Internacional

La Haya | Agencias La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la ONU ordenó a Israel ponerle fin a la ocupación de los territorios palestinos “lo más rápidamente posible” y reparar plenamente sus “actos internacionalmente ilícitos”. En una decisión histórica, aunque no vinculante, el principal órgano judicial de las Naciones Unidas exigió desmantelar el muro de separación en Cisjordania y devolver las tierras a sus residentes originales, además de encontrar múltiples violaciones del derecho internacional por parte de Israel, incluidas actividades que equivalen a apartheid. En esa línea, el tribunal con sede en La Haya (Países Bajos) e integrado por 15 jueces remarcó que el Consejo de Seguridad de la ONU, la Asamblea General y todos los Estados tienen la obligación de no reconocer la ocupación como legal ni «prestar ayuda o asistencia» para mantener la presencia del Estado de Israel en los territorios ocupados. “El tribunal considera que las violaciones por parte de Israel de la prohibición de adquisición de territorio por la fuerza y del derecho del pueblo palestino a la autodeterminación tienen un impacto directo en la legalidad de la presencia continua de Israel, como potencia ocupante, en el territorio palestino ocupado», expresó el presidente de la CIJ, Nawaf Salam, al leer el dictamen del tribunal. “El abuso sostenido por Israel de su posición como potencia ocupante, mediante la anexión y la afirmación de un control permanente sobre el territorio palestino ocupado y la continua frustración del derecho del pueblo palestino a la libre determinación, viola principios fundamentales del derecho internacional y hace ilegal la presencia de Israel en el territorio palestino ocupado», continuó. Poco después de conocerse la noticia, la respuesta del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no se hizo esperar. «El pueblo judío no es conquistador en su propia tierra, ni en nuestra capital eterna, Jerusalén, ni en la tierra de nuestros antepasados en Judea y Samaria Ninguna opinión absurda en La Haya puede negar esta verdad histórica o el derecho legal de los israelíes a vivir en sus propias comunidades en nuestro hogar ancestral», escribió Netanyahu en su cuenta de redes sociales.

Lima | Agencias Un informe de Amnistía Internacional (AI) señala que la presidenta de Perú, Dina Boluarte, tendría responsabilidad penal como autora mediata de la represión a las protestas contra su gobierno que dejó medio centenar de muertos y más de mil heridos. En los primeros tres meses del gobierno de Boluarte, que asumió el 7 de diciembre de 2022, las movilizaciones que rechazaban su llegada a la presidencia en reemplazo del destituido Pedro Castillo fueron brutalmente reprimidas por la policía y el Ejército, que dispararon con armas de munición letal y de largo alcance contra manifestantes e incluso contra quienes atendían a los heridos y pobladores que no participaban en las protestas. Testigos y videos lo confirman. El documento presentado el viernes por AI, titulado «¿Quién disparó la orden? Responsabilidad de la cadena de mando por muertes y lesiones en protestas en Perú», detalla las decisiones de la mandataria que llevaron a estas muertes y las avalaron. También apunta a la responsabilidad penal de ministros y de los altos jefes de la policía y del Ejército. «Este informe da cuenta de acciones y omisiones realizadas desde las más altas esferas del Estado peruano que habrían tenido consecuencias letales durante meses y que pudieron haberse evitado», señala el informe de AI, que califica la respuesta a las protestas como «ilegal» y denuncia «órdenes y decisiones claves de altos mandos policiales y militares, de la presidenta y ministros, que abrieron la puerta a que se cometieran graves violaciones de derechos humanos». Las primeras muertes ocurrieron cuatro días después de que asumió Boluarte, en la región andina de Apurímac, donde murieron cinco personas por disparos de la policía. Unos días después el Ejército disparó contra manifestantes y pobladores en la también andina Ayacucho, matando a 10 personas. Luego de estas muertes, Boluarte elogió los operativos represivos y ascendió al ministro de Defensa, Alberto Otárola, responsable por las acciones del Ejército en Ayacucho, al cargo de jefe del gabinete ministerial. Boluarte y Otárola desplegaron un agresivo discurso estigmatizando a quienes se movilizaban contra el gobierno como «terroristas», «delincuentes» y «vándalos», acusaciones falsas con las que se pretendió justificar la represión que disparó contra pobladores desarmados. Cuando los muertos ya sumaban decenas, Boluarte calificó la actuación de las fuerzas de seguridad como «inmaculada». Otárola llamó «héroes» a los policías y militares involucrados en las muertes. Con ese respaldo, las fuerzas de seguridad continuaron la brutal represión. El 9 de enero de 2023, las fuerzas de seguridad dispararon contra manifestantes y pobladores en la ciudad altiplánica de Juliaca, matando ese día a 18 personas. Fue la jornada más cruenta de la represión gubernamental. Las muertes siguieron aumentando hasta marzo de ese año. El informe de AI afirma que la forma en que se dieron estos hechos durante varios meses «apuntan a una estrategia planificada y consciente y no a hechos aislados producto de oficiales actuando por su cuenta». Pretendiendo eludir su responsabilidad, Boluarte declaró ante la Fiscalía que no había tenido intervención en las decisiones para enfrentar las protestas, que éstas fueron tomadas por las fuerzas armadas y la policía sin su participación, que no había tenido contacto en esos días con los jefes militares y policiales. Amnistía precisa que esa afirmación de la presidenta es falsa y detalla nueve reuniones de Boluarte con los jefes de la policía y las Fuerzas Armadas en el mes de diciembre de 2022, en medio de la represión y las muertes. Se señala que la presidenta estuvo plenamente informada de lo que ocurría desde el primer día y mantuvo una coordinación permanente con las fuerzas de seguridad. El informe de AI denuncia que oficiales sindicados de haber tenido participación clave en la represión han sido ascendidos por el gobierno.

