Internacional

DW Actualidad Organizaciones sindicales y agrupaciones estudiantiles protestaron el lunes (01.06.2026) en Valparaíso contra la política de austeridad del gobierno de José Antonio Kast y marcharon hacia el Parlamento de Chile, donde el líder ultraderechista ofreció su primer discurso sobre el estado del país. «Esta movilización es en contra de las políticas de desmantelamiento de la salud pública, la educación y todos los derechos sociales», declaró Cecilia Olivares, de la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud de Valparaíso, a 120 kilómetros de Santiago. El gobernante, que llegó al poder el pasado 11 de marzo con la promesa de recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses y mejorar las cuentas fiscales, ordenó un ambicioso plan de ajustes y un recorte del 3% promedio en la mayoría de los ministerios. Kast, el primer mandatario de extrema derecha desde el regreso a la democracia, ha tenido un inicio de mandato complejo, marcado por una abrupta caída en las encuestas y por un anticipado cambio de gabinete apenas dos meses después de llegar al cargo, donde removió a su vocera y a la ministra de Seguridad. Fuerte reforma económica Sus primeros dos meses en el poder han estado marcados también por la tramitación en el Congreso de una megarreforma que contempla significativas bajadas de impuestos para las empresas, que está considerada su proyecto estrella y con la que busca elevar el crecimiento al 4 % al final de su mandato, así como fomentar el empleo. En su discurso, anunció que presentará un proyecto de ley para reforzar el control migratorio y aumentar las penas contra delitos del crimen organizado. Para cumplir su cuestionada propuesta de expulsar a 330.000 inmigrantes irregulares, buscará «fortalecer el control migratorio, la capacidad de expulsión efectiva y ampliar los plazos de retención» de indocumentados, que actualmente es de cinco días. En cuanto a la economía, admitió que su política de austeridad, con la que busca ordenar las finanzas públicas y elevar el crecimiento económico, causará «dolor», pero reiteró que no habrá recortes en ayudas y derechos sociales.

BBC News El gobierno de Líbano aseguró este lunes que Hezbolá ha aceptado un plan de EE.UU. para que haya un alto al fuego mutuo del grupo militante con Israel y ya no haya más ataques a la capital, Beirut. La embajada libanesa en Estados Unidos informó de que había «recibido la confirmación de que Hezbolá ha aceptado la propuesta estadounidense de un cese mutuo de los ataques». El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, confirmó el acuerdo, pero advirtió de que la ofensiva sobre Beirut seguiría adelante «si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros civiles». Estas declaraciones se produjeron después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara que había hablado tanto con Netanyahu como con representantes de Hezbolá y que «acordaron que cesarían todos los disparos». La mediación de Trump llegó también después de una advertencia de Irán de que las acciones militares israelíes en el Líbano suponían una amenaza para el actual alto el fuego entre EE.UU. e Irán. Tregua con condiciones En un comunicado emitido este lunes, la embajada libanesa en EE.UU. afirmó que «en virtud del acuerdo propuesto, los ataques israelíes contra los suburbios del sur de Beirut cesarían a cambio de que Hezbolá se abstuviera de atacar a Israel».  Añadió que el alto el fuego «se ampliaría para abarcar todo el territorio libanés». Sin embargo, Netanyahu marcó un punto adicional: «Al mismo tiempo, las FDI [Fuerzas de Defensa de Israel] seguirán operando en el sur del Líbano según lo previsto». Anteriormente, el primer ministro israelí había ordenado ataques contra «objetivos terroristas» en los suburbios del sur de Beirut en respuesta a los ataques con cohetes y drones perpetrados por Hezbolá, grupo respaldado por Irán. Esto provocó una serie de advertencias por parte de funcionarios iraníes. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, afirmó que la tregua entre EE.UU. e Irán era «inequívocamente un alto el fuego en todos los frentes, incluido Líbano», y que «su violación en un frente supone una violación del alto el fuego en todos los frentes». Por otra parte, la agencia de noticias iraní Tasnim había informado que Teherán podría suspender las negociaciones indirectas con Washington a raíz de las acciones militares israelíes en el Líbano. La agencia de noticias -afiliada al poderoso Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI)- también afirmó que Teherán y sus aliados podrían «activar otros frentes, incluido el estrecho de Bab al Mandab», en la entrada del mar Rojo. Sin embargo, en publicaciones posteriores en Truth Social, Trump insistió en que las conversaciones con Irán continuaban a un «ritmo rápido» y afirmó que había hablado tanto con Netanyahu como con representantes de Hezbolá. «Mantuve una conversación telefónica muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas que se dirijan a Beirut, y cualquier tropa que esté en camino ya ha dado media vuelta», escribió el presidente de EE.UU. «Del mismo modo, a través de representantes de alto rango, mantuve una conversación muy positiva con Hezbolá, y acordaron que cesarán todos los disparos: que Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel». Netanyahu confirmó más tarde que había hablado con Trump. En una publicación en X, escribió que le había dicho al presidente de EE.UU. que «si Hezbolá no deja de atacar nuestras ciudades y a nuestros civiles, Israel atacará objetivos terroristas en Beirut». «Al mismo tiempo, las FDI seguirán operando en el sur del Líbano según lo previsto», añadió.

