Internacional

BBC News El borrador de un plan de paz de 28 puntos propuesto por el gobierno de Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania ha puesto a Kyiv entre la espada y la pared. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconoció este viernes estar afrontando uno de los momentos más difíciles de la historia de su país, que le obligaría a elegir entre «perder su dignidad» o a su socio militar clave, Estados Unidos. La nueva propuesta estadounidense para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania acata gran parte de las exigencias de Moscú consideradas líneas rojas por Kyiv: desde amplias cesiones de territorio ucraniano hasta la renuncia a las aspiraciones ucranianas de integrarse en la OTAN. De hecho, el presidente ruso, Vladimir Putin, dio su visto bueno al plan, del que consideró que puede «sentar las bases de un acuerdo de paz definitivo» para acabar con el conflicto iniciado por Moscú con una invasión de gran escala a Ucrania en febrero de 2022. Solo faltaría la respuesta final de Ucrania, a la que Trump ha concedido un plazo de 7 días para responder, específicamente hasta el próximo jueves 27, según indicó el presidente estadounidense a la cadena Fox Radio. Preguntado por la prensa en el Despacho Oval, Trump declaró: «Creemos tener una manera de lograr la paz. Él tendrá que aprobarla (…) En algún momento tendrá que aceptar algo», en referencia a Zelensky.   Qué contempla el plan El borrador del plan de paz, compuesto por 28 puntos y confirmado por la Casa Blanca este viernes, busca detener las hostilidades y establecer nuevas condiciones políticas, militares y territoriales en Ucrania. Sus principales puntos son: Alto el fuego inmediato: el cese de las hostilidades entraría en vigor de forma inmediata si ambas partes aceptan el acuerdo. Cesión de territorio por parte de Ucrania: el punto más controvertido contempla que Kyiv entregue zonas actualmente no ocupadas por las fuerzas rusas. Moscú mantendría además el control de la mayor parte de los territorios ucranianos que ocupa -Crimea, Donetsk y Lugansk- y estos serían reconocidos por Estados Unidos como territorios rusos de facto. Renuncia a la OTAN: Ucrania abandonaría su aspiración de ingresar en la alianza atlántica, un objetivo que figura en su Constitución. Su vía para convertirse en Estado miembro de la Unión Europea permanecería abierta. Límite de capacidad militar para Kyiv: Las fuerzas armadas ucranianas quedarían limitadas a un máximo de 600.000 efectivos. Garantía de seguridad estadounidense: si Rusia invadiera nuevamente Ucrania, se activaría una «respuesta militar decisiva y coordinada», además de la reimposición de sanciones contra Moscú. Elecciones ucranianas: el plan prevé la celebración de comicios dentro de un plazo de 100 días. Ucrania tenía elecciones previstas para principios de 2024, pero fueron aplazadas a causa de la guerra. Garantías económicas: la propuesta incluye un programa de recuperación para Ucrania, cuya economía ha sufrido graves daños tras años de conflicto. Unos US$100.000 millones en activos rusos congelados se destinarían a inversiones en el país, y Rusia iniciaría conversaciones para el levantamiento de las duras sanciones impuestas a Moscú desde el inicio de la invasión.

