2025

Prensa Latina Moscú, 13 agosto (Prensa Latina).-  El Servicio Federal de Seguridad (FSB por sus siglas en ruso) anunció hoy la detención de un agente ucraniano que planificaba sabotajes en el sistema del ferrocarril transiberiano. Según la nota del ente de seguridad dada a conocer este miércoles a la prensa, el detenido tenía previsto afectar el sistema electrónico de la red ferroviaria más larga del mundo, para lo cual ideó un plan que consistía en prender fuego a varias casillas electrónicas. La idea del sabotaje era bloquear el transporte de cargas en interés de la operación militar, señaló el FSB en un comunicado. La entidad precisó además que el detenido había sido reclutado por el servicio de inteligencia de Ucrania. El comunicado añade que el sujeto, de nacionalidad rusa, fue detenido en la región de Kírov. La justicia abrió un proceso penal contra el individuo por participación en un grupo terrorista, alta traición y otros cargos.

DW Actualidad México entregó este martes a 26 presuntos narcotraficantes a la justicia de Estados Unidos, entre quienes figuran miembros de «alto perfil» de los dos principales cárteles mexicanos, informaron las autoridades de ambos países. Entre los transferidos se encuentran capos de los Cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Sinaloa, señaló la embajada de Estados Unidos en México. En febrero, Washington designó a esos grupos como organizaciones terroristas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos detalló en un comunicado la identidad de los 26 presuntos criminales, a los que señala como responsables de haber introducido a ese país «toneladas de peligrosas drogas, como cocaína, metanfetaminas, fentanilo y heroína». La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, declaró que el traslado «es el más reciente ejemplo de los esfuerzos históricos de la administración Trump para desmantelar a los cárteles y las organizaciones terroristas internacionales». El documento destaca casos como el de Abigael González Valencia, líder de «Los Cuinis», considerado el brazo financiero del CJNG y cuñado del líder de grupo criminal. «La Tuta», «El Chavo Félix» y «El Flaquito» Otro capo de alto perfil es Servando Gómez Martínez, apodado «La Tuta», quien fuera uno de los jefes La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Es considerado entre los responsables de promover una escalada en la violencia y la saña con la que actúan los narcotraficantes. La lista también incluye a Juan Carlos Félix Gastelum, apodado «El Chavo Félix» y yerno de uno de los jefes del cartel de Sinaloa, y a Pablo Edwin Huerta, alias «El Flaquito», de la diezmada banda de los hermanos Arellano Félix. Hay jefes de seguridad de distintas bandas criminales y hasta un piloto que servía a los jefes del cartel de Sinaloa. Posible cadena perpetua Salvo el caso de un presunto traficante de migrantes originario de Sierra Leona, todos enfrentan la pena de cadena perpetua, según el comunicado. Las autoridades mexicanas indicaron que el traslado se dio «bajo solicitud del Departamento de Justicia» de Estados Unidos, que «se comprometió a no solicitar la pena de muerte para los reos en su país». Según una declaración del gobierno y la Fiscalía General de México, los 26 acusados se encontraban detenidos en diferentes cárceles y «representaban un riesgo permanente a la seguridad» del país. Los 26 presos fueron entregados bajo un procedimiento legal abreviado, que excluye instancias previstas en los casos de extradición. El gobierno de Sheinbaum justifica este tipo de medidas al señalar que algunos narcos recuperan la libertad porque supuestos jueces corruptos les conceden recursos de amparo. Uno de los capos que sigue prófugo es el líder del CJNG, Nemesio Oseguera, alias «El Mencho», por quien Washington ofrece hasta 15 millones de dólares por su captura.

