Por Dolores Arce
Definitivamente, desde el Gobierno nacional intentan marear la perdiz. Así lo confirmó el discurso presidencial y su disparata propuesta de referéndum, que intenta cerrar el círculo vicioso del manejo arbitrario de los diferentes órganos del Estado, cooptados, subordinados y avasallados por el ejecutivo.
Un referéndum que lejos de gobernar escuchando al pueblo, con su primera pregunta respecto a la subvención de los hidrocarburos, pretende endosarle decisiones o justificar un gasolinazo disfrazado. Definir políticas públicas y asumirlas es parte de las responsabilidades del ejecutivo.
Las otras preguntas, referidas a los escaños parlamentarios y la reelección del binomio presidencial, implicarían una reforma parcial de la CPE y el canal pasa por iniciativa popular con previa recolección del 20% de firmas del electorado, o vía iniciativa legislativa aprobada por dos tercios, en ningún momento es atribución del ejecutivo vía decreto supremo.
Cobra sentido la férrea defensa de los magistrados auto prorrogados, ya que el Tribunal Constitucional Plurinacional sería la pieza clave, mutilando una vez más las competencias de nuestra ALP. A todas luces, la propuesta de este referéndum peca no solamente de ilegítimo sino de vicios inconstitucionales, además de intentar distraer el problema de fondo que es el malestar creciente de la ciudadanía por la crisis política y económica, la falta de combustible y dólares que afecta los bolsillos de todos.
Tanto en la pregunta de los escaños parlamentarios que corresponden a cada región, como en la capciosa consulta de “precisar el carácter de la reelección continua o discontinua”, la vía es regirnos a la CPE, y en caso de pretender una reforma parcial o total, el camino que nos señala la ley es otro.
En el primer caso, en función de los datos del censo deberá establecerse técnicamente la redistribución de escaños, porque consultarnos sobre incrementar número de diputados en vez de prevenir conflictos, los atizará.
En el caso del artículo 168, el propósito de la pregunta salta a la vista: evitar la candidatura presidencial de Evo Morales. Será correcto un referéndum impulsado por odio y/o temor a Evo?
Estamos ante un manejo grosero de los diferentes órganos del Estado, donde se pretende dar legalidad y mucho poder al órgano judicial en manos de magistrados auto prorrogados. Así mismo, el órgano electoral se prestó a propiciar un espectáculo llamado “cumbre política” donde los taxipartidos – cuya votación sumada es mucho menor que la del MAS-IPSP solito – título de garantizar las elecciones judiciales, propuso la suspensión de las elecciones primarias. Respecto al otro argumento, el “gasto insulso”, también cae en saco roto, porque ahora ante un panorama mucho más complejo, de un proceso electoral simultáneo, el TSE no ve obstáculo para juntar las judiciales con el referéndum.
Queda el órgano legislativo, avasallado permanentemente y puesto en jaque con una y mil chicanerías. Tal pareciera que los próximos meses los decretazos volverán a la moda.
En cuanto a quienes manejan los hilos del Estado, tenemos al gabinete que acompaña al presidente Lucho que tuvo unos ligeros retoques con el último cambio de tres ministros, pero una vez más, los nombres de los más cuestionados gozan de la mayor confianza del máximo mandatario. Parece que el requisito para mantenerse en el cargo, es demostrar un antievismo a toda prueba, ahí tenemos a Lima, Del Castillo, Montaño y Prada entre otros.
Para colmo se quiere hacer creer que para gobernar escuchando al pueblo, basta el apoyo de las organizaciones sociales prebendalizadas, con una división que afecta más a las dirigencias que a las bases.
Ante este panorama, el desenlace estará una vez en manos de la ciudadanía, del campo y las ciudades. Entre tanto, les recordamos a nuestros gobernantes que para un referéndum de reforma parcial no existe la figura de la iniciativa presidencial.