Moscú | Agencias Un tribunal ruso condenó este viernes al periodista del Wall Street Journal, Evan Gershkovich, a 16 años de prisión por cargos de espionaje. La sentencia, resultado de un juicio rápido y secreto en el polémico sistema legal del país, ha sido rechazada tanto por su empleador como por Estados Unidos, que la califican de farsa. El caso de Gershkovich ha conmocionado a la comunidad periodística internacional, especialmente tras el inicio del conflicto en Ucrania. Gershkovich es el primer periodista estadounidense detenido bajo cargos de espionaje desde Nicholas Daniloff en 1986, en plena Guerra Fría. La detención de Gershkovich se produjo el 29 de marzo de 2023 durante un viaje de trabajo a Ekaterimburgo, en los Montes Urales. Las autoridades rusas alegan, sin presentar pruebas, que estaba recopilando información secreta para Estados Unidos. El Wall Street Journal ha denunciado enérgicamente la situación, declarando que «la detención injusta de Evan ha sido una indignación desde su arresto hace 477 días» y reiterando que Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. ha declarado a Gershkovich como «detenido injustamente», comprometiéndose a buscar activamente su liberación. En este contexto, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, ha mencionado en la ONU que los «servicios especiales» de Moscú y Washington están discutiendo un posible intercambio de prisioneros. El presidente ruso, Vladimir Putin, también ha insinuado la posibilidad de intercambiar a Gershkovich por Vadim Krasikov, un ciudadano ruso que cumple cadena perpetua en Alemania por el asesinato de un georgiano de origen checheno en 2019. Sin embargo, Rusia insiste en que cualquier negociación de este tipo solo podría ocurrir después de una sentencia firme.

Buenos Aires | Agencias La secretaria General de la Presidencia de Argentina, Karina Milei, mantuvo un encuentro de urgencia y bajo estricta reserva en la Embajada de Francia. La reunión tuvo como objetivo desactivar un nuevo conflicto diplomático, luego de que la vicepresidenta Victoria Villarruel tildara de «colonialista» al país europeo. La crisis se generó a partir de una publicación de la titular del Senado en defensa del jugador de la selección argentina Enzo Fernández, acusado de racista por corear una canción contra los jugadores franceses tras haber ganado la Copa América, el domingo último, informó el diario Página 12. Según revelaron altas fuentes de la administración libertaria, la hermana y mano derecha del presidente Javier Milei logró «desactivar» el conflicto tras reunirse con el embajador Romain Nadal durante más de media hora. El agravio de Villarruel se dio en la previa al viaje que realizará el presidente Milei la semana que viene a Francia para la inauguración de los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en París. En ese marco, tiene pautado un encuentro bilateral con el presidente Emmanuel Macron. La publicación “Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca le impusimos a nadie nuestra forma de vida. Pero tampoco vamos a tolerar que lo hagan con nosotros. Argentina se hizo con el sudor y el coraje de los indios, los europeos, los criollos y los negros como Remedios del Valle, el Sargento Cabral y Bernardo de Monteagudo. Ningún país colonialista nos va a amedrentar por una canción de cancha ni por decir las verdades que no se quieren admitir. Basta de simular indignación, hipócritas. Enzo yo te banco (apoyo), Messi gracias por todo! ¡Argentinos siempre con la frente alta! ¡Viva la Argentinidad”, publicó Villarruel en su cuenta de la red social X.

