Inti Moya Arce
La crisis económica que atraviesa Bolivia no puede entenderse únicamente como el resultado de desequilibrios fiscales, escasez de divisas o errores administrativos. Lo que está ocurriendo revela un proyecto político más profundo. Mientras la población permanece atrapada entre la incertidumbre, las filas por combustible, el aumento del costo de vida y la confrontación permanente, el gobierno de Rodrigo Paz impulsa una reconfiguración silenciosa del modelo económico. La crisis ha dejado de ser un problema que se intenta resolver; comienza a operar como el escenario desde el cual se justifican reformas que, en condiciones normales, encontrarían una fuerte resistencia popular.
El estado de excepción se mantiene pese a que las grandes movilizaciones cesaron hace semanas, esto significa que el estado de excepción no era un instrumento para pacificar el país, sino un instrumento para sembrar el terror y evitar la protesta social ante el nuevo paquetazo económico que se nos viene encima.
La escasez de diésel y gasolina continúa sin resolverse. El tipo de cambio dejó atrás la estabilidad que caracterizó durante años a la economía boliviana. Paralelamente, se aprobaron decretos que modifican aspectos sensibles del modelo económico, se amplían espacios para la participación privada en sectores estratégicos y el país vuelve a recurrir al endeudamiento externo como principal mecanismo para enfrentar la falta de liquidez Mientras tanto, el pueblo no puede movilizarse por temor de que maten a sus hijos, porque el estado de excepción es eso, carta blanca para matar.
El gobierno en vez de responder a las demandas de la población y solucionar los aspectos estructurales que originan la crisis, responde con represión, criminalización de la protesta, falsas propuestas de diálogo que terminan en acuerdos incumplidos al día siguiente y en órdenes de captura para los dirigentes. Revelando que el pueblo no puede confiar en el gobierno de Rodrigo Paz ni tantito así, que el proyecto de restructuración neoliberal no será frenado mediante el diálogo.
La coyuntura de crisis termina funcionando como una cortina de humo. Cuando toda la sociedad concentra su atención en resolver la emergencia cotidiana, resulta mucho más sencillo introducir reformas estructurales que alteran el funcionamiento de la economía durante décadas. No sería la primera vez que ocurre. Naomi Klein describió este mecanismo como la «doctrina del shock», las crisis permiten aplicar políticas que difícilmente serían aceptadas en circunstancias normales. La experiencia boliviana comienza a mostrar rasgos en esa dirección.
Uno de los cambios más significativos es la liberalización progresiva del mercado de combustibles. La autorización para que operadores privados importen gasolina y diésel a precios internacionales parece responder inicialmente a una necesidad coyuntural. Sin embargo, políticamente puede constituir el primer paso hacia un cambio mucho más profundo, la privatización de YPFB y la nivelación generalizada del precio del combustible a estándares internacionales.
Toda privatización necesita antes construir un sentido común que la haga parecer inevitable. Cuando la población enfrenta durante meses la escasez de combustibles, las interminables filas y la incertidumbre diaria, comienza a instalarse una idea peligrosa: que el problema no radica en la gestión gubernamental, sino en la existencia misma de una empresa pública encargada del abastecimiento.
Así, la crisis deja de ser presentada como un fracaso de la política económica para convertirse en la justificación de una mayor participación privada.
La historia latinoamericana demuestra que ese libreto no es nuevo y que el único gran beneficiado de la privatización son las transnacionales y los políticos coimeados por debajo. Por ejemplo, en Chile, la privatización de Soquimich (SQM) en beneficio del yerno del dictador Pinochet, se sello con un contrato nefasto para los intereses del pueblo chileno. El contrato de 1995 estipulaba una renta fija anual de 15.000 dólares y una irrisoria regalía alrededor del 5% por la venta del litio en favor del Estado Chileno. Mientras que SQM recibía miles de millones de dólares por la explotación de Litio, el estado recibía las migajas de las migajas, y lo peor es que el acuerdo tenía validez hasta 2030 generando un candado para gobiernos posteriores.
Conviene recordar que el gobierno de Rodrigo Paz está intentando transitar por el mismo camino, prueba de ello es el memorándum de entendimiento sobre el litio y minerales críticos firmado el 28 de abril con representantes del gobierno de EEUU.
Otro cambio de enorme alcance ha sido la modificación del régimen cambiario. Durante más de una década Bolivia sostuvo una relativa estabilidad monetaria apoyada en elevados ingresos provenientes de las exportaciones de hidrocarburos y en un importante nivel de reservas internacionales. Hoy, en lugar de cuestionar las causas estructurales de la falta de liquidez, responden con la flexibilización cambiaría.
El transito de 6.86 a 9.73 bolivianos por unidad de dólar, representa una depreciación del boliviano en un 30%, y día que pasa el tipo de cambio sube. Esto no constituye únicamente un problema financiero, es una transferencia directa del costo de la crisis hacia la población. Cada incremento del dólar encarece los bienes importados. Y Bolivia importa desde maquinaria industrial hasta medicamentos, alimentos procesados, insumos agrícolas, repuestos, productos de higiene y un sinfín de bienes de consumo cotidiano.
La consecuencia es evidente, la depreciación y flexibilización cambiaría afecta a las grandes mayorías, porque implica el encarecimiento generalizado del costo de vida
La pregunta entonces deja de ser exclusivamente económica y pasa a ser política: ¿quién soporta los costos de la depreciación y quién obtiene los beneficios? El costo lo paga el pueblo, el beneficio se lo llevan los exportadores, quienes representan una proporción insignificante de la población, reflejada en los grandes agroindustriales del oriente, las mineras como San Cristóbal y el sector hidrocarburifero.
La misma lógica aparece en las recientes modificaciones aplicadas al sistema tarifario de la energía eléctrica. Presentadas como simples mecanismos de actualización técnica, las nuevas disposiciones abren la posibilidad de incrementos periódicos asociados, entre otros factores, a las variaciones del tipo de cambio.
La fórmula de calculo parece sencilla, pero es engañosa. Menciona que la tarifa puede subir 5% mensualmente. 60% al año lo que es hartísimo, sin embargo, la misma norma aclara que excepcionalmente cuando el dólar sube, también pueden subir los servicios básicos más allá de la franja del 5%. Entonces el verdadero límite y magnitud del tarifazo se vuelve incierto, lo que si sabemos es quién sufrirá las consecuencias, los de siempre, trabajadores; obreros y campesinos.
El aumento de la tarifa eléctrica, la flexibilización cambiaría y la subida del precio de carburantes por la importación por parte de privados conducirá a un efecto multiplicador sobre la inflación, un efecto de bola de nieve. No se trata únicamente de pagar una factura más alta. Se encarece producir alimentos, transportar mercancías y sostener pequeñas actividades económicas. Finalmente, el incremento termina llegando al bolsillo de toda la población.
En paralelo, el gobierno ha profundizado el endeudamiento externo. Pasamos de una deuda de 14 mil millones de dólares a aproximadamente 25 mil millones de dólares, considerando los anuncios oficiales de contraer préstamos ante el CAF, BID, JIICA y FMI entre otros. La deuda actual equivale al 45% del PIB, aspecto que debería alertarnos sobre la creciente insostenibilidad de la deuda al ritmo que vamos.
Los préstamos provenientes de organismos financieros internacionales y la emisión de bonos soberanos ofrecen liquidez inmediata. Sin embargo, trasladan los costos hacia el futuro. Es doble filo, genera una falsa sensación de alivio a la crisis económica por la inyección masiva de dólares, pero hipotecamos nuestro futuro para cuando le toque al Estado boliviano pagar sus facturas.
La deuda no es caridad, no es una donación, es un negocio altamente rentable para unos y altamente perjudicial para otros. Por ejemplo, el estado boliviano adquirió 1000 millones de dólares en bonos soberanos a 5 años de plazo con una tasa anual de 9.95%. lo que significa que dentro de 5 años tendremos que devolver 1500 millones de dólares a los inversores privados que invirtieron su dinero para ganar 50% en 5 años.
Los pueblos terminan cediendo sus riquezas para pagar la deuda y, cuando eso ya no alcanza, hipotecan su capacidad de decidir soberanamente sobre el futuro. En términos del escritor Eduardo Galeano, vendemos las joyas de la abuela y cuando eso no alcanza, vendemos también la abuela.
La experiencia latinoamericana es suficientemente conocida, el financiamiento externo no es neutral, implica dependencia. Con frecuencia viene acompañado por recomendaciones, condiciones o incentivos para modificar políticas económicas, reducir el gasto público, liberalizar mercados, limitar la intervención estatal y promover la inversión extranjera, como es el caso del FMI, institución que si no te arrodillas ante ella no te presta ni un centavo.
La historia del Fondo Monetario Internacional en América Latina muestra que estos programas fueron implementados en momentos de crisis y que nunca dieron soluciones positivas, más que pobreza y desempleo crónico. Por ejemplo, el préstamo del FMI al argentina bajo el gobierno de Carlos Menem y sus consecuente programa de ajuste estructural condujo al estallido social del 2001 por la crisis galopante que vivía el país y posteriormente al corralito bancario. Si el FMI es tan cuestionado, es precisamente porque tiene mucha cola que pisar.
Nada de lo anteriormente desarrollado responde a decisiones improvisadas. El 23 de abril, el Think Tank Growth Lab de la universidad de Harvard público un documento de 355 páginas bajo el título “Un giro económico para Bolivia, principales hallazgos y prioridades de reforma”. Este documento plantea la necesidad de reducir el tamaño del estado reduciendo el gasto e inversión pública, eliminar subsidios, flexibilizar el mercado laboral, promover la inversión extranjera en sectores estratégicos, liberalizar el comercio, retornar al FMI, es decir, constituye un clásico libreto neoliberal como lo fue el decreto 21060 diseñado por el economista estadounidense Jeffrey Sachs, pero en esta ocasión el financiador es el lobby de Marcelo Claure bajo Bolivia360.
Cuando se comparan las propuestas de reforma política y económica con las decisiones adoptadas recientemente por el gobierno de Rodrigo Paz, aparecen coincidencias que difícilmente son meras casualidades.
La pregunta fundamental ya no es si Bolivia atraviesa una crisis. La verdadera pregunta es qué modelo de país se está construyendo como respuesta a esa crisis y que modelo deberíamos construir. En lugar de profundizar la dependencia económica y financiera, Bolivia debe recuperar el principio constitucional de que los recursos estratégicos deben servir al desarrollo nacional. Antes de pensar en recurrir al endeudamiento, ¿no seria más coherente optimizar los recursos que se originan en Bolivia?
Eso implica fortalecer las empresas públicas y garantizar su sostenibilidad, industrializar los recursos naturales dentro del país, garantizar que las divisas provenientes de las exportaciones retornen efectivamente a la economía nacional y fortalecer la industria nacional mediante una agresiva política de sustitución de importaciones con énfasis en la investigación científica-tecnológica
Significa también recuperar la planificación económica y reconocer que el mercado, por sí solo, jamás ha construido un proyecto nacional soberano.
El mayor riesgo del momento no es únicamente económico, es político y cultural. Si la población termina convencida de que la única salida consiste en privatizar, endeudarse, reducir el Estado y dejar que el mercado resuelva la crisis, entonces el proyecto neoliberal habrá conquistado su victoria más importante: instalarse como sentido común.
Por eso la tarea del movimiento popular no consiste únicamente en denunciar decretos o cuestionar decisiones gubernamentales. Consiste en disputar la interpretación de la crisis y construir una agenda alternativa de desarrollo.
La historia demuestra que las grandes transformaciones en beneficio del pueblo nunca comenzaron por voluntad de las élites. Comenzaron cuando los pueblos comprendieron las causas profundas de sus problemas y construyeron una alternativa propia. Sino recordemos de dónde vienen las grandes conquistas sociales que hoy gozamos, como la jornada laboral de 8 horas, vienen de la lucha de obreros y campesinos por un mejor mañana.
Bolivia se encuentra nuevamente frente a una encrucijada histórica. Puede aceptar que la crisis sea utilizada para desmontar las conquistas sociales alcanzadas durante las últimas décadas o puede convertir esta coyuntura en el punto de partida para reconstruir un proyecto nacional basado en la soberanía económica, el control democrático de los recursos estratégicos y la organización consciente del pueblo.
Porque las crisis pasan. Lo que permanece durante generaciones son las decisiones que se toman en medio de ellas. Esa batalla todavía está abierta y el pueblo vencerá.
