Internacional

DW Actualidad La oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu indicó este sábado (18.10.2025) que el paso fronterizo de Rafah, ubicado entre la Franja de Gaza y Egipto, permananecerá «cerrado hasta nuevo aviso». La reapertura «se considerará en función de cómo Hamás cumpla con sus obligaciones de devolver a los rehenes y los cuerpos de los fallecidos y de aplicar los términos acordados» del alto al fuego, dice un comunicado. Israel pospone la entrada de ayuda humanitaria por Rafah El sábado, la embajada palestina en El Cairo anunció que el cruce de Rafah reabriría el lunes para permitir el regreso a Gaza de los palestinos que viven en Egipto. Sin embargo, las autoridades israelíes dijeron el jueves que solo se permitiría el tránsito de personas cuando se reabriera el paso y no el de ayuda humanitaria. Rafah era «usado con fines terroristas» El ejército israelí tomó el control del lado palestino del cruce de Rafah el 7 de mayo del año pasado, dado que las instalaciones se habían «usado con fines terroristas» y con fuertes sospechas de que también se empleaban para el contrabando de armas. Tras la toma, se suspendió todo acceso a través del paso fronterizo, incluido el del personal de la ONU. El cruce se reabrió brevemente durante el cese al fuego entre Israel y el grupo terrorista palestino Hamás que entró en vigor el 19 de enero de 2025.

BBC News Varias ciudades de Estados Unidos vivieron un día de protestas contra el presidente Donald Trump, incluidas Nueva York, Washington D. C., Chicago, Miami y Los Ángeles. La manifestación en la icónica Times Square de Nueva York contaba con miles de personas poco después de comenzar la mañana del sábado. Las calles y las entradas del metro estuvieron repletas de gente que portaba carteles con lemas como «Democracia, no monarquía» y «La Constitución no es opcional». Antes de las manifestaciones, aliados de Trump acusaron a los manifestantes de estar vinculados con el movimiento de extrema izquierda Antifa y condenaron lo que llamaron «la manifestación de odio a Estados Unidos». Los organizadores y los manifestantes que salieron el sábado dijeron que los eventos habían sido pacíficos. En Nueva York, sectores de la multitud estallaron regularmente en cánticos de «Así es la democracia», mientras un redoble de tambores casi constante, junto con cencerros y matracas, resonaba de fondo. Se podían ver helicópteros y drones sobrevolando, y la policía permanecía al margen. Un organizador con un altavoz anunció que se habían presentado 100.000 personas, aunque no está claro si se refería a las inmediaciones de Times Square o a los cinco distritos de la ciudad, donde también se celebraban manifestaciones y eventos más pequeños. Un agente de policía que estaba presente estimó que más de 20.000 personas marchaban por la Séptima Avenida. Beth Zasloff, escritora y editora independiente, dijo que se había unido a la protesta de Nueva York porque se siente indignada y angustiada por lo que llamó un «movimiento hacia el fascismo y un gobierno autoritario» en la administración Trump. «Me importa mucho la ciudad de Nueva York», dijo Zasloff. «Me da esperanza estar aquí con muchas, muchas otras personas». Desde que regresó a la Casa Blanca, Trump ha adoptado una visión expansiva del poder presidencial, usando órdenes ejecutivas para bloquear fondos aprobados por el Congreso y desmantelar partes del gobierno federal, imponer aranceles a otros países y desplegar tropas de la Guardia Nacional en ciudades a pesar de las objeciones de los gobernadores estatales. El presidente afirma que sus acciones son necesarias para reconstruir un país en crisis y ha desestimado las acusaciones de dictador o fascista, calificándolas de histéricas. Sin embargo, sus críticos advierten que algunas de las medidas de la administración son inconstitucionales y representan una amenaza para la democracia estadounidense

Página 12 Hamás anunció la entrega a la Cruz Roja de los cadáveres de otros dos rehenes en la Franja de Gaza, cuyos cuerpos fueron exhumados este sábado, según un comunicado difundido en su canal de Telegram. El grupo islamista no especificó a quién pertenecen los cuerpos; sin embargo, con esta entrega, permanecerían en el territorio palestino los cadáveres de 16 rehenes. El día anterior, Hamas entregó otro cuerpo que el Centro de Medicina Forense Abu Kabir de Yafa (sur de Tel Aviv) identificó como perteneciente a Eliyahu Margalit, según anunció en un comunicado la oficina del primer ministro, Benjamín Netanyahu. «Representantes del Ejército informaron a la familia del secuestrado Eliyahu Margalit de que su ser querido había sido devuelto a Israel y su identificación completada», señaló. Según otra nota del Ejército de Israel, Margalit fue asesinado el 7 de octubre de 2023 durante el ataque de las milicias gazatíes a