Página 12 El 7 de junio, el Perú elegirá un nuevo gobierno entre una derecha autoritaria encabezada por Keiko Fujimori, de 51 años, y el congresista de izquierda Roberto Sánchez, de 57 años. La hija del fallecido dictador Alberto Fujimori, que dice quiere gobernar como lo hizo su padre, condenado por crímenes de lesa humanidad y corrupción, se enfrentará al heredero político del expresidente Pedro Castillo, que la derrotó en las elecciones de 2021. Keiko fue figura relevante del bloque derechista que boicoteó el gobierno de Castillo, que terminó con el expresidente preso por su fallido intento de cerrar el Congreso controlado por la derecha que lo quería destituir. Sánchez fue ministro de ese gobierno y ha llegado a la segunda vuelta como el candidato de Castillo, reivindicándolo y ofreciendo su indulto. El fujimorismo tiene su mayor apoyo en Lima y las principales ciudades de la costa; la izquierda castillista que representa Sánchez se hace fuerte en la región andina y entre la población rural. El resultado de las elecciones del 12 de abril se proclamará oficialmente este domingo, luego de un lento conteo de votos, pero ya está confirmado que Sánchez, que disputaba voto a voto el pase a la segunda vuelta con el ultraderechista Rafael López Aliaga, se enfrentará por la presidencia con Keiko Fujimori, que ganó la primera vuelta con 17,1 por ciento. Con el conteo de votos al 99,98 por ciento, Sánchez, con poco más de 2 millones de votos, obtiene el 12 por ciento y aventaja a López Aliaga, tercero con 11,9 por ciento, por 21 mil votos, cuando faltan por contarse menos de cinco mil votos. López Aliaga no ha reconocido su derrota, ha denunciado fraude sin presentar pruebas, y ya fuera de carrera pretende deslegitimar las elecciones. Fujimori ha superado a Sánchez por más de 800 mil votos, pero según una encuesta de Ipsos, ambos parten igualados para la segunda vuelta, con un 38 por ciento de apoyo cada uno. Keiko, que ha perdido tres balotajes, mantiene un alto antivoto. Como ocurrió en 2021 con Castillo, la derecha ha entrado en pánico con el pase de Sánchez a la segunda vuelta y su posible triunfo. Voces de la derecha, que incluyen a un congresista del partido de López Aliaga, han comenzado a llamar a un golpe militar para evitar una posible victoria de la izquierda. Los grandes medios se han embarcado en una masiva campaña de ataques contra Sánchez desde que se colocó como posible competidor en el balotaje, al tiempo que tratan con extrema generosidad a la candidata del fujimorismo. Se “terruquea” (término usado en Perú para referirse a acusaciones falsas de terrorismo para desacreditar y criminalizar a una persona) a Sánchez y la izquierda. Las redes sociales son inundadas por una campaña de mensajes racistas contra Sánchez y sus electores, mayoritariamente de origen andino. Un escenario que hace recordar lo que ocurrió con Castillo en 2021. Con el pase de Sánchez a la segunda vuelta ya confirmado, la fiscalía, dirigida por un fiscal general cercano al fujimorismo, ha anunciado con gran publicidad que ha solicitado cinco años y cuatro meses de prisión para Sánchez por un viejo caso de supuesta declaración falsa sobre aportes de campaña en 2018 y 2020. Este pedido de prisión deberá ser resuelto por un tribunal luego de un juicio que no se ha iniciado. Este 27 de mayo un juez determinará si el caso pasa a juicio o se archiva por falta de evidencias. Pero a partir del anuncio fiscal, los medios, que han barrido bajo la alfombra los escándalos de corrupción ligados al fujimorismo, presentan el caso como si ya hubiera una sentencia condenatoria contra Sánchez. La fiscalía lo acusa por falsa declaración señalando que su partido, Juntos por el Perú, no declaró en las instancias administrativas los aportes de sus militantes por 280 mil soles (unos 82 mil dólares). Inicialmente, la fiscalía lo había acusado de apropiarse de esos aportes, y los medios han levantado ese cargo, pero esa acusación ya fue archivada por falta de elementos para sostenerla. “Rechazo cualquier acción irregular y de delito”, ha respondido Sánchez. El incremento de la delincuencia es la mayor preocupación de los peruanos en estas elecciones. Keiko anuncia mano dura, como en la dictadura de su padre, tribunales militares para juzgar civiles y el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Sánchez defiende la permanencia en la Corte IDH y la defensa de los derechos humanos como algo fundamental, y anuncia reformas en la policía y el sistema de justicia. Desde el Congreso, donde su bancada tiene rol protagónico en la coalición mayoritaria de derecha, el fujimorismo ha aprobado una serie de leyes, llamadas “leyes procrimen”, que traban las investigaciones fiscales y policiales a las organizaciones criminales y favorecen la impunidad de la corrupción política y de violadores de derechos humanos. Y ha avanzado en el copamiento del sistema de justicia. Sánchez se ha pronunciado por la derogatoria de esas leyes y a favor de acciones para recuperar la independencia del sistema de justicia. El fujimorismo vuelve a apostar a la campaña del miedo a la izquierda. Eso no le funcionó en 2021. Un triunfo de Keiko, que sueña con el poder absoluto que tuvo su padre, consolidaría el copamiento fujimorista en marcha del sistema de justicia y todas las instituciones. Sánchez busca armar una coalición amplia para detener ese copamiento fujimorista y comenzar a recuperar la debilitada institucionalidad democrática.