Página 12 El presidente colombiano, Gustavo Petro, propuso este viernes “un gobierno de transición compartido” en Venezuela para evitar una intervención extranjera por parte de Estados Unidos que derive en un estallido de violencia. En un largo escrito publicado en su cuenta de la red social X sobre posibles soluciones para Caracas, Petro expresó su oposición a salidas que no sean dialogadas y que intenten el triunfo de un sector sobre el exterminio del otro. “Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia, sin presiones indebidas”, señaló el presidente colombiano, quien tiene una buena relación con Nicolás Maduro, sin dar detalles de su propuesta. En su publicación, Petro hizo un recuento de las iniciativas en las que, según dijo, participó buscando un diálogo nacional en Venezuela, y agregó que, antes de las elecciones presidenciales de julio de 2024, medió entre el gobierno de Maduro y el del entonces presidente estadounidense Joe Biden. “La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuánto antes”, señaló. Sin embargo, el mandatario colombiano dijo que al final no se presentó el desbloqueo de Venezuela ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro, por lo que a su criterio las elecciones no fueron libres. “Dije públicamente: no son libres las elecciones bajo un país bloqueado”, remarcó. “El bloqueo profundizado y ahora la amenaza armada extranjera, dan al traste con una solución política que debe nacer del pueblo venezolano”, explicó Petro. “Se piensa en una solución ‘quirúrgica’ al estilo de Panamá (en 1989), pero se olvida que en Panamá hubo miles de muertos, y se olvida que hay ya miles de hombres armados a lado y lado de la frontera (colombo-venezolana) sin mayor intención por el poder en uno y otro país visto como poder nacional, pero sí con la intención de controlar territorios y poblaciones locales en búsqueda de economías ilícitas que abundarían por doquier, incluido el control sobre porciones de la economía petrolera”, explicó Petro. Para el mandatario colombiano, los grupos armados ilegales que se dedican a las economías ilícitas son lo suficientemente fuertes como para fragmentar el territorio y el Estado, no solo en Venezuela sino en la misma Colombia. “Un desmantelamiento violento del estado venezolano actual traerá un fortalecimiento de los grupos y bandas armadas que buscarán control territorial. El escenario de la actual Libia y el Medio Oriente será más próximo», alertó Petro.   Despliegue sin precedentes La tensión reina desde agosto pasado entre Washington y Caracas por la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de ordenar un enorme despliegue militar en aguas del Caribe, cerca de Venezuela, con el pretexto de combatir el tráfico de drogas, operación que el país petrolero ve como una amenaza para propiciar un cambio de gobierno. Dicho despliegue se considera el más grande de la historia del país norteamericano desde la primera Guerra del Golfo Pérsico (1990-1991), según un estudio de expertos del Centro para Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS). Desde septiembre, el Ejército estadounidense destruyó una veintena de lanchas en el Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, matando extrajudicialmente a más de 80 personas, a las que calificó de “narcoterroristas”. Cada ataque es anunciado en redes sociales por la Casa Blanca, en publicaciones en las que por lo general se adjunta un video de una lancha flotando en el agua antes de una gran explosión y un incendio posterior. En ninguna ocasión Washington ha mostrado evidencias de que sus objetivos estuvieran traficando narcóticos o que representaran una amenaza para el país. El regulador de la aviación estadounidense emitió este viernes una advertencia a las aeronaves civiles que circulan por el espacio aéreo venezolano, citando los peligros del “aumento de la actividad militar” en medio de un importante despliegue de fuerzas estadounidenses en la región. “Las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluso durante el sobrevuelo, las fases de llegada y salida del vuelo, y/o para los aeropuertos y las aeronaves en tierra”, indicó el organismo. “Nuestro camino es el patriotismo” El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, afirmó este viernes que Estados Unidos quiere implantar un “vasallaje” en Latinoamérica y el Caribe. En un video compartido por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Domingo Hernández Lárez, el ministro atribuyó la intención de Estados Unidos al que consideró su “desespero por mantener su cuota de poder en el nuevo orden mundial”. En este contexto, Padrino mencionó que hay países latinoamericanos cuyos gobiernos están a favor del despliegue y de la invasión estadounidense, sin precisar cuáles, y otros a favor de la patria y la independencia. “Nosotros tenemos el camino claro: nuestro camino es el del patriotismo. Allá aquellos que quieran seguir por el camino del entreguismo, del vasallismo, del esclavismo“, subrayó el jefe militar. El miércoles el presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció un plan para defender con armamento pesado y misiles la gran zona entre Caracas, la capital del país, y el estado La Guaira, frente al mar Caribe ante la amenaza estadounidense. También informó que ya está instalado y funcionando un parque de armas de los integrantes de la Milicia, un componente especial de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) conformado por civiles con entrenamiento militar.