Página 12 El Perú entra a la última semana de campaña para el balotaje del 7 de junio bajo la sombra de la amenaza del retorno del autoritarismo fujimorista que gobernó en la década del noventa.  Keiko Fujimori, hija y heredera política del fallecido dictador Alberto Fujimori, encabeza las últimas encuestas que se pueden publicar antes de la elección, pero su ventaja sobre el progresista Roberto Sánchez es estrecha. En ese panorama, la noche del domingo se realizó el único debate entre los dos candidatos, que con una mínima diferencia entre ambos despertó gran expectativa y podría ser decisivo.  Dos candidatos, dos estilos El debate presidencial, que duró cerca de dos horas, fue transmitido por todos los canales de televisión. Rígida, Keiko leyó sus presentaciones en cada tema. Sánchez, que no leyó, conectó mejor, estuvo más suelto, golpeó varias veces con cuestionamientos que su rival no respondió, dominó la escena. El candidato de la izquierda ganó con amplitud el crucial debate.  Con su bastión electoral en las zonas andinas, Sánchez comenzó saludando en quechua. “Necesitamos democracia, oportunidades para todos, hay que acabar con la dictadura congresal del gobierno que dirige Keiko Fujimori. Por eso estoy acá, para recuperar la democracia, la justicia”, arrancó, directo, aludiendo al poder decisivo del fujimorismo en la mayoría parlamentaria de derecha que controla el gobierno y el giro autoritario desde diciembre de 2022 cuando Pedro Castillo fue destituido y encarcelado, y reemplazado por Dina Boluarte.  Keiko, que comenzó agradeciendo a Dios, eludió responder. Aceptando, pero sin decirlo, el rechazo que genera, inició su presentación diciendo que no pedía el voto por ella, sino por el orden, y acusó a su rival de representar el caos. “Esta elección no se trata de mí. Orden o caos, estas son las dos opciones que tiene nuestro país”, dijo la candidata. “De qué orden habla –le respondió Sánchez-, si todo el Perú sabe el caos que han hecho desde que tienen mayoría parlamentaria, se han zurrado en la democracia, han corroído la justicia”. Devolvió a Keiko la acusación que le había hecho de representar el caos llamándola “la señora del caos” en alusión a la desestabilización política generada por la bancada parlamentaria fujimorista en su objetivo de acumular poder.  Mano dura versus derechos humanos En el tema de seguridad, la mayor preocupación de los peruanos por el incremento de la delincuencia, Fujimori insistió en ofrecer orden con mano dura y más poder para militares y policías. Sánchez habló de reformar la policía para enfrentar la corrupción policial y se comprometió en la defensa de los derechos humanos. Le recriminó a su contrincante que en el Congreso el fujimorismo ha aprobado una serie de leyes que favorecen al crimen organizado. Keiko no respondió.  Sánchez le recordó a Fujimori los crímenes de la dictadura de su padre y su reciente apoyo a Boluarte y la impunidad que el fujimorismo le ha dado en el Congreso por el medio centenar de muertes durante la represión a las protestas sociales. Keiko volvió a eludir una respuesta. Solo dijo que esos eran “asuntos del pasado”. Cuando le tocó hablar sobre derechos humanos leyó un listado de obras de infraestructura.  La candidata de la derecha puso el énfasis en apoyar la inversión privada para tener crecimiento económico y repitió la acusación contra el candidato progresista de estar en contra de esa inversión y ser estatista. Sánchez aclaró que su programa no propone estatizaciones ni expropiaciones, “ese relato del miedo que usted ha levantado es falso, no soy comunista”, señaló. Aseguró que mantendría la estabilidad macroeconómica, pero cuestionó el actual modelo económico, que calificó como “el régimen neoliberal más salvaje de América latina”, anunció como prioridad la lucha contra la pobreza y demandó “una profunda democratización de la distribución de la riqueza”. Keiko repitió críticas al gobierno de Castillo, que Sánchez respalda y del que fue ministro, y atacó a su rival por el apoyo que éste ha recibido de Antauro Humala, hermano del expresidente Ollanta Humala, quien estuvo 17 años preso por la muerte de cuatro policías cuando en 2005 asaltó una comisaría para exigir, sin éxito, la renuncia del entonces presidente Alejandro Toledo. Keiko llamó a Antauro “asesino de policías” y pretendió colgarle ese cargo a Sánchez. El candidato progresista defendió el régimen de Castillo y su gestión como ministro. Ha dicho que Antauro Humala no tendría ningún rol en un eventual gobierno suyo.  