territorio israelí, en el que murieron unas 1.200 personas y otras 251 fueron secuestradas. «Fue secuestrado de kibutz Nir Oz. Su muerte fue declarada el 1 de diciembre de 2023. Deja atrás una mujer, tres niños y un nieto», precisó el comunicado castrense. La hija de Margalit, Nili, también fue secuestrada ese día, aunque fue liberada durante la primera tregua en Gaza, en noviembre de 2023. Intercambio de cuerpos A cambio del cuerpo de este rehén, Israel entregó a la Cruz Roja para su devolución a Gaza otros 15 cadáveres de palestinos que mantenía en su poder, anunció el Ministerio de Sanidad gazatí. «Informamos la recepción de 15 cuerpos de mártires liberados hoy por la ocupación israelí y la Cruz Roja, elevando el número total de cadáveres recibidos a 135», detalló. Como en entregas anteriores, la cartera alertó que algunos cuerpos presentaban signos de abusos y palizas. Hasta ahora, el Hospital Nasser de Jan Yunis (sur de Gaza), al que llegan los cadáveres, sólo ha conseguido identificar siete de los que han llegado a su poder dado el deterioro grave que presentan. Uno de los médicos del centro envió a la agencia de noticias EFE unas fotografías de uno de los cuerpos recibidos, en la que se veía un rostro deformado y la cabeza aún mantenía atada la venda con la que presuntamente se le habían tapados los ojos. Las manos seguían esposadas a la espalda y en sus brazos se aprecian numerosas marcas y heridas. El deterioro de los cadáveres es tal que el Hospital Nasser ha tenido que organizar reuniones con las familias de los desaparecidos en las que se muestran las imágenes de los cádaveres, con tal de que alguno de ellos pueda reconocerlos y contribuir a su identificación. Violaciones del acuerdo Por otro lado, Hamas denunció que Israel violó en 47 ocasiones el acuerdo de alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre, con ataques contra la población que acabaron con la vida de 38 personas. «La ocupación israelí ha cometido una serie de violaciones graves y reiteradas desde el anuncio del fin de la guerra en la Franja de Gaza, que ascienden a 47 violaciones documentadas hasta la fecha, en flagrante y clara violación de la decisión de alto el fuego y de las normas del derecho internacional humanitario», indicó en un comunicado. Entre las violaciones, el Ejecutivo gazatí incluye delitos de fuego directo contra civiles, bombardeos y hasta la detención de varios de los ciudadanos. En ese sentido, alegó que el Ejército israelí utiliza para ello los tanques que mantiene en barrios residenciales aún bajo su control (algo más del 50 por ciento de Gaza siguen siendo zonas militarizadas), dispositivos de ataque a distancia o drones cuatricópteros que aún sobrevuelan algunas áreas del enclave. «Estas violaciones han sido registradas en todas las gobernaciones de la Franja de Gaza sin excepción, confirmando que las fuerzas de la ocupación no han cesado su agresión y mantienen su política de asesinar y aterrorizar al pueblo palestino», alertó. Prácticamente cada día, el Ejército israelí ha abierto fuego contra palestinos que cruzaban la «línea amarilla», la demarcación imaginaria a la que las tropas tuvieron que retirarse al comenzar la tregua. Consultadas por EFE, las autoridades sanitarias gazatíes aseguran que en la mayoría de casos los fallecidos eran personas que trataban de llegar a sus hogares, que tuvieron que abandonar durante la ofensiva, gracias al alto el fuego. El acuerdo firmado por Hamas e Israel establece que la tregua abarca a toda la Franja de Gaza y que el Ejército israelí debe retirarse hasta la «línea amarilla», pero eso no implica que el alto el fuego no rija tras ella, aunque el Ejército israelí ha invocado la legítima defensa y las amenazas a sus tropas para disparar contra palestinos en esa zona. Sin ir más el lejos, el viernes atacó en el área a una combi. La Defensa Civil de Gaza concluyó que 11 personas de una misma familia murieron por los disparos: nueve cadáveres fueron hallados en el lugar del ataque y los otros dos, desaparecidos, pertenecen a niños. «Nuestros equipos recuperaron los cuerpos de nueve muertos, entre ellos cuatro niños y tres mujeres (…) Mientras, los cuerpos de dos niños siguen desaparecidos», detalló el comunicado. «Sus cuerpos están destrozados y los perros se han comido gran parte de ellos», sentenció en un intercambio de mensajes de texto con EFE el portavoz de la organización, Mahmud Basal, sobre los desaparecidos. En el lugar del ataque, el este del barrio de Zeitún (sur de la ciudad de Gaza), los rescatistas también encontraron el cadáver partido en dos de un niño pequeño. El número total de muertos causados por la ofensiva de Israel en Gaza subió a 68.116, según el recuento del Ministerio de Sanidad de la Franja, tras añadir a 120 personas que figuraban como desaparecidas de las que corroboró su defunción.