Telesur Las organizaciones sociales y de derechos humanos del Ecuador emitieron un pronunciamiento urgente en el que denuncian una “masacre carcelaria permanente y progresiva” en la Penitenciaría del Litoral, también conocida como CPL Guayas N.º 1, cuya crisis se mantiene desde marzo de 2024 y se ha profundizado a lo largo de 2025. El comunicado advierte que esta situación constituye una violación grave y sostenida de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. De acuerdo con el documento, la masacre se expresa mediante la degradación extrema de las condiciones de detención, producto de la actuación —o inacción— de funcionarios públicos que habrían permitido la negación de alimentación adecuada, atención médica, acceso a medicinas y condiciones higiénicas mínimas dentro del centro penitenciario. Las organizaciones sostienen que estas omisiones del Estado configuran un cuadro estructural de violencia y abandono que pone en riesgo permanente la vida de miles de detenidos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) reportó en agosto de 2025 un total de 390 muertes en la Penitenciaría por causas vinculadas al desabastecimiento de agua, alimentos y servicios de salud. Solo entre enero y agosto, los cuerpos sin vida encontrados en el centro superaron las cifras de años anteriores, con julio y agosto como los meses más críticos, llegando a registrarse más de 100 fallecimientos por mes. La situación se agravó dramáticamente hacia finales de octubre y noviembre. Según el pronunciamiento, el número total de muertes en 2025 ascendió ya a 590, cifra superior a la del año anterior. Solo en septiembre y octubre se contabilizaron 200 muertes adicionales, muchas de ellas atribuibles a desnutrición, falta de atención médica o enfermedades no tratadas. A esto se suma el hallazgo, en los últimos días, de entre 25 y 30 cadáveres provenientes de la Penitenciaría del Litoral, ingresados en el Servicio de Medicina Legal de Guayaquil y con signos evidentes de descomposición, lo que indica retrasos en su recuperación y registro. Las organizaciones firmantes citaron además las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que desde 2024 advertía que la situación carcelaria en Ecuador había escalado a niveles “compatibles con la tortura y trato inhumano”, especialmente por la falta de agua potable, comida, medicinas y atención médica adecuada. Según el pronunciamiento, el Estado ha permitido la continuidad de un sistema que vulnera derechos básicos y expone a las personas privadas de libertad a un sufrimiento evitable. Asimismo, se denunció que el colapso humanitario dentro del centro está correlacionado con una serie de decisiones operativas estatales, entre ellas la militarización de la cárcel y la reducción del suministro de agua y alimentos durante intervenciones de seguridad. Las organizaciones exigieron que se declare la crisis carcelaria como emergencia nacional, se habiliten mecanismos independientes de monitoreo y se establezcan responsabilidades administrativas y penales por la muerte de cientos de personas bajo custodia estatal. El pronunciamiento concluye señalando que la masacre carcelaria en curso constituye una violación sistemática del derecho internacional y un fracaso estructural del Estado ecuatoriano en su deber de garantizar la vida y dignidad de quienes se encuentran bajo su custodia.