Sao Paulo | Agencias El gobierno de Estados Unidos monitoreó por más de medio siglo al actual presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el que elaboró 819 informes entre 1966 y 2019. Así lo informó el diario Folha de São Paulo. Los primeros informes que Washington recibió sobre el actual presidente brasileño datan de 1966, cuando Lula se afilió al movimiento sindical. La lista de informes sobre Lula elaborada por organismos como la embajada de Estados Unidos en Brasil, la CIA o el Departamento de Estado fue entregada por Washington al escritor brasileño Fernando Morais, que actualmente trabaja en una biografía sobre el líder del Partido de los Trabajadores (PT) y usó la ley de acceso a la información para poder obtener los datos. El periodista y escritor afirmó en declaraciones a Folha de São Paulo que los informes detallan la posición de Lula sobre diferentes asuntos políticos y económicos desde que era un líder sindical en el cinturón industrial de São Paulo hasta la llegada al poder en Brasil del líder ultraderechista Jair Bolsonaro, en 2018. Igualmente hay documentos sobre las relaciones entre el exlíder sindical y su aliada y sucesora en la presidencia, Dilma Rousseff, así como sobre sus relaciones con países como Cuba y China. En los documentos sobre Lula que se enviaron a Washington también hay informes sobre planes militares de Brasil, proyectos económicos y hasta sobre la producción de petróleo del país. Moraes afirmó que, de los 819 documentos confidenciales de Estados Unidos con 3300 páginas sobre Lula, 613 fueron elaborados por la CIA, la agencia de inteligencia estadounidense. Según Moraes, otros 111 documentos fueron elaborados por el Departamento de Estado, 49 por la Agencia de Inteligencia de Defensa, 27 por el Departamento de Defensa, 8 por el Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, 8 por una unidad de apoyo a las Fuerzas Armadas y uno por el Comando Cibernético del Ejército. El biógrafo del mandatario dijo que los datos que recibió se refieren al período hasta 2019, año en que presentó su solicitud de acceso a la documentación clasificada, y que no sabe cuántos otros informes fueron elaborados en los últimos cinco años y si hay documentos sobre el tercer mandato presidencial que Lula asumió en 2023.

Santiago de Chile | Agencias Tras el sismo de magnitud 7,3 registrado a 20 kilómetros de San Pedro de Atacama, en la ciudad de Calama se registró el fallecimiento de un hombre. El deceso se habría producido -según antecedentes preliminares- por motivos médicos, mientras el hombre se encontraba ayudando a su familia a evacuar su hogar durante el movimiento telúrico. La información fue confirmada por el delegado presidencial de Antofagasta, Miguel Ballesteros, informó el diario La Tercera. “De acuerdo a la información preliminar que hemos levantado a través de Carabineros de Chile, la persona se encontraba dando instrucciones a la familia para atender el sismo y en ese transcurso la persona fallece. Las causas van a ser establecidas en las próximas horas, sin embargo, es una víctima que podemos contabilizar”, agregó Ballesteros. El epicentro del movimiento se ubicó a 265 kilómetros al este de la ciudad costera de Antofagasta (1.300 km al norte de Santiago), a una profundidad de 126 kilómetros, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. «Acaba de ocurrir un sismo de mediana intensidad con epicentro cercano a Antofagasta», escribió el presidente chileno Gabriel Boric en la red social X. Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. En su territorio convergen tres placas tectónicas: Nazca, la sudamericana y la antártica.

Washington | Agencias Días antes del intento de asesinato del exmandatario estadounidense Donald Trump el pasado sábado, el tirador, Thomas Matthew Crooks, de 20 años, aparentemente advirtió del ataque en una publicación en una plataforma en línea de videojuegos, reportó este jueves la cadena Fox News. De acuerdo con el medio, funcionarios del Servicio Secreto y del FBI ofrecieron una sesión informativa el miércoles ante los miembros del Senado, en la que aseguraron que el tirador había escrito en la plataforma de videojuegos Steam: «El 13 de julio será mi estreno, observen cómo se desarrolla», refiriéndose al día del mitin electoral en la ciudad de Butler, en Pensilvania, donde le disparó a Trump. Aparentemente, el descubrimiento del mensaje de Crooks tuvo lugar mientras los investigadores revisaban sus dispositivos tecnológicos, incluidos los teléfonos móviles y el ordenador portátil. Los funcionarios aseguraron que, al revisar la computadora, encontraron búsquedas en línea hechas por Crook en julio sobre Trump, Joe Biden, así como las fechas de la Convención Nacional Demócrata e información referida al mitin en el que ocurrieron los hechos. No obstante, las autoridades afirmaron que no se han encontrado pruebas suficientes que indiquen una preferencia política concreta, por lo que los motivos de Crooks siguen siendo un misterio. Además, en las entrevistas realizadas hasta el momento, nadie ha señalado que el joven se pronunciara sobre política o fuera activo en redes sociales. Por otra parte, se dio a conocer que los padres de Crooks se pusieron en contacto con la Policía local horas antes del intento de asesinato para comunicar que su hijo había desaparecido y que estaban preocupados por su bienestar, informó la agencia Rusia Today. Asimismo, les confirmaron a los senadores que los francotiradores del Servicio Secreto habían visto a Crooks en el tejado 10 minutos antes de que Trump saliera al escenario, y 20 antes de su disparo inicial. Al respecto, anteriormente se reveló que la Policía local había informado de la presencia de una persona sospechosa en la zona, pero no estaba clara la hora. Los funcionarios que ofrecieron la sesión no facilitaron información sobre los motivos por los que el Servicio Secreto tardó tanto en responder durante el incidente si ya tenían conocimiento de que había una persona sospechosa. Luego de la asamblea, los senadores republicanos Marsha Blackburn, de Tennessee, y John Barrasso, de Wyoming, arremetieron contra la directora del Servicio Secreto, Kimberly Cheatle, exigiendo respuestas sobre las acciones de la agencia el día del atentado.