Telesur A través de su Observatorio de Libertad de Prensa, la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) registró 25 ataques a periodistas durante la cobertura de las protestas del pasado 15 de octubre, convocadas por diferentes sectores ciudadanos en contra del gobierno, en Lima y otras regiones. La ANP remarcó que «los 25 ataques fueron perpetrados por agentes policiales» y se registraron dos tipos de ataques por incidente: disparo con perdigones de goma, se registraron 14; episodios de agresiones físicas, con 11 registradas. Entre los hechos de mayor gravedad se encuentran las agresiones contra los fotoperiodistas Gabriel García, de Ojo Público, quien fue empujado y pateado al inicio de la confrontación en las inmediaciones del Congreso, y posteriormente recibió impacto de perdigones. Asimismo, las recibidas por Antonio Melgarejo, fotoperiodista del diario El Comercio, quien recibió impactos de perdigones en el Parque Universitario, y el fotoperiodista independiente Juan Mandamiento que sufrió impactos de perdigones en más de una oportunidad, que le ocasionaron más de 10 lesiones en el cuerpo. Igualmente, fueron impactados por perdigones en diferentes momentos y lugares, los integrantes de los portales informativos ContraNoticia, Punto y Coma, y Mataperrea. De igual forma, sufrieron impedimentos de cobertura los periodistas de Canal N y Latina Noticias, ambas señales de televisión de amplia difusión en la capital. Durante el repliegue de la marcha, un grupo de manifestantes se enfrentó a la policía, especialmente con algunos agentes vestidos de civil, y en ese momento un efectivo disparó su arma a un manifestante y le causó la muerte. La represión a la manifestación del miércoles en Lima contra el Gobierno y el Congreso de Perú dejó al menos un muerto, según confirmó la Defensoría del Pueblo, que también reporta más de 100 heridos —entre ellos 24 manifestantes— así como diez detenidos. La Fiscalía ha pedido este viernes la detención preliminar del policía autor del disparo y de otro agente que lo acompañaba, quien presuntamente también hizo disparos en el lugar. No es la primera vez que la policía peruana reprime a los trabajadores de la prensa y comunicadores independientes. El 29 de septiembre pasado durante las movilizaciones contra la expresidenta de facto, Dina Boluarte, la policía cargó contra los manifestantes y periodistas. «En los últimos tres años, Perú ha caído 53 puestos en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de RSF, ubicándose en el puesto 130 en 2025, lo que constituye  uno de los descensos más significativos», denuncia la organización Reporteros Sin Fronteras. La organización denuncia también que «El 13 de marzo, el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley conocido como la Ley Mordaza, una reforma que aumenta las penas de prisión por difamación hasta cinco años, e introduce delitos vagamente definidos como la “violación de la intimidad personal”, que podrían ser utilizados fácilmente para criminalizar el periodismo de investigación.

