La Paz, 5 de mayo (El Nuevo Cambio).- La marcha indígena y campesina presentó al gobierno un pliego petitorio de 12 puntos, inmediatamente después de llegar a la ciudad de La Paz luego de 29 días de una intensa caminata desde Cobija, Pando exigiendo al gobierno que se abrogue la ley 1720 que intenta pasar las tierras comunitarias a manos de los terratenientes y empresarios.
Los indígenas otorgaron un plazo de 24 horas al gobierno para una respuesta a sus demandas, mientras tanto, permanecerán en la sede de gobierno y no se descarta nuevas medidas de presión, si no existe respuesta a sus peticiones.
Los marchistas ratificaron su rechazo a la Ley 1720, porque permite la conversión de la pequeña propiedad en mediana y afecta sus derechos sobre la tierra, en beneficio de los empresarios y terratenientes.
Ratificaron que su lucha por la anulación de la ley 1720, es porque desde hace años “venimos solicitando asentamientos, pero hasta ahora esas tierras no han sido consolidadas”. También demandaron seguridad jurídica para sus tierras.
La movilización comenzó el pasado 8 de abril, el mismo día de la promulgación de la norma cuestionada. Caminaron más de 1.100 kilómetros y en el trayecto, se sumaron sectores del Beni y otras regiones del país.
Entre tanto, la Central Obrera Boliviana (COB) la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, y otras organizaciones sociales y políticas expresaron su apoyo a la marcha.
