Por Casimiro Pérez Huanca
El Capitán General de las Fuerzas Armadas y el superior de la Policía Boliviana, al tiempo presidente del Estado, Luis Arce C., ordenó una descomunal movilización de miles de militares y policías para sofocar la movilización campesina y popular en Parotani y otros lugares de la región, dejando varias víctimas: una anciana muerta por gases lacrimógenos, dos heridos de bala (una adolescente y un adulto mayor), una mujer presuntamente violada, una joven que reportaba abusos policiales y más de 60 detenidos de manera arbitraria.
Los ministros de Defensa Edmundo Novillo y de Gobierno Eduardo Del Castillo, más los comandantes de ambas fuerzas, ejecutaron la orden presidencial convertida en una máquina moledora de carne humana. Ahí el saldo hasta este domingo 3.
Revive la cruel humillación
El terminar del viernes 2, más de 60 campesinos tal como vestían fueron embarcados hacia La Paz y fueron maniatados expuestos contra su voluntad en la Academia de Policías, no en algún recinto policial ni de la fiscalía.
Los cadetes habrán aprendido la lección en vivo de como reprimir, tomar presos y darles por delincuentes comunes, hombres y mujeres, menores y mayores de edad, mal vestidos, hambrientos y sedientos, sin presunción de inocencia de los enemigos.
Lo peor fue la tortura en las estrechas celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen. Hacinados, acurrucados sobre piso de cemento, sin frazadas, ropa gruesa, sin agua ni comida, incomunicados y privados de sus abogados de confianza fueron imputados por el fiscal José Omar Yujra Paucara, graduado de la popular UPEA.
Yujra Paucara imputó a los presos, que debían ser detenidos, por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado (castigado hasta con 30 años de cárcel), Terrorismo (20), Atentados contra miembros de organismos de seguridad del Estado (3), Asociación delictuosa (1) y Atentado contra la seguridad de los transportes (4).
Celulares y warak´as
Las pruebas colectadas de los presos encontraron en sus manos las siguientes “armas” que el fiscal empleo como “pruebas”: dos “hondas artesanales de lana”, una “flecha elástica de color rojo”, celulares “con imágenes y mensajes relacionados con los bloqueos” y “una agenda de color rosa con lista de asistencia a los bloqueos y otros “no portaban ningún objeto, sin embargo, intervinieron para obstaculizar el trabajo policial”.
La warak´a -así- empleada desde antiguo como instrumentos de caza, defensa y pastoreo bien podría pasar a la lista de armas prohibitivas por su contundencia en protestas sociales, o folclóricos como la llamerada, o por su significado religioso de David y Goliat.
Riesgo de fuga
El fiscal Yujra Paucara fundamentó que los presos no pueden ser liberados porque tienen posibilidades de fugar por los siguientes elementos:
El Servicio General de Identificación General (SEGIP), a cargo de Patricia Hermosa Gutiérrez, ex secretaria del presidente Evo Morales y víctima del golpe de Añez, reportó que los presos del gobierno tienen domicilio que “es genérica, no consigna número de puerta”, “ni calle ni zona”; lo que para el fiscal “no cuentan con domicilio conocido donde se demuestre la habitabilidad y habitualidad”, por lo que podrían fácilmente darse a la fuga”.
Asimismo, “tienen facilitades para salir del país o permanecer ocultos, No han demostrado tener arraigo natural y social -es decir ni casa ni familia-, solo necesitan cedula de identificación para ingresar a países extranjeros”.
Además, “son un peligro efectivo para la sociedad o para la víctima o el denunciante” y que “los grupos movilizados cuentan con armas (léase warak´as u hondas, petardos, celulares, etcétera) en su poder con las que puedan atacar a la ciudadanía en general”.
Añadido: peligro de obstaculización a las investigaciones. En criterio del Fiscal “podrían influenciar en la testigo (una capitán de la policía y 15 de sus subalternos que los tomaron presos), ocultar información y podrían desarrollar conductas intimidatorias para disuadir a los testigos y víctimas que se mantendría latente dentro del juicio”.
“Todo el peso de la ley”
Los presos del gobierno de Arce Catacora actuaron velozmente en poner en marcha la maquinaria judicial para aplastar los derechos humanos de sus víctimas.
El Fiscal Yujra Paucara sostendrá los mismos argumentos para llevar a prisión preventiva a todos los presos que se encuentran en La Paz, para aplicar “todo el peso de la ley” como ordenaron los ministros de Gobierno y de Justicia César Siles.
La Procuraduría del Estado se adhirió al desigual proceso penal contra los movilizados de Parotani y otras zonas rurales de Cochabamba.
El Juzgado de Instrucción Penal número 14 de La Paz, que primero debía pronunciarse sobre la Acción de Libertad presentada por los abogados víctimas del abuso policial, militar y ahora judicial, prefirió seguir la línea política del gobierno enviando a la cárcel a los presos por cuatro meses, hasta que comience el juicio.
El Defensor del Pueblo Pedro Callisaya fue calificado de “mentiroso” y “encubridor” por no interceder por los presos en La Paz. No realizó ninguna acción o protesta oportuna y efectiva por el maltrato en las celdas policiales, la ilegal incomunicación, la privación de abogados defensores, alimentos y agua.
La prensa pro oficialista minimizó en sus espacios de información las condiciones en que fueron apresados, encerrados y procesados tanto en la Fiscalía como en la Justicia. Nada investigaron sobre las victimas heridas de bala, la presunta violación ni la desaparición de personas durante los operativos policiales y militares.
¿Qué pasará con las personas que permanecen en vigilia en tres cuarteles del Chapare? El presidente Luis Arce dijo que se trata de un acto de “traición a la patria”. Demostró que si pudiera los mandaría al paredón.