Prensa Latina Quito, 18 octubre (Prensa Latina).- Ecuador vivió una semana de protestas contra medidas del Gobierno de Daniel Noboa en el contexto del paro convocado por el movimiento indígena que, a diferencia de ocasiones anteriores, ha sido descentralizado. Si bien la provincia de Imbabura, en la sierra norte, ha concentrado el mayor número de bloqueos de vías y manifestaciones en comunidades indígenas desde que inició el actual levantamiento el 22 de septiembre pasado, las manifestaciones abarcan otros puntos del país. Quito, Cuenca, Loja y Guayaquil, así como localidades de otras provincias, han sido escenario de movilizaciones sociales en respaldo al paro que convocó la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) en rechazo a medidas como el alza del diésel. El docente e investigador Franklin Ramírez comentó que las protestas de las últimas cuatro semanas han sido sui generis porque no tienen la lógica de organización, despliegue y asentamiento de las ocurridas en 2019 o 2022 contra los entonces gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso. “Es una protesta descentralizada que tiene diversos epicentros según las comunas, territorios e iniciativas de organizaciones”, precisó el analista en entrevista con la emisora Radio Pichincha. Según comentó, se aprecia una autonomía e iniciativa desde abajo, desde las comunidades, y eso permite una dinámica descentralizada en los territorios. En el caso de Imbabura, representantes del Gobierno dialogaron con dirigentes indígenas locales, quienes expusieron una serie de demandas para detener las movilizaciones y los bloqueos de vías. Para la administración eso constituyó el “fin del paro”, sin embargo, ciudadanos se niegan a detener las manifestaciones y los cierres de carreteras persisten este sábado, según reportes del Sistema Integrado de Seguridad ECU 911. Pese a que las bases de Imbabura no acataron la decisión de suspender el paro, la ministra del Gobierno, Zaida Rovira, señaló que instalarán mesas técnicas de diálogo el próximo lunes porque los indígenas tienen «requerimientos que son justos» y tienen que ser atendidos de «forma inmediata». La vicepresidenta de la Conaie, Ercilia Castañeda, aseguró que en el encuentro del Ejecutivo e indígenas de Imbabura no les permitieron participar a los dirigentes de la organización nacional. “Lo que ha pretendido el Gobierno ha sido dividir al movimiento indígena”, enfatizó Castañeda, al tiempo que denunció la represión y las violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Esta semana, hubo un muerto, un joven kichwa de 30 años, por impacto de un proyectil durante las manifestaciones en Imbabura, a donde llegaron policías y militares como parte de un “convoy humanitario”. A su vez, una mujer indígena de 61 años perdió la vida aparentemente por el impacto de los gases lacrimógenos durante la jornada del martes. Mientras la Conaie insiste en que el paro continúa, Noboa y su equipo se mantienen firmes en su decisión sobre el diésel y otras medidas como el alza del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que subió del 12 al 15 por ciento para destinar esos fondos a la lucha contra la inseguridad. El mandatario aseveró que el Gobierno no cae en la agenda de los opositores. «Creen que nos pueden trabar en el conflicto poniéndonos ahí 300 o 400 personas a pegar tres gritos, pero nosotros somos más fuertes que eso y también somos más hábiles», apuntó. En medio de las protestas, Ecuador entró en la cuenta regresiva para la consulta popular y referéndum del próximo 16 de noviembre, cuando los ciudadanos deberán pronunciarse sobre la instalación de bases militares extranjeras, una Asamblea Constituyente, y otros temas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se pronunció este sábado sobre el connacional que sobrevivió al ataque de EE.UU. al presunto ‘narco submarino’. Según indicó su homólogo estadounidense, Donald Trump, el navío pretendía ingresar una gran carga de sustancias ilícitas al territorio del país norteamericano. «Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes«, escribió Petro en redes sociales. Esa misma jornada, Trump anunció en Truth Social que las fuerzas estadounidenses desplegadas en aguas del Caribe habían bombardeado un submarino cargado de narcóticos, «principalmente con fentanilo«. Según afirmó, en la embarcación habían 4 «narcoterroristas», 2 de los cuales fueron abatidos, y los 2 restantes «están siendo retornados a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y procesamiento». Agresión de EE.UU. en el Caribe Desde el pasado mes de agosto, Washington ha desplegado sus fuerzas militares en las aguas cercanas a Venezuela, bajo la excusa de la lucha contra el narcotráfico que presuntamente proviene del país suramericano, pese a que no ha presentado sustento ni pruebas de esto. En este sentido, ha realizado varios bombardeos a diferentes embarcaciones, que supuestamente estaban cargadas de drogas, siendo esta la primera vez que parte de su tripulación sobrevive. Caracas ha calificado esas acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU.  El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales». Muchos líderes mundiales y regionales han considerado también que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra el mandatario de liderar un «cártel de narcotráfico».

Rusia Today Donald Trump ha anunciado este sábado la destrucción de un submarino «muy grande» que cargaba drogas, dirigiéndose a Estados Unidos por una «bien conocida» ruta de tránsito del narcotráfico.  A continuación, está la declaración completa del presidente de EE.UU.: «Fue un gran honor destruir un enorme submarino cargado de drogas que navegaba hacia Estados Unidos por una conocida ruta de tránsito del narcotráfico. La inteligencia estadounidense confirmó que esta embarcación estaba cargada principalmente con fentanilo y otras drogas ilegales. Había cuatro conocidos narcoterroristas a bordo. Dos de ellos fueron eliminados. Al menos 25.000 estadounidenses morirían si permitiera que este submarino llegara a la costa. Los dos terroristas supervivientes están siendo devueltos a sus países de origen, Ecuador y Colombia, para su detención y enjuiciamiento. Ningún efectivo estadounidense resultó herido en este ataque. Bajo mi mando, Estados Unidos de América no tolerará que los narcoterroristas trafiquen drogas ilegales, ni por tierra ni por mar. ¡Gracias por su atención a este asunto!». Hasta el pasado martes, se contabilizaban cinco bombardeos a distancia contra pequeñas embarcaciones en puntos no precisados del mar Caribe perpetrados por EE.UU. en el marco de lo que se ha presentado como una operación anticárteles que ha dejado al menos 27 ultimados. Estas acciones han sido criticadas por gobiernos como los de Colombia, Brasil y Venezuela, así como por expertos de las Naciones Unidas, que han señalado que se trata de «ejecuciones sumarias» contrarias a lo que consagra el derecho internacional. Agresión de EE.UU. en el Caribe Actualmente, Washington realiza acciones militares y bombardeos en aguas cercanas al territorio venezolano con el argumento, sin sustento ni pruebas, de combatir a los cárteles del narcotráfico. Caracas ha calificado esas acciones de «agresión» y ha cuestionado la verdadera razón de los operativos. Además, el pasado mes de agosto, EE.UU. desplegó un amplio contingente militar en la zona. Nicolás Maduro sostiene que su país es víctima de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. El Estado venezolano, ha reiterado, está siendo objeto de una «agresión armada para imponer un cambio de régimen» y un gobierno «títere», a fin de «robarle el petróleo, el gas, el oro y todos los recursos naturales». Muchos líderes mundiales y regionales han considerado también que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra el mandatario de liderar un «cártel de narcotráfico».

DW Actualidad El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró el viernes (17.10.2025) que su par venezolano Nicolás Maduro ha ofrecido «de todo» para evitar un conflicto abierto. Ante los reportes de prensa sobre acercamientos del régimen de Caracas, o de algunos de sus principales responsables para evitar una escalada, Trump respondió con una rotunda expresión. Maduro «ha ofrecido de todo. ¿Sabe por qué? Porque no se quiere meter con Estados Unidos», indicó a preguntas de un periodista, durante el encuentro con la prensa en el marco de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Washington mantiene desde agosto varios buques de guerra en aguas internacionales del Caribe, cerca de las costas venezolanas, y ha lanzado al menos seis ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos «narcoterroristas» con un balance de al menos 27 muertos. El más reciente ataque ocurrió el jueves, según lo confirmó el propio Trump, contra «un submarino construido específicamente para transportar grandes cantidades de drogas». Como parte del pulso entre ambos países que se ha ido endureciendo progresivamente, Venezuela reforzó su presencia militar en estados fronterizos con Colombia. La posición oficial de Washington es que Nicolás Maduro encabeza el denominado cártel de los Soles, y por ello hay una recompensa que lleve a su captura de 50 millones de dólares. Adepto a una diplomacia de exhibición de fuerza, y de mensajes intimidantes, Trump anunció el miércoles que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela. La CIA tiene un largo historial de intervenciones en América Latina, pero las confirmaciones de ese tipo de operaciones acostumbraban a llegar luego, incluso años después.

BBC News El descontento en Perú no cesa. Y en las calles, miles de manifestantes siguen protestando desde hace un mes. Ni la caída de la anterior presidenta, Dina Boluarte, ni la llegada hace apenas una semana del actual mandatario, José Jerí, parecen calmar las aguas revueltas del país. En las últimas horas, las protestas se tornaron violentas. El miércoles, el cantante de hip hop Eduardo Ruíz, de 32 años, murió tras recibir un disparo de arma de fuego durante una manifestación en la que participaba con miles de jóvenes, según la Fiscalía. El comandante general de la Policía Nacional de Perú, Óscar Arriola, informó este jueves que fue un suboficial quien disparó y se encuentra detenido. Más de 100 personas resultaron heridas en los últimos días, entre ellas policías y periodistas, y varios de los colectivos que promueven las protestas aseguran que se mantendrán en las calles hasta sacar a Jerí de la presidencia. Sin renuncia El nuevo mandatario dijo que no renunciaría y aclaró: «Mi responsabilidad es mantener la estabilidad del país, esa es mi responsabilidad y mi compromiso». A la vez, dijo que pedirá al Parlamento facultades para combatir la delincuencia. Pero la muerte de un manifestante ha recordado a lo sucedido en 2020 con Manuel Merino, que tuvo que renunciar tras la muerte de dos manifestantes solo cinco días después de habr sido investido presidente. Las autoridades parecen estar actuando esta vez de modo diferente, quizá conscientes de que un malestar popular desbordado puede forzar que la presidencia de Jerí sea también muy efímera.  El presunto autor del disparo que acabó con la vida de Eduardo Ruiz fue detenido en pocas horas y el general Óscar Arriola, comandante general de la Policía Nacional del Perú, ofreció sus condolencias a la familia, prometió una investigación «exhaustiva» y anunció que los generales responsables del operativo policial en el centro de Lima el miércoles habían sido relevados. La pregunta es si a Jerí le bastará con actuar de manera diferente a como lo hizo Merino en 2020.  «Aunque su instinto de supervivencia lo empuja a marcar distancia de un régimen impopular, Jerí no debe olvidar que su origen es el mismo», escribió en El Comercio el columnista José Carlos Requena, en referencia a que las fuerzas que propiciaron en el Congreso el acceso de Jerí a la presidencia parecen ser las mismas que sostuvieron a Boluarte. Pese a las protestas de los estudiantes y otros colectivos en la calle, el presidente ha sobrevivido hasta ahora a los movimientos de sus rivales, que no están dispuestos a darle tregua. El Congreso rechazó admitir a trámite dos mociones de censura contra la mesa directiva del Parlamento. La aprobación de una moción de este tipo implicaría la salida de Jerí de la Presidencia, que ejerce en su calidad de presidente del Congreso. Si deja de serlo, dejará de ser también el presidente de la República.  Pero el mandatario ha logrado hasta ahora sortear ese peligro. La última votación se saldó con 63 votos en contra por solo 20 a favor, lo que revela una posición todavía relativamente sólida en el Congreso. Aunque antecedentes como el de Boluarte muestran que esto puede cambiar en cuestión de horas en Perú.  Este mismo viernes la congresista del Bloque Democrático Popular Sigrid Bazán presentó una denuncia constitucional contra Jerí; su primer ministro, Ernesto Álvarez; y su ministro de Interior, Vicente Tiburcio, por su presunta responsabilidad en la muerte del manifestante. Pocos apuestan que será el último intento contra Jerí y su gobierno. Jerí es el séptimo presidente de Perú en menos de una década y asumió el cargo el 10 de octubre.

Telesur A pesar de la vigencia del acuerdo de alto al fuego firmado entre Israel y el movimiento palestino de resistencia islámica Hamás, este viernes se registró un nuevo episodio de violencia en la ciudad de Gaza, donde fuerzas israelíes atacaron un vehículo que transportaba civiles desplazados en el barrio de Al-Zaytoun, provocando varias muertes y heridos. Según reportes de fuentes locales, el vehículo fue bombardeado mientras los ocupantes —residentes que intentaban regresar a sus hogares— se desplazaban por la zona. El ataque ocurrió en medio de una aparente retirada militar israelí, lo que ha generado preocupación internacional por el incumplimiento del cese de hostilidades. Hasta el momento, no se ha confirmado el número exacto de víctimas, aunque equipos médicos y brigadas de defensa civil enfrentaron dificultades para acceder al lugar, debido a los continuos ataques en áreas civiles, una situación que se ha repetido desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Palestina denunció que el ejército israelí «sigue matando civiles» en zonas donde supuestamente se ha replegado. Según datos oficiales, al menos 15 palestinos han muerto por disparos desde el 10 de octubre, en violación directa de los acuerdos recientemente firmados. En un incidente relacionado, tres palestinos resultaron heridos por disparos de soldados israelíes en el área de Khan Younis, al sur de la Franja de Gaza. De acuerdo con cifras actualizadas por el Ministerio de Salud palestino, la ofensiva israelí desde octubre de 2023 ha dejado un saldo de 67.967 muertos y 170.179 heridos, incluyendo miles de niños, mujeres y ancianos.