La Paz, 29 de noviembre (El Nuevo Cambio).- El Grupo Iberoamericano de Magistrados (Grupo IBA), observó la auto prórroga de los magistrados en Bolivia y expresó su “profunda preocupación” por las violaciones a la justicia y derechos ciudadanos.
En un comunicado dice que la prórroga de mandato por tiempo indefinido derivaría en violaciones a las responsabilidades del juez natural, generando principalmente incertidumbre y poniendo en riesgo la legitimidad de los más altos tribunales de justicia en Bolivia.
Afirma que el mandato constitucional de 6 años de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en Bolivia, “expiró el 31 de diciembre de 2023, sin que haya tenido lugar hasta el presente la celebración de las elecciones judiciales para la conformación de nuevas autoridades”.
El Grupo IBA, reúne a jueces de 92 países del mundo y tiene como principal objetivo salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales, es una de las organizaciones más importantes en el campo de la justicia en el mundo.
Este grupo recordó que la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), en su artículo 8.1 sobre “Garantías Judiciales”, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías, y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”.
Afirma que la prórroga de mandato por tiempo indefinido, dispuesta por el TCP, a través de la Declaración Constitucional 049/2023 del 11 de diciembre, “da lugar a la violación del juez natural y genera incertidumbre, poniendo en riesgo la legitimidad de los más altos tribunales de justicia”.
Las reiteradas acciones de amparo, con la finalidad de suspender el proceso de preselección de candidatos, puede considerarse como un posible intento de instrumentalizar esta acción de defensa y representan una grave amenaza a las elecciones judiciales de diciembre de 2024, sostiene.
El Grupo Iberoamericano hizo un llamado a las autoridades judiciales de Bolivia para que “no permitan la utilización de los recursos legales, como los amparos constitucionales, en finalidades aparentemente políticas”.
El comunicado fue firmado por el presidente y el vicepresidente del Grupo IBA-UIM, magistrados Walter Barone y Francisco Silla, respectivamente, en Sao Paulo (Brasil), el 26 de noviembre de este año.