Prensa Latina Caracas, 21 noviembre (Prensa Latina).- Parlamentarios y líderes políticos de Europa llamaron hoy a cesar las amenazas estadounidenses contra Venezuela y poner fin a la escalada militar en el Caribe que amenaza la paz, seguridad y estabilidad de los pueblos. El ministro bolivariano para Relaciones Exteriores, Yván Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro, saludó “esta demostración de solidaridad hacia nuestro pueblo y su inalienable derecho a construir un futuro de autodeterminación”. La carta está rubricada por parlamentarios y líderes políticos de Alemania, España, Reino Unido, Escocia, Polonia, Francia, ente otros, quienes “elevamos una grave alarma ante la inminente amenaza de intervención militar estadounidense en Venezuela”. Los signatarios denunciaron que el “preludio de la invasión ya está en marcha”, con una armada naval estadounidense de al menos ocho buques de guerra, bombarderos estratégicos, aviones de combate y al menos 10 mil soldados que patrullan ahora el Caribe. Afirmaron que este despliegue de fuerza “ya ha demostrado ser letal, con ataques a botes pequeños que han causado al menos 67 muertos”. La misiva señaló que la administración de Donald Trump cortó los canales diplomáticos con Caracas y autorizó operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, mientras bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos rodean el Caribe. “El Carrier Strike Group 12, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford, cruzó el Atlántico con destino al Caribe llevando consigo miles de tropas más”, indicó. Denunció que este escalamiento no es una anomalía; es simplemente el último intento de Washington de amenazar y socavar la soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe. Los parlamentarios y políticos europeos recordaron que documentos desclasificados confirmaron la injerencia de la CIA en derrocar gobiernos democráticamente elegidos en América Latina, como Chile de Salvador Allende en 1973; Brasil de Joao Goulart en 1964 y Guatemala de Jacobo Árbenz en 1954. Señalaron que el costo humano de estas operaciones de cambio de régimen fue catastrófico, y su legado político perdura. Asimismo, estimaron que este fortalecimiento militar eleva aún más las apuestas, y advirtieron que, si Estados Unidos lanza una intervención militar en Venezuela, “marcaría la primera guerra interestatal” estadounidense en Sudamérica. La excusa para la intervención es tan cansina como familiar, dijeron, y señalaron que bajo la bandera de combatir a los «narcoterroristas», Trump celebra ataques letales contra pescadores pacíficos arbitrariamente etiquetados como traficantes de drogas. Recordaron que este guion ya fue leído antes en Colombia, México y a lo largo de América Latina, y afirmaron que la «Guerra contra las Drogas» de Estados Unidos no dejó seguridad sino un torrente de derramamiento de sangre, despojo y desestabilización. Al respecto, condenaron en los términos más enérgicos la escalada militar contra Venezuela y llamaron a las fuerzas progresistas de toda Europa a erigirse junto al pueblo venezolano.

Prensa Latina Lima, 21 noviembre (Prensa Latina).- El expresidente peruano Pedro Castillo dijo hoy que no va a pedir al tribunal «absolución, clemencia ni simpatías, si no a exigir justicia” y se declaró inocente en su alegato final. Casi tres años después de su intento de disolver el Congreso adverso y reorganizar el sistema de justicia, Castillo negó haber incurrido en los delitos de rebelión o conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía, previamente, pidió para él 35 años de prisión o 19 y seis meses, si fuera condenado solo por conspiración para la rebelión, cargo que es materia de controversia porque implica alzarse colectivamente en armas contra el Estado, lo que el exmandatario niega de plano. El maestro rural que alcanzó la Presidencia hizo una larga exposición sobre los antecedentes históricos de su llegada al gobierno, el contexto político y el asedio constante de la oposición conservadora mayoritaria desde el Congreso, con el apoyo de la prensa afín. Refirió que decidió personalmente y sin compartirlo con sus ministros, intentar las citadas medidas de excepción el 7 de diciembre de 2022, después de ser advertido de madrugada por una llamada telefónica, de que el Congreso lo iba a vacar (destituir) esa tarde. Castillo dijo que, tras su mensaje, se dirigió a la embajada de México para pedir protección a su familia, pero decidido a permanecer él en Perú. Consideró impensable que pudiera fugarse con su escolta policial, que al final lo entregó para su detención. Negó también que su entonces primera ministra, Betssy Chávez, estuviera al tanto, pues solo le ordenó coordinar la presencia de la prensa oficial para que informe sobre el mensaje. Chávez está asilada en la Embajada de México y sus defensores señalan que pidió esa protección porque era víctima de persecución política, asimismo, argumentan que la mayoría parlamentaria la desaforó (expulsó) acusándola de golpista. La medida fue aplaudida por congresista conservadores, como Patricia Juárez, que pidió negarle el salvoconducto que el Gobierno se resiste a entregarle para su viaje a México. Otra legisladora, Lady Camones, pidió inclusive que la Embajada de México sea allanada y Chávez capturada, opción descartada por el primer ministro, Ernesto Álvarez, quien dijo que Perú respeta el derecho internacional, y por el canciller, Hugo de Zela. La mayoría del Congreso aprobó además dos inhabilitaciones de diez años contra la ex primera ministra, medida de proscripción política que le impide desempeñar cargos en el Estado, la primera de las cuales no alcanzó mayoría, pese a lo cual será votada nuevamente.