Telesur El presidente de Colombia Gustavo Petro solicitó una reunión de urgencia para todos los cancilleres y ministros de América Latina ante la amenaza de agresión e inherencia del Gobierno de los Estados Unidos (EE.UU.). «Y nosotros no traicionamos la bandera, es bandera de soberanía y de libertad pase lo que pase» dijo. «Por eso los ministros, cancilleres de América Latina tiene que reunirse lo más pronto posible, porque nos han amenazado, porque quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar», agregó. Siguiendo esa línea, aseguró que sabe que «el narcotráfico que aquí existe (en Colombia) me quiere matar y a mi familia», agregando al mismo tiempo, que «a Trump no»…»porque los estamos (a los narcotraficantes) destruyendo». Asimismo, apuntó que solicitó al general colombiano Carlos Fernando Triana Beltrán, actual Director General de la Policía Nacional de Colombia y Presidente de AMERIPOL, que se articule no solo a Venezuela, sino al mundo y a los países latinoamericanos y caribeños. Entretanto, aseguró que conoce al narcotráfico: «he dado batallas contra él , no porque esté de acuerdo con la política de antinarcóticos de EE.UU porque me parece que equivocada y hace que mueran gratuitamente los latinoamericanos». «Ahora (los estadounidenses) tienen un satán dentro de su sociedad que se llama Fentanilo y mueren 100.000 al año y no se produce en Colombia porque solo se producen con grandes aparatos industriales y nosotros lamentablemente no producimos, no desarrollamos la industria», ultimó. La solicitud de Petro ocurre tras su advertencia el pasado domingo, donde subrayó que cualquier intento intervencionista contra Caracas es una agresión contra Colombia y los pueblos latinoamericanos. «Transmito públicamente mi orden dada, como Comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia«, acotó. Asimismo, continuó que «cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe. Es una contradicción fundamental a nuestro principio de Libertad. «Libertad o muerte», gritó Bolívar, y el pueblo se sublevó». Con anterioridad, Petro instó a Washington y a Venezuela a «coordinar las acciones contra el narcotráfico, de manera multinacional y coordinada, sin menoscabo de la soberanía nacional. Lo que debe morir es la codicia del narcotráfico, detritus del capitalismo, pero no el proyecto de Bolívar».

Prensa Latina Amán, 13 ago (Prensa Latina) Las Fuerzas Armadas de Jordania efectuaron un nuevo lanzamiento aéreo de asistencia humanitaria sobre la asediada Franja de Gaza, en coordinación con naciones amigas, informó hoy la institución castrense. En un comunicado, las autoridades militares precisaron que aeronaves de carga del Reino Hachemita, Alemania, Emiratos Árabes Unidos, Bélgica, Francia e Italia participaron en la operación conjunta, que entregó unas 75 toneladas de suministros a la población gazatí, víctima de la devastación provocada por la agresión israelí. Con esta acción, el número de misiones de lanzamiento aéreo efectuadas exclusivamente por la Fuerza Aérea Jordana asciende a 152, mientras que las realizadas en cooperación con otras naciones y socios internacionales suman 325 En la misma jornada, la Organización Benéfica Hachemita de Jordania (JHCO) anunció igualmente la llegada de un nuevo convoy terrestre con 28 camiones cargados de alimentos, que cruzaron desde territorio jordano hacia Gaza. El secretario general de la JHCO, Hussein Shibli, subrayó en declaraciones al canal jordano Al-Mamlaka que la ayuda se mantiene “por todos los medios posibles”, combinando envíos terrestres con lanzamientos aéreos para aliviar las condiciones de la población bajo asedio. En las últimas dos semanas, Jordania envió 282 camiones de asistencia, de los cuales 220 ya lograron ingresar al enclave, precisó la entidad. Desde el 27 de julio pasado, los puentes aéreos jordanos han transportado cerca de 762 toneladas de alimentos y materiales de socorro, en paralelo con la operación de dos hospitales de campaña en Gaza: uno en el norte, instalado en 2009, y otro en Khan Younis, abierto en noviembre de 2023, en plena escalada bélica iniciada el 7 de octubre de ese año. Asimismo, las Fuerzas Armadas de Jordania mantienen desde finales de noviembre de 2023 un hospital de campaña en la ciudad cisjordana de Nablus. La ayuda incluye también la operación de una panadería diaria en el sur de Gaza, establecida por la JHCO en conjunto con la campaña de asistencia nacional. La instalación produce unos 40 mil hogazas de pan diarias, en medio de un bloqueo que ha disparado los precios y provocado una aguda escasez de alimentos. Otro pilar de la respuesta humanitaria es la iniciativa «Restaurando la Esperanza», lanzada en septiembre de 2024 bajo directrices reales, para proveer prótesis a las víctimas de amputaciones causadas por la guerra, en coordinación con los Servicios Médicos Reales y la JHCO.