El momento de mayor tensión fue cuando Sánchez, mirando a su contrincante, dijo que él sí era buen hijo, buen hermano, recordando, sin decirlo directamente, que Keiko le dio la espalda a su madre cuando denunció maltratos de Alberto Fujimori, que se opuso al indulto a su padre en 2017 por temor a perder el control del fujimorismo y atacó a su hermano por negociar ese indulto. Keiko acusó el golpe. “Qué pena, qué poco hombre es usted”, respondió desencajada.  Fujimori terminó el debate como lo había iniciado, pidiendo que no piensen en ella a la hora de votar, sino en tener orden. Sánchez lo hizo solicitando un voto por la democracia. “Nos estamos jugando el futuro del Perú y la democracia”, cerró.  Escenario abierto De acuerdo a una encuesta de Ipsos publicada horas antes del debate, Keiko tiene 40,4 por ciento de respaldo y Sánchez 38,3 por ciento. Un 21,3 por ciento no apoya a ninguno de los dos candidatos. Para la encuestadora Datum, en un estudio también publicado el domingo, Fujimori tiene 39,7 por ciento y Sánchez 35,4 por ciento, con 24,9 por ciento que no se define por un candidato. El alto porcentaje que no ha decidido su voto y la estrecha diferencia entre los dos candidatos dejan un escenario incierto sobre el resultado del balotaje.

Telesur El Gobierno de Rusia confirmó que debate con Estados Unidos sobre la presión ejercida por Washington contra Cuba. El viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, detalló ante la prensa que este asunto forma parte de los contactos bilaterales con la Administración estadounidense, aunque reconoció que las posiciones de ambas potencias difieren de manera radical. El diplomático eslavo manifestó que Moscú no puede mostrar indiferencia ni mantenerse al margen de la situación en la isla. Asimismo, subrayó que el Ejecutivo ruso es plenamente consciente de las complejas circunstancias que atraviesa la nación antillana como consecuencia del bloqueo ilegal y del incremento de las medidas de presión por parte de las autoridades estadounidenses.  En enero del año en curso, específicamente el 29 del mencionado mes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a las importaciones de las naciones que suministren petróleo a Cuba. Junto a esta medida, decretó un estado de emergencia bajo el argumento de que el país caribeño representa una supuesta amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Esa agresión de Washington provocó un desabastecimiento de combustible en el territorio cubano que perjudica el suministro de electricidad y golpea áreas estratégicas de la economía de la isla, incluyendo sectores de vital importancia como el transporte, la salud, la producción de alimentos y la educación.  Ante este panorama, las autoridades de La Habana mantienen constantes denuncias a las acciones de la Casa Blanca, que suman también amenazas de agresión militar. De acuerdo con la postura del Gobierno cubano, Estados Unidos emplea deliberadamente este cerco energético con el firme propósito de asfixiar a la población y generar condiciones de vida insoportables para los habitantes de la isla. En medio de las arremetidas imperiales, Rusia ha mostrado solidaridad con el pueblo y Gobierno de la isla, ejemplo de ello fue el envió del buque petrolero ruso Anatoly Kolodkin, el cual arribó el 31 de marzo al puerto de Matanzas, en el occidente de Cuba.  La embarcación transportó un cargamento de 740.000 barriles de crudo (equivalentes a 100.000 toneladas), un suministro que resultó vital para la isla en medio de la crisis energética derivada del bloqueo estadounidense. El navío, operado por la corporación Sovkomflot —empresa que se encuentra bajo sanciones de Estados Unidos desde 2024—, representó el primer cargamento de petróleo recibido en territorio cubano tras la orden ejecutiva del 29 de enero, logrando aliviar de manera temporal situación del sistema eléctrico y el abastecimiento de combustible.