Rusia Today La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes un aviso para pilotos (NOTAM) en el que se les notifica sobre la «situación potencialmente peligrosa en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía», en el área de operación del aeropuerto civil más grande de Venezuela, que sirve a la ciudad de Caracas. «Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores», se lee en el documento. La FAA advirtió asimismo que «las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluidas las fases de sobrevuelo, llegada y salida, o para los aeropuertos y las naves en tierra». La medida estará vigente desde este mismo 21 de noviembre hasta la medianoche del 26 de febrero de 2026. El anuncio se produce en el contexto de un amplio despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe bajo el pretexto declarado de combatir a los cárteles, al que Caracas ha calificado como una «amenaza». Pese a ello, esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó entablar conversaciones con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. En concordancia con lo expresado previamente, esta misma jornada, Trump aseguró que «en un futuro no muy lejano» llamará a Maduro porque tiene «algo muy específico» que decirle. Agresión extendida  Despliegue militar: desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas.  Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el declarado propósito de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de más de 70 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes. Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin pruebas a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura. Postura venezolana: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. Falta de sustento: organismos como la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia EE.UU., ya que más de 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico. Condena internacional: Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

RT Un grupo de congresistas del Partido Demócrata de EE.UU., liderados por el senador Tim Kaine, demandó explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acerca del acuerdo que suscribiera el presidente Donald Trump con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, que posibilitó el traslado de 252 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde fueron sometidos sistemáticamente a torturas y diversos abusos. «Lo que relataron [los venezolanos] fue horripilante y refleja un trato que constituye tortura, según el derecho internacional de los derechos humanos. El abuso verbal, la negación de higiene y saneamiento básicos, y la alimentación inadecuada o el acceso limitado a la atención médica fueron la norma», refiere la carta que suscribieron 43 legisladores, entre senadores y miembros de la Cámara de Representantes, y que alude a los testimonios de los afectados, compilados y triangulados por entidades de derechos humanos. A ello sumaron reportes de golpizas recurrentes –intensificadas tras las visitas de Noem y el Comité Internacional de la Cruz Roja–, privación de agua y alimentos, tortura psicológica y abuso sexual, todo lo cual ha dejado daños duraderos y traumas en las víctimas. Sobre la base de estos alegatos, los congresistas llamaron a recordar que «la legislación nacional e internacional vigente desde hace mucho tiempo prohíbe a EE.UU. transferir a ninguna persona de su jurisdicción o control efectivo a ningún lugar donde dicha persona enfrentaría violaciones tan graves de los derechos humanos». Pese a ello, destacaron, «el Departamento de Seguridad Nacional envió a esas personas a El Salvador para ser detenidas en el Cecot, y el Departamento de Estado proporcionó 4,76 millones de dólares para cubrir los costos ‘asociados’ con su detención». Lo que Rubio y Noem deben responder Así las cosas, le exigieron a Rubio y a Noem responder a las siguientes preguntas, a más tardar el venidero 21 de noviembre, «dada la aparente complicidad del Gobierno estadounidense en los abusos sufridos por estas personas»: «Estas violaciones son una mancha en la conciencia moral de nuestro país. Les instamos a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que EE.UU. jamás vuelva a ser cómplice de una conducta tan horrenda e ilegal», remataron.