Rusia Today Los militares chinos han expulsado este miércoles al destructor estadounidense USS Higgins mientras navegaba cerca del disputado bajo de Masinloc en el mar de la China Meridional. El portavoz del Comando del Teatro Sur del Ejército Popular de Liberación, He Tiecheng, declaró que el buque de guerra de EE.UU. entró ilegalmente, sin autorización previa, en las aguas territoriales de China al acercarse al atolón que Pekín considera suyo. La Armada del Comando del Teatro Sur movilizó sus fuerzas para monitorear, emitir advertencias y expulsar al buque de conformidad con las leyes y regulaciones, precisó el vocero, denunciando que las acciones de Washington violaron gravemente la soberanía y seguridad de Pekín, el derecho internacional, y socavaron la paz y estabilidad en el mar de la China Meridional. Las fuerzas navales chinas permanecen en alerta máxima en todo momento, aseveró He. China y Filipinas se disputan la soberanía del mencionado banco de arena, un rico lugar de pesca ubicado a unos 200 kilómetros de Filipinas y a 850 kilómetros de China. El control de este atolón es estratégico para Pekín, que reclama los derechos sobre la mayor parte del mar de la China Meridional. El mar de la China Meridional ha sido una fuente constante de tensión durante años, al ser objeto de reclamaciones territoriales y marítimas por parte de múltiples actores de la región: China, Vietnam, Filipinas, Taiwán, Malasia, Indonesia y Brunéi.

DW Actualidad El Ministerio de Comercio de China confirmó este martes la extensión de la tregua arancelaria entre Pekín y Washington durante otros 90 días, tras las negociaciones mantenidas entre ambas potencias en Londres y Estocolmo en junio y julio, respectivamente. La cartera comunicó en un texto la prórroga de la tregua alcanzada hace tres meses en Ginebra, Suiza, donde negociadores de ambas partes acordaron que Estados Unidos reduciría del 145 % al 30 % los gravámenes a los productos chinos, mientras que China haría lo propio con los aranceles impuestos a los bienes estadounidenses, del 125 % al 10 %. La Cancillería china había declarado el lunes que esperaba «esfuerzos» por parte de Estados Unidos para lograr un «resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo». «Esperamos que Estados Unidos colabore con China para cumplir con el importante consenso alcanzado entre los dos jefes de Estado, aproveche el mecanismo de consulta económica y comercial establecido y se esfuerce por lograr un resultado positivo basado en la igualdad, el respeto y el beneficio mutuo», indicó el Ministerio de Exteriores en un comunicado. Llamada telefónica entre Trump-Putin Durante las conversaciones en Estocolmo a finales de julio, ambas partes mostraron su voluntad de seguir priorizando el diálogo sobre la escalada en una guerra comercial que llegó a amenazar con desordenar las cadenas de suministro y sacudir los mercados, dado que los aranceles cruzados equivalen a un embargo comercial ‘de facto’ entre las dos mayores economías del mundo. El encuentro en la capital sueca siguió al mantenido en Ginebra, a otro en Londres y a la conversación telefónica que mantuvieron en junio el presidente estadounidense, Donald Trump, y su homólogo chino, Xi Jinping, para limar asperezas. La cita en Londres se saldó con la aprobación, por parte de Pekín, de solicitudes de exportación de tierras raras, mientras que Washington retiró algunas de las «medidas restrictivas” impuestas a China, entre ellas ciertos controles a la exportación de chips. A pocas horas de que expirase la tregua comercial, Trump instó a China a cuadruplicar sus compras de soja estadounidense, al tiempo que Washington ha mencionado en los últimos días la posibilidad de sancionar a Pekín por la importación de petróleo ruso, en un contexto marcado por la negativa del Kremlin a poner fin a la guerra en Ucrania. China defiende su derecho a mantener relaciones comerciales normales con sus socios y rechaza la presión de Trump, que el viernes mantendrá una histórica reunión con su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska.