Prensa Latina Teherán, 1 junio (Prensa Latina).- El Gobierno de Irán reafirmó hoy que un alto el fuego efectivo en Líbano constituye una condición esencial para cualquier acuerdo destinado a poner fin a la confrontación que involucra a Estados Unidos, Israel y la República Islámica. La posición fue expresada por el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Ismail Baghaei, durante una conferencia de prensa celebrada en Teherán, donde abordó la situación regional y el estado de las negociaciones indirectas con Washington. Según el vocero, Estados Unidos tiene una responsabilidad directa en los acontecimientos que afectan a Líbano, país que enfrenta desde hace meses una intensa ofensiva militar israelí. Baghaei denunció que Israel continúa ejecutando acciones militares contra territorio libanés y palestino pese a la existencia de acuerdos de cese de hostilidades anunciados previamente. Las declaraciones se produjeron horas después de reportes sobre nuevos ataques aéreos israelíes contra los suburbios sureños de Beirut, ordenados por el primer ministro Benjamin Netanyahu. De acuerdo con cifras oficiales libanesas, la ofensiva israelí iniciada el pasado 2 de marzo provocó tres mil 412 muertos, 10 mil 269 heridos y más de un millón de desplazados, además de severos daños en viviendas e infraestructura. En relación con los contactos diplomáticos con Estados Unidos, Baghaei señaló que las conversaciones se desarrollan en un contexto marcado por la desconfianza mutua y precisó que el diálogo no implica necesariamente confianza entre las partes. Asimismo, consideró que los mensajes contradictorios emitidos por funcionarios estadounidenses a través de diversos medios de comunicación contribuyen a dificultar el avance de las negociaciones. El portavoz indicó además que los asuntos relacionados con el programa nuclear iraní no forman parte actualmente de la agenda de conversaciones. Irán sostiene que cualquier entendimiento regional debe contemplar el fin de las operaciones militares contra Líbano, una exigencia que, según fuentes diplomáticas, forma parte de las condiciones presentadas por Teherán en las negociaciones mediadas por Pakistán. Las conversaciones buscan consolidar el alto el fuego temporal alcanzado el pasado 8 de abril, después de semanas de enfrentamientos entre Irán, Estados Unidos e Israel.

RT El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró este lunes que alcanzar un acuerdo con Irán podría ser «aún mejor que una victoria militar».  «No es algo sencillo. Estamos hablando de un país muy grande, [de] un país enorme que llega a un acuerdo. Hay una hostilidad tremenda, la verdad. Así que no es fácil para ellos. De hecho, tampoco lo es para nosotros. Pero estamos consiguiendo lo que necesitamos», sostuvo el mandatario en una entrevista telefónica con la cadena ABC. Tras admitir la complejidad del proceso y las tensiones persistentes,  avanzó que el pacto podría rubricarse la semana próxima, porque todavía faltan algunos puntos por debatir con respecto a la reapertura del estrecho de Ormuz.   Previamente, declaró que no le importaba si las negociaciones con Teherán habían concluido e incluso las tachó de «muy aburridas». «Si se acabaron, se acabaron. Si no, pues creo que se alargaron demasiado. Francamente, me parecieron muy aburridas«, dijo entonces.  Se desdijo poco después, al publicar en sus redes sociales que «las conversaciones con la República Islámica continúan a un ritmo acelerado». Victoria infundada En repetidas ocasiones, Trump ha aseverado que Washington se impuso militarmente a las fuerzas iraníes en la guerra lanzada junto a Israel contra la nación persa el pasado 28 de febrero, sin que hubiera evidencia de la derrota de Irán. Así, el pasado 8 de marzo, el inquilino de la Casa Blanca se arrogó la victoria, pese a que las hostilidades estaban en su apogeo. «Nunca gusta decir demasiado pronto que has ganado: hemos ganado. Hemos ganado la apuesta; en la primera hora ya estaba todo decidido», aseguró esa misma semana ante partidarios. Empero, matizó que las tropas estadounidenses aún tendrían que «terminar el trabajo».  En lugar de un triunfo militar de EE.UU., lo que ocurrió es que las partes acordaron un cese al fuego precario a inicios de abril, que se ha violentado en varias oportunidades. Trump prorrogó ese alto el fuego por tiempo indefinido hasta nueva orden, aunque a inicios de mayo amenazó con bombardear nuevamente a Irán. Mientras, se han celebrado varias rondas de conversaciones orientadas a poner fin al conflicto, en las que Pakistán y varios países del Golfo han fungido como mediadores. Aun en ese contexto, insistió en defender la victoria estadounidense. «Tenemos todas las cartas, porque los hemos derrotado militarmente», declaró el pasado 28 de mayo, tras reconocer que los iraníes «son muy buenos negociadores» y «son astutos».