DW Actualidad Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam han provocado al menos 41 muertos, informaron este jueves (20.11.2025) las autoridades, que siguen las labores para rescatar a personas atrapadas en los tejados de casas inundadas. Unas 52.000 viviendas están inundadas y 62.000 personas fueron evacuadas desde el domingo en las regiones del centro sur del país, añadió el Ministerio en un comunicado. Un mes de lluvias Desde finales de octubre, lluvias incesantes han azotado el sur y centro del país asiático. Populares destinos turísticos costeros se han visto afectados. En Nha Trang, conocida por sus playas de aguas cristalinas, barrios enteros quedaron sumergidos y cientos de vehículos permanecían bajo el agua, según imágenes difundidas por AFP. En las provincias de Gia Lai y Dak Lak, en el centro del país, equipos de rescate en botes trabajan sin descanso para evacuar a residentes atrapados, según medios estatales. También se reportaron aludes mortales en pasos montañosos cercanos a Da Lat, otro centro turístico, donde algunas zonas registraron hasta 600 milímetros de lluvia desde el fin de semana. Las autoridades explicaron que las lluvias torrenciales se sumaron a niveles de agua ya elevados. Entre enero y octubre, los desastres naturales han dejado 279 muertos o desaparecidos y daños por más de 2.000 millones de dólares, según la oficina nacional de estadística de Vietnam.

Página 12 El Gobierno de Javier Milei dejó librado al abandono a más de cinco millones de habitantes que residen en los 6.467 barrios populares del país: en lo que va del año, la administración libertaria invirtió apenas 4,2 millones de dólares para financiar obras de integración sociourbana, el 0,2 por ciento de la inversión anual requerida, según revelaron investigadores y organizaciones sociales. Los datos se desprenden del trabajo “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, elaborado por el think thank Fundar y la ONG Techo, que advirtieron que, si bien el financiamiento a la política de integración sociourbana en los últimos años ha sido insuficiente”, el derrumbe se agravó tras la llegada de Milei al poder, con una “caída sostenida de la inversión pública” que se agudizó más en el último año. Según el paper, “existe un déficit estructural de financiamiento para avanzar en la agenda de integración”: el trabajo sugiere una inversión millonaria para resolver la brecha de infraestructura que supera los 27 mil millones de dólares, con un plazo de 12 años y un financiamiento anual de 2.250 millones de dólares. “Sin inversión en integración sociourbana se condena a millones de personas y miles de familias a seguir viviendo en la exclusión. No se trata de viviendas, servicios o infraestructura, sino de reconocer a los barrios populares y las personas que viven ahí como parte fundamental de la Argentina”, aseguró a Página|12 el director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra, uno de los autores del trabajo. Un ajuste feroz sobre los más vulnerables Sin embargo, nada parece más alejado en los planes del Gobierno de Milei que desarrollar un plan de urbanización sólido para los sectores populares. De hecho, desde diciembre de 2023 se paralizaron miles de obras de integración sociourbana y se perdieron miles de empleos. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Argentina hay 6.467 barrios populares: el 92 % carece de conexión formal al agua potable, más del 98 % no tiene gas natural; el 97 % no tiene acceso formal a cloacas y el 66 % tiene conexiones eléctricas irregulares o muy precarias. Además, el 70 % están expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como basurales, inundaciones o contaminación. Pero detrás de las estadísticas se esconde el drama de más de cinco millones de personas que a diario enfrentan problemas en la vida cotidiana en los barrios populares: dificultades para tomar un baño caliente en invierno, hacinamiento, inseguridad y eventos climáticos extremos que golpean con más fuerza en villas y asentamientos humildes sin infraestructura adecuada para soportar olas de calor o tormentas, que además son cada vez más frecuentes. “Hoy son cinco millones de personas las que viven en estos barrios. Permitir que continúen en condiciones que son directamente inhumanas es algo que no se puede aceptar”, agregó Maquieyra. Con la paralización de la