Jerusalén | Agencias  Amnistía Internacional (AI) hizo público este jueves un informe en el que denunció torturas y detenciones en régimen de incomunicación a palestinos por parte de Israel, y llamó a las autoridades a liberar “de forma inmediata” a los detenidos de forma arbitraria. “Las autoridades israelíes deben poner fin a la detención indefinida en régimen de incomunicación de palestinos de la Franja de Gaza ocupada, sin cargos ni juicio, en virtud de la Ley de Combatientes ilegítimos, en flagrante violación del Derecho internacional”, exige la organización en un comunicado de prensa. El Ejército invocó esta ley, promulgada en 2002, por primera vez en cinco años para detener a presuntos participantes en los atentados del 7 de octubre, pero poco después amplió su uso “para detener en masa sin cargos ni juicio a palestinos en Gaza”, denuncia la organización. AI entrevistó a 27 personas detenidas y liberadas posteriormente -cinco mujeres, 21 hombres y un adolescente de 14 años-, y todos ellos denunciaron haber sido sometidos a tortura y otros malos tratos, según informó la agencia de noticias Efe. A través de la Ley de Detención de Combatientes Ilegítimos, el Ejército no tiene la obligación de emitir una orden de detención contra el individuo, al que la norma niega el acceso a asistencia letrada durante hasta 90 días, codificando además la detención en régimen de incomunicación, lo que facilita las torturas. Los detenidos no reciben las pruebas que justifican su captura, como tampoco lo hace el abogado que los asiste, lo que lleva a muchos a permanecer encarcelados meses “sin la más mínima idea” de por qué están detenidos -lo que es una violación del derecho internacional-, “completamente aislados de su familia y seres queridos, y sin medios para impugnar los motivos de su detención”, según Amnistía Internacional. Tampoco pueden comunicarse con su familia, como relató un trabajador de la salud a la organización, según el cual no saber si su familia estaba viva o muerta en Gaza era “incluso peor que la tortura y el hambre”. En diciembre, Israel modificó la ley para ampliar el tiempo de cautiverio sin orden de detención de los palestinos de las 96 horas originales (prorrogables hasta siete días) a un máximo de 45 días. La privación de libertad máxima hasta comparecer ante una autoridad judicial pasó de 14 a 75 días, y la reclusión sin asistencia letrada pasó de 21 jornadas a 6 meses, reducidos después a 3. De los entrevistados, ocho mostraban marcas y hematomas compatibles con la tortura, y en los informes médicos de dos personas se corroboraban los relatos de tortura. Además, Amnistía Internacional ha verificado cinco vídeos de detenciones masivas, habiéndose filmado en algunos de ellos a personas en ropa interior tras ser arrestadas en el norte de Gaza y Jan Yunis (sur). Según la organización, “la desnudez pública forzada durante periodos prolongados viola la prohibición de tortura y otros malos tratos y constituye violencia sexual”. Algunos de los casos más explícitos se registraron en la prisión de Sde Teiman, del sur de Israel. Los presos allí encerrados relataron haber sido obligados a permanecer durante horas en posiciones de tensión, y se les prohibió hablar con otros reos o levantar la cabeza. Un niño de 14 años de Yabalia (norte de Gaza) permaneció en esta prisión 24 días encerrado en un barracón con al menos 100 detenidos adultos. El menor denunció haber recibido patadas y puñetazos en el cuello, y que los captores lo habían “quemado repetidamente con colillas de cigarrillo”, algo que la organización comprobó al observar quemaduras y hematomas al entrevistarlo. Entre los entrevistados se encontraban cinco mujeres que estuvieron detenidas en régimen de incomunicación más de 50 días. Una de ellas relató cómo, tras tres semanas en la prisión de Damon (norte de Israel), le dijeron que iba a ser puesta en libertad. “La esposaron, le vendaron los ojos, le pusieron grilletes en los pies y la llevaron a otro lugar”. Allí, los militares le desgarraron la ropa con un cuchillo y la sometieron a “un violento registro corporal desnuda”, para después ser llevada 18 días más a la prisión de Anatot (cerca de Jerusalén).