Rusia Today El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció este lunes la supuesta compra de sufragios que habría hecho el candidato ultraconservador Abelardo de la Espriella, quien terminó como el más votado de la vuelta presidencial del pasado domingo, según los resultados preliminares. En una extensa interacción en la plataforma X, el mandatario colombiano reconoció que, aunque la campaña del bloque progresista tuvo «debilidades«, será la opción ganadora en la segunda vuelta, prevista para el próximo 21 de junio. «Sé de la cantidad de votos que compraron a manos llenas (…) 150.000 y 200.000 pesos el voto. Sé que buscan la desbandada y alistan los cuchillos y los colmillos. Sé de las debilidades de la campaña progresista. Pero vamos a ganar y derrotar al fascismo», escribió Petro. «No he robado un solo peso» Petro afirmó que había sido «atacado personalmente» por el candidato del partido Defensores de la Patria, por lo que rebatió los señalamientos en su contra: «No he robado un solo peso del erario ni cometido ningún delito. Se me promete la cárcel solo por mi posición política progresista en favor del pueblo», sostuvo. Al conocer su virtual triunfo en la primera vuelta, De la Espriella dedicó una serie de insultos y descalificaciones contra Petro y el candidato del izquierdista Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quienes llamó «delincuentes miserables«. A ambos les acusó de querer robarse las elecciones, luego de que el mandatario pusiera en duda los resultados del conteo preliminar y anunciara que iba a esperar el escrutinio final para constatar la magnitud de la brecha entre las opciones más votadas. Trazas de uribismo Petro afirma que el proyecto político del candidato de Defensores de la Patria «es el mismo que estuvo detrás de [el expresidente de Colombia, Álvaro] Uribe». En opinión del mandatario colombiano, ambos pertenecen al «fascismo mafioso que ya ha gobernado» el país suramericano. Si bien De la Espriella no fue abanderado por el partido de Uribe, ha tenido gran cercanía con el expresidente conservador, de quien fue asesor jurídico en varios procesos. La víspera, Uribe afirmó que el Centro Democrático, cuya candidata era Paloma Valencia, apoyaría al abogado ultraconservador de cara a la segunda vuelta. Sin evidencias A pesar de las denuncias que ha asomado Petro, el candidato del bloque progresista reconoció este lunes los resultados de las elecciones y manifestó que el «aparato de verificación» activado por su partido el domingo no halló evidencias de fraude. No obstante, Cepeda aseveró que su equipo continuará revisando la información electoral y esperará los resultados oficiales del escrutinio, que se inició este lunes, para pronunciarse «de manera definitiva». El domingo, el aspirante había asomado algunas dudas por el supuesto «desfase» en el preconteo y las presuntas «votaciones atípicas» en algunas zonas.