obra pública el problema se agravó. Las organizaciones sociales exigen el cumplimiento de la ley 27.453, sancionada hace ocho años, que busca garantizar la integración sociourbana de los asentamientos relevados a partir de 2016 como parte de la tarea del Renabap, una política pública impulsada durante el macrismo que se sostuvo y amplió durante el Gobierno de Alberto Fernández y ahora está paralizada. De hecho, en 2024 Milei redujo al mínimo el presupuesto del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), alegando supuestas “demoras y falencias” en las obras, aunque luego los propios funcionarios de la gestión libertaria indicaron que no hubo irregularidades. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impuso entonces un amparo para frenar esa decisión. Y si bien un fallo judicial ordenó garantizar el cumplimiento de las obras, aún están paralizadas. En mayo de 2025, el Gobierno fue un paso más allá y eliminó el FISU. Maquieyra aseguró que la eliminación de ese fondo “dejó miles de obras en riesgo” cuyo futuro aparece como “incierto”. “El FISU se consolidó como la herramienta más importante en términos de recaudación y organización para la ejecución de obras de integración sociourbana, permitió realizar avances considerables mediante obras de infraestructura básica, mejoramientos de viviendas y la construcción de equipamientos comunitarios”, señala el trabajo de Fundar.

Telesur Rusia y Venezuela refuerzan la coordinación entre sus organismos de seguridad frente al notorio incremento de la presencia militar estadounidense en el Caribe, así lo confirmó el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov. El diplomático aseguró que ambos países están «hombro con hombro» para enfrentar lo que considera una escalada belicista y sin fundamento real por parte de Washington contra la nación suramericana. El viceministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, subrayó la naturaleza inquebrantable de la relación bilateral, destacando que la alianza estratégica integral con la República Bolivariana de Venezuela fue ratificada recientemente. En una entrevista con la revista de relaciones internacionales Mezhdunaródnaya Zhizn, Riabkov enfatizó que la cooperación abarca todos los frentes, incluyendo un trabajo estrecho y sin secreto entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Riabkov defendió vigorosamente a Venezuela ante la campaña de hostigamiento lanzada por Estados Unidos, indicando que los pretextos esgrimidos para justificar la escalada de tensión en la región carecen de todo fundamento real. El diplomático ruso desestimó categóricamente las acusaciones sobre el narcotráfico contra el liderazgo venezolano, catalogándolas como afirmaciones infundadas. El funcionario ruso argumentó que el tema del narcotráfico está siendo utilizado por Washington como un arma política, sirviendo únicamente como pretexto para la acumulación de fuerzas militares extranjeras en aguas cercanas a Venezuela. Riabkov sostuvo que la lucha contra los cárteles de la droga debe abordarse por otros medios y desmintió que Venezuela se encuentre a la vanguardia de esta actividad ilícita. Las preocupaciones de Moscú se intensifican ante el despliegue militar estadounidense en el Caribe y el Océano Pacífico, que, bajo el pretexto de la lucha contra el tráfico de drogas, involucró el envío de buques y miles de soldados. Dicha estrategia belicista se materializó con la reciente llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford, elevando drásticamente el riesgo de un conflicto en la zona. Esta escalada de tensiones se produce en un momento crítico, pues reportes periodísticos, citando fuentes del gobierno estadounidense, han revelado que la administración del presidente Donald Trump consideró ejecutar operaciones especiales para la captura o eliminación del líder venezolano Nicolás Maduro. Otro plan, según las mismas fuentes, contemplaría apoderarse de campos petroleros e infraestructura vital de la nación bolivariana. Rusia condenó firmemente este incremento de hostilidades y reiteró su firme compromiso con la paz y la soberanía regional. Riabkov fue enfático al declarar que Moscú aboga y exige que toda América Latina se mantenga como una zona de paz, un principio que, según sus palabras, es bien conocido por todas las partes involucradas en la actual crisis geopolítica.