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La Paz, 4 de julio (El Nuevo Cambio).- El portal argentino “Negocios y Política” presentó nuevas pruebas contra el gobierno sobre los pagos realizados al vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe, para anular la sigla del Frente Para la Victoria (FPV) y proscribir al expresidente Evo Morales Ayma. La nota que procede desde Argentina dice que “las pruebas de la trama planificada para impedir la participación política de Evo Morales en las elecciones generales de Bolivia se hacen cada vez más contundentes”. “A partir de la investigación inicial publicada por este medio, se han sumado nuevos documentos y capturas de pantalla que dejan al descubierto la operatoria que vincula al Poder Ejecutivo, al Tribunal Supremo Electoral (TSE) y a operadores judiciales. Entre las pruebas más comprometedoras figuran mensajes de WhatsApp que evidencian la coordinación entre el ex ministro de Justicia, Cesar Siles, y el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi Quispe. Ambas autoridades, que deberían actuar de forma independiente según el marco constitucional boliviano, aparecen intercambiando información clave sobre decisiones del tribunal que impactan directamente en la candidatura de Morales. Además de los mensajes, se accedió de forma exclusiva a: * El pase a bordo (boarding pass) de un vuelo de Boliviana de Aviación, enviado por el entonces ministro Siles a Quispe, para un trayecto La Paz – Cochabamba el 28 de mayo a las 05:45 AM. Este documento prueba que el viaje fue financiado y coordinado por el Ejecutivo en el marco de estas maniobras. * Un comprobante de transferencia bancaria, identificado en el archivo “TRANSFERENCIAS E (1) (1).docx”, que muestra una transacción desde un banco de Panamá por un monto de USD 170.000. El remitente es Lourdes Brígida Durán Romero, esposa del presidente Luis Arce Catacora, y el destinatario es el propio Tahuichi Quispe, en lo que podría constituir un pago directo para condicionar el fallo del tribunal. Las capturas de pantalla de las conversaciones, así como los documentos bancarios y el pase aéreo, refuerzan la hipótesis de un entramado de corrupción destinado a impedir la postulación de Evo Morales por vías irregulares. La gravedad institucional Estas pruebas, que ya circulan entre legisladores y organizaciones de derechos humanos, ponen en jaque la credibilidad del proceso electoral y abren la puerta a denuncias por delitos de cohecho, prevaricato y asociación ilícita, además de posibles responsabilidades internacionales por violaciones al derecho de participación política consagrado en pactos internacionales suscritos por Bolivia”.

La Paz, 2 de julio (El Nuevo Cambio).- El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Quispe, habría recibido 30 mil dólares de la esposa del presidente Luis Arce Catacora, Lourdes Durán, para anular la sigla del Frente para la Victoria (FPV) y evitar que el expresidente, Evo Morales Ayma, sea candidato a las elecciones nacionales de agosto próximo. La denuncia está publicada en el portal de la Argentina “Negocios y política”, que afirma además tener una serie de pruebas consignadas en el whatsapp del exministro de Justicia, Cesar Siles, actualmente procesado por el caso denominado “Consorcio”. La nota periodística comienza con la afirmación de “Escándalo en Bolivia: Coimas, Traición Y el Plan Secreto para exterminar a Evo” y dice que “Documentos bancarios, conversaciones privadas y resoluciones filtradas revelan una presunta estrategia, coordinada desde los círculos más altos del gobierno de Luis Arce, para bloquear la candidatura de Evo Morales. Coimas, traiciones y lawfare incluidos”. Agrega que “lo que hasta ayer circulaba como un murmullo en los pasillos del poder se convirtió en una revelación escandalosa que sacude los cimientos de la política boliviana. Una serie de documentos, comprobantes bancarios y chats filtrados expone una maniobra orquestada desde las más altas esferas del gobierno de Luis Arce para impedir, a cualquier costo, el regreso de Evo Morales al escenario electoral de 2025”. La nota periodística también fue conocida a través de una conferencia de prensa ofrecida por la ex ministra del gobierno de Evo Morales, Teresa Morales y el abogado del equipo jurídico del exmandatario, Wilfredo Chavez. “Las pruebas son tan crudas como demoledoras: transferencias millonarias desde cuentas offshore vinculadas a la familia presidencial, resoluciones judiciales dictadas desde despachos políticos, y beneficios personales para los operadores que colaboraron en la operación. El hilo conductor: eliminar políticamente a Morales y blindar el poder de Arce”, establece la publicación. Agrega que una conversación de WhatsApp entre el exministro de Justicia, César Siles, y el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Quispe, revela el envío de 30.000 dólares como parte de un pago acordado. El dinero, según los registros, provino de una cuenta en Panamá a nombre de la esposa del presidente, Brigida Lourdes Durán Romero. El mensaje que acompaña el comprobante es breve pero revelador: “PAGO TOTAL”.      