Telesur Los candidatos Abelardo De la Espriella e Iván Cepeda disputarán la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, luego de que ninguno superara el umbral de la mitad más uno de los votos en los comicios celebrados este domingo 31 de mayo. Durante la jornada democrática, el abogado de ultraderecha se impuso en el primer lugar tras obtener 10.338.440 de los votos, equivalentes al 43,73 %; mientras que el candidato de izquierda fue votado por 9.673.390 personas, lo que se traduce en 40,91 % del apoyo popular. La Registraduría Nacional de Colombia reportó un 57,77 % de participación, lo que equivale a 23.933.224 votantes que acudieron a las urnas. Esta cifra supera el 54,9 % registrado en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022. De esta manera, el próximo 21 de junio la fórmula del oficialista Pacto Histórico, conformada por Iván Cepeda y Aida Quilcué, se medirá contra la dupla presentada por el partido Defensores de la Patria, integrada por Abelardo De la Espriella y José Manuel Restrepo. El ganador de la contienda sucederá al presidente Gustavo Petro y asumirá las riendas del país suramericano para el período constitucional correspondiente a los años 2026-2030. En tercer lugar quedó la fórmula presentada por el uribismo Paloma Valencia – Juan Oviedo, con 1.633.217 de los votos, equivalentes a un 6,92 %, lo que representa una derrota histórica para la derecha tradicional colombiana. Los candidatos del Centro Democrático obtuvieron un porcentaje muy inferior al previsto por las encuestas de intención de votos, e incluso menor a los 3.200.000 de votos que obtuvo el pasado 8 de marzo en la consulta de partidos de derecha en la que Valencia fue elegida candidata. La cuarta posición fue ocupada por la dupla centrista Sergio Fajardo – Edna Bonilla, quienes obtuvieron 4,26 % de los apoyos. Los nueve candidatos restantes —incluida la exalcaldesa de Bogotá Claudia López— no superaron el 1% de los votos. Jornada electoral sin grandes incidencias Según reporte de las autoridades en la tarde de este domingo, la jornada de votación transcurrió sin incidencias y en paz. Para el desarrollo de la jornada fueron desplegados 408.000 integrantes de la Fuerza Pública en puntos neurálgicos del país, con el fin de proteger el derecho al sufragio de más de 41 millones de colombianos habilitados. En estos cruciales comicios se instalaron en todo el país el país 118.346 mesas de votación en 13.489 puestos (6.010 en áreas urbanas y 7.479 en rurales) para votar por el presidente que gobernará al país en el periodo 2026-2030. Incidentes menores se registraron en la región del Catatumbo (noreste) y en el departamento sureño de Caquetá, según la organización Misión de Observación Electoral (MOE), que aseguró que «ninguno de estos afectó el normal desarrollo de la jornada». Paralelamente, la canciller Rosa Yolanda Villavicencio reportó un incremento indudable en la participación de los ciudadanos residentes en el exterior durante la jornada de elecciones presidenciales, para la que se habilitaron 3.700 mesas de votación distribuidas en 116 consulados en más de 60 naciones.

Página 12 En El Salvador, los familiares de los detenidos bajo el régimen de excepción del presidente Nayib Bukele no tienen información oficial sobre su paradero. Desde marzo de 2022, que el mandatario impulsó esta medida que lo ha catapultado a nivel internacional, más de 91 mil personas han sido detenidas acusadas de pertenecer a pandillas. Además de que el Estado no brinda información sobre los lugares y las condiciones de reclusión en las que están, los acusados son juzgados sin derecho a la debida defensa, en juicios masivos y por jueces anónimos. Ante la negligencia de no garantizarles un proceso apegado a derecho y debido a las múltiples denuncias de violaciones sistemáticas a derechos humanos que ocurren en el país centroamericano, que incluyen muertes con signos de tortura dentro de las cárceles, decenas de madres han comenzado a organizarse en el colectivo Madres por la Libertad. En el colectivo hay al menos 60 madres salvadoreñas que exigen públicamente que las autoridades les den información sobre sus hijos, hijas o esposos detenidos. Lo hacen en medio de un contexto represivo y bajo un Estado en el que ningún ciudadano cuenta con derechos constitucionales. A mediados del año pasado, una encuesta de la Universidad José Simeón Cañas señaló que de 10 salvadoreños, seis tienen miedo de ir presos por expresar opiniones en contra del gobierno. El caso testigo de Merlon Urías “Necesitamos unirnos para ver qué es lo que humanamente posible podemos hacer, cuáles puertas podemos tocar, para que el gobierno nos escuche; porque el gobierno netamente sabe que tiene a personas inocentes recluidas en