Sociedad

El Alto, 9 de mayo (El Nuevo Cambio).- Pobladores y estudiantes de El Alto abuchearon, silbaron, gritaron “fuera” y lanzaron gelatina contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, en un acto de entrega del título de Doctor Honoris Causa en la Universidad Pública de El Alto, realizado este viernes en esa casa de estudios. Los ciudadanos repudiaron que las autoridades de la UPEA hayan entregado al mandatario el título de Honoria Causa y los estudiantes denunciaron que fueron obligados a asistir, bajo amenazas de ser aplazados en sus materias. El hecho más impactante, en medio de los insultos al presidente Paz, se registró cuando una persona le lanzó una gelatina que no le impactó, sin embargo, otros también lanzaron otros objetos contra el mandatario. Entre tanto, la entrega del título por parte de las autoridades de la UPEA fue rechazado y generó controversia y reacciones críticas en distintos sectores sociales. “La UPEA otorga título honoris causa al presidente Rodrigo Paz por arruinar el parque automotor con gasolina basura, internar 32 maletas con millones de dólares y droga, ocultar los relojes y caja fuerte de Marset, promulgar Ley 1720 para quitar tierras a los campesinos, endeudar más al país con créditos”, dijeron.

La Paz, 9 de mayo (El Nuevo Cambio).- Las protestas y medidas de presión, como marchas, bloqueos y paros aumentaron este viernes en el país, contra el gobierno de Rodrigo Paz y en demanda de la abrogación de la Ley 1720, contra la “gasolina basura” y atención al aumento de salarios para los trabajadores. A pesar de que 13 dirigentes y trabajadores fabriles fueron liberados después de haber sido detenidos con violencia, este sector, en La Paz y Cochabamba, anunciaron nuevas acciones de protesta, entre marchas callejeras, hasta el bloqueo de carreteras. La Central Obrera Departamental de Cochabamba realizó una marcha de protesta denunciando la falta de atención del Gobierno a su pliego petitorio y rechazando la penalización de las protestas sociales. El ejecutivo de la COD, Edgar Salazar, dijo que “estamos saliendo a las calles por las arremetidas del gobierno, como primeras medidas, están marchas” y pidió la “renuncia del ministro de Trabajo”. La Federación de Cooperativas Mineras (Fedecomin) de La Paz se declaró en emergencia y dio al Gobierno 48 horas para que atienda sus demandas: explosivos, combustible de buena calidad, pago por la venta del oro en dólares o al tipo de cambio del mercado paralelo, entre otros. Las Seis Federaciones de Productores de Coca anunciaron también que se sumarán a las movilizaciones convocadas por distintos sectores sociales en la ciudad de La Paz, en demanda de respuestas del Gobierno a la situación económica. “Desde acá llamamos a nuestros sindicatos y a nuestras centrales a movilizarnos porque no hay respuestas”, declaró el vicepresidente de la Coordinadora, Dieter Mendoza, al ratificar su respaldo al expresidente Evo Morales y anunció que participarán en las medidas de presión previstas para los próximos días. Mientras tanto, los indígenas y campesinos que marcharon durante 29 días desde Pando a La Paz exigiendo la abrogación de la Ley 1720 ratificaron que seguirán movilizados en la sede de gobierno y “chicotearon” por traidores a dos dirigentes que se reunieron el miércoles con el presidente Rodrigo Paz para firmar un acuerdo. Por su parte, los Ponchos Rojos se mantienen en las carreteras bloqueando alrededor de 20 puntos y aislando a la ciudad de La Paz del esto del país, exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz por “incapaz” y por haber traicionado al pueblo boliviano. “El pueblo ya no aguanta más abuso, entreguismo ni desprecio. Los bloqueos son la respuesta de quienes fueron ignorados, traicionados y golpeados por un gobierno autoritario que gobierna para empresarios, agroindustriales y poderes externos, mientras el hambre y la crisis crecen”, dijo uno de los dirigentes. La Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) anunció también el bloqueo de carreteras desde este lunes en todo el país de manera escalonada y el magisterio nacional dispuso un paro de 24 horas en todos los establecimientos educativos este 11 de mayo.