BBC News Era enero de 1991, cuando tras varios meses de secuestro la destacada periodista Diana Turbay, de 40 años e hija del expresidente Julio Cesar Turbay, fue asesinada en un polémico intento de rescate. Su hijo menor, Miguel Uribe Turbay, estaba cerca de cumplir 5 años. 34 años más tarde Miguel, convertido en un político con título de abogado y maestría en políticas públicas que había conseguido trabajar en la Alcaldía de Bogotá, ser concejal de esa ciudad y, más recientemente, senador de la República, se perfilaba como uno de los candidatos favoritos para las próximas elecciones presidenciales. Hasta que el pasado 7 de junio fue brutalmente baleado en un evento público de su campaña y en plena calle. La noticia de su atentado, como en su momento la del secuestro de su madre, acaparó los titulares de prensa y generó indignación en el país. Las autoridades iniciaron la investigación para dar con los responsables. Seis personas fueron detenidas como sospechosas, incluido un adolescente de 15 años, acusado de ser el autor material de los disparos. En la madrugada de este lunes 11 de agosto y luego de más de dos meses en cuidados intensivos, Miguel Uribe Turbay falleció a sus 39 años, casi a la misma edad que falleció Diana, su madre. Su único hijo, Alejandro, también está cerca de cumplir 5 años. BBC Mundo reconstruye la historia de la familia Turbay que, como muchas otras familias colombianas, ha sido víctima de una violencia sistemática que ha dejado a millones de niños huérfanos.   El origen de Diana y Miguel Los padres de Diana Turbay Quintero fueron personalidades relevantes en la historia reciente de Colombia. Julio Cesar Turbay Ayala, su padre, fue presidente entre 1978 y 1982. De ascendencia libanesa y miembro del partido liberal, ocupó varios cargos diplomáticos. Nydia Quintero, su madre, dedicó su vida al trabajo social y la filantropía. Creó la Fundación Solidaridad por Colombia con la que institucionalizó una caminata anual que busca recoger fondos para obras sociales. Diana nació en 1950, fue la mayor de cuatro hermanos con quienes creció en Bogotá. Aunque estudió Derecho, no ejerció como abogada y en cambio forjó una exitosa carrera como periodista. De su primer matrimonio nació María Carolina Hoyos Turbay, en 1972, quien también se dedicó al periodismo y a la función pública en el área de comunicaciones. Y de su segundo matrimonio, con el empresario Miguel Uribe Lodoño, nació su hijo Miguel Uribe Turbay en 1986. Miguel solo pudo compartir sus primeros años de vida con su mamá, «yo he conocido a mi mamá a partir de las historias de otras personas, especialmente de mi familia», dijo en un documental sobre la historia de Diana publicado hace nueve años. La última vez que la vio, fue en la mañana en la que ella salió a un supuesto viaje de trabajó que resultó ser una trampa y derivó en secuestro. «Tengo clarísima la imagen del último día en que la vi, el último abrazo y el beso antes de que se fuera. Si para un adulto la muerte es difícil de entender, para un niño es peor», recordó Miguel Uribe en una entrevista para la revista Bocas en 2021. La tragedia de Diana En plenos años 80 e inicio de los 90 Diana Turbay Quintero era una periodista reconocida en Colombia, mientras el narcotráfico estaba en auge y las guerrillas en expansión. Trabajaba como directora de una revista independiente y de un noticiero de televisión cuando le tocó registrar, en un lapso de ocho meses, el asesinato de tres candidatos presidenciales: Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Su hijo Miguel es el cuarto aspirante a la presidencia asesinado en la historia reciente del país. En ese contexto de violencia desmedida, Diana Turbay recibió una propuesta para entrevistar a alias El Cura Perez, quien era líder del Ejército de Liberación Nacional, ELN, pues se hablaba de ciertos acercamientos e intentos de diálogo entre esa guerrilla y el gobierno de entonces. «Yo creo que mi mamá siempre soñó con la paz de Colombia (…) y como desde el periodismo podía aportar un granito de arena…», contó María Carolina en el documental sobre la vida de Diana. Diana aceptó la entrevista, viajó