Redacción central
La supuesta víctima en el caso estupro, trata y tráfico que la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez, armó para iniciar un proceso contra el expresidente Evo Morales, Cindy Vargas, denunció que el gobierno intentó secuestrarla a la fuerza junto a su hija, el pasado 2 de octubre y que, debido a ese acto delictivo, se declara en la clandestinidad.
La denuncia la realizó en un video que compartió en las redes sociales, en el que también responsabiliza al presidente Luis Arce Catacora, al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo; a la fiscal de Tarija, Sandra Gutiérrez y a la diputada Luciano Campero del partido de Carlos Mesa, si le pasa algo a ella y su familia.
El video, en audio, y con fotografías de ella, empieza señalando: “Soy Cindy Vargas Pozo (…) el 2 de octubre a las 6.23 pm fuimos víctimas de intento de secuestro junto a su hija por el sargento Reynaldo Mamani”.
Agrega que fue retenida e interceptada por el sargento Mamani, que le pidió placa y licencia que no tenía en ese momento, después de llamar a alguien llegó una vagoneta gris con tres efectivos que se identificaron de ser personal de FELCC.
Vargas afirmó que intentaron quitarle a su hija con violencia y que tuvo que defenderse, debido a que gritó pidiendo auxilio, los vecinos de la zona y padres de familia las socorrieron y gracias a esa ayuda lograron evitar su detención.
Afirmó que los policías de civil eran de “inteligencia” y que a raíz de ese hecho, decidió declararse en la clandestinidad, porque la Policía debería proteger a los ciudadanos, sin embargo, en este caso, trataron de secuestrarla junto a su hija.
Dijo que hace responsable de todo lo que le pueda pasar a ella, su hija y familia, al gobierno de Luis Arce del Castillo, al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, a la fiscal Sandra Gutiérrez y a la diputada Luciana Campero.
Lamentó que el gobierno haya expuesto la imagen de su hija, de ella y su madre con imágenes, exponiendo a las víctimas y generando odio hacia su familia, solo por pugnas políticas, a sabiendas de que sus padres no tienen nada que ver, ni tienen conocimiento de quién es el padre de mi hija.
“Ellos dicen (gobierno) que el caso está en reserva, cuando vemos claramente que ellos mismos filtraron información, a pesar de toda la información mediática, hago de conocimiento público que mi familia es victima de persecución política por parte de estas personas”, añade.
