ElNuevoCambio

Buenos Aires | Agencias La aprobación del gobierno argentino baja: no de forma abrupta, pero sí de forma sostenida. Más de la mitad de la población (53,7 por ciento) desaprueba mucho o desaprueba algo la gestión del presidente Javier Milei, según una encuesta del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), dada a conocerse este domingo. En la misma línea, casi la mitad de los ciudadanos afirman que el gobierno va en dirección incorrecta y, como ya se viene repitiendo en todos los estudios, tres de cada cuatro argentinos sostienen que el ajuste lo paga la gente, no la casta. En particular, los jubilados. En el plano de la vida cotidiana, nada menos que el 81 por ciento dice que tiene dificultades para llegar a fin de mes. Lo que sostiene todavía a la administración de La Libertad Avanza (LLA) son las expectativas: el 49 por ciento cree que, económicamente, las cosas en su casa van a mejorar y el 49 cree que no se verificará esa mejora. Las conclusiones surgen de la encuesta -especial para Página/12- del Centro de Estudios de Opinión Pública (CEOP), que dirige Roberto Bacman. En total se entrevistaron 1565 personas a través de cuestionarios que se contestaron on line, después de una selección en las páginas más conocidas, como Facebook, Instagram y otras. En la muestra final se respetaron las proporciones por edad, sexo y nivel económico-social. “No queda duda alguna que Argentina atraviesa una profunda crisis económica y social desde la asunción de Javier Milei -analiza Bacman-. El ajuste fue brutal, sueldos e ingresos se congelaron mientras que los precios de productos y servicios crecieron de manera significativa. La mayor parte de los argentinos (el 81,6 por ciento para ser más precisos) tiene dificultades para llegar a fin de mes, a algunos ni siquiera les alcanza lo que ganan y el resto debe realizar grandes esfuerzos e importantes ajustes para que el dinero les alcance. Si bien es cierto que la inflación bajó, la situación en general no mejoró y la economía cotidiana está cada vez peor. En ese marco, la imagen positiva del presidente, así como la aprobación a su gestión, van bajando. Están en un nivel del 43 al 45 por ciento, muy por debajo del 55,7 por ciento que lo votó en el balotaje. Aun así, es un valor que parece muy alto con relación al ajuste y la situación que viven en los hogares”.

Caracas | Agencias Los centros de votación de Venezuela abrieron este domingo a las 06:00 a.m. hora local para las cruciales elecciones presidenciales en las que el presidente Nicolás Maduro, que aspira a un tercer mandato de seis años, enfrenta al diplomático Edmundo González Urrutia. Más de 21 millones de personas están autorizadas para sufragar, sobre una población de 30 millones, aunque expertos estiman que solamente podrán hacerlo unos 17 millones que están en el país y no migraron por la dura crisis política, social y económica de la última década. El cierre de los centros está previsto a las 18:00 hora local, con la posibilidad de sobrepasar esa hora si fuera necesario. Según lo establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE), varios de los 15.767 centros habilitados para este proceso abrieron a la hora prevista, mientras se espera el primer reporte de las autoridades electorales para conocer el porcentaje de apertura alcanzado, así como las primeras incidencias Esta será la sexta elección presidencial desde que Hugo Chávez asumió el poder, en 1999, y la tercera del chavismo con Maduro de candidato. La gran novedad respecto a los últimos comicios de 2018 -en las que el oficialismo triunfó con más de 40 puntos de diferencia- es que la oposición mayoritaria logró nuclearse en torno a un único nombre. El pronóstico está completamente abierto: ambos se muestran confiados en la victoria y exhiben encuestas que los vaticinan ganadores, incluso por márgenes de más de 30 puntos. La sensación reinante es que cualquier cosa puede pasar. Estilos La campaña se inició oficialmente el 4 de julio, aunque el clima electoral ya se palpitaba desde hacía varios meses. Maduro, que va por el Gran Polo Patriótico (GPP), la vivió de una manera frenética: llegó a hacer hasta cuatro actos en un mismo día, en diferentes ciudades. La dinámica que adoptó para sus presentaciones combinó prédica política, música y coreografías casi en partes iguales. De hecho, luego de terminar sus discursos, el presidente se quedó en varias ocasiones bailando con sus seguidores. González Urrutia, por su parte, también recorrió el país con actos multitudinarios, aunque siempre opacado por la figura de María Corina Machado. La ex diputada es considerada el principal referente antichavista de Venezuela, pero está inhabilitada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para ejercer cargos públicos por 15 años debido a irregularidades en su declaración jurada de bienes. Por eso, el 20 de abril eligió al diplomático, un completo desconocido en la escena política hasta ese entonces, como su “representante” en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Estas elecciones se dan en un contexto muy particular. Luego de muchos años de crisis humanitaria, inflación por las nubes y falta de productos básicos, la economía comenzó a mostrar señales de recuperación. De hecho, el FMI pronostica un crecimiento anual del 4,5%, el más alto de la región. Este es uno de los grandes ejes de campaña de Maduro, quien se jacta de que fue su gestión la que sacó el país adelante, frente a las numerosas sanciones y bloqueos internacionales. Otra de las herramientas con las que el presidente busca reconquistar a los desencantados y motivar a los convencidos es la permanente evocación al legado de Chávez, a quien bautizó como el “Comandante Infinito”. Por el lado de la oposición, González y Machado dan su victoria por descontada y dicen que sólo pueden ser derrotados si el gobierno manipula los votos. “La única manera de que Maduro gane es con un fraude monumental y todos sabemos que eso no va a ser sostenible”, afirmó ante la prensa la mujer de 56 años. De cara a esta narrativa construida por sus contrincantes -similar a lo que sucedió en otros comicios- el oficialismo remarcó una y otra vez la transparencia y eficacia del sistema electoral venezolano. Habrá unos 630 observadores y veedores internacionales supervisando la jornada, entre ellos cuatro expertos de la ONU.

Quito | Prensa Latina Varias personas murieron este sábado en Ecuador como consecuencia de un ataque armado a una estación de bomberos del municipio Durán, provincia costera de Guayas, donde está vigente un estado de excepción. Medios locales reportaron que dos de los fallecidos son miembros del cuerpo de bomberos de la ciudad y un tercero no estaría vinculado al organismo. El portal Primicias indicó que otras dos personas estarían heridas, mientras en redes sociales usuarios mencionan que en total fueron cinco los asesinados. La Policía Nacional no se ha pronunciado hasta ahora sobre el hecho. El cantón Durán permanece intervenido desde el pasado 17 de julio por el llamado Bloque de Seguridad, integrado por fuerzas policiales y militares. Esa localidad, junto a las urbes de Samborondón y Guayaquil, integran la Zona 8, una de las más peligrosas del país. El Gobierno de Ecuador aseguró el pasado martes que las muertes violentas disminuyeron en Durán. En Ecuador siete provincias se encuentran bajo estado de excepción y, además, rige la declaratoria de conflicto armado interno, una disposición con la cual el presidente Noboa busca frenar la inseguridad y el crimen organizado. La ministra del Interior, Mónica Palencia, informó que del 1 de enero al 21 de julio hubo 774 homicidios menos que en el mismo período del año anterior, o sea, una reducción del 19 por ciento. No obstante, ante la permanencia de delitos, la Asamblea Nacional convocó a Palencia y al titular de Defensa, Gian Carlo Loffredo, a rendir cuentas sobre las acciones y resultados del Bloque de Seguridad.

Río de Janeiro | Agencias Los ministros de Finanzas del G20 concluyeron su reunión en Río de Janeiro con la aprobación de tres documentos en los que destacaron las propuestas brasileñas para que se cree un impuesto a los ultrarricos y se conforme una Alianza Global de Combate a la Pobreza y el Hambre. Los dos asuntos prioritarios para Brasil, que ejerce este año la presidencia temporal del foro que reúne a las mayores economías del mundo, fueron citados en diferentes apartes de dos de los documentos, afirmó el ministro brasileño de Hacienda, Fernando Haddad, en la rueda de prensa que concedió al final de la cita, informó la agencia de noticias Efe. El ministro calificó estas menciones como “victorias importantes” ya que, desde hacía dos años y medio, con el comienzo de la guerra en Ucrania a inicios de 2022, los ministros de Finanzas del G20 no emitían ninguna declaración consensuada ni comunicado conjunto. Las diferencias En Río, en cambio, fue aprobado el comunicado final de la reunión ministerial, en el que quedaron plasmadas las diferentes preocupaciones de los miembros del foro, y una declaración sobre cooperación en materia de tributación, que incluyó la propuesta brasileña para que se cree un impuesto universal sobre la riqueza de los ultrarricos. La aprobación de los documentos solo fue posible gracia a que Brasil, como presidente temporal del foro, publicó un tercer comunicado en que especificó las divergencias de los miembros del grupo en asuntos geopolíticos, especialmente en torno a las guerras en Ucrania y Gaza. Impuesto a los ultrarricos En cuanto al endoso del G20 al impuesto a los ultrarricos, Haddad afirmó que se trata de algo histórico y de una “victoria moral” de Brasil. “El solo hecho de que esta propuesta conste en la declaración es algo que pocos imaginaban posible. Hoy consta en un documento oficial de las veinte naciones más ricas del mundo. Del punto de vista moral es importante que estas naciones reconozcan que tenemos un problema cuando los pobres pagan más impuestos que los ricos”, dijo. Según un estudio encomendado por Brasil, si los cerca de 3.300 multimillonarios del mundo pagaran el equivalente al 2 % de sus riquezas en impuestos sería posible recaudar anualmente entre 200.000 y 250.000 millones de dólares para financiar proyectos de combate a la pobreza, el hambre y los cambios climáticos. “Tras ser incluida en una declaración del G20, el asunto deja de ser de interés de Brasil y pasa a ser de todo el grupo. Conversaremos con la próxima presidencia del foro para que mantenga en compromiso en la pauta”, dijo. Haddad afirmó igualmente que Brasil inició paralelamente conversaciones con un grupo de trabajo de la ONU sobre tributación justa y con los miembros de la OCDE sobre posibles formas de implementación del impuesto. Los países del G20 se comprometieron a cooperar para evitar que los ultrarricos evadan sus obligaciones fiscales en el documento aprobado este viernes por los ministros de Finanzas del foro y que cita la propuesta de Brasil para que se cree un impuesto universal sobre la riqueza de estas personas. “Con pleno respeto a la soberanía fiscal, buscaremos cooperar para garantizar que las personas con un patrimonio neto ultra alto paguen impuestos de manera efectiva”, asegura la declaración aprobada por los ministros de las veinte mayores economías del mundo. La llamada “Declaración Ministerial del G20 sobre Cooperación Tributaria Internacional”, considerada como histórica por Brasil, destaca la necesidad de combatir la evasión fiscal de los más ricos y menciona los estudios encomendados por el foro sobre la adopción de un impuesto universal sobre la riqueza de los multimillonarios.