolver al Legislativo y hace unos meses una encuesta verificó que la mayoría de los peruanos opina que fue el Parlamento el que le dio indirectamente el golpe. La exministra de la Mujer de la breve administración (2021-2022), Anahñi Durand, afirmó que la de hoy fue “una sentencia anunciada en un juicio político que era más una venganza”. “El afán de condenar y no impartir justicia han sido las características de esta farsa propia de una dictadura”, agregó. El congresista Roberto Sánchez, del progresista partido Juntos con el Perú, que reivindica la figura de Castillo, rechazó la condena al participar en una concentración de aliento al exmandatario, congregada ante la prisión reservada para exgobernantes. “Esta historia aún no está escrita del todo; el 2026 no será un punto final, sino un nuevo comienzo, porque cuando un pueblo decide ponerse de pie, nada ni nadie puede arrebatarle su futuro”, aseveró. El abogado de la exprimera ministra Betssy Chávez, Raúl Noblecilla, sostuvo que “La dictadura cumplió el encargo de los grupos que mantienen secuestrada nuestra democracia” y calificó la sentencia de hoy como “una farsa que busca convertir la persecución política en condena”. Desde España, la analista política peruana Laura Arroyo opinó que: “La sentencia estaba escrita de antemano, el golpe se lo dieron a él desde que ganó las elecciones en 2021” y se preguntó si podría considerarse una farsa las elecciones de abril de 2026. La analista Lucía Alvites afirmó que Castillo y sus coacusados son condenado, mientras no hay un preso por las muertes durante la represión, en 2022, de protestas contra la reemplazante de Castillo, Dina Boluarte, cesada a su vez en octubre último, El abogado Carlos Caro apuntó que la condena impide que el exmandatario pueda ser otra vez candidato a la presidencia en los comicios de 2026. Juntos para el Perú proyectaba postularlo por el apoyo que le otorgan amplios sectores.

RT El ciudadano afgano Rahmanullah Lakanwal, acusado de disparar a dos miembros de la Guardia Nacional a pocas cuadras de la Casa Blanca este miércoles, trabajó para varias entidades del Gobierno de EE.UU. mientras formaba parte de una fuerza asociada en Afganistán, dijo a Fox News Digital el director de la CIA, John Ratcliffe. «Tras la desastrosa retirada de Biden de Afganistán, la Administración justificó la llegada del presunto tirador a EE.UU. en septiembre de 2021 por su trabajo previo con el Gobierno de EE.UU., incluida la CIA, como miembro de una fuerza asociada en Kandahar, trabajo que terminó poco después de la caótica evacuación«, declaró Ratcliffe. Lakanwal, de 29 años, llegó a Estados Unidos un mes después de la salida de las fuerzas estadounidenses de Afganistán en agosto de 2021 como parte de la Operación Bienvenida a los Aliados (Operation Allies Welcome, en inglés). «Posible acto de terrorismo internacional» En este sentido, el jefe de la CIA denunció que a «este y a muchos otros individuos» nunca se les debió permitir el ingreso a EE.UU. «Nuestros ciudadanos y miembros del servicio merecen algo mucho mejor que soportar las consecuencias continuas de los fracasos catastróficos de la Administración Biden», resumió. Además, el medio, citando a varias fuentes de inteligencia de alto nivel, reportó que el FBI investiga el tiroteo como un posible acto de terrorismo internacional. Asimismo, desde el FBI confirmaron que los dos miembros de la Guardia Nacional heridos por el agresor permanecen en estado crítico, aunque previamente se reportó que podrían haber muerto. Este 26 de noviembre, Rahmanullah Lakanwal abrió fuego de forma repentina contra miembros de la Guardia Nacional que estaban realizando «patrullas de alta visibilidad» frente a la entrada de la estación de metro de Farragut West, cercana a la Casa Blanca. Tras los disparos, al menos uno de los guardias respondió al fuego, y el agresor quedó herido y fue detenido.

Rusia Today La Sala Penal Especial de la Corte Suprema del Perú condenó este jueves al expresidente, Pedro Castillo, a 11 años, 5 meses y 15 días de cárcel por el delito de conspiración para una rebelión, acusado de intentar dar un golpe de Estado cuando trató de disolver el Congreso de la República. La Fiscalía de la Nación solicitaba 34 años de prisión contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, pero a última hora cambió su pedido a 11 años, 5 meses y 15 días. Y es que el ex jefe de Estado (2021-2022) fue absuelto de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública. Además, los togados consideraron que en vez de rebelión, dado que no hubo alzamiento armado, se produjo fue una tentativa liderada por altas autoridades. Por esto, los extitulares del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, y Aníbal Torres, también fueron sentenciados. Para la exfuncionaria, actualmente asilada en la Embajada de México en Lima, impusieron una condena de 11 años, 5 meses y 15 días; mientras que el exabogado de Castillo recibió 6 años y 8 meses por ser una persona octogenaria.  Durante la lectura de la sentencia, la jueza suprema Norma Beatriz Carbajal Chávez adujo que Castillo trató de «suprimir el régimen constitucional» al no cumplir los procedimientos para disolver el Congreso y, por ende, hacerlo «de manera inconstitucional». A su turno, el presidente de la Sala Penal Especial, José Antonio Neyra Flores, aseguró que el exdignatario «intentó huir a la embajada de México» luego de su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022, buscando «impunidad». Castillo, quien también fue inhabilitado este jueves para ejercer funciones públicos por dos años, acumulaba 18 meses de prisión preventiva, que en julio del año pasado fue prolongada por el Poder Judicial para 18 meses más tras presuntamente «inferir la subsistencia del peligro de fuga». Previamente, la Comisión Permanente del Parlamento aprobó el martes un informe final que recomienda inhabilitarlo de la función pública por 10 años, mencionando incriminatorias acciones previas y posteriores al mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. La decisión final la tomará el pleno próximamente. Esa fecha marcó el fin del gobierno de Castillo, quien trató de disolver el Congreso antes de enfrentar una tercera moción de vacancia, que se concretaría horas después de que militares y policías desacataran la orden presidencial, calificándola como un «acto contrario al orden constitucional establecido». Defensa a ultranza Desde el inicio, cuando comenzó el proceso en su contra a finales de 2022, Castillo ha mantenido que es inocente y así lo ratificó el 21 de noviembre pasado en los alegatos de clausura del juicio oral. «Me culpan de un golpe de Estado tan solo por leer una hoja», manifestó. «Estoy acá, no porque me juzgan por haber cometido actos delictivos, sino me juzgan por mis orígenes, por mi sombrero», agregó. Castillo, quien también afronta un proceso por presunta corrupción, negó que se haya apropiado de recursos del Estado peruano. «Yo no vine para eso (…) si a mí me encuentran un indicio de corrupción yo no voy a pedir pena de cárcel, pido pena de muerte», sostuvo. «Reitero: no he venido a pedir clemencia, menos absolución de mi caso, solamente pido justicia. ¡Viva el Perú!», cerró el exmandatario, en lo que son sus últimas palabras públicas hasta el momento. De esta forma, Perú agrega un nuevo expresidente condenado. En la víspera fue el caso de Martín Vizcarra, quien recibió 14 años de prisión por corrupción. Y así el célebre penal de Barbadillo tiene cuatro exmandatarios sentenciados, sumándose a Ollanta Humala y Alejandro Toledo.