La Paz, 2 de julio (El Nuevo Cambio).- En medio de la protección del gobierno, el proceso denominado “Consorcio” declarado en “reserva”, mantiene a los involucrados en ese caso con privilegios y ninguno se encuentra en prisión, como estableció el juez que atiende el proceso. De acuerdo a analistas, todos los que fueron señalados como autores de este extremo, que pone en duda la independencia de la justicia, están en sus viviendas, en clínicas, pero no en los penales, donde fueron enviados por las medidas cautelares. Los involucrados, comenzando por el exministro de Justicia, César Siles, fueron acusados de coordinar una serie de sentencias ilegales en contra de los opositores políticos al gobierno, extremo que fue conocido a través de un audio donde se escucha a Siles coordinar acciones para destituir a una magistrada elegida por voto, Fanny Coaquira. De los sietes involucrados en este caso, cuatro tienen detención domiciliara y tres preventiva, uno está internado en una clínica y según información del Ministerio Público ninguno está recluido en prisión. Por ejemplo, el exministro Siles fue enviado al Penal de Patacamaya por 5 meses, sin embargo, se encuentra en una clínica privada en la ciudad de La Paz, desde el mismo día en que debía ir a prisión. En el caso de Yván Córdova, expresidente del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, se encuentra con detención domiciliaria sin salida laboral tras pagar una fianza de Bs 50.000 e Iván Campero, magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), también fue beneficiado con la detención domiciliaria. Con relación a José Ramiro Uriarte, el exvicecónsul de Bolivia en España, también se encuentra con detención domiciliaria con salida laboral, Claudia Castro, exvocal del TDJ de La Paz está con reclusión preventiva, trasladada desde el penal de Obrajes a una clínica en la zona de Sopocachi. Marcelo Lea Plaza, juez de Coroico debería estar en la cárcel de San Pedro, pero fue internado en otra clínica, por depresión y Sergio S., jefe de plataforma del Juzgado de Coroico fue beneficiado con detención domiciliaria y arraigo luego de que colaborara con la investigación.

Lauca Eñe, 29 de junio (El Nuevo Cambio).- Las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto en Bolivia se realizarán con el voto calificado, como en el pasado, sin la presencia de grandes sectores sociales, principalmente el movimiento indígena del país, con una democracia falsa y un retorno al estado colonial. La denuncia fue realizada en el programa “Evo es pueblo, líder de los más humildes” por Radio Kausachun Coca desde la localidad de Lauca Eñe, por el abogado y exmagistrado Orlando Ceballos y respaldada por el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma y el diputado Héctor Arce Rodríguez. El abogado recordó que, en la época colonial, se restringía a las mujeres para que voten, también a los que no tenían propiedad o bienes y finalmente a los analfabetos, a los que no sabían leer y escribir. Según Ceballos, más de 3.6 millones de ciudadanos no podrán elegir a su candidato, porque se está intentando proscribir a Evo Morales Ayma, no quieren que participe en las elecciones de agosto próximo. El exmagistrado afirmó que esta situación es muy grave, porque el sistema debe garantizar la libre expresión de los electores, porque deben acceder al ejercicio público con igualdad de oportunidades. Por su parte, Evo Morales, sostuvo que en el pasado también se restringía a las personas que no hablaban castellano y quien definía el derecho al voto era la Policía que decía si un ciudadano cumple o no con esos requisitos discriminatorios. “Ahora estamos peor que antes del 52, porque si una persona no sabía leer, no tenía propiedad, no pagaba impuesto, no votaba, pero ahora que nos apoyan más de 6 millones de personas y que cumplen todos los requisitos, no podrán votar por su candidato y eso será mucho peor”, añadió. Denunció que, para imponer esa restricción, el gobierno, la derecha y el imperio, tienen a la Asamblea Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Supremo de Justicia, magistrados de factos,  “todo un consorcio de criminales”. Según Morales, en la actualidad se ha retornado a un estado colonial, a una democracia falsa, en donde se priva a las mayorías nacionales ejercer su derecho al voto con libertad, decisión y en igualdad de condiciones, sin ningún tipo de discriminación.

Sinahota, 26 de junio (El Nuevo Cambio).- El instrumento político Estamos Volviendo Obedeciendo al Pueblo (Evo-Pueblo) definirá este domingo, en un ampliado de emergencia, con qué sigla política participará en las elecciones nacionales del próximo 17 de agosto. El anuncio lo hizo el expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, después de una masiva concentración en el estadio de Sinahota, este miércoles, después de su proclamación como candidato único a los comicios generales. El exmandatario afirmó que el gobierno, la derecha, y el imperialismo no le permiten participar en las elecciones, a pesar de que está habilitado constitucionalmente, a través no sólo de la Constitución Política del Estado, sino otras disposiciones legales vigentes. Morales informó que a la localidad de Lauca Eñe, en el trópico de Cochabamba, llegaron representantes de seis partidos políticos para ofrecer sus siglas sin ninguna condición, sin embargo, ni bien se entera el gobierno, los amenazan con quitarles su personería, solo para evitar que sea candidato, porque saben que si participamos vamos a ganar. El expresidente dijo que aún están vigentes esas conversaciones con las fuerzas políticas, pero no serán anunciadas para evitar que los amenacen con quitarles su sigla, sin embargo, todavía existe opción para habilitar la candidatura. “Tenemos un equipo que está trabajando en negociaciones con algunos partidos políticos. Por eso hemos convocado a un ampliado de emergencia para el domingo para asumir una decisión. Nunca hay que perder la esperanza. Estamos preparados para salvar por segunda vez a Bolivia”, afirmó.

La Paz, 24 de junio (El Nuevo Cambio).- El presidente Luis Arce Catacora, según un estudio de percepción ciudadana realizado por CB Consultora Opinión Pública, durante junio de este año, es el mandatario con la imagen más baja y negativa de Sudamericana. El estudio que se realiza sobre la percepción ciudadana acerca de los jefes de estado del continente, estableció que el 76,8 por ciento de los ciudadanos consideran al mandatario boliviano con la peor imagen y la más baja. La consulta realizada a los ciudadanos, por el organismo, señalaba ¿qué imagen tiene de su presidente? con las opciones de respuesta muy buena, buena, mala, muy mala. En el caso de Arce Catacora el mayor porcentaje tuvo muy mala y mala. El mandatario boliviano ocupa el último lugar, junto a la presidenta del Perú, Dina Boluarte y a Nicolas Maduro de Venezuela que también tienen elevados porcentajes de tener una imagen negativa. Arce Catacora es el presidente que descendió con el mayor porcentaje, aunque ya era uno de los presidentes con la peor imagen, este mes bajó otros 4,3 puntos porcentuales, lo que refleja su mala gestión.

Lauca Eñe, 19 de junio (El Nuevo Cambio).- El expresidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Ayma, dijo hoy que el presidente Luis Arce Catacora destruyó la economía nacional, el aparato productivo, la estabilidad y los logros sociales en 4 años de gestión, a pesar de haber recibido un país con un crecimiento sostenido. La afirmación del exmandatario es una respuesta a Arce Catacora que este miércoles, en una entrevista realizada por la agencia EFE de España, acusó a Morales Ayma de haber destruido a los movimientos populares del país. En un mensaje en su cuenta X, el exmandatario dice: “Presidente, usted nos acusa de destruir el movimiento popular. Pero fue usted, quien destruyó la economía nacional, el aparato productivo, la estabilidad de las familias trabajadoras y los logros sociales conquistados durante 14 años de lucha y gestión. Entregamos un país con crecimiento sostenido, reservas internacionales por encima de los $us 10 mil millones, reducción histórica de la pobreza y la desigualdad, y una economía líder en Sudamérica. Hoy enfrentamos escasez de dólares, crisis energética, colapso productivo y desconfianza generalizada. Usted convirtió al país en su campo de batalla por sus odios personales. Destruyó la institucionalidad democrática y sometió la justicia a intereses políticos. No se equivoque, Lucho: bajo nuestra conducción, el MAS ganó todas las elecciones desde 2005, incluso la de 2020.  Pero usted, en su primera y única gestión pasó del 55% al 1% porque perdió el rumbo y se alejó del pueblo. Nosotros seguiremos junto a las mayorías, defendiendo la patria, la economía popular y la esperanza. El pueblo sabrá reorganizar el movimiento sin usted. Pero la historia lo recordará como el presidente que, por ambición y resentimiento, dilapidó en cuatro años lo que tomó más de una década en construir”.

La Paz, 18 de junio (El Nuevo Cambio).- El gobierno de Luis Arce Catacora coordinó la aprobación de al menos unas ocho sentencias en contra del expresidente del Estado Plurinacional, principalmente las relacionadas con su inhabilitación como candidato y haber perdido la sigla política del MAS-IPSP. Un grupo de abogados constitucionalistas consideran que todas estas sentencias se realizaron por “encargo” y que involucran no sólo al Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, el Ministerio Público e incluso el Tribunal Supremo Electoral. El exmagistrado Orlando Ceballos, por ejemplo, afirmó que la aprobación de todas esas sentencias se constituye en el principio de todos los problemas que en la actualidad soporta el país, principalmente por la desinstitucionalización. «El gobierno prepara mantos de impunidad para los que vulneraron y manipularon la justicia en Bolivia a su antojo, como el exministro César Siles, el presidente Luis Arce, entre otros, no sean sometidos a la rigurosidad de la Ley» dijo Ceballos. Con la revelación del audio donde se escucha al exministro negociando con el juez Lea Plaza la destitución de una magistrada, está completamente claro que él era el operador del gobierno para violar las leyes en contra el exmandatario Morales. Según los constitucionalistas, los principales casos tienen que ver con las sentencias 1010, 083 y la última 007 del TCP para inhabilitar como candidato a la presidencia del expresidente Evo Morales y que las mismas tengan una apariencia de ser legales. Asimismo, se iniciaron por diferentes causas, ocho procesos penales contra el exmandatario, se hizo arrestar a la juez Lilian Moreno por cumplir con la ley, se restituyó ilegalmente a la fiscal Sandra Gutiérrez de Tarija, manipulando el sistema informático del órgano Judicial. Además, en complicidad con el exjuez, Israel Campero se quitó también la sigla del MAS-IPSP con una sentencia ilegal y se presionó al Órgano Electoral para que deje sin personería jurídica a PAN-BOL, solo porque proponía como candidato a Evo Morales. De acuerdo a los abogados, el operador de todas estas sentencias ilegales, fue el exministro Siles, a nombre del presidente Luis Arce Catacora, manipulando la justicia prácticamente en todos sus niveles.