los centros penitenciarios. No solo son hombres jóvenes, sino que son ancianos, son mujeres, son adolescentes”, dice Mirna Urías, una de las fundadoras y voceras del colectivo, en charla con Página/12. El hijo de Urías, Merlon, fue detenido el 30 de marzo de 2022, cuando el régimen de excepción cumplía tres días de haberse implementado. Merlon trabajaba regando cultivos de caña y había cumplido 18 años. El día de su detención estaba jugando videojuegos con tres amigos más en una casa y a todos se los llevó una patrulla policial. Desde entonces, Urías no volvió a ver a su hijo y su abogado público no le da novedades sobre el proceso. Cuando ella va a preguntar por su hijo a la cárcel en la que le dicen que está recluido, se limitan a decirle que está allí. Seis meses después de la detención de Merlon, el esposo de Urías fue detenido y ella también desconoce oficialmente su paradero. En 2024, Bukele reconoció que del total de detenidos que había hasta la fecha, 8 mil eran inocentes. Sin embargo, la falta de acceso a la información pública de su gobierno no permite contrastar si realmente todas estas personas han sido liberadas. Las organizaciones sociales han registrado casos de personas que fueron liberadas por no contar con pruebas que las vinculen a pandillas y que al salir fueron detenidas nuevamente; y hay otros casos donde los jueces emiten órdenes de libertad, pero el sistema penitenciario no las cumple. La historia de Urías se replica en miles de madres. Hasta el momento, las familias se habían articulado en el Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR), que realiza acciones continuas para denunciar las detenciones arbitrarias cometidas durante el régimen de excepción y exige al Estado que les de pruebas de que sus parientes detenidos siguen vivos. Debido a que el 95 por ciento de las personas que realizan los trabajos de búsqueda de estos detenidos son mujeres, las madres decidieron también fundar su colectivo, indica Urías. El pasado 9 de mayo, en vísperas del Día de la Madre en El Salvador, que se celebra el 10 de mayo, las Madres por la Libertad hicieron una ronda a la manzana donde está ubicada la catedral metropolitana, en el Centro Histórico de la capital salvadoreña, San Salvador. Llevaron pañuelos blancos, carteles y fotografías de sus familiares detenidos que mostraron frente a los cientos de personas que transitaban la zona y a los policías que mantienen militarizada las calles. Tras la ronda, entraron a la catedral a rezar a la cripta del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, asesinado por un grupo de paramilitares vinculados al Ejército el 24 de marzo de 1980. En medio de la represión, estas madres encaran a la mano dura de Bukele. En los pañuelos, símbolo universalizado por las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, las madres salvadoreñas van tejiendo una flor. “En los pañuelos, cada quien va tejiendo la flor como puede, y significa mucho para nosotras: es el esfuerzo de una madre buscando a sus familiares”, precisa Urías.

Telesur Las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos detuvieron a más de 6.300 menores de 18 años durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. Algunos de los niños recluidos tienen apenas dos meses de edad en la actualidad, según apuntan las fuentes. Casi la mitad de estos menores de edad fueron puestos bajo custodia en las instalaciones ubicadas en Dilley, Texas, a unos 130 kilómetros al sur de San Antonio. Este complejo funciona como el único centro de detención para familias de inmigrantes en el país norteamericano. El congresista demócrata por San Antonio, Joaquín Castro, exigió el cierre definitivo de Dilley. El representante estadounidense afirmó que este es el único lugar en la nación donde se encarcela a niños pequeños que no han hecho absolutamente nada malo. Castro señaló que, en lugar de tratarlos como solicitantes de asilo que pasaron por un proceso de verificación para ingresar al país, las autoridades los tratan como a criminales. Al ser consultado sobre el objetivo político de las condiciones denunciadas en el interior de Dilley, el congresista respondió que la intención es enviar un mensaje muy cruel de que no los quieren aquí y no son bienvenidos. Las instalaciones de Dilley estuvieron cerradas durante varios años en el mandato de Joe Biden (2021-2025) y las reabrió su sucesor Trump, como parte de su campaña de arrestos y deportaciones masivas. El centro abrió sus puertas inicialmente en 2014 durante la administración de Barack Obama (2009-2017). Con su reapertura en 2025, el Gobierno de Trump adjudicó la gestión de la infraestructura a la empresa con fines de lucro CoreCivic, mediante un contrato por valor de 180 millones de dólares anuales.