La Paz, 8 de mayo (El Nuevo Cambio).- Los trece trabajadores y dirigentes detenidos el pasado miércoles fueron liberados ayer, luego de una vigilia y bloqueo de sus compañeros en la calle donde está ubicada la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC), en la sede de gobierno. Los detenidos salieron de la guarnición policial en medio de aplausos de sus compañeros y denunciaron que no sólo fueron golpeados por los efectivos policiales, sino se vulneraron sus derechos laborales. En la vigilia y en las puertas de la FELCC se encontraban los dirigentes fabriles, trabajadores de base, acompañados por los de la Central Obrera Boliviana (COB), entre ellos el máximo ejecutivo, Mario Argollo. El dirigente denunció la aprehensión de los fabriles y anunció que el sector realizará un análisis de lo ocurrido. “Seguramente va a haber un amplio análisis y un amplio debate de lo que ha pasado”, señaló. “No podemos permitir estos hechos irregulares, vulnerando los derechos laborales y la Constitución Política del Estado. También el fuero sindical”, afirmó al advertir que permanecerán en alerta ante lo ocurrido durante las movilizaciones fabriles. Por su parte, el magisterio urbano, decidió suspender las labores educativas el próximo 11 de mayo, a nivel nacional, en un paro de 24 horas en protesta y rechazo contra el gobierno que no responde a sus demandas y por el contrario provoca a los trabajadores. ‎ ‎El ejecutivo de la Confederación Nacional del Magisterio Urbano de Bolivia, Wilfredo Ajllahuanca, afirmó que el sector cuestiona las recientes declaraciones de la ministra de Educación, quien dijo que los maestros perciben ingresos superiores a los 9.600 bolivianos, cuando, existen docentes que no superan los 3.000 bolivianos e incluso por debajo del salario mínimo. ‎El dirigente advirtió que, de no atenderse sus demandas, el conflicto podría escalar a paros de 48, 72 horas e incluso indefinidos, señalando que “está en juego la educación de la clase trabajadora y el escalafón docente”.           

Telesur El equipo jurídico del exmandatario boliviano Evo Morales denunció presuntas irregularidades en el proceso de notificación relacionado con el juicio oral por trata agravada de personas, previsto para iniciar el lunes 11 de mayo en la ciudad de Tarija. Según la defensa, la convocatoria al juicio fue conocida inicialmente a través de medios de comunicación, lo que —afirman— genera preocupación sobre el cumplimiento de los procedimientos legales establecidos. En particular, cuestionan que la notificación se haya realizado mediante edictos. Los abogados sostienen que este mecanismo, contemplado en el artículo 165 del Código de Procedimiento Penal boliviano, solo procede cuando la persona no tiene domicilio conocido o se desconoce su paradero. En ese sentido, argumentan que, Morales cuenta con domicilio conocido en el Trópico de Cochabamba, su ubicación es pública y conocida a nivel nacional y que existen mecanismos institucionales para verificar su paradero. Por ello, consideran que la notificación a través de edictos no cumpliría con los requisitos legales en este caso. De acuerdo con reportes de prensa, el proceso judicial por trata agravada de personas contra Morales está programado para comenzar el lunes 11 de mayo en Tarija, marcando el inicio de la fase oral del caso. En paralelo, el exmandatario ha denunciado públicamente ser objeto de una “persecución”, en medio de otras investigaciones que lo vinculan con presuntos hechos relacionados al narcotráfico en Estados Unidos, según informaciones difundidas por medios locales. El equipo legal también cuestiona el origen del caso, señalando que estaría vinculado a un proceso previamente concluido. En ese marco, invocan el principio constitucional recogido en el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que establece que una persona no puede ser juzgada más de una vez por el mismo hecho. Hasta el momento, las autoridades judiciales no han emitido una respuesta pública detallada sobre estos cuestionamientos. Entre tanto, el inicio del juicio se mantiene en agenda mientras la defensa anticipa nuevas acciones legales dentro del proceso.

La Paz, 7 de mayo (El Nuevo Cambio).- Al menos en unas 20 regiones del departamento de La Paz se instalaron bloqueos interprovinciales de carreteras, impidiendo el paso a otros departamentos y en demanda de la abrogación de la ley 1720, por combustible y en contra de la “gasolina basura”. La medida de presión fue organizada por la Federación Tupac Katari y el transporte interprovincial que denunciaron que no existe voluntad del gobierno para atender las demandas de la población, entre ellas, la anulación de la ley 1720, rechazo al combustible de mala calidad, contra la ley antibloqueos y la reducción de salarios de autoridades. Los informes oficiales de la Administradora Boliviana de Caminos (ABC) establecen bloqueos en las regiones de Viacha, Panduro, Batallas, Sica Sica, Conani, Huarina, Desaguadero, Copacabana, Achacachi, Senkata, Huayrapata, Aroma, Inquisivi, Lahuachaca y Achica Arriba. Los dirigentes de estos sectores advirtieron que no se descartan la instalación de nuevos puntos de bloqueo en otras regiones, aislar totalmente al departamento de La Paz con otras regiones, hasta que el gobierno atienda las demandas del pueblo movilizado.

La Paz, 7 de mayo (El Nuevo Cambio).- Al menos 13 trabajadores fabriles fueron detenidos y una marcha del magisterio fue reprimida en una jornada violenta registrada este miércoles en la ciudad de La Paz, durante las protestas laborales, en demanda de atención a demandas sociales y económicas. En el caso del magisterio, los docentes fueron reprimidos cuando intentaron ingresar a la plaza Murillo. Los efectivos policiales acantonados en los alrededores lanzaron gases lacrimógenos por doquier y obligaron incluso a cerrar el comercio. “Nos han llenado los ojos de gas, han golpeado a los compañeros en la cabeza con los gases. Aquí seguimos firmes, no vamos a claudicar hasta que el Gobierno atienda las demandas”, expresó la ejecutiva nacional del magisterio urbano, Shirley Bonilla. Entre tanto, los trabajadores fabriles se movilizaron también por los alrededores del Ministerio de Trabajo, donde se apostaron y cortaron la circulación de los vehículos. Un grupo ingresó al edificio, realizó una toma simbólica y exigió la renuncia del ministro Morales, sin embargo, fueron detenidos por la Policía. Los trabajadores fueron sacados por la Policía a empujones, jalones y agresiones, entre ellos, el dirigente Mario Segundo, y después fueron introducidos en varias patrullas policiales y trasladados a la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC). El Subcomandante Departamental de la Policía de La Paz, coronel Juan Javier Salgueiro Hurtado, informó que el personal policial procedió al desalojo de los trabajadores fabriles del Ministerio de Trabajo e indicó que ahora están en calidad de arrestados y que fueron trasladados a la FELCC. Sobre el tema, a través de su cuenta X, el expresidente Evo Morales Ayma, expreso su solidaridad con los trabajadores injustamente detenidos por defender el derecho del pueblo a un salario digno y por defender la soberanía y los recursos naturales. “El gobierno ha pasado de criminalizar la protesta social a impulsar una persecución política y judicial contra quienes alzan la voz frente al ajuste económico. La indolencia gubernamental se ensañó con los trabajadores: salarios congelados, pérdida del poder adquisitivo e inflación creciente que golpea a las familias humildes mientras se protege a grupos privilegiados y se incrementan los salarios de la burocracia”, afirmó.

La Paz, 5 de mayo (El Nuevo Cambio).- La marcha indígena y campesina presentó al gobierno un pliego petitorio de 12 puntos, inmediatamente después de llegar a la ciudad de La Paz  luego de 29 días de una intensa caminata desde Cobija, Pando exigiendo al gobierno que se abrogue la ley 1720 que intenta pasar las tierras comunitarias a manos de los terratenientes y empresarios. Los indígenas otorgaron un plazo de 24 horas al gobierno para una respuesta a sus demandas, mientras tanto, permanecerán en la sede de gobierno y no se descarta nuevas medidas de presión, si no existe respuesta a sus peticiones. Los marchistas ratificaron su rechazo a la Ley 1720, porque permite la conversión de la pequeña propiedad en mediana y afecta sus derechos sobre la tierra, en beneficio de los empresarios y terratenientes. Ratificaron que su lucha por la anulación de la ley 1720, es porque desde hace años “venimos solicitando asentamientos, pero hasta ahora esas tierras no han sido consolidadas”. También demandaron seguridad jurídica para sus tierras. La movilización comenzó el pasado 8 de abril, el mismo día de la promulgación de la norma cuestionada. Caminaron más de 1.100 kilómetros y en el trayecto, se sumaron sectores del Beni y otras regiones del país. Entre tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y otras organizaciones sociales y políticas expresaron su apoyo a la marcha.

La Paz, 4 de mayo (El Nuevo Cambio).- La marcha indígena y campesina ingreso hoy a la ciudad de La Paz después de 26 días de una intensa caminata desde Cobija, Pando exigiendo al gobierno que se abrogue la ley 1720 que intenta pasar las tierras comunitarias a manos de los terratenientes y empresarios. Los indígenas descansaron este domingo en la tranca de Urujara, salida de los Yungas de La Paz, y reiniciaron su caminata este lunes para ingresar a la sede de gobierno, en medio de expectativa y respaldo ciudadano. Los indígenas y campesinos aprovecharon el domingo para recibir atención médica. Alrededor de 65 marchistas, entre mujeres y hombres, con diferentes problemas de salud, fueron atendidos por brigadas médicas, después de la larga caminata desde Pando, de aproximadamente unos 1.100 kilómetros. Los marchistas ratificaron su rechazo a la Ley 1720, porque permite la conversión de la pequeña propiedad en mediana y afecta sus derechos sobre la tierra, en beneficio de los empresarios y terratenientes. Ratificaron que su lucha por la anulación de la ley 1720, es porque desde hace años “venimos solicitando asentamientos, pero hasta ahora esas tierras no han sido consolidadas”. También demandaron seguridad jurídica para sus tierras. La movilización comenzó el pasado 8 de abril, el mismo día de la promulgación de la norma cuestionada. En el trayecto, se sumaron sectores del Beni y otras regiones del país. La Central Obrera Boliviana (COB) la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, entre otras, expresaron su apoyo a la marcha.