Por Rigucho Cortéz
El procurador general del Estado, César Siles, se ha esforzado estos días, a través de algunos medios de comunicación, sobre todo oficialistas, por transmitir a la opinión pública, de que el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, ya no puede ser candidato en unas próximas elecciones.
Dice que la opinión consultiva 28/21 emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, rechaza la reelección indefinida en sistemas presidenciales, “determinación que tiene carácter vinculante en Bolivia”.
En un estilo cantinflesco, no logró aclarar el significado de “opinión consultiva” y también se refirió a una sentencia ilegal del Tribunal Constitucional Plurinacional, con magistrados truchos, auto prorrogados que anularon una anterior, la número 084/2017 que si viabiliza la reelección.
Hay que preguntarse, sin embargo, por qué el Gobierno o mejor, el presidente Luis Arce Catacora, debe ser él, instruyó al procurador a tratar de convencer, a través de sus medios, que lo ilegal es legal.
Cuál es la preocupación en Lucho y David de que el expresidente Morales sea candidato en las elecciones nacionales de 2025, por qué tanto interés en evitar que participe. Sin lugar a dudas, hay algo por detrás.
No sólo han hecho todo lo posible para que Evo pierda vigencia en las organizaciones sociales, para su pesar, sin embargo, es cada vez más fuerte, tiene más apoyo, donde va la gente se concentra, lo vitorea, lo escucha y le dice “Evo no estas solo”, tienes que volver.
Han intentado dividir las organizaciones sociales corrompiendo a los dirigentes, la mayoría de ellos nunca fueron representativos en sus sectores. Han tratado de resucitar a varios de ellos, que hace años estaban fuera de sus sectores por diversos motivos, corrupción o traición.
Todavía quieren quitarle la sigla a Evo y con seguridad, si no pueden, intentarán proscribir al Movimiento al Socialismo, Instrumento por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP). Para todo ese su objetivo, han desintitucionalizado los poderes del Estado.
El Judicial prácticamente no existe, está sometido, los magistrados son ilegales y funcionan a las órdenes del gobierno, a través del ministro de Justicia, Iván Lima. El Tribunal Electoral está intentando resistir, pero sus vocales están sometidos a presiones, ojalá ellos demuestren dignidad y defiendan la imparcialidad de ese órgano electoral.
La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) no sabemos qué hace, a quién representa. A través de disposiciones ilegales de la cuestionada justicia, los han dejado en la práctica inservibles. Solo funciona el Senado, en diputados hay un presidente “millonario”, nadie sabe de dónde, no hace nada y el gobierno lo protege.
En fin, intentemos desentrañar esos intereses ocultos que tiene el gobierno para evitar que Evo Morales sea candidato, a pesar de que ministros, viceministros, dirigentes oficialistas afirman que no tiene apoyo en la ciudadanía.
Se me ocurre, después de hablar con muchos experimentados analistas, que a Lucho Arce no le conviene que Evo vuelva, porque los casos de corrupción, incluyendo aquellos por los que acusan a sus hijos, se ventilen y sancionen, si él retorna, como debería ser.
El análisis puede ser especulativo, sin embargo, no se puede entender por qué el Gobierno se empecina tanto en que Evo no sea candidato y participe en las elecciones de 2025. Sería mejor ganarle en cancha, ¿no les parece?