con un grupo de colegas a la selva para el supuesto encuentro, pero resultó ser una trampa que le tendió el llamado grupo de extraditables, conformado por varios narcotraficantes entre los que se encontraba Pablo Escobar. Los capos secuestraron a varias personalidades para presionar al gobierno y que no aceptara extraditarlos, pues decían preferir una tumba en Colombia a una celda en una cárcel de Estados Unidos. Diana Turbay fue la primera víctima de esa macabra estrategia. Estuvo secuestrada durante cinco meses en una finca en Antioquia, hasta que en un intento de rescate por parte de las autoridades resultó gravemente herida. Según informó la prensa local, Diana y su compañero camarógrafo intentaron huir al escuchar el sobrevuelo de un helicóptero, pero sus captores tenían la orden de no dejar que fuera rescatada con vida. El 25 de enero de 1991 y pese a haber llegado con vida al hospital más cercano, Diana falleció, luego de recibir varios impactos de bala. 18 años después, en 2009, el crimen fue declarado delito de lesa humanidad.

Página 12 Este lunes por la mañana, centenares de personas llevaron en andas al cementerio Sheikh Radwan los cadáveres envueltos en sábanas de los seis periodistas asesinados en Gaza por un dron israelí, entre lágrimas y al grito de «con nuestra alma y nuestra sangre, nos sacrificamos por ti, Anas», en referencia al periodista Anas Al Sharif muerto el domingo junto con Mohammed Qreiqeh y los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa (el equipo completo de Al Jazeera); y Mohammed Al Khaldi, periodista freelance. Mohamed Ahdad, editor de Al Jazeera Journalism Review, declaró a Página/12: «Nuestros corazones están rotos porque la ocupación israelí asesinó a nuestros colegas. Es tan doloroso cuando ves las fotos de sus hijos y sus familias.  Esos reporteros estaban celebrando la vida, ellos amaban la vida, pero tenían que reportar la muerte, el genocidio. Israel no quiere que el mundo vea la realidad. Querían cerrar los medios. Y nuestros reporteros estaban luchando, desesperados. Nunca se sentían seguros porque habían sido amenazados.  Es tan doloroso sentir que nuestros colegas se sientan solos en Gaza. Ya 237 periodistas han sido asesinados, la mayoría son sólo números. Es muy doloroso porque sienten que están solos, cuando a los medios internacionales no les permiten entrar a Gaza; no recibieron suficiente apoyo o protección. Nadie hizo nada por protegerlos». Ahdad continúa su relato: «Estaba viendo Al Jazeera hoy. Al Sharif había reporteado la muerte de sus colegas. Hoy no tuvimos a nadie para reportear su muerte, la de Muhammad Al Qreiqeh y otros. Fue tan doloroso: no había nadie para hablar en la cámara. No culpo a la comunidad internacional o a las organizaciones internacionales.  Culpo a ciertos colegas, a los periodistas, a las organizaciones de medios que justificaron el asesinato de periodistas en Gaza. Porque están adoptando la narrativa israelí al mostrar a los periodistas como criminales que merecen la muerte. Mi mensaje es el de un periodista a un periodista. Tenemos que combinar nuestros esfuerzos para llevar a los asesinatos a la justicia; si no, la violencia contra los periodistas se va repetir en todo el mundo. Mi mensaje es que matar al periodista no va a matar la historia». El mundo repudia Martin Roux, dirigente de la ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) declaró a BBC News Channel que es «aterrador» que Israel se haya otorgado «el derecho a matar a periodistas cuando decide que son terroristas». La ONG Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) había acusado a Israel por su «campaña de desprestigio» contra Al Sharif. Jodie Ginsberg, directora del CPJ, dijo: «Advertimos que esto nos parecía un preludio para justificar un asesinato; esto forma parte de un patrón que se remonta a décadas, en el que se asesina a periodistas; los periodistas son civiles. Nunca deben ser objetivo en una guerra. Y hacerlo es un crimen de guerra. La ley internacional es clara en que los combatientes activos son los únicos objetivos justificados en un escenario de guerra». Reporteros sin Fronteras (RSF) condenó «airadamente el asesinato reconocido por el ejército israelí» de Anas Al Sharif, de quien dijo que era «uno de los periodistas más famosos de Gaza y la voz del sufrimiento que Israel ha impuesto a los palestinos». Y pide que se ponga fin a «la estrategia de bloqueo informativo de Israel, destinada a ocultar los crímenes cometidos en el enclave sitiado y hambriento». En 2024, Al Sharif recibió el Premio Defensor de los Derechos Humanos de Amnistía Internacional. Ahora declararon: «Estamos devastados y desconsolados; Anas dedicó su vida a ponerse delante de las cámaras, denunciar las atrocidades de Israel. Los valientes periodistas que han informado desde el inicio del genocidio han estado trabajando en las condiciones más peligrosas del planeta. Arriesgando sus vidas, se han quedado para mostrar al mundo los crímenes de guerra que Israel comete contra casi dos millones de mujeres, hombres y niños; Israel no sólo está asesinando a periodistas, sino que ataca al periodismo mismo al impedir la documentación del genocidio».

Telesur Líderes políticos, sociales, sindicales y culturales de América Latina y el Caribe emitieron un comunicado en solidaridad con el mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en rechazo absoluto a las recientes declaraciones de la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, “quien en un acto carente de sustento jurídico y en abierta violación del Derecho Internacional, anunció una recompensa millonaria para propiciar la captura del presidente…”, reza el texto. De acuerdo con los más de 400 firmantes, incluidos expresidentes y exministros, intelectuales, académicos y periodistas, así como dirigentes sindicales y sociales, la postura estadounidense representa una violación flagrante del Derecho Internacional y un atentado directo contra la soberanía de Venezuela. Asimismo, advierten que esta acción amenaza la paz regional y viola los principios básicos de no intervención en los asuntos internos de los países. Reconocen el pronunciamiento de Bondi como un peligroso precedente para otros Gobiernos que defienden su independencia frente a presiones externas. El comunicado patentiza un respaldo activo al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezolano, destacando la resistencia digna que han mantenido frente a las políticas de agresión injerencista. A la vez, critican que estos ataques buscan doblegar, sin éxito, la voluntad de autodeterminación de los bolivarianos. El documento convoca a las naciones, movimientos sociales y fuerzas vivas de la región a mantenerse alertas y a pronunciarse contra esta medida. Insiste en la necesidad de reafirmar que Venezuela y en la unidad de los pueblos como “la mejor defensa frente a cualquier intento de dominación”. De acuerdo con el comunicado, América Latina y el Caribe no aceptan tutelajes ni amenazas, subrayando el derecho soberano de los pueblos a determinar su destino. Lideran la lista destacados expresidentes y altos funcionarios de América Latina, como Ernesto Samper (Colombia), Rafael Correa (Ecuador), Evo Morales (Bolivia); y los excancilleres como Jorge Lara Castro (Paraguay), Hugo Martínez (El Salvador), Guillaume Long y Ricardo Patiño (Ecuador). También se suman figuras como el exembajador Carlos Raimundi y Oscar Laborde, expresidente del PARLASUR. Entre los premios y referentes internacionales figuran Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de Argentina; Lorena Peña Mendoza, presidenta mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM); Maite Mola, responsable de Relaciones Internacionales del Partido de la Izquierda Europea; Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboristas; y Claudio Yacoy, presidente del Foro Internacional de Derechos Humanos. El grupo de legisladores incluye a Daniel Caggiani, senador de Uruguay por el Frente Amplio; Alberto Gillon y Jorge Querey, exsenadores del Frente Guazú en Paraguay; Marcelo Brignoni, diputado de Santa Fe, Argentina; Sigfrido Reyes, expresidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador; y Yeidckol Polevnsky, senadora del Partido del Trabajo de México. Destacan también líderes sindicales y sociales como Julio Fuentes, presidente de CLATE; Yesica Leyes, secretaria nacional de juventud de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Argentina; Noelia Naranjo, secretaria general del Sindicato de Docentes de UNCUYO; junto a intelectuales y profesores universitarios como Juan Carlos Monedero y Atilio Boron, además de activistas como Michelle Ellner. Académicos, escritores y periodistas de la región firman en apoyo, entre ellos Stella Calloni, Telma Luzzani, Fernando Garzón Orellana, y representantes culturales junto a la prensa alternativa, como Carlos Aznarez, director de Resumen Latinoamericano, y Carlos Pronzato, cineasta brasileño. Asimismo, integran esta amplia manifestación numerosas organizaciones sociales, culturales y movimientos políticos, como el MST de Brasil representado por João Pedro Stedile, la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo con Mónica Valente, y movimientos sociales de Chile, Colombia, Paraguay, México y otros países, desplegando un fuerte respaldo colectivo. Finalmente, se suman numerosos activistas, comunicadores, sindicalistas y referentes de diversas corrientes políticas y sociales, tanto individuales como integrantes de colectivos y organizaciones en toda América Latina, el Caribe y también desde Brasil, España, y otras regiones, mostrando una expresiva unidad regional en defensa de la soberanía venezolana y la dignidad de sus pueblos. 5.-

Telesur La investigación sobre el fentanilo contaminado en Argentina, que provocó 76 muertes, avanza bajo el Juzgado Federal N.º 3 de La Plata, a cargo del juez Ernesto Kreplak. En una entrevista con la prensa, el magistrado confirmó que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) identificó dos lotes contaminados producidos por HLB Pharma Group S.A. y distribuidos por Ramallo S.A.. Uno de los lotes, con unas 45.000 ampollas aplicadas, contenía bacterias multirresistentes como Ralstonia pickettii y Klebsiella pneumoniae, mientras que el segundo lote no llegó a administrarse. “Uno tuvo una alta circulación y se aplicó ampliamente. Del otro no llegó a administrarse ninguna dosis porque recién había salido a la calle”, precisó Kreplak. La Justicia estima que el número de víctimas fatales podría superar las 100, dado que aún no se rastrearon todas las ampollas contaminadas. Aunque el fentanilo en circulación actual está libre de contaminación, el caso expone fallos en la trazabilidad de medicamentos en Argentina. La investigación reveló un “entramado societario complejo” que involucra a nueve empresas, incluida HLB Pharma Group, y a su principal titular, Ariel García Furfaro. Según el dictamen judicial, citado por EFE, las maniobras de estas firmas sugieren intentos de ocultar conductas ilícitas. Vale acotar también que la Anmat inhabilitó a HLB Pharma para producir, importar, exportar o comercializar medicamentos, prohibiéndole operar en el sector sanitario. Por su parte, el Ministerio de Seguridad presentó una denuncia penal el 3 de agosto contra HLB Pharma Group por entregar un certificado falso ante el Registro Nacional de Precursores Químicos (RENPRE) para renovar su habilitación de importación de opiáceos. La irregularidad detectada fue un domicilio incorrecto en el certificado municipal, según medios locales. Kreplak describió el caso como un “problema sanitario serio” y destacó la dificultad para rastrear las 154.000 ampollas contaminadas debido a deficiencias en los sistemas de control. Al mismo tiempo, la Justicia trabaja para identificar casos no denunciados y determinar las responsabilidades de empleados y directivos de las empresas involucradas. En ese sentido, el juez subrayó que desde el comienzo ya estába(n) pensando en más de 100 víctimas”. La investigación, calificada como “extensa, compleja y con múltiples aristas”, busca esclarecer cómo los lotes contaminados llegaron a hospitales y causaron paros cardiorrespiratorios en pacientes de unidades de cuidados intensivos. Además, el magistrado abogó por implementar un sistema de seguimiento más riguroso para este opiáceo sintético, usado como analgésico y anestésico en tratamientos de dolores intensos.