2025

Telesur Las organizaciones sociales y de derechos humanos del Ecuador emitieron un pronunciamiento urgente en el que denuncian una “masacre carcelaria permanente y progresiva” en la Penitenciaría del Litoral, también conocida como CPL Guayas N.º 1, cuya crisis se mantiene desde marzo de 2024 y se ha profundizado a lo largo de 2025. El comunicado advierte que esta situación constituye una violación grave y sostenida de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad. De acuerdo con el documento, la masacre se expresa mediante la degradación extrema de las condiciones de detención, producto de la actuación —o inacción— de funcionarios públicos que habrían permitido la negación de alimentación adecuada, atención médica, acceso a medicinas y condiciones higiénicas mínimas dentro del centro penitenciario. Las organizaciones sostienen que estas omisiones del Estado configuran un cuadro estructural de violencia y abandono que pone en riesgo permanente la vida de miles de detenidos. El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) reportó en agosto de 2025 un total de 390 muertes en la Penitenciaría por causas vinculadas al desabastecimiento de agua, alimentos y servicios de salud. Solo entre enero y agosto, los cuerpos sin vida encontrados en el centro superaron las cifras de años anteriores, con julio y agosto como los meses más críticos, llegando a registrarse más de 100 fallecimientos por mes. La situación se agravó dramáticamente hacia finales de octubre y noviembre. Según el pronunciamiento, el número total de muertes en 2025 ascendió ya a 590, cifra superior a la del año anterior. Solo en septiembre y octubre se contabilizaron 200 muertes adicionales, muchas de ellas atribuibles a desnutrición, falta de atención médica o enfermedades no tratadas. A esto se suma el hallazgo, en los últimos días, de entre 25 y 30 cadáveres provenientes de la Penitenciaría del Litoral, ingresados en el Servicio de Medicina Legal de Guayaquil y con signos evidentes de descomposición, lo que indica retrasos en su recuperación y registro. Las organizaciones firmantes citaron además las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que desde 2024 advertía que la situación carcelaria en Ecuador había escalado a niveles “compatibles con la tortura y trato inhumano”, especialmente por la falta de agua potable, comida, medicinas y atención médica adecuada. Según el pronunciamiento, el Estado ha permitido la continuidad de un sistema que vulnera derechos básicos y expone a las personas privadas de libertad a un sufrimiento evitable. Asimismo, se denunció que el colapso humanitario dentro del centro está correlacionado con una serie de decisiones operativas estatales, entre ellas la militarización de la cárcel y la reducción del suministro de agua y alimentos durante intervenciones de seguridad. Las organizaciones exigieron que se declare la crisis carcelaria como emergencia nacional, se habiliten mecanismos independientes de monitoreo y se establezcan responsabilidades administrativas y penales por la muerte de cientos de personas bajo custodia estatal. El pronunciamiento concluye señalando que la masacre carcelaria en curso constituye una violación sistemática del derecho internacional y un fracaso estructural del Estado ecuatoriano en su deber de garantizar la vida y dignidad de quienes se encuentran bajo su custodia.

Prensa Latina Caracas, 21 noviembre (Prensa Latina).- Parlamentarios y líderes políticos de Europa llamaron hoy a cesar las amenazas estadounidenses contra Venezuela y poner fin a la escalada militar en el Caribe que amenaza la paz, seguridad y estabilidad de los pueblos. El ministro bolivariano para Relaciones Exteriores, Yván Gil, en nombre del presidente Nicolás Maduro, saludó “esta demostración de solidaridad hacia nuestro pueblo y su inalienable derecho a construir un futuro de autodeterminación”. La carta está rubricada por parlamentarios y líderes políticos de Alemania, España, Reino Unido, Escocia, Polonia, Francia, ente otros, quienes “elevamos una grave alarma ante la inminente amenaza de intervención militar estadounidense en Venezuela”. Los signatarios denunciaron que el “preludio de la invasión ya está en marcha”, con una armada naval estadounidense de al menos ocho buques de guerra, bombarderos estratégicos, aviones de combate y al menos 10 mil soldados que patrullan ahora el Caribe. Afirmaron que este despliegue de fuerza “ya ha demostrado ser letal, con ataques a botes pequeños que han causado al menos 67 muertos”. La misiva señaló que la administración de Donald Trump cortó los canales diplomáticos con Caracas y autorizó operaciones encubiertas de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en Venezuela, mientras bombarderos B-52 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos rodean el Caribe. “El Carrier Strike Group 12, que incluye al portaaviones USS Gerald R. Ford, cruzó el Atlántico con destino al Caribe llevando consigo miles de tropas más”, indicó. Denunció que este escalamiento no es una anomalía; es simplemente el último intento de Washington de amenazar y socavar la soberanía de las naciones de América Latina y el Caribe. Los parlamentarios y políticos europeos recordaron que documentos desclasificados confirmaron la injerencia de la CIA en derrocar gobiernos democráticamente elegidos en América Latina, como Chile de Salvador Allende en 1973; Brasil de Joao Goulart en 1964 y Guatemala de Jacobo Árbenz en 1954. Señalaron que el costo humano de estas operaciones de cambio de régimen fue catastrófico, y su legado político perdura. Asimismo, estimaron que este fortalecimiento militar eleva aún más las apuestas, y advirtieron que, si Estados Unidos lanza una intervención militar en Venezuela, “marcaría la primera guerra interestatal” estadounidense en Sudamérica. La excusa para la intervención es tan cansina como familiar, dijeron, y señalaron que bajo la bandera de combatir a los «narcoterroristas», Trump celebra ataques letales contra pescadores pacíficos arbitrariamente etiquetados como traficantes de drogas. Recordaron que este guion ya fue leído antes en Colombia, México y a lo largo de América Latina, y afirmaron que la «Guerra contra las Drogas» de Estados Unidos no dejó seguridad sino un torrente de derramamiento de sangre, despojo y desestabilización. Al respecto, condenaron en los términos más enérgicos la escalada militar contra Venezuela y llamaron a las fuerzas progresistas de toda Europa a erigirse junto al pueblo venezolano.

Prensa Latina Lima, 21 noviembre (Prensa Latina).- El expresidente peruano Pedro Castillo dijo hoy que no va a pedir al tribunal «absolución, clemencia ni simpatías, si no a exigir justicia” y se declaró inocente en su alegato final. Casi tres años después de su intento de disolver el Congreso adverso y reorganizar el sistema de justicia, Castillo negó haber incurrido en los delitos de rebelión o conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. La Fiscalía, previamente, pidió para él 35 años de prisión o 19 y seis meses, si fuera condenado solo por conspiración para la rebelión, cargo que es materia de controversia porque implica alzarse colectivamente en armas contra el Estado, lo que el exmandatario niega de plano. El maestro rural que alcanzó la Presidencia hizo una larga exposición sobre los antecedentes históricos de su llegada al gobierno, el contexto político y el asedio constante de la oposición conservadora mayoritaria desde el Congreso, con el apoyo de la prensa afín. Refirió que decidió personalmente y sin compartirlo con sus ministros, intentar las citadas medidas de excepción el 7 de diciembre de 2022, después de ser advertido de madrugada por una llamada telefónica, de que el Congreso lo iba a vacar (destituir) esa tarde. Castillo dijo que, tras su mensaje, se dirigió a la embajada de México para pedir protección a su familia, pero decidido a permanecer él en Perú. Consideró impensable que pudiera fugarse con su escolta policial, que al final lo entregó para su detención. Negó también que su entonces primera ministra, Betssy Chávez, estuviera al tanto, pues solo le ordenó coordinar la presencia de la prensa oficial para que informe sobre el mensaje. Chávez está asilada en la Embajada de México y sus defensores señalan que pidió esa protección porque era víctima de persecución política, asimismo, argumentan que la mayoría parlamentaria la desaforó (expulsó) acusándola de golpista. La medida fue aplaudida por congresista conservadores, como Patricia Juárez, que pidió negarle el salvoconducto que el Gobierno se resiste a entregarle para su viaje a México. Otra legisladora, Lady Camones, pidió inclusive que la Embajada de México sea allanada y Chávez capturada, opción descartada por el primer ministro, Ernesto Álvarez, quien dijo que Perú respeta el derecho internacional, y por el canciller, Hugo de Zela. La mayoría del Congreso aprobó además dos inhabilitaciones de diez años contra la ex primera ministra, medida de proscripción política que le impide desempeñar cargos en el Estado, la primera de las cuales no alcanzó mayoría, pese a lo cual será votada nuevamente.

Rusia Today La Administración Federal de Aviación de EE.UU. (FAA, por sus siglas en inglés) emitió este viernes un aviso para pilotos (NOTAM) en el que se les notifica sobre la «situación potencialmente peligrosa en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía», en el área de operación del aeropuerto civil más grande de Venezuela, que sirve a la ciudad de Caracas. «Se recomienda a los operadores extremar la precaución al operar en la Región de Información de Vuelo de Maiquetía a todas las altitudes debido al deterioro de la situación de seguridad y al aumento de la actividad militar en Venezuela y sus alrededores», se lee en el documento. La FAA advirtió asimismo que «las amenazas podrían representar un riesgo potencial para las aeronaves a todas las altitudes, incluidas las fases de sobrevuelo, llegada y salida, o para los aeropuertos y las naves en tierra». La medida estará vigente desde este mismo 21 de noviembre hasta la medianoche del 26 de febrero de 2026. El anuncio se produce en el contexto de un amplio despliegue militar estadounidense en aguas del mar Caribe bajo el pretexto declarado de combatir a los cárteles, al que Caracas ha calificado como una «amenaza». Pese a ello, esta semana, el presidente estadounidense, Donald Trump, no descartó entablar conversaciones con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro. En concordancia con lo expresado previamente, esta misma jornada, Trump aseguró que «en un futuro no muy lejano» llamará a Maduro porque tiene «algo muy específico» que decirle. Agresión extendida  Despliegue militar: desde agosto pasado, EE.UU. mantiene desplegada una fuerza militar significativa frente a las costas de Venezuela, justificándola como parte de la lucha antidrogas.  Washington anunció posteriormente la operación Lanza del Sur, con el declarado propósito de «eliminar a los narcoterroristas» del hemisferio occidental y «proteger» a EE.UU. «de las drogas que están matando» a sus ciudadanos. Operativos letales: como parte de estas operaciones se han realizado bombardeos contra presuntas embarcaciones de narcotraficantes, con un saldo de más de 70 personas muertas y sin pruebas de que realmente traficaran con estupefacientes. Acusaciones y recompensa: Washington ha acusado sin pruebas a Maduro de liderar un cártel de narcotráfico y ha duplicado la recompensa por su captura. Postura venezolana: Maduro denuncia que el objetivo real de EE.UU. es un «cambio de régimen» para apoderarse de las inmensas riquezas petroleras y gasísticas de Venezuela. Falta de sustento: organismos como la ONU y la propia Administración de Control de Drogas de EE.UU. (DEA) señalan que Venezuela no es una ruta principal para el narcotráfico hacia EE.UU., ya que más de 80 % de las drogas utilizan la ruta del Pacífico. Condena internacional: Rusia, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y los Gobiernos de Colombia, México y Brasil han condenado las acciones estadounidenses. Expertos califican los ataques a embarcaciones como «ejecuciones sumarias» que violan el derecho internacional.

RT Un grupo de congresistas del Partido Demócrata de EE.UU., liderados por el senador Tim Kaine, demandó explicaciones al secretario de Estado, Marco Rubio, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acerca del acuerdo que suscribiera el presidente Donald Trump con su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele, que posibilitó el traslado de 252 venezolanos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), donde fueron sometidos sistemáticamente a torturas y diversos abusos. «Lo que relataron [los venezolanos] fue horripilante y refleja un trato que constituye tortura, según el derecho internacional de los derechos humanos. El abuso verbal, la negación de higiene y saneamiento básicos, y la alimentación inadecuada o el acceso limitado a la atención médica fueron la norma», refiere la carta que suscribieron 43 legisladores, entre senadores y miembros de la Cámara de Representantes, y que alude a los testimonios de los afectados, compilados y triangulados por entidades de derechos humanos. A ello sumaron reportes de golpizas recurrentes –intensificadas tras las visitas de Noem y el Comité Internacional de la Cruz Roja–, privación de agua y alimentos, tortura psicológica y abuso sexual, todo lo cual ha dejado daños duraderos y traumas en las víctimas. Sobre la base de estos alegatos, los congresistas llamaron a recordar que «la legislación nacional e internacional vigente desde hace mucho tiempo prohíbe a EE.UU. transferir a ninguna persona de su jurisdicción o control efectivo a ningún lugar donde dicha persona enfrentaría violaciones tan graves de los derechos humanos». Pese a ello, destacaron, «el Departamento de Seguridad Nacional envió a esas personas a El Salvador para ser detenidas en el Cecot, y el Departamento de Estado proporcionó 4,76 millones de dólares para cubrir los costos ‘asociados’ con su detención». Lo que Rubio y Noem deben responder Así las cosas, le exigieron a Rubio y a Noem responder a las siguientes preguntas, a más tardar el venidero 21 de noviembre, «dada la aparente complicidad del Gobierno estadounidense en los abusos sufridos por estas personas»: «Estas violaciones son una mancha en la conciencia moral de nuestro país. Les instamos a que tomen todas las medidas necesarias para garantizar que EE.UU. jamás vuelva a ser cómplice de una conducta tan horrenda e ilegal», remataron.

DW Actualidad Las crecidas y los deslizamientos de tierra provocados por varias semanas de lluvias excepcionalmente intensas en Vietnam han provocado al menos 41 muertos, informaron este jueves (20.11.2025) las autoridades, que siguen las labores para rescatar a personas atrapadas en los tejados de casas inundadas. Unas 52.000 viviendas están inundadas y 62.000 personas fueron evacuadas desde el domingo en las regiones del centro sur del país, añadió el Ministerio en un comunicado. Un mes de lluvias Desde finales de octubre, lluvias incesantes han azotado el sur y centro del país asiático. Populares destinos turísticos costeros se han visto afectados. En Nha Trang, conocida por sus playas de aguas cristalinas, barrios enteros quedaron sumergidos y cientos de vehículos permanecían bajo el agua, según imágenes difundidas por AFP. En las provincias de Gia Lai y Dak Lak, en el centro del país, equipos de rescate en botes trabajan sin descanso para evacuar a residentes atrapados, según medios estatales. También se reportaron aludes mortales en pasos montañosos cercanos a Da Lat, otro centro turístico, donde algunas zonas registraron hasta 600 milímetros de lluvia desde el fin de semana. Las autoridades explicaron que las lluvias torrenciales se sumaron a niveles de agua ya elevados. Entre enero y octubre, los desastres naturales han dejado 279 muertos o desaparecidos y daños por más de 2.000 millones de dólares, según la oficina nacional de estadística de Vietnam.

Página 12 El Gobierno de Javier Milei dejó librado al abandono a más de cinco millones de habitantes que residen en los 6.467 barrios populares del país: en lo que va del año, la administración libertaria invirtió apenas 4,2 millones de dólares para financiar obras de integración sociourbana, el 0,2 por ciento de la inversión anual requerida, según revelaron investigadores y organizaciones sociales. Los datos se desprenden del trabajo “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, elaborado por el think thank Fundar y la ONG Techo, que advirtieron que, si bien el financiamiento a la política de integración sociourbana en los últimos años ha sido insuficiente”, el derrumbe se agravó tras la llegada de Milei al poder, con una “caída sostenida de la inversión pública” que se agudizó más en el último año. Según el paper, “existe un déficit estructural de financiamiento para avanzar en la agenda de integración”: el trabajo sugiere una inversión millonaria para resolver la brecha de infraestructura que supera los 27 mil millones de dólares, con un plazo de 12 años y un financiamiento anual de 2.250 millones de dólares. “Sin inversión en integración sociourbana se condena a millones de personas y miles de familias a seguir viviendo en la exclusión. No se trata de viviendas, servicios o infraestructura, sino de reconocer a los barrios populares y las personas que viven ahí como parte fundamental de la Argentina”, aseguró a Página|12 el director ejecutivo de TECHO, Juan Maquieyra, uno de los autores del trabajo. Un ajuste feroz sobre los más vulnerables Sin embargo, nada parece más alejado en los planes del Gobierno de Milei que desarrollar un plan de urbanización sólido para los sectores populares. De hecho, desde diciembre de 2023 se paralizaron miles de obras de integración sociourbana y se perdieron miles de empleos. Según datos del Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap), en Argentina hay 6.467 barrios populares: el 92 % carece de conexión formal al agua potable, más del 98 % no tiene gas natural; el 97 % no tiene acceso formal a cloacas y el 66 % tiene conexiones eléctricas irregulares o muy precarias. Además, el 70 % están expuestos a al menos un factor de riesgo ambiental, como basurales, inundaciones o contaminación. Pero detrás de las estadísticas se esconde el drama de más de cinco millones de personas que a diario enfrentan problemas en la vida cotidiana en los barrios populares: dificultades para tomar un baño caliente en invierno, hacinamiento, inseguridad y eventos climáticos extremos que golpean con más fuerza en villas y asentamientos humildes sin infraestructura adecuada para soportar olas de calor o tormentas, que además son cada vez más frecuentes. “Hoy son cinco millones de personas las que viven en estos barrios. Permitir que continúen en condiciones que son directamente inhumanas es algo que no se puede aceptar”, agregó Maquieyra. Con la paralización de la obra pública el problema se agravó. Las organizaciones sociales exigen el cumplimiento de la ley 27.453, sancionada hace ocho años, que busca garantizar la integración sociourbana de los asentamientos relevados a partir de 2016 como parte de la tarea del Renabap, una política pública impulsada durante el macrismo que se sostuvo y amplió durante el Gobierno de Alberto Fernández y ahora está paralizada. De hecho, en 2024 Milei redujo al mínimo el presupuesto del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), alegando supuestas “demoras y falencias” en las obras, aunque luego los propios funcionarios de la gestión libertaria indicaron que no hubo irregularidades. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) impuso entonces un amparo para frenar esa decisión. Y si bien un fallo judicial ordenó garantizar el cumplimiento de las obras, aún están paralizadas. En mayo de 2025, el Gobierno fue un paso más allá y eliminó el FISU. Maquieyra aseguró que la eliminación de ese fondo “dejó miles de obras en riesgo” cuyo futuro aparece como “incierto”. “El FISU se consolidó como la herramienta más importante en términos de recaudación y organización para la ejecución de obras de integración sociourbana, permitió realizar avances considerables mediante obras de infraestructura básica, mejoramientos de viviendas y la construcción de equipamientos comunitarios”, señala el trabajo